Puebla. O expulsan al estado, o votan por su verdugo
Los habitantes de la comunidad indígena de Canoa en el Estado Mexicano de Puebla se vieron obligados, en ejercicio de su autoridad tradicional y en defensa de sus vidas y de su territorio ancestral, a expulsar a la policía de su comunidad y a asumir el control territorial desde su organización comunitaria, sin armas. En este año electoral, la ciudad de Puebla y el Estado se hayan invadidos con la imagen del Gobernador Rafael Moreno Valle (PAN e hijo de un ex gobernador del PRI). Se trata de una descomunal campaña electoral financiada con recursos públicos por parte de un gobernador que entró a ejercer su cargo en la perspectiva de suceder a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República de México. La actitud y gestión de Moreno Valle podrían profundizar las reformas que ha implementado Peña Nieto a la vez que implementar a sangre y fuego las ya aprobadas al servicio de la entrega de México a intereses transnacionales. Su gestión ha favorecido abiertamente intereses particulares contra derechos, libertades y territorios colectivos sirviéndose de la corrupción y de la represión de manera abierta y recurrente. Puebla está en manos de un gobernador-candidato que, según lo demuestran hechos y evidencias, no tiene el menor reparo de usurpar recursos públicos para sus intereses y los de sus patrones y socios del gran capital. En este contexto, las comunidades, amenazadas por megaproyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y de oleoductos, no tiene más remedio que asumir control territorial y defender su vida del propio estado que los persigue. Durante la gestión de Moreno Valle, Puebla se ha convertido en uno de los ámbitos favorecidos por la “inversión extranjera” a través del traslado o ampliación de plantas industriales que ofrecen trabajo a mínimo costo y máxima explotación mientras garantiza protección contra todo tipo de regulación ambiental al igual que ventajas tributarias exorbitantes a las transnacionales e inversionistas. No se trata pues de inversión sino de un traslado de procesos productivos de transnacionales, con énfasis en el sector automotriz para incrementar ganancias a expensas del despojo y la explotación de la población y del territorio poblanos. Este tipo de apoyos al despojo y a la conquista renovadas, profundizadas y respaldadas por la represión, explican por qué Moreno Valle aspira con buenas posibilidades a que la maquinaria del capital transnacional extractivista, financiero y corporativo articulado a sus contrapartes nacionales y a las mafias del narcotráfico que le son constitutivas y que encuentran su retaguardia segura en Puebla sientan que, el país bajo Moreno Valle, sería una réplica profundizada de Puebla bajo su mandato: un territorio al que pueden entrar para tirar su basura, producir a bajo costo y con alta contaminación, extraer recursos escasos con una mínima inversión y máximos beneficios, todo con el respaldo del terror articulado del estado y el narco y al servicio de la acumulación del capital. Ante esta realidad y en plena campaña, la decisión de asumir de manera autónoma el control territorial por parte de la comunidad de Canoa, es de hecho, defender el territorio, la vida y el país de sus despojadores institucionales al servicio de la destrucción para su lucro. Fuerza a quienes resisten bajo amenaza, como lo señala este texto que compartimos. No sólo no se puede criticar al mandatario sino que, quien quiera que no lo apoye electoralmente, como todo el mundo lo sabe y lo dice por todas partes, sufrirá las consecuencias de esta maquinaria que controla al pueblo para que elija a su verdugo. Canoa es un ejemplo de dignidad y acción que inspira a Puebla y a México. Ojalá sea cierto que “No están Solos”. Así Sí. Pueblos en Camino
Habitantes de Canoa expulsan a policías y
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David Peña, representante de los indígenas de Canoa, en conferencia de prensa. Foto: Benjamin Flores |
PUEBLA, Pue. (apro).- La comunidad indígena de San Miguel Canoa decidió expulsar a la fuerza pública, crear su propia autodefensa desarmada y montar retenes para restringir el acceso a la localidad ante la pretensión del gobierno de Rafael Moreno Valle de imponerles autoridades.
En rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Rocío Pérez Pérez, informó vía telefónica que los acuerdos tomados por su comunidad el pasado lunes 12, incluyen evitar la entrada de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de posibles candidatos si el conflicto no se resuelve antes de la celebración de los comicios de este año.
El pasado 4 de noviembre fue detenido el Presidente Auxiliar de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, quien mantuvo su oposición a entregar las oficinas del Registro Civil, luego de que el gobierno de Moreno Valle impulsó una reforma legislativa para centralizar ese servicio.
Desde entonces, Canoa se declaró en resistencia y ha tratado de evitar que el gobierno estatal imponga autoridades suplentes sin que hayan sido electas por la vía de usos y costumbres que rige a esta comunidad y que cuenta con una población 90% indígena.
Pérez explicó que prefirió no presentarse en la rueda de prensa en la Ciudad de México, luego de que ha sido amenazada por el gobierno estatal de que si se manifiestan en torno al Informe del mandatario poblano, su padre será trasladado del penal de San Miguel al de alta seguridad de Tepexi de Rodríguez, lo que podría afectar su estado de salud y anímico.
Asimismo, denunció que recibieron dos amenazas por parte del gobierno poblano, una de ellas telefónica en la que le pidieron cancelar la conferencia de prensa.
Pérez informó que en la asamblea del lunes pobladores de Canoa determinaron que expulsarán a unos 30 policías que hay en esa localidad, que sólo se dedican a resguardar el edificio de la presidencia de la Junta Auxiliar y no cuidan la seguridad de los habitantes.
Explicó que la seguridad del pueblo, de unos 35 mil habitantes, será asumida con la organización de los pobladores, que ya dividieron el territorio en 10 secciones y nombraron comités que coordinarán las actividades de vigilancia.
“Todas se coordinarán con el comité central en coordinación para evitar ingobernabilidad”, precisó. “No hay, ni habrá armas de ningún tipo, nuestra resistencia es pacífica, vamos a resguardarnos como población sin ningún tipo de armas. No es autodefensa”.
Además, apuntó que la comunidad determinó colocar una especie de retenes o casetas en las entradas de la comunidad para tener un control del ingreso de personas extrañas, luego de que el gobierno estatal y municipal podría enviar policías o funcionarios para detener a más personas o imponer autoridades en la Presidencia Auxiliar.
“Tendrán que pedir permiso para ingresar a la comunidad, y así evitar que lleguen autoridades estatales y municipales”, detalló.
Indicó que no se permitirá el acceso a representantes del INE para la organización de los comicios federales, ni a los candidatos que pretendan hacer campañas, hasta que se acuerde respetar las decisiones del pueblo.
Revista Proceso
Enero 15 de 2015
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