Linchamientos en Bolivia y la transición

El derrumbe de una institucionalidad sostenida a la fuerza durante siglos, genera contextos en los que ni vale lo que esta establecido, ni hay alternativas colectivas consensuadas. Síntomas de una transición de un sistema mundo que se derrumba y lo que viene que no podemos imaginar y puede ser mejor o peor. De nuestra capacidad colectiva durante la transición para consolidar políticas de lo común respetuosas de la vida, dependen la transición y que no sea mucho peor lo que viene. Los linchamientos en Bolivia no son un problema de indios, sino un síntoma de una crisis global. Pueblos en Camino

 
Falsa justicia comunitaria arropa linchamientos en Bolivia
 
 
Dos policías transportan el cuerpo quemado de una víctima de linchamiento en una comunidad de Chapare, en el departamento boliviano de Cochabamba. Crédito: Dico Soliz /Opinión
 
LA PAZ, 7 dic 2013 (IPS) – Imágenes de cuerpos torturados y caras poco reconocibles, víctimas de linchamientos de enardecidos pobladores, sacuden cada poco a la sociedad de Bolivia. Un fenómeno de ajusticiamiento sumario que nada tiene que ver con la justicia comunitaria, aunque los victimarios se arropen en ella.
 
Estadísticas de la Defensoría del Pueblo entregadas a IPS indican que entre 2005 y octubre de este año se registraron 53 casos de linchamientos, posibles linchamientos, tentativas y amenazas en siete ciudades bolivianas: La Paz, El Alto, Cochabamba, Chapare, Cobija, Potosí y Llallagua.
 
Pero el recuento en medios de comunicación muestra que entre 2005 y 2012 se registraron 180 muertes por ajusticiamiento sumario en Bolivia.
 
Y el fenómeno va en ascenso, porque registros periodísticos indican que tan solo entre abril y agosto de este año se produjeron 35. De ellos, 14 en el departamento de La Paz, la mayoría en El Alto, y 11 en el de Cochabamba.
 
Es en este departamento central donde la barbarie se expresa con mayor ímpetu, según fuentes policiales y periodísticas, en especial en la tropical provincia del Chapare, una zona de cultivos ilegales de coca, con mayoritaria población quechua y una creciente presencia aymara.
 
El 27 de septiembre, aparecieron en Entre Ríos, población de esa provincia, dos cuerpos con la piel quemada y apergaminada y rostros irreconocibles, atados de pies y manos con alambre de púas y sin identidad. El crimen lo provocó una turba de pobladores que, como es frecuente, actuó con saña atroz.
 
Dos jóvenes no identificados, de entre 25 y 30 años que habían abordado una mototaxi,  despertaron sospechas en el conductor porque uno de ellos iba armado, según informes desde el lugar.
 
En un incidente confuso, el arma se disparó y alertó a los vecinos, que golpearon a los sospechosos de asaltar al mototaxista. Los ataron y quemaron en una pira alimentada por llantas de caucho. Después, el silencio escondió a los responsables del ajusticiamiento, exculpado como justicia comunitaria.
 
“Eso no es justicia comunitaria, es un acto delictivo”, dijo a IPS el defensor del Pueblo de Cochabamba, Raúl Castro.
 
“El linchamiento es un asesinato y no se puede permitir bajo el concepto de justicia comunitaria, porque nada tiene que ver con ella, es una ejecución sumaria que vulnera principios constitucionales y el debido proceso”, subrayó a IPS el fiscal del departamento, Freddy Torrico.
 
Pero los linchamientos no figuran como delito propio en la jurisdicción local, y el crimen ejecutado en forma colectiva y rodeado de hermetismo dificulta las investigaciones.
 
En La Paz, el defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, aseguró a IPS que “la justicia ordinaria debe ser más eficiente, efectiva, transparente y oportuna”, para que los pobladores no caigan en ejecuciones sumarias en un país sin pena de muerte, al menos formal.
 
Los planes policiales de seguridad ciudadana deben ampliarse a las zonas rurales, demandó.
 
Pero, más allá de la ineficiencia de los tribunales, “hay un fuerte componente de desconfianza, desconocimiento y rechazo al sistema de justicia y de protección en gran parte de las comunidades rurales y poblaciones pobres”, reconoció.
 
El rostro de la justicia en esta nación sudamericana comenzó a cambiar con la Constitución de 2009, que declaró a Bolivia como Estado plurinacional y permitió escoger dos años después por sufragio universal a integrantes de los altos tribunales y consejos judiciales.
 
Entre sus artículos 191 y 193 recoge “la jurisdicción indígena originaria campesina” y se establece que sus pueblos y naciones la aplicarán según normas y procedimientos propios.
 
Pero esa jurisdicción, que debe acatar la justicia ordinaria, “respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución”, se estipula.
 
Este reconocimiento constitucional recuperó esta práctica administrada por líderes locales, aunque ya antes las comunidades impartían justicia según sus usos y costumbres.
 
Los expertos en derecho ordinario y comunitario subrayan que las tradiciones de los pueblos originarios excluyen taxativamente la pena de muerte.
 
La secretaria académica del Programa de Derechos de las Naciones Originarias, Cintia Irrazábal, dijo a IPS que la justicia comunitaria sigue procedimientos de larga tradición y procesa delitos leves.
 
Líderes comunitarios, en asambleas públicas, conocen y analizan el delito –en general, robos de ganado, semillas u otros bienes— y aplican sanciones reparadoras, casi siempre un trabajo manual. En casos extremos, de robo agravado, el castigo es el destierro del infractor y su familia. “Esa es la máxima sanción”, aseguró Irrazábal.
 
Los casos de asesinatos, violaciones y otros delitos graves son derivados a la policía y la justicia ordinaria, puntualizó.
 
Villena atribuye los linchamientos a “la desprotección, la lentitud de los organismos de seguridad, la ineficiencia del Estado, la crisis del sistema judicial y la impunidad”.
 
El defensor del Pueblo mostró a IPS resultados de investigaciones internas que evidencian que “45 por ciento de los municipios de Bolivia no cuentan con un juez; solo 23 por ciento tienen un fiscal y apenas tres por ciento cuentan con un defensor público”.
 
Félix Costa, alcalde de Puerto Villarroel, uno de los cinco municipios de Chapare, dijo a IPS que los linchamientos obedecen a “la no aplicación de la justicia como corresponde”.
 
Según Costa, los 46.000 habitantes de su municipio se indignan cuando la policía o los tribunales dejan sin castigo a presuntos delincuentes.
 
En Puerto Villarroel, una zona de intenso comercio e intersección vial entre el este y el oeste del país, solo hay 20 policías para controlar la seguridad pública, el tránsito de motorizados y la lucha antidroga.
 
El fiscal Torrico reconoce las dificultades para impartir justicia. “Tengo tres fiscales para conocer varios delitos y tres especializados en temas antidroga”, enumeró para explicar la debilidad del Ministerio Público en una zona muy conflictiva.
 
Pero la ira colectiva no puede estar por encima del respeto a la vida, advirtió. “No es comparable el robo de una motocicleta con la quema de una persona”, enfatizó.
 
Quemar a las víctimas, vivas en ocasiones, es común para borrar las huellas del linchamiento, que también se comete en suburbios urbanos. La violencia se desata contra sospechosos de un homicidio o una violación, del robo de una tumba o hasta de una bombona de gas.
 
El 4 de noviembre, en Sorata, localidad del departamento de La Paz, una turba sacó de su casa a un joven de 25 años, por sospechar que había asesinado a un comerciante. Lo  golpearon hasta la inconsciencia, lo abandonaron en una zanja y al día siguiente lo envenenaron y después lo ahorcaron.
 
Por: Franz Chávez

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *