¿A quienes beneficia el atentado a la escuela de cadetes y el asesinato de líderes sociales?

Un atentado suicida con un carro bomba contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá ha dejado hasta ahora 21 muertos y decenas más de heridos. El autor material y los autores intelectuales fueron identificados en pocas horas por la Fiscalía General de la Nación y el Presidente de la República ha anunciado el fin de las negociaciones de paz con el ELN. Más guerra.

Homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Bogotá. Fotos de Zona Cero en http://zonacero.com/generales/con-flores-y-velas-ciudadanos-rindieron-homenaje-policias-muertos-en-atentado-121080

Por lo menos 550 líderes y líderas sociales han sido asesinados en Colombia desde Noviembre de 2016 y estos delitos permanecen impunes, días, meses y años después de ser cometidos y tanto los Presidentes como el Fiscal prometen investigar y señalan autores materiales, encubriendo autores intelectuales y encubriendo abiertamente también su complicidad y participación. ¿Dónde Estamos? Lectura de Contexto. ¡Así No! ¡Dominación y Despojo! Pueblos en Camino

Foto archivo El Espectador: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/es-triste-ver-que-extranjeros-saben-mas-que-los-colombianos-sobre-la-realidad-del-pais-articulo-718747

El contraste entre la solución de un acto de terror y el encubrimiento de todos los otros habla por sí mismo. La gente lo dice en las calles, en todas las conversaciones. Todo esto apunta a un mismo origen, a unos mismos beneficiarios, a la respuesta evidente a la misma pregunta ¿a quienes beneficia el atentado a la escuela de cadetes y el asesinato de líderes sociales?

En noviembre de 2016 firmaron el acuerdo del fin del conflicto armado entre las FARC y el gobierno Colombiano. Hay quienes aún a pesar de los hechos y las evidencias insisten en hablar de un “acuerdo de paz” y denominan como “post-conflicto” lo que se inició desde entonces. Ni paz ni post-conflicto. Guerra de guerras y extendiéndose, profundizándose, aumentando en crueldad y con un carácter aterrador y demencial que promete ser mucho peor que todo lo que ya hemos vivido en Colombia.

Fuente Informe Indepaz, Noviembre 19 de 2018. La guerra contra y por la tierra
Víctimas según vinculación a procesos y organizaciones. INDEPAZ

INDEPAZ y su extensa y rigurosa red de entidades y equipos de informantes identificaba en su informe actualizado hasta el 18 de noviembre de 2018, 556 líderes asesinados y asesinadas en todo el país, incluyendo ex-combatientes desmovilizados de las FARC. Amenazas, intimidaciones, atentados, desapariciones, extorsiones, acciones de terror. Es una guerra sistemática, cuidadosamente planificada y ejecutada, con objetivos claros y específicos, con beneficiarios irrefutablemente identificables y que abarca todo el territorio nacional de manera simultánea, respondiendo, sin lugar a dudas y aunque pretenda negarse lo evidente, a una planificación cuidadosa y también cuidadosamente ejecutada. Hasta hoy, 19 de enero de 2019, han asesinado, que se sepa y se haya reportado, 9 líderes sociales más. Los departamentos y municipios donde ha existido mayor organización comunitaria y social combinada con mayor interés por megaproyectos extractivistas y donde organizaciones sociales y dirigentes han desarrollado una mayor capacidad de análisis, denuncia, organización y lucha, han sido objeto directo de este desangre terrorista sistemático. Así, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander encabezan la lista de muerte.

Leer Testimonio de Comunero de Huellas-Caloto, Cauca, Colombia. Noche de Navidad de 2018: http://pueblosencamino.org/?p=6842

El gobierno de Colombia ha definido una política para negar los hechos. Como en las épocas del dictador Centro Americano que ordenó la inexistencia de una epidemia de erisipela y para que se cumpliera su mandato contra la realidad que mataba con esta infección de la miseria que enrojece la piel de las víctimas, hizo cubrir el alumbrado público con papel transparente de este color, el Presidente Santos y el Presidente Duque han aseverado que este plan de terror en ejecución no tiene carácter sistemático. El encargado de realizar esta afirmación es el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el mismo a nombre de los dos gobiernos. Este funcionario ha estado directamente involucrado como socio y beneficiario en uno de los mayores hechos de corrupción en Colombia y el Continente: Odebrecht. Martínez fue señalado abiertamente por la evidencia contundente y documentada de un testigo hoy misteriosamente muerto por envenenamiento con cianuro y, lejos de ser removido del cargo, se afianzó en el mismo, a cambio, seguramente, de someter la Fiscalía a los intereses políticos del gobierno de turno, que, para toda Colombia es el del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo prontuario daría para condenas por delitos desde corrupción hasta narcotráfico y masacres, pasando por la compra de votos en el congreso para hacerse reelegir. Hace unos días el Fiscal de bolsillo, se vio obligado a reconocer el carácter sistemático de estos ataques contra líderes populares -especialmente campesinas y campesinos defensores de la tierra- pero, junto con la Ministra del Interior (cuyos vínculos con el paramilitarismo habían sido señalados públicamente en el pasado) y de manera desvergonzada hicieron algo peor que negar la sistematicidad de este plan de muerte, aseveraron que otros eran los responsables de este plan y señalaron, claro, a narcotraficantes, disidencias de las FARC, la insurgencia armada del ELN, etc.

Tan pronto desaparecen las FARC como contrincantes y enemigos de las fuerzas armadas del estado, se profundiza e incrementa la persecución y masacre de una precisión aterradora contra quienes se oponen a la expansión de los proyectos de despojo territorial en todo el país. Los asesinatos y amenazas ponen en evidencia un hecho contundente: para cometerlos se requiere de información de inteligencia cuidadosamente recabada previamente en todos los ámbitos del país a través de la cual fueron identificadas las víctimas de manera puntual. Pero además, reaparecen o se extienden grupos paramilitares, en directa colusión con la fuerza pública que se encargan de hacer pública esta información recabada a través de amenazas y ejecuciones.

Luego de una reunión de un gran número de paramilitares en inmediaciones de la base militar, frente a esta es asesinado un campesino. Ver Constancia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en http://www.cdpsanjose.org/node/160

Los ejemplos y la evidencia sobran. Hace apenas unos días, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó señaló otro tanto en relación con el asesinato de un campesino frente a una base militar donde se reunió un gran número de paramilitares. No fue la excepción. Esta es la regla. Los beneficiarios de este plan de muerte son corporaciones transnacionales, inversionistas, industria extractiva, agro negocio y todas sus contrapartes nacionales hasta el ámbito local.

La guerra se ajustó y se localizó y ahora se profundiza desde noviembre de 2016 tras la firma del acuerdo FARC-Gobierno, según un plan macabro que incluye incumplir los acuerdos y negar el carácter sistemático y el origen estatal de esta estrategia de muerte para la acumulación legal e ilegal de ganancias.

Un ejemplo de los panfletos con amenazas firmados por distintos grupos de “Autodefensas” en todo el país: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/con-panfleto-aguilas-negras-amenazan-congresistas-periodistas-y-lideres-sociales-articulo-810219

Ahora mismo, en el norte del Cauca, seguramente la zona del país más afectada por este plan de terror, una libra de marihuana prensada es pagada localmente a más de $400.000 pesos (y subiendo), unos $150USD. Esto en el momento en el que la demanda de marihuana y sus productos supera con creces la oferta en los mercados de Canadá, EEUU y Europa. La guerra de Trump contra la sustitución de cultivos incluida en los acuerdos y la consecuente represión desatada, ajusta el precio al alza y la transferencia de valor al norte con ganancias extraordinarias allí, a costa de la muerte en Colombia, en especial, en el norte del Cauca. La marihuana se legaliza y comercializa allá, para amenazar y matar acá, pero también, claro, para reclutar pueblos, procesos y territorios al mercado de la producción y el tráfico, promoviendo la criminalización de pequeños productores y traficantes, la estructuración de carteles y mafias y la guerra entre estos. Todo esto hace parte del mismo plan sistemático de terror para la ganancia.

Atentado del ELN contra oleoducto. Fuente infomil en https://3.bp.blogspot.com/-YkdWoWpTUtE/Vro0inTd2OI/AAAAAAAAIjU/-2o0SLWiwyY/s1600/atentado%2Boleoducto.jpg

¿Quién-preguntamos- tiene la capacidad para identificar, clasificar, seguir, amenazar, eliminar a quienes obstaculizan en todo el país y simultáneamente el proceso de reordenamiento territorial y desmantelamiento de derechos y resistencias para beneficio de la acumulación de ganancias? No hay duda alguna de que esta capacidad la tiene el estado Colombiano, las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia.

¿Por qué seguiríamos considerando excepcional una regla? Las guerras y el terror para beneficio de intereses de acumulación y poder se inician a partir de hechos diseñados, fabricados y ejecutados por los poderosos beneficiarios de las mismas. En Colombia se firmó la “paz” para profundizar y focalizar la guerra. El terror contra propios y extraños, uniformados o no, se entiende, se explica, se justifica para hacer y perpetuar un estado permanente y expansivo de guerra por ganancias. Cuando los comandantes paramilitares (que creó Uribe Vélez a partir de las Convivir) empezaron a hablar de la forma en que fueron entrenados, financiados y armados por corporaciones transnacionales (entre éstas las bananeras-petroleras-mineras-agro negocio-hidroeléctricas) y expusieron sus vínculos y coordinación con altos mandos de las fuerzas armadas, políticos locales y nacionales, candidatos a presidentes y presidentes, fueron extraditados y silenciados con amenazas a sus familias.

¿De qué -se pregunta la gente en las calles y campos ahora mismo por toda Colombia- no es capaz este Estado, este gobierno, con Uribe a la sombra, para seguir implementando el plan de muerte para la acumulación que, desde hace años y a partir del Pentágono se conoce como Plan Colombia?

Ni cadetes y policías, ni líderes sociales tienen la culpa y mucho menos se merecen ser cuerpos para la muerte y el dolor para que unos ganen. Si no hubiera razones para aseverar estas verdades, uno aceptaría la versión oficial con la que nos confunden y reclutan para seguirnos empobreciendo y matando.

¿Qué serán capaces de montar para meternos en una guerra con Venezuela, encubrir esto y más, eliminar la gente que les sobra, quedarse con riquezas y recursos y acumular ganancias con la industria de la muerte en masa? Lástima que estos desvaríos resulten tan razonables.

Pueblos en Camino
Abya Yala
Enero 19 de 2019

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