Despojan a los Cucapá de su derecho milenario a pescar en el mar de california

“…Yacotzin Bravo precisa que, después de las reuniones con las instituciones, el pueblo indígena aún no recibe la minuta de la reunión interinstitucional en la que se formularán las soluciones, y  tampoco ha llegado el protocolo de consulta sobre el decreto de creación de la reserva y el plan de manejo”…


 

En el fondo del problema que año con año enfrentan las cucapás de Baja California para poder pescar —debido a la creación de una reserva natural que les impuso vedas y topes de captura—, está el derecho al territorio, a la consulta y al acceso a los recursos naturales, afirma la abogada Yacotzin Bravo, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, por lo que las indígenas buscan que se les consulte respecto al manejo y permanencia de la zona.

La captura de la curvina golfina en el delta del Río Colorado, además de la principal actividad económica de este pueblo de origen semi-nómada, “es parte de la cultura que nos dejaron nuestros antepasados. Es un ciclo que tenemos que completar, y eso el gobierno no lo entiende”, denuncia Hilda Hurtado Valenzuela, presidenta de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá.

La Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, que comprende una zona núcleo en la que se prohíbe la actividad productiva y el acceso —y justamente es en la que históricamente pescan las cucapás—, se declaró en el sexenio salinista (1993) sin consultar ni tomar en cuenta al pueblo indígena. Su plan de manejo, publicado en 2007, tampoco considera el uso que de su territorio hacen las pescadoras, y no les proporciona un área exclusiva para la actividad. Los cucapás son alrededor de 400 personas, organizadas para la actividad en tres cooperativas. A cada una de las siete pangas cucapás les correspondió, para el año 2014, un tope de captura de 5 mil 728 kilos de pescado.

Aunque la veda y el tope de captura que se les impone es el problema recurrente, el objetivo actual de la lucha es que se revise el decreto de creación del área natural protegida y su plan de manejo, del que se derivan las normas medioambientales que dificultan el acceso a su territorio y la realización de su tradicional pesca. La ruta jurídica, señala Bravo, está tocando ya sus límites, pues los jueces que atienden los amparos que año con año promueven los cucapá solamente copian la resolución anterior, que no especifica qué derecho o bien es el que se protege. “Nos queda por explorar un amparo contra el decreto y su plan de manejo, y que la Suprema Corte pueda atraer el caso”.

Veintiún años después de iniciado el conflicto, por primera vez “las autoridades abren una puerta para respetar nuestros derechos”, señalaron las indígenas en comunicado, pues se instalaron mesas de diálogo con las secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, el Instituto Nacional de Pesca, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, así como con el gobierno de Baja California.

Yacotzin Bravo precisa que, después de las reuniones con las instituciones, el pueblo indígena aún no recibe la minuta de la reunión interinstitucional en la que se formularán las soluciones, y  tampoco ha llegado el protocolo de consulta sobre el decreto de creación de la reserva y el plan de manejo. “El punto más importante es que el protocolo sea sometido a análisis, discusión y consentimiento de la comunidad, pues la consulta se debe preparar con las cucapás desde el inicio”, insiste la abogada.

En lo que sí “ceden” las autoridades es en “ofrecer programas de ayuda”, como dar una cabra a cada familia, capacitación para otros empleos o proporcionar refrigeradores. Sin embargo, “viven dispersos en colonias y ejidos mestizos, y en la comunidad indígena El Mayor, y su momento de recreación de la cultura es cuando se encuentran para pescar”, precisa la abogada, quien señala que los ofrecimientos productivos no deben ir peleados con la pesca ni con el modo de vida cucapá.

Actualmente, las malas condiciones de las veredas para sacar al pescado, la inseguridad en los campamentos de pesca y las posibilidades de ser reprimidos por no hacer caso de la veda, hace que se dificulte su actividad.

Pescar para vivir. Hurtado Valenzuela aclara que la pesca y venta de la curvina es de sobrevivencia, “no para hacernos grandes ricos. Trabajamos esos días para la subsistencia de todo el año”.  Estos pescadores indígenas se basan en la luna para su actividad. Dos días después del cuarto creciente, entran a capturar al animal, “cuando la marea no está muy fuerte ni muy floja”, describe la presidenta de la cooperativa. Trabajan tres días y se salen; regresan dos semanas después, “cuando hay el siguiente encuarte” de luna. En total, se trabajan entre 18 y 20 días por temporada, por lo que “no estamos saqueando los mares, como acusa el gobierno”.

Toda la comunidad participa en el procesado, ya sea en la captura o preparación para el consumo y la venta. El resto del año, hacen labores de conservación en los esteros, por las que les pagan 600 pesos, o intentan emplearse en los enormes campos de cultivo del norte de México.

Los cucapás necesitan de los avisos de arribo y las guías de traslado para transportar y comercializar su producto, pero estos les son limitados. Además, los decomisos, robos, incursiones ilegales en su zona y pérdida de naves afectan su producción, y viven episodios de represión cada temporada de veda desde 2011.

La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste informa que el volumen de la pesca cucapá equivale al 3.4 por ciento del volumen total de la captura de la curvina en toda la temporada. Cerca del 90 por ciento de la pesca se la llevan los pescadores no cucapás, sin contar con la captura ilegal, que puede alcanzar el doble del volumen.

Los antiguos cucapás “siempre navegaron y vivieron a las orillas del Río Colorado; el gobierno critica que por qué no lo hacemos como antes —con arpones y trampas— y sí en embarcaciones con motores; pero la pesca es parte de nuestro hábito de vida y ellos no tienen por qué cambiarlo”, acusa la pescadora Mónica González.

“Las cucapás han ido muy claras en que es un problema de territorio y de identidad, además de que sus familias dependan de la pesca, pues es un pueblo seminómada que vive en diferentes comunidades. El momento de recreación de la identidad es el de la pesca, y el riesgo es que al haber una zona núcleo de un área natural protegida en su lugar tradicional, son perseguidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente porque la ley dice que ahí no se pueden hacer actividades productivas. En una segunda etapa fueron hostigadas por la Comisión Nacional de Pesca por la veda y tope de captura”, detalla la abogada.

Los cucapás insisten en que es injusto que los traten de forma igual a los que capturan con embarcaciones más grandes y tecnología, y no se tomen en cuenta sus derechos y características como pueblo indígena. “Si estuviera en peligro el animalito, nosotros seríamos los primeros en cuidarlo”, finaliza Hilda Valenzuela.

Autora: Adazahira Chávez
Fuente: Ojarasca

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