¿Qué hay detrás del asesinato del líder social Carlos Pefraza?

En rueda de prensa, voceros del Congreso de los Pueblos y líderes políticos expresaron sus inquietudes sobre la muerte de Carlos Pedraza. De izquierda a derecha, Leonardo Luna, el senador Alberto Castilla, y Alexandra Bermúdez.
 
El pasado miércoles 21 de enero, su cuerpo sin vida fue encontrado con un tiro en la nuca en la vereda San Bartolomé, municipio de Gachanchipá, Cundinamarca. Las circunstancias de este homicidio aún están por esclarecerse.
 
No había trascurrido más de una semana de haberse presentado la denuncia de amenazas contra 38 defensores de Derechos Humanos, líderes vinculados a procesos de restitución de tierras de la región Caribe e integrantes del Frente Amplio por la Paz, cuando se produjo la desaparición y muerte de Carlos Pedraza, coordinador regional, por el departamento de Cundinamarca, del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente.

 
 
Según denunció el Congreso de los Pueblos, la última vez que se supo de este líder social fue el pasado 19 de enero cuando salió de su casa en el barrio Los Molinos II, localidad Rafael Uribe Uribe, a una reunión relacionada con la Comercializadora Agropecuaria ‘El Zipa’, un proyecto de economía solidaría que él impulsaba y que beneficiaría a un grupo de campesinos cundinamarqueses.
 
Dos días después de lanzar la alerta, integrantes del Congreso de los Pueblos fueron informados por parte de la Sijin de la Policía del hallazgo del cuerpo sin vida de Pedraza en zona rural de Gachanchipá. Pedro Morales, subdirector de Instituto de Medicina Legal, explicó que al cuerpo se le encontró una única lesión por arma de fuego en su cabeza y que su muerte ocurrió de 24 a 36 horas antes de la necropsia.
 
¿Pero quién era Carlos Pedraza? Este líder comunitario obtuvo su título de Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica de Bogotá, donde se distinguió por su liderazgo político que lo llevó, junto a varios compañeros de estudios a fundar el colectivo estudiantil Pensamiento Crítico, dedicado a la defensa de la universidad pública y al desarrollo del movimiento estudiantil colombiano. “Yo conocí a Carlos en la universidad, era bien conocido por los profes y estudiantes por su activismo político, era comprometido y disciplinado”, afirma Juana* compañera de estudios y quien por razones de seguridad pidió la reserva del nombre.
 
El interés de Pedraza por la situación política del país lo llevó a realizar su pasantía en el Movimiento de Víctimas y Crímenes de Estado (Movice), donde se vinculó al proyecto Nunca Más, aportando sus conocimientos a la construcción de la base de datos del proyecto y contribuyendo con ello a la memoria histórica de la víctimas de crímenes de lesa humanidad.
 
Camilo Villa, abogado del Movice, aseguró que su pasantía, “Carlos mostró ser un muchacho muy inteligente y comprometido, nos ayudó siempre con trabajo aparte del propio, como las galerías de víctimas y acciones en la calle”. En este movimiento, el activista asesinado adelantó su trabajo de grado, enfocado en las víctimas del movimiento político A Luchar, surgido en agosto de 1984 y cuyos integrantes fueron perseguidos y asesinados, tal como ocurrió con la Unión Patriótica.
 
“Al salir de la universidad trabajó como profesor en varias escuelas de pedagogía popular, buscando enseñar cómo preservar la memoria de las víctimas en las escuelas”, comentó un vocero del Congreso de los Pueblos, quien, además, aseguró que todo el recorrido y trabajo adelantado con la comunidad lo llevó a consolidarse como líder político del movimiento.
 
El trabajo de Pedraza con las organizaciones campesinas se desarrolló desde el Movimiento de Masas Social y Político del Centro Oriente, un colectivo de activistas sociales preocupados por temas de impacto social. Antes de su muerte, se desempeñaba como coordinador de ese colectivo en el departamento de Cundinamarca, situación que le permitía relacionarse con los representantes de otras regiones donde tiene presencia el Movimiento, como Arauca, Casanare, Boyacá y los Santanderes, y liderar procesos contra la explotación minero-energética, teniendo una activa participación en el juicio público a las multinacionales de Puerto Gaitán, Meta, realizado en julio de 2013.
 
Asimismo, fue coordinador de los dos últimos paros nacionales agrarios del año 2013 y 2014 donde siendo vocero de los sectores campesinos logró, junto con los demás sectores de la Cumbre Agraria, la expedición del Decreto 870 de 2014, el cual determinó la creación de una Mesa Única Nacional de interlocución con el gobierno.
 
El último proyecto que adelantaba Pedraza estaba relacionado con el desarrollo de una comercializadora agropecuaria a través de la cual pretendía promover un modelo de economía solidaria con base en la venta de productos campesinos en la ciudad. “El proyecto era muy nuevo, llevábamos trabajando en el dos años apenas, era el sustento económico del movimiento, lo cual nos puede llevar también a decir que (su muerte) fue también un golpe económico a nuestra organización”, afirmó Leonardo Luna, representante del Congreso de los Pueblos.
 
Lo que más le preocupa a Luna es que hasta el momento no se ha conocido ningún pronunciamiento del Gobierno nacional sobre el asesinato de Pedraza y, según él, “tampoco se han dado las garantías suficientes para el ejercicio de la política de quienes creen en la construcción de un país diferente”.
 
De acuerdo con denuncias del Congreso de los Pueblos y de un puñado de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la vida y la seguridad de quienes defienden el proceso que actualmente se desarrolla en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, y que trabajan en las regiones, corren riesgos por las constantes amenazas de que son objeto por parte de grupos armados ilegales. (Leer Amenazas: primer obstáculo de la “paz territorial”).
 
El Congreso de los Pueblos, desde su conformación en el año 2010, se ha caracterizado por ser un movimiento que articula diferentes organizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles con fuerte presencia en regiones que han sido impactadas por el conflicto armado.
 
A pesar de que el Movimiento de Masas Social y Político del Centro Oriente incide socialmente en regiones donde la guerrilla de las Farc y el Eln tienen presencia, voceros de esa organización afirmaron no que no existe ninguna relación con la insurgencia. “Ellos tienen sus espacios y nosotros los nuestros, nos distanciamos de la lucha armada como salida política a la situación del país”, precisó uno de sus líderes, y agregó que “como organización siempre habían propuesto formas de movilización diferentes al uso de la violencia”.
 
¿Paz territorial?
“Nosotros hemos venido insistiéndole al Estado que nos den garantías para el libre desarrollo de la actividad política y no lo han cumplido. El móvil del asesinato de Carlos es político, el Congreso de los Pueblos ha recibido amenazas en todo el país, la más reciente a Oscar Garcia en Tame, Arauca, a la Unión Sindical Obrera en Barranca y la constante persecución a dos compañeras de Bogotá” afirmó una vocera de la organización, sobre quien recaen amenazas y por eso se omite su nombre. “Creemos, efectivamente, que las amenazas y este asesinato es prueba de que quieren acabar el movimiento social y popular de forma sistemática y estratégica”.
 
Al respecto, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla, afirmó que la exigencia al gobierno nacional debe ser “que el sueño de todos los colombianos de la paz pueda materializarse”.
 
Las organizaciones sociales han venido insistiéndole al gobierno nacional que aterrice en las regiones lo que ya se ha acordado en La Habana y le ponga sentido práctico a la llamada “paz territorial”, que será determinante para la integración de la política regional y en ella la articulación de los distintos procesos sociales y políticos.
 
“Para hablar de paz territorial primero se debe hablar de garantías, donde se tenga en cuenta todas las voces críticas que están en este momento haciendo propuestas de vida digna en el país, y el gobierno nacional, como responsable de la vida de cada uno de los colombianos, debe garantizarnos la seguridad”, puntualizó la vocera del Congreso de los Pueblos.
 
Desde La Habana, la guerrilla de las Farc se pronunció sobre el asesinato de Carlos Pedraza a través de un comunicado en el que expresó solidaridad con el Congreso de los Pueblos y le pidieron al gobierno nacional “respuestas claras y soluciones a los crímenes contra el movimiento popular colombiano”.
 
 
 

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