2/3 de la ruralidad colombiana es colectiva
En otras palabras, apenas una tercera parte del territorio rural continental y marítimo del país se podría manejar como una unidad de producción rural desde el modelo capitalista basado en la propiedad individual. El resto del país, por múltiples razones históricas, es un país de espacios colectivos donde miembros de comunidades pueden entrar y aprovechar sus recursos. La Silla Vacía
2/3 de la ruralidad en Colombia es colectiva
Puedo estar sesgado pero pareciera que buena parte del debate contemporáneo sobre “lo rural” se refiere a las reglas del juego y el bienestar de los actores rurales que se mueven en un mundo de acceso individual y propiedad individual a la tierra. Con justa razón, las desigualdades en la distribución de la tierra, y la pobreza rural más que justifican prestarle atención a ese grupo de hogares cuyo sistema de vida está sustentado en el aprovechamiento individual de un pedazo de tierra.
Pero, ¿qué hay de aquellos pobladores rurales que dependen económicamente de aprovechar colectivamente un pedazo de territorio? Más de la mitad de este país rural no funciona como una finca. No hay dueño, capataz y trabajadores por jornal. Hay en su lugar un grupo de hogares que tienen acceso conjunto a los recursos naturales que allí se encuentran en ese pedazo de territorio de acceso colectivo. Allí no hay propietario individual sino un grupo de hogares que tienen la posibilidad de entrar a conservar, aprovechar o agotar los recursos que están disponibles para ellos.
Estamos hablando de comunidades indígenas que ocupan cerca de 30 millones de hectáreas en resguardos indígenas; Consejos comunitarios de población negra que ocupa un poco menos de 6 millones de hectáreas en titulaciones colectivas desde la Ley 70/93; o más de 50 municipios costeros con cerca de 3,800 kilómetros de costas en el Caribe, el Pacífico y las tierras insulares. Agreguemos a las cuentas el mar territorial colombiano que en áreas equivalentes tendría casi 37 millones de hectáreas en el mar pacífico y más de 40 millones has. en el Caribe. Y porqué no, 12 millones de hectáreas en parques nacionales, algunos de los cuales son vitales para la supervivencia de comunidades negras, indígenas y campesinas.
En otras palabras, apenas una tercera parte del territorio rural continental y marítimo del país se podría manejar como una unidad de producción rural desde el modelo capitalista basado en la propiedad individual. El resto del país, por múltiples razones históricas, es un país de espacios colectivos donde miembros de comunidades pueden entrar y aprovechar sus recursos.
La pregunta es si la institucionalidad actual es adecuada para que se gobiernen estos espacios colectivos de manera que los grupos de usuarios que tienen acceso a ellos puedan hacer un aprovechamiento sostenible de ellos. ¿Es nuestra institucionalidad adecuada para esta diversidad de formas políticas, culturales y económicas de ocupación del territorio? Para responder a esta pregunta hay que discutir cuál papel deben cumplir las comunidades que ocupan estos territorios. Si se asumen como una amenaza a la conservación o como un potencial para la misma, las implicaciones de trabajo armónico entre entidades del estado, ONGs y las comunidades son bien distintas.
El 24 de octubre se va a presentar una nueva “Nota de Política” en la Universidad de los Andes enfocada al papel que pueden tener las comunidades locales para participar del proceso de gobierno de los recursos naturales incluidos aquellos que se encuentran en estos espacios colectivos.
Esta discusión abre varios retos para el corto y mediano plazo si se quiere hablar de una ruralidad más plural y realista en Colombia. Menciono solo tres muy vigentes:
El conflicto armado tiene una presencia desproporcionada en los territorios que se han mencionado aquí (resguardos, consejos comunitarios, parques nacionales) y por ello la posibilidad de fortalecer sistemas de gobierno compartido con las comunidades se ve limitada.
Las Zonas de Reserva Campesina son una apuesta adicional para crear sistemas de gobernanza del territorio que no respondan a una figura de propiedad individual y acceso a los mercados de tierras, infraestructura y productos sino a acuerdos colectivos para defender objetivos comunitarios. Para estas formas de organización del territorio no podemos usar los modelos ni políticas convencionales para la economía campesina capitalista, y se deberán buscar modelos híbridos de análisis de lo individual y lo colectivo.
El proyecto de país minero que se ha ido consolidando en las últimas décadas presenta un lío jurídico sobre el cual aún no hay claridad y en no pocas ocasiones relacionado con estos territorios colectivos. Por razones históricas en toda América Latina el subsuelo y sus recursos minerales pertenecen a la nación y por tanto el orden nacional tiene autonomía y potestad para definir su exploración, concesiones y explotación, pero el proceso de descentralización y fortalecimiento de los derechos de los pueblos y el poder local ha ido aumentando la posibilidad de las comunidades para determinar que pasa en el territorio encima de ese subsuelo de la nación. El reciente proceso de consulta popular en Piedras, Tolima es un excelente ejemplo de este lío jurídico. Es difícil pensar en tecnologías que lleguen a los recursos del subsuelo sin pasar o impactar los ecosistemas encima de ellos.
Tenemos al frente entonces un reto para construir una institucionalidad más realista y apropiada al país, y ello implicará una institucionalidad más flexible y adaptativa, y por tanto más diversa y más participativa. Lo paradójico es que tanto del lado de los conservacionistas como de los extractivistas hay temores por involucrar a las comunidades locales a ser parte del modelo de gobierno de los territorios.