Hay dos Álvaro Arzú Irigoyen. Uno, el último gran líder de los conservadores y de la élite guatemalteca, el que hizo que se firmara la paz en 1996 después de tres décadas y media de guerra interna. Y otro, el último defensor de un sistema injusto y corrupto, el gran sembrador de odio.

Arzú, el gran líder

Álvaro Arzú (1946) se consideraba el heredero de un reino. En una entrevista académica que le hice en 2009 me respondió que autoidentificaba como “mezcla rara, ladino sería; también soy vasco”. De hecho, tenía una bandera del País Vasco junto a la de Guatemala en el jardín de su casa de la Antigua.

Como heredero, trabajó desde muy joven para que su Guatemala regresara ‘al orden’.

– Arzú ha dicho que necesita mandar, mandar. Es el último de los sobrevivientes en este sistema de partidos políticos. Es un líder de los que ya no quedan. Es un liderazgo de cacique, a ultranza.

Así lo describió en 2015 su antiguo aliado en el PAN, Mario Taracena, actual diputado de la UNE en un perfil del medio Plaza Pública.

En ese mismo reportaje otra escena lo retrababa a perfección: “Casi todos los entrevistados que han trabajado con él coinciden en que Arzú empezó a mantener el control de la Alcaldía como lo hacía con sus hijos en casa: dando órdenes. Para la Municipalidad encontró la herramienta de la que no volvió a despegarse: el radiotransmisor. La Municipalidad de Guatemala era un pequeño centro de mando, y Arzú detrás de los controles era uno solo, un vigilante omnipresente. ‘Arzú mantenía cuatro radios encendidas. A las cinco de la mañana empezaba a operar’, recuerda Mariano Rayo, su secretario privado durante la Presidencia entre 1996 y 2000. Arzú era el comandante en jefe, el guardián, el dios y el juez. ‘Y entonces si un día pasaba por un bache, en la radio gritaba: ¡Mañana mismo vuelvo a pasar por acá y quiero que esta calle ya esté arreglada!’; Y si pasaba y no estaba arreglada, llegaba la gran puteada’, dice Gustavo Porras, su secretario privado de la Presidencia. Arzú era la encarnación de los ideales de su primer partido, el PAN, único y todopoderoso que vigilaba sin descanso todas las actividades cotidianas de los empleados, al punto que en las calles y casas debían tener prendidos los receptores a la espera de la voz de Arzú. Una orden”. Lo hizo hasta el último día en que trabajó.

Así, Arzú logró en cinco períodos al frente de la municipalidad de la Ciudad de Guatemala algo que ocurre en muy pocas instituciones públicas de Guatemala: que no hubiera colas interminables, que la administración funcionara. Hizo que pudiera haber una policía municipal de tránsito profesional, bien remunerada, que no cobra mordidas a los ciudadanos. Construyó pasos a desnivel para intentar reducir los embotellamientos. Realizó planes de ordenamiento territorial. Colocó a muchos concejales y gerentes profesionales al frente de las oficinas municipales. Hizo que el 20 por ciento del transporte público, el Transmetro, funcionara con orden y dignificación para los usuarios. Recuperó el Paseo de la Sexta y apoyó festivales de arte para recuperar el Centro Histórico. Jardinizó la mitad de la capital. Contrató a centenares de barrenderos y limpió las calles de la ciudad. Empezó a cerrar avenidas los domingos para Pasos y Pedales. Construyó seis kilómetros de ciclovía. Institucionalizó las carreras municipales para promover una vida más saludable y que los vecinos pudieran retomar espacios públicos.

Esto hizo que fuera electo cinco veces para la alcaldía entre 1985 y 2018, y una vez para la Presidencia de la República en 1996.

Su gran logro fue algo que difícilmente hubieran logrado otros políticos: ordenar que el ejército y la élite guatemalteca aceptaran la firma de la paz con la guerrilla después de 36 años de guerra. En Colombia, el otro país del continente que se mantenía con un conflicto armado interno, no firmó la paz definitiva en los años 90 y vivió los peores años de violencia entre 1995 y 2005, con el narcotráfico de lleno financiando a guerrillas y a paramilitares.

Logró la firma de la paz a su modo, con pragmatismo y capacidad de mando. Para armar su equipo de trabajo, convocó a su círculo a algunos de los mejores cuadros conservadores como Richard Aitkenhead, Raquel Zelaya o Arabella Castro y también a dos socialdemócratas brillantes con quienes compartía orígenes aristócratas, el exguerrillero Gustavo Porras como secretario privado de la Presidencia y el académico Eduardo Stein como canciller.

Evitó que el proceso de paz naufragara en el último momento. Tres meses antes de la firma de la paz en diciembre de 1996, cuando ya no debía haber más muertos ni secuestros, en una de las acciones más viles de la guerrilla, un comando de la ORPA secuestró a la empresaria Olga de Novella, de 86 años, para pedir un rescate millonario.

Arzú y el ejército capturaron al responsable, el comandante Isaías, y lograron el canje y rescate de la empresaria. De hecho, otro de los éxitos de su gobierno, ya después de los acuerdos de paz, fue acabar casi en su totalidad con los secuestros a familias de grandes empresarios. Antes, en ese 1996, en represalia por el secuestro de Olga de Novella, el presidente Arzú puso como condición para la firma de la paz que no participara el comandante general de la ORPA, una de las cuatro guerrillas de la URNG que habían firmado la paz.

De esta manera logró acabar con el conflicto armado, con unos Acuerdos de Paz de vanguardia, que marcaban una hoja de ruta para poner fin a las causas que originaron el conflicto en 1960. Unos acuerdos negociados durante diez años antes, muy completos, que incluían desde la creación del Fondo Nacional de Tierras (Fontierras) hasta el compromiso de desmantelar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad enquistados en el Estado, el punto de partida de lo que en 2008 se convertiría en la CICIG.

Fue la cúspide de su carrera política, con un gobierno que en su lado más positivo, pasó a la historia como el que empezó la recuperación de la infraestructura nacional y el que logró la firma de la paz.

En 1996, hace dos décadas, Álvaro Arzú abrió con su liderazgo un nuevo capítulo para la historia de Guatemala.

Arzú, el sembrador de odio

El intelectual caribeño Aimé Césaire apuntaba que la modernidad europea no podía considerarse civilizadora porque era solo la mitad de la historia. Esa modernidad civilizada ha estado sostenida sobre la barbarie, la esclavitud colonial.

La modernización de Álvaro Arzú fue sólo la mitad de la historia. Estuvo sostenida sobre los pilares de la falta de transparencia, de destrucción de la institucionalidad pública, el mantenimiento de grupos oscuros, el discurso de odio y la exclusión.

Arzú era más que un político. Era la personificación del ala más conservadora de la aristocracia guatemalteca.

– Puede no gustar, pero el criollo tiene patria, decía Gustavo Porras, el exsecretario de Arzú, en el mismo perfil de 2015.

Gustavo Porras, sociólogo de orígenes aristocráticos y excompañero de aulas de Arzú en el Liceo Guatemala, se refiere a la identidad nacional de la élite en Guatemala, un país al que Severo Martínez Peláez describió como ‘la patria del criollo’.

“Un sentimiento patriótico que viene de años atrás, dice Porras. Se reflejó, primero, cuando algunas familias patricias –como la de Arzú– mostraron oposición abierta en contra del gobierno de Manuel Estrada Cabrera, entre 1898 y 1920. Luego la emprendieron en contra de los Estados Unidos por su injerencia en Guatemala durante el gobierno de Jorge Ubico. Después, su patriotismo criollo los une en contra de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. ‘A mediados de los 80, ese mismo sentimiento patriótico de la alcurnia empezó con el Comité Cívico del Plan de Avanzada Nacional (PAN), la primera organización dirigida por Arzú antes de convertirse en partido político. Eran gente de pisto que se pone la camiseta del país’, rememora Porras.”

Ese nacionalismo criollo, como investigó su prima, la historiadora Marta Casaús Arzú en el libro Guatemala: Linaje y racismo, estaba cargado de racismo contra los indígenas.

En la entrevista académica de 2009 también le pregunté qué era lo que él consideraba que obstaculizaba la formación de la identidad nacional en Guatemala. Ésta fue su respuesta:

– Por el factor indígena. Aquí es un factor que se mantiene y se respeta. No pasó como en EEUU donde los mataron a todos. Aquí viven libres, participan, protestan. El racismo, que era más crítico, ahora ya no es así… los medios permiten el acceso de todos… de los indígenas. Los tiempos han cambiado. Nos pintan como que no (ha cambiado el racismo) porque les interesa que se vea así, pero ha cambiado.

Ese nacionalismo criollo le hacía creer que comprendía a los indígenas mejor de lo que ellos se comprenden a sí mismos:

– Ya el indígena quiere ladinizarse, pero los europeos tienen sus modas sexys. El indígena quiere circular, conseguir visa e irse a trabajar a EEUU, aprender inglés, entrar a universidades.

Ese nacionalismo criollo es lo que le hizo justificar su oposición a la CICIG como una amenaza extranjera.

Ese nacionalismo y la persecución en su contra contra algunos de los pilares que marcaron su carrera política.

El primero es la opacidad en el manejo de fondos públicos. En su presidencia durante las privatizaciones sin transparencia y la concesión de las carreteras sin controles de fiscalización. En la municipalidad, un ejemplo fue la forma en la que concesionó la publicidad desde la publicidad en el Transmetro. Otro fue cómo desde la municipalidad administró buena cantidad de fondos públicos desde fideicomisos creados para ‘mayor eficiencia’, por los que ocultaba el manejo de fondos. En uno de ellos, en 2017, la CICIG encontró que a través de uno de esos fondos público se compraba propaganda electoral para su partido unionista a la maquila de Byron Lima, el militar condenado por el asesinato de monseñor Juan Gerardi.

El asesinato de monseñor Juan Gerardi es el capítulo más oscuro de su presidencia. Y el inicio del descarrilamiento de las muchas de las esperanzas de los Acuerdos de Paz. Gerardi lideró el esfuerzo de la Iglesia católica por recopilar todas las violencias durante la guerra. Encontró que un 93% de los crímenes –150 mil asesinatos, 45 mil desapariciones, decenas de miles de violaciones de mujeres y 1 millón de desplazados en un país de 7 millones de personas– fueron responsabilidad del Estado y sus cuerpos paralelos.

Dos días después, a 200 metros de la Casa Presidencial de Arzú, Gerardi fue asesinado en una operación militar un 26 de abril de 1998, hace 20 años y dos días.

Los condenados por este crimen fueron dos militares de la seguridad personal de Arzú, Obdulio Villanueva y Byron Lima. Byron Lima se convirtió en el capo de las cárceles –y apadrinó todo tipo de vejámenes– y Arzú le juró lealtad eterna al extremo de contratar a su esposa en la Municipalidad y comprarle propaganda electoral, según las evidencias de llamadas telefónicas y facturas falsas para el fideicomiso municipal.

Según las declaraciones y las conversaciones telefónicas recopiladas por la CICIG y el MP, Byron Lima y los unionistas acordaron forzar a las mamás y esposas de reos a asistir a mítines y protestas del partido de Arzú.

El pragmatismo de Arzú parece haber tenido una propención a prácticas ilegales. Un ejemplo fue que los éxitos de su gobierno en materia anti-secuestros fueron acompañados de ejecuciones extrajudiciales en el grupo del venezolano que contrató, Víctor Rivera (qepd).

El camino sostenible en Guatemala ha sido combatir a los criminales con la ley y la justicia, como ha ocurrido entre 2008 y 2018, cuando se ha reducido la violencia hasta la mitad, de 49 a 26 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

El camino de cuerpos paralelos con asesinatos, como el que lideró Víctor Rivera, redujo la violencia de manera temporal, pero empezó a aumentar desde 2000 y con más intensidad desde que tomó el control de nuevo de Gobernación entre 2004 y 2007; subió de 24 hasta 49 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Por esas prácticas fue condenado en Ginebra esta semana uno de los pupilos de Arzú, el exdirector de la Policía Erwin Sperisen.

Esas no parece haber sido las únicas prácticas ilegales de Arzú durante su gobierno municipal. En el mundo político se da por sentada la existencia de un sistema de espionaje ilegal contra opositores y periodistas desde la Municipalidad.

Durante su carrera, en los años 70, militó en el anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), conocido como el partido de la violencia organizada. E inició su carrera política durante el gobierno de Romeo Lucas García (1978-1982), famoso por haber empezado la represión a gran escala contra líderes democráticos y contra civiles.

En 1985 asumió por primera vez como alcalde capitalino; en 1990 perdió en su primera candidatura presidencial; en 1992 asumió como canciller de Jorge Serrano Elías y reconoció la existencia de Belice; y en 1996 llegó a la Presidencia. Desde 2003 regresó a la alcaldía capitalina.

El pragmatismo no sólo lo llevó a cometer excesos en materia de seguridad o de alianzas con criminales. También lo hizo reducir todavía más al Estado guatemalteco. En su presidencia dio a oenegés la administración de la Salud en el interior y eso evitó políticas nacionales sostenidas; no contrató a maestros con todas las prestaciones sociales y eso evitó, en parte que pudieran independizarse del sindicato de Joviel Acevedo; y privatizó la telefónica Guatel o a la Empresa Eléctrica con el argumento de modernizar la economía. La paradoja es que la actual propietaria de la empresa eléctrica es la Empresa Pública de Medellín. Y en Costa Rica, la telefónica estatal es líder en el mercado contra otras telefónicas privadas.

Su fe ciega en las privatizaciones y la priorización de la administración eficiente y la apariencia de la ciudad, hizo que después de 15 años consecutivos en la Municipalidad no solucionara ninguno de los principales problemas.

El basurero municipal sigue siendo un desastre que provoca pérdidas de vidas de manera permanente y contamina uno de los principales afluentes del río Motagua. El 80% del transporte público sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo. No hubo ningún plan para la conservación y el manejo de agua y drenajes, tanto que provocaron agujeros inmensos en la zona 2 y en la zona 6. Tampoco para control de emisiones. No hay ninguna política universal de guarderías escolares ni intervino nunca en la reducción de la violencia, como sí ocurrió en municipalidades como las de Bogotá y Medellín. El presupuesto municipal nunca creció por las concesiones que hizo y tampoco hubo nunca una política contra la contaminación visual. No hay ningún gran parque público, las condiciones de vida fuera del eje central siguen siendo violentas y la vida en las colonias más pobres continúa en condiciones inhumanas.

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Pero el último capítulo de la vida pública de Arzú estuvo marcado por un discurso de confrontación y odio.

En junio de 2016, fue grabado cuando incitaba a la violencia contra vendedores ambulantes en el Centro Histórico: “Se nos están metiendo ahí otros (en el Paseo de la Sexta y El Amate). Entonces, si la Policía Municipal los saca a garrotazos, es violación a los derechos humanos, pero si lo hacen ustedes mismos (vendedores del mercado), ahí ‘parte sin novedad’. Les voy a dar unos sus leños de este tamaño y un chaleco de la Muni para que los vayan a sacar a morongazos. Me van a ayudar a mí con eso. Cuento con eso”.

Sus posiciones se radicalizaron desde el día en el que la justicia tocó a su puerta en octubre de 2017, pareció perder el control. La CICIG y el MP lo acusaban de malos manejos e investigaban los fideicomisos de la Municipalidad y pidieron que se le retirara la inmunidad.

– Hay que pasar sobre las cabezas de los medios de comunicación, gritó en una actividad frente al ejército, en una amenaza de violencia.

Su odio por la prensa independiente se remonta a su Presidencia, cuando incidió para boicotear la revista Crónica hasta su cierre.

Ya en octubre de 2017, se acercó al presidente Jimmy Morales y lo conminó a redoblar los esfuerzos para boicotear o expulsar a la CICIG aunque fuera usando vías ilegales, en una marca del ‘pragmatismo’ de Arzú. “Sea valiente” le repetía en público y en privado. Tres fuentes cercanas a la Presidencia traducían esos consejos de Arzú a Jimmy en que rompiera el orden constitucional, expulsara a la CICIG y suspendiera garantías democráticas como la libertad de prensa o de organización.

Arzú intervino para que la alianza de Jimmy Morales colocara al frente del Congreso al hijo de Arzú, Álvaro Arzú Escobar, de 32 años.

El alcalde Arzú le cedió a Jimmy a un asesor para que fuera el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart. El ministro ha boicoteado desde el día uno el trabajo del MP y la CICIG, con cambios en la policía –que eran cuadros técnicos desde 2008 hasta 2018–, el regreso de integrantes del equipo del venezolano Víctor Rivera y la vuelta de prácticas ilegales. Entre estas están la manipulación de la escena del crimen para fingir una captura de extorsionadores y la detención ilegal de dos policías que estaban asignados a la CICIG.

Y hasta su último discurso incentivó a Jimmy Morales a tomar decisiones ‘valientes’.

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Falleció el viernes 27 de abril de 2018 jugando golf junto a su hijo y empresarios. Su muerte deja en la orfandad a los opositores a la CICIG y a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde 2011 intentó trasladar su caudal político a su esposa, que terminó con 2% de intención de voto como candidata presidencial. En 2015 intentó trasladárselo a su hijo, pero sólo logró 1 diputación de 158. Ningún otro político de los que procuran impunidad tiene su liderazgo, sus contactos y su historia.

Quizás su partida acelere el final de la vieja política, ese sistema de corrupción e impunidad.

En 2018, después de dos décadas, Álvaro Arzú puede abrir con su fallecimiento un nuevo capítulo para la historia de Guatemala.

POR MARTÍN RODRÍGUEZ PELLECER / 28 ABRIL, 2018
Nómada, Guatemala
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