Develando la verdad de la política “contra la deforestación”: Propaganda y guerra encubierta contra la Amazonía y sus pobladores

“Si se enferma la Amazonía nos enfermamos nosotros. Si nos sacan del territorio se enferma la Amazonía”.
Sin Amazonía, sin esas selvas ancestrales, territorio precedido por la presencia de pueblos indígenas que fomentaron su surgimiento desde hace más de 17 mil años, todo el sistema climático global es amenazado empezando por el continente suramericano. Sin los 400 mil millones de árboles que aún quedan en los 5.5 millones de kilómetros cuadrados que aún no se han destruido de los más de 11 millones que hubo hasta antes de la deforestación masiva para la ganadería extensiva, el agronegocio y el extractivismo petrolero, minero y narcotráfico, se acaban los Ríos Voladores. Ríos que se alimentan diariamente de los más de 20 mil millones de litros de agua que transpira la Amazonía y que son bombeados a todo el continente para volverse lluvia de ciudades y campos, por ese corazón que late encima y desde la selva. Ellxs, campesinxs e indígenas (recordamos a Chico Mendes), siempre han estado en el olvido estatal y cuando ha llegado inversión, ésta ha estado al servicio del proyecto de ocupación y explotación del territorio para convertirlo en mercancía y ganancias. Por eso lo que llega con las políticas públicas es primero represión y guerra contra los pueblos y promesas, proyectos, talleres y engaños para despojaros.  Ellxs, pobladores ancestrales y campesinado, históricamente han fortalecido prácticas colectivas que les ha garantizado la pervivencia con el territorio, pero también se han visto en la necesidad de talar para sobrevivir empujados por un modelo económico que hace la guerra contra la tierra. Hoy todo ese hacer comunitario está en riesgo por intereses transnacionales que a través de leyes, militarización, ocupación institucional y criminalización busca arrancarlos de la Amazonía. El CONPES (Consejo de Política Económica y Social), es el órgano político-técnico-legislativo principal del Estado colombiano que, a nombre de atacar la deforestación generó un documento Ley Estatutaria de política pública, aprobado durante la navidad de 2020 con el fin de enmascarar a nombre de la lucha contra la deforestación una estrategia de despojo del territorio para su destrucción y explotación como mercancía y ganancia. Con el Conpes No. 4021 están justificando el despojo de los pueblo señalándolos como principal deforestador, para garantizar la entrada de depredadores del petróleo, el agua, la biodiversidad y todas las riquezas del territorio. Compartimos acá EN TEXTO Y EN UN FOLLETO ILUSTRADO PARA DESCARGAR Y COMPARTIR EN FORMATO PDF, la síntesis, análisis y propuestas desde organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y defensoras de la vida que develan la verdad encubierta, las intenciones y las mentiras de esta política que además se complementa con el POMCA (Plan de Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas), las concesiones petroleras, el agronegocio, el turismo corporativo, las trampas y engaños implementados como promesas y compromisos incumplidos de los Acuerdos de Paz y la guerra para el despojo. Desde La Macarena y la Amazonía en Colombia surge una mirada crítica al CONPES 4021 y con éste a la nueva estrategia de despojo a nombre de la lucha contra la deforestación. Mientras esto redactamos, otro operativo militar persigue y captura a campesinxs convertidxs en criminales, les destruye sus hogares y bienes y los despoja. Hoy la guerra contra la tierra y el CONPES se enmascaran como lucha contra la deforestación. Escuchemos y compartamos la verdad desde los pueblos y la tierra y coordinémonos en defensa de los pueblos con la Amazonía. “Es la vida lo que está en riesgo”. Es un grito desde el pulmón del mundo. Así No. ¡No Más! Pueblos en Camino. Ilustraciones cortesía de Carol García

La “Política nacional para el control de la deforestación
y la gestión sostenible de los bosques”,
CONPES N° 4021:
guerra integral contra los pueblos, los territorios y la vida.

(Ideas fuerza frente al Documento del 21 de diciembre de 2020) 

El CONPES 4021 en síntesis

Esta política nacional está en el centro de las presiones que han venido ejerciendo la Fiscalía y la fuerza pública en los territorios de La Macarena y San Vicente del Caguán.

La conservación de los bosques es una prioridad para cualquier país, tanto para el Estado como para la sociedad en conjunto. Pero la política se hace desde una visión del problema y de la solución.

Existe una serie de compromisos internacionales y políticas nacionales para afrontar el cambio climático mundial. Uno de ellos es el control de la deforestación y la protección de los bosques y la selva amazónica. La orientación nacional más reciente al respecto es la Sentencia STC 4360 de 2018 que declaró la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó al gobierno un plan de acción de protección.

En el marco del Acuerdo de Paz se planteó un enfoque territorial y un enfoque de protección ambiental que atraviesa todos los puntos del acuerdo, en especial el uno sobre la Reforma Rural Integral y el cuatro sobre solución al problema de las drogas ilícitas.

La política nacional definida en el CONPES 4021 se orienta en otra dirección. Asume que el problema de la deforestación tiene como causa fundamental actividades ilícitas que deben ser erradicadas.

Con el argumento del carácter estratégico nacional del agua, la biodiversidad y el medio ambiente, entendidos como “activos estratégicos de la nación”, se ubica la política de control de la deforestación en la política de defensa y seguridad nacional. 

Por lo anterior, las fuerzas armadas y de policía actuarán en forma conjunta en lo que denominan “Zonas de Futuro”, y se declaran cinco: “Pacífico nariñense, el Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, y Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños” (p. 17-18, nota a pie N° 23). Son el eje de la política contra la deforestación porque “en su mayoría coinciden con los Núcleos de Alta Deforestación (NAD)” (p. 18).

Para ello se crea el “Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados (Conaldef) para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente”.

La política tiene las siguientes cuatro estrategias:

• Integrar estrategias de aprovechamiento sostenible de los bosques para mejorar la calidad de vida y la economía local de las comunidades; 
• Articular acciones transectoriales que permitan el trabajo conjunto del Gobierno nacional para gestionar los bosques y atender conflictos territoriales;
• Promover estrategias de prevención y control territorial para reducir las dinámicas ilegales.
• Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones.

Estas cuatro estrategias pueden leerse como dos ejes articulados: el desarrollo sostenible por medio de la economía forestal y la bioeconomía; y la judicialización y la seguridad nacional. En últimas, se trata de garantizar la seguridad para hacer buenos negocios con la riqueza de los bosques y las selvas.

La presión sobre las comunidades de La Macarena y San Vicente del Caguán tiene que ver con criminalizar la larga ocupación del territorio por parte de las comunidades campesinas y propiciar la entrada de grandes inversionistas, con la disculpa de la protección ambiental y la economía sostenible.

También es cierto que en las líneas de acción hay espacio para canalizar recursos hacia la economía campesina sostenible, la agroecología y la protección y aprovechamiento de los bosques a partir de los saberes campesinos. Sin embargo, la política considera que las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son un instrumento marginal para la conservación de los bosques.

Política contra la deforestación: pretexto para la guerra contra la tierra y sus pobladores

Frente a esta preocupante situación, hay algo que debe conocerse y defenderse porque afecta y amenaza la vida de todas y de todos, más allá y mucho más acá, en y desde los territorios.

La defensa del campesinado y de los pueblos indígenas que habitan los territorios objeto de esta política es esencial para la defensa de estos territorios. Si maltratan, despojan, desplazan, judicializan, expulsan y siguen asesinando a lxs pobladores de estos territorios, amenazan y destruyen los bosques, el agua y la vida de estos, así como que si destruyen los bosques destruyen también a los pobladores de estos. De la relación recíproca bosques-campesinado/indígenas depende la vida del territorio, porque lxs campesinxs e indígenas son el territorio y el territorio es con sus pobladores. Las organizaciones campesinas e indígenas han protegido y cuidado el ambiente, el agua y el bosque en el territorio.

En realidad, el CONPES tiene sus orígenes estratégicos y sus propósitos ocultos en políticas como la guerra contra el narcotráfico y el Plan Colombia. La meta encubierta es apropiarse de territorios de alto valor para intereses y actores económicos poderosos que tienen la intención de explotarlos. El Estado y los gobiernos se apoderan de manera perversa de la lucha contra la deforestación para convertir en criminales a sus pobladores y lanzar una guerra integral contra ellos que les permita luego acceder a tierras y riquezas para explotarlas y devastar estos ecosistemas vitales para el planeta. 

Creer que el Estado con el CONPES, la propaganda contra la deforestación y el ataque a humildes indígenas y campesinxs quiere detener la deforestación, resulta incomprensible y no tiene sustento alguno en la realidad. Mientras se monta el espectáculo que justifica la política de despojo y la legitima, se han concesionado en esos mismos territorios bloques petroleros, mineros y de otros proyectos extractivistas letales, existen enormes proyectos turísticos privados, se fomenta el tráfico y la especulación de tierras, se impulsa de manera encubierta el narcotráfico, se promueve el agronegocio destructivo y se diseñan lucrativas políticas de guerra que son medio y fin en beneficio de transnacionales y poderosos intereses económicos. 

Se vienen realizando operativos de terror respaldados por esta política, entre otras, en los que paramilitares entran disparando a territorios indígenas y campesinos, especialmente en las ZRC. El ejército envía tropas en helicópteros que capturan pobladores judicializados a la vez que queman sus viviendas, sin permitirles sacar nada. Se generan y ejecutan ordenes de captura bajo legislación que da no menos de cuatro años de cárcel y, por lo tanto, son delitos no excarcelables, para garantizar que los acusados y sus familias no puedan regresar al territorio, y como son “criminales”, no tienen derecho a compensación alguna. 

¡Es la vida la que está en riesgo!: lo que podemos hacer

Ante todo esto y más, es urgente movilizarnos y combinar varias estrategias, que incluyan:

• Entender y dar a conocer esta guerra enmascarada y cínica contra la tierra, contra los pueblos y contra la vida para develar la verdad, y generar rechazo y movilización contra la misma, y solidaridad y respaldo de todas y todos.
• Movilizar y apoyar las estrategias constitucionales, jurídicas y legales para derogar estas políticas de terror contra los pueblos y contra la vida.
• Fortalecer las iniciativas necesarias en ciernes y en curso para realizar toda la protección jurídica y el acompañamiento que requiere el proceso de judicialización de personas del territorio por parte de la Fiscalía.
• Construir alianzas nacionales e internacionales con sectores sociales, políticos, académicos y de medios para movilizar el tema en la agenda de los pueblos y para movilizarnos de manera creativa por la vida de los pueblos con los territorios.
• Diseñar una estrategia coordinada desde los sectores afectados, involucrados y comprometidos, de movilización social urgente y permanente.
• Exigir una mesa de negociación con el gobierno, con veeduría nacional e internacional, para retomar la agenda ambiental Caquetá, Guaviare, Meta, construida por las comunidades para la protección y conservación ambiental y de los bosques en la región, y desarrollar las ZRC y los resguardos indígenas, en el marco de la implementación integral del Acuerdo de Paz y de otros compromisos y acuerdos vigentes.

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