De cómo nos están mapeando y despojando para «La Paz»…
Las Expediciones Bowman coordinan al Pentágono, las universidades y organizaciones y líderes de procesos indígenas y populares. Donde quiera que se implementan hay guerra para la paz del modelo, sea México, Centro América o Colombia urbana y rural. Pasan mayormente desapercibidas. Sus ideólogos no son suficientemente estudiados ni controvertidos. Sus contrapartes gozan de recursos y prestigio. Los efectos en despojo y sometimiento son, ni más ni menos, la conquista hoy, en su modelo post-neoliberal, extractivista legitimado. Hay que hacerle Minga a esta amenaza real para conocerla y detenerla. Así No!!
Geoestrategia y La pax de la propiedad privada
Hernando de Soto, el economista peruano, Presidente y creador del «Instituto Libertad y Democracia» es seguramente uno de los ideólogos orgánicos y estrategas del proceso de conquista transnacional corporativo en curso. Uno de los objetivos estratégicos que promueve con éxito es el de incorporar territorios, líderes y organizaciones indígenas a los mercados especulativos y al modelo extractivista y financiero. Extrañamente, pasa bajo el radar uno de los admiradores y seguidores mas fervientes de de Soto, Geoffrey Demarest, vinculado al Defense Intelligence Agency del Ejército de los EEUU y a las Expediciones Bowman. El argumento esencial de Demarest consiste en que no hay paz sin propiedad privada, lo que requiere mapear e incorporar todos los territorios al régimen capitalista de propiedad privada, es decir, justificar y legitimar la conquista de territorios y pueblos para el capital neoliberal y post neoliberal.
No sorprende que, Demarest y el Departamento de Defensa de los EEUU, hayan puesto énfasis en Colombia y en la paz del modelo que consiste en esencia en incorporar por la fuerza o por la vía de acuerdos los territorios al modelo corporativo transnacional de propiedad privada. Se trata, como en toda conquista, de ocupar, despojar y simultáneamente legitimar ideológica, jurídica e institucionalmente estas conquistas. Colombia ha sido objeto de análisis y publicación por parte de Demarest, así como de Expediciones Bowman que articulan al Departamento de Defensa de los EEUU, en particular la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero (FMSO por sus siglas en inglés), con la Sociedad Geográfica Americana (AGS por sus siglas en inglés) y a la Universidad de Kansas. Por lo menos dos expediciones se han realizado en Colombia. Una en la Comuna 13 en Medellín, en torno de la Operación Orión, a partir de una ocupación militar sangrienta de este ámbito urbano para incorporarla en la lógica de Demarest al régimen de propiedad y “paz” y la otra, cuyo contenido detallado se desconoce, inicialmente sobre 24 de los 42 municipios del Departamento del Cauca (es posible que el mapeo de los 42 municipios ya se haya completado). Las contrapartes conocidas en Colombia para estas expediciones son GEOSCIRE y CERAC.
En la medida en que avanzan las negociaciones en La Habana entre las FARC y el Gobierno Colombiano, a la vez que el proceso exploratorio con el ELN, resulta particularmente relevante conocer la posición y actividades de Hernando de Soto, Geoffrey Demarest, las Expediciones Bowman en Colombia y su relación con el sentido, contenido y acuerdos de paz. Estas iniciativas, ideologías y proyectos exponen las ideas, justificaciones e intenciones de la paz en Colombia desde el Pentágono, al servicio de intereses corporativos del capital transnacional. Es importante además señalar que las expediciones Bowman han enfatizado territorios y pueblos indígenas donde quiera que se han llevado a cabo subrayando su carácter geoestratégico y militar al servicio del Capital.
Es particularmente importante conocer el contenido y las contrapartes de la Expedición Bowman en el Cauca. Su relación con comunidades y organizaciones indígenas en la medida en que de una parte es cada vez más notoria la presencia de la USAID en esta región en proyectos que incluyen a las organizaciones indígenas y que estos proyectos incorporan mapeo y recolección de información geoestratégica y territorial del tipo que recaban las Expediciones Bowman. Paz, propiedad privada, acceso a información territorial, incorporación al modelo y organizaciones indígenas como agenda militar vinculada a la incorporación de territorios y organizaciones a mercados transnacionales bajo la lógica de ideólogos como Hernando de Soto y Geoffrey Demarest en el contexto de negociaciones de paz cuya condición esencial es que “el modelo no se negocia” no deberían pasar desapercibidas. A continuación tres textos que exponen las Expediciones Bowman para México y Honduras, además que hablan por sí mismos. Agradecemos a Gilberto López y Rivas por sus aportes e interés en este tema, a la vez que esperamos convocar una Minga de aportes para conocer, entender y resistir este instrumento esencial de conquista en curso que no ha generado la atención que merece.
Pueblos en Camino
Junio 22 de 2014
Los hechos son claros: comunidades indígenas en México están siendo acosadas por el ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. En 2005, el Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas recibió $500, 000 dólares de fondos del Departamento de Defensa para mapear tierras comunales indígenas en los estados mexicanos de San Luis Potosí y Oaxaca. Con la ayuda de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de los Estados Unidos (FMSO, por sus siglas en inglés), localizada en la base militar del Fuerte Leavenworth en Leavenworth, Kansas; los profesores de geografía Peter Herlihy y Jerome Dobson han estado arando el camino del proyecto “México Indígena”, una parte de un proyecto de mapeo mayor, las Expediciones Bowman.
El investigador de la FMSO asignado a las Expediciones Bowman, el Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, es sospechoso de usar los mapas para inteligencia militar en contra de comunidades indígenas que afirman su autonomía y auto-determinación a través de gobernar y poseer colectivamente su territorio. Según Demarest, el único camino para el ‘progreso y la seguridad’ en América Latina es el de la privatización de éste tipo de tierras comunales.
En publicaciones de la FMSO y en un libro de texto titulado “Geopropiedad: Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad”, Demarest asegura que “la posesión informal e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización y titulación de la tierra.
No debiera sorprender, que Demarest no sólo fue entrenado en la Escuela de las Américas del Ejército Estadounidense (el centro famoso por enseñar tortura y creación de escuadrones de muerte paramilitares al personal militar Latinoamericano), pero también sirvió como el agregado militar de los Estados Unidos en la embajada de Guatemala entre 1988 y 1991, un tiempo de represión militar fuertemente respaldada por los Estados Unidos contra comunidades indígenas en Guatemala, con varios casos notorios de tortura y asesinato.
Antes de su trabajo en el proyecto “México Indígena”, Demarest estaba implementando sus estrategias de información geográfica en Colombia, por lo menos hasta 2003. Un ensayo de la FMSO de marzo de 2003, escrito por Demarest, titulado “Mapeando Colombia: Información Geográfica y Estrategia”, declara claramente el uso final de la información geográfica: “Mientras el valor forense de la información de la propiedad de tierra es relativamente obvio, no es tan obvia la correlación entre información geográfica y estrategia militar, pero esta correlación marca precisamente un atributo esencial de campañas contrainsurgentes exitosas.”
Ramificaciones Urbanas
Las implicaciones de las Expediciones Bowman y los ensayos de Demarest se extienden más allá de las tierras indígenas, reverberando en todos los sectores de la sociedad, y en particular, en los pobres de los centros urbanos del mundo. En un ensayo de la FMSO de la primavera de 1995 titulado “Geopolítica y Conflicto Urbano Armado en América Latina”, Demarest criminaliza y advierte del potencial de los pobres en las ciudades de America Latina:
“Intereses monetarios en Latinoamérica continúan aislando, física y socialmente, a las comunidades pobres en expansión. Los barrios de techos de lámina se convierten en áreas gobernadas por separado. Ellos marcan las dimensiones físicas de las que, de alguna manera, son naciones autónomas dentro de las naciones. En algún punto, su liderazgo puede ser visto como una amenaza para la seguridad nacional en vez de una simple amenaza a la seguridad pública. Es ahí donde reside su importancia geopolítica.”
En una sección previa de este mismo ensayo, Demarest enlista actores anti-estado que encuentran su hogar entre los pobres del mundo:
“Características distintivas de las más grandes ciudades, también llamadas ‘ciudades de mundo’, de las que América Latina tiene varias, incluyen la marcada polarización económica y social y una intensa segregación espacial. Encontramos también lo que es probablemente un efecto de esas condiciones: las agendas complementarias e identidades superpuestas de una vasta selección de actores anti-estado. Anarquistas, criminales, los desposeídos, extranjeros entrometidos, oportunistas cínicos, locos, revolucionarios, líderes obreros, minorías étnicas nacionales, especuladores de bienes raíces y otros pueden todos formar alianzas de conveniencia. Estas ideas pueden ser tan específicas como resistirse a un aumento en el pasaje de los camiones, tan inmediatas como una oportunidad para hacer un saqueo tras una celebración de masas, o tan amplio como la identidad étnica.”
Como las tierras comunales indígenas, los barrios de techos de lámina no regulados son considerados por la FMSO como precursores de crimen e insurgencia. En los Estados Unidos y en ciudades alrededor del mundo, la privatización de comunidades pobres a través del aburguesamiento es una estrategia similar multifacética de marginación a través de la desvalorización, la criminalización y el desplazamiento. Ser pobre y organizar tu comunidad para sobrevivir por sus propios medios, ejercer auto-determinación, según los ensayos de Demarest, es ser una amenaza para los intereses políticos y económicos de Estados Unidos, domésticos y en el extranjero.
En el mismo ensayo, Demarest da un paso adelante y expone las intenciones imperialistas para la información geográfica y la estrategia: “El poder estratégico se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. El poder nacional, sub-, supra- o transnacional puede ser medido por consiguiente.”
La misión primaria de la FMSO es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con amenazas asimétricas se refieren a ejércitos guerrilleros y organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la seguridad de los intereses políticos y económicos en México.
Oliver Froehling, geógrafo y director académico de la Universidad de la Tierra en la ciudad de Oaxaca, resalta el peligro de este tipo de proyectos de mapeo cuando declara: “El proyecto México Indígena se suscribe a una estrategia político-militar. No podemos olvidar que el mapeo empieza en medio del debate sobre un paquete de financiamiento militar de los Estados Unidos conocido como la Iniciativa Mérida. El control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales focos rojos en la política, contribuir al control militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales.”
Resistencia Indígena
La noción de Demarest de que la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en México viene de comunidades indígenas demandando autonomía y auto-determinación en la forma de territorio comunal no es, por supuesto, una sospecha. Así es.
En 1992, después de que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari derogara el artículo 27 de la constitución, que había dado legalmente concesiones comunales de tierra a los campesinos indígenas de México, y en 1994, después de que se aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una serie de levantamientos de liderazgo e inspiración indígena en el sur de México se han estado movilizando por la auto-determinación y la auto-defensa de su territorio.
Una de las luchas más notorias, es la de los Zapatistas, quienes ganaron atención global capturando un tercio del estado de Chiapas en las primeras horas del 1ero de enero de 1994, el día en que el TLCAN entró en vigor. Ellos denominaron su levantamiento armado indígena una lucha en contra de la muerte y el olvido; una lucha por la paz con dignidad, justicia y libertad. Mientras los fusiles de los Zapatistas se han mantenido en silencio durante los últimos 15 años, ellos han continuado resistiendo y, aún más importante, inspirando y escuchando a muchas luchas alrededor de México y el mundo.
El 14 de junio de 2006, una de esas luchas, una huelga sindical de maestros en la ciudad de Oaxaca, explotó rápidamente convirtiéndose en un levantamiento popular con una base indígena muy fuerte. El éxito del consiguiente levantamiento de 6 meses fue alimentado por ideas sobre las formas tradicionales de la tenencia de la tierra y las estrategias subsecuentes para el auto-gobierno que la vida comunal indígena implica. Campesinos indígenas, maestros, estudiantes, amas de casa y trabajadores se unieron en un enfrentamiento contra el gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, exigiendo su renuncia.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que en última instancia tomó la ciudad capital del estado por seis meses, utilizando una serie de bloqueos y que se autoproclamó el cuerpo de gobierno de facto, nació de una base fuertemente indígena. La primera asamblea general de la APPO, en la que participaron 270 delegados, fue organizada bajo el principio indígena mesoamericano de “mandar obedeciendo”. La asamblea general utiliza una forma indígena de organización por consenso que ha existido en Oaxaca por miles de años.
Ejerciendo su auto-determinación, miembros de la APPO ocuparon oficinas de gobierno estatal, local y federal por toda la ciudad. Estrategias de expropiación fueron empleadas inmediatamente. Comida, agua, transportación y comunicación, fueron los objetivos principales de expropiación. En un momento dado, mujeres de mediana edad de la APPO ocuparon un canal de televisión y una estación de radio manejados por el estado. Cuando las antenas de la estación fueron atacadas, la APPO respondió ocupando 13 estaciones de radio comerciales. Los oaxaqueños nunca imaginaron que podrían tomar la ciudad por tanto tiempo. Sin embargo, asesinatos, desapariciones, violaciones, tortura y tiroteos desde carros al mando de la policía en esta parte del estado, mermaron el ímpetu del movimiento social. Oaxaca y la APPO continúan resistiendo el régimen brutal del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demandando su renuncia.
La batalla por Oaxaca no es pequeña. El estado es estratégico para los intereses neoliberales y es extremadamente rico en recursos naturales. Ya se ha convertido en el emplazamiento de una serie de proyectos industriales implementados por el TLCAN y el Plan Puebla Panamá. Carreteras, vías férreas, puertos comerciales, corredores de energía eólica, minas, empresas agropecuarias y maquiladoras, son algunos ejemplos del “progreso” que los partidarios del Plan Puebla Panamá han tratado de vender. Sin embargo, durante los últimos 15 años, estos símbolos de progreso únicamente han desplazado sistemáticamente a comunidades indígenas, que ya no son consideradas “económicamente viables”. La vida humana en Oaxaca es otra variable desechable en la ecuación de ganancias del TLCAN. Desplazar a los indígenas de sus tierras y robarles sus medios de subsistencia es equivalente al genocidio.
Curiosamente, en 2006, al mismo tiempo que la APPO estaba en enfrentamientos en las calles de la capital, el proyecto de mapeo “México Indígena” movió silenciosamente sus operaciones del estado de San Luis Potosí a la Sierra Juárez, una región biológicamente diversa y rica en minerales del estado de Oaxaca.
Cuestión de identidad
Para los indígenas del sur de México, territorio y cultura están tan entrelazados en la vida diaria que uno sin el otro es como una bicicleta sin ruedas. Sin embargo, el ‘progreso y la prosperidad’ del libre comercio implican intrínsecamente una pérdida de identidad y tradición para las comunidades indígenas. El bombardeo constante de propaganda anti-indígena en caricaturas, programas de televisión y noticieros, no es un accidente. En el libre comercio ser indígena es culturalmente menospreciado. Los espectaculares en las carreteras entre pueblos indígenas, representan consumidores de tez blanca con ninguna relación en absoluto con la tierra de la que consumen. Los maniquís de todas las tiendas de ropa para mujeres en la ciudad de Oaxaca (la capital de un estado que es 70% indígena), son altos, flacos y muy, muy blancos. El producto cosmético más comúnmente vendido a mujeres indígenas es aclarador de piel. Para las comunidades indígenas de México, reclamar su autonomía y territorio es, por lo tanto, una reivindicación sumamente urgente de su identidad.
En Oaxaca los indígenas siempre han estado más dispuestos a morir luchando por su tierras, de lo que cualquier gobierno ha sido dispuesto a matarlos y arrebatárselas. Negar y criminalizar las formas tradicionales de tenencia de la tierra es negar la vida y cultura de los indígenas. Demarest, la FMSO y el ejército de Estados Unidos lo saben. Pero lo que han descubierto en sus estudios de territorio indígena y resistencia en México y otras regiones de América Latina, es que el arma más peligrosa para el neoliberalismo no es necesariamente la lucha por el poder del Estado, o la presencia de la fuerza física. Más bien, es la implacable creencia en el auto-gobierno y la auto-determinación, ejemplificada en la forma tradicional de poder horizontal, cosechada por comunidades indígenas de México que representan la más grande amenaza al orden mundial. Esta es la clave de la resistencia cultural, aplicable a cualquier lucha de base comunitaria por la auto-determinación.
Simon Sedillo es un organizador chicano que lucha por de defensa de los derechos comunitarios. Realiza películas documentales y su trabajo se ha centrado en poner habilidades, cámaras, y equipo de edición en las manos de comunidades en resistencia para que puedan documentar sus propias historias de lucha. Sedillo ha pasado los últimos 6 años documentando y enseñando medios comunitarios y video- documentación en México, en comunidades de inmigrantes en Estados Unidos y con jóvenes de barrio a través de los Estados Unidos. Sedillo, que fue un colaborador para www.elenemigocomun.net, está actualmente de gira proyectando cortometrajes sobre Oaxaca y Chiapas y presentando un taller sobre neoliberalismo y auto-defensa de derechos comunitarios.
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Cuando Aldo González, dirigente zapoteco de la Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez, en enero del año 2009 denunció el Proyecto México Indígena por geopiratería y estar financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero (FMSO, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ningún colegio profesional de antropólogos, geógrafos o sociólogos en el país salió en su defensa, frente a la réplica airada de los profesores Peter Herlihy y Jerome Dobson, de la Universidad de Kansas, coordinadores de la investigación, quienes pretendieron acusarlo de ostentar falsamente una representación comunitaria, estar políticamente motivado y hacer cargos sin fundamento. Pasados cinco años desde que se desató esa controversia, y escritos ya numerosos artículos e, incluso, un libro sobre el caso (Joel Wainwright, Geopiracy: Oaxaca, militant empiricism and geographical thought. Nueva York, Plagrave Macmillan, 2012), podemos constatar que las imputaciones de Aldo tenían razones y bases sólidas. Hoy sabemos que el Proyecto México Indígena constituye parte de las conocidas Expediciones Bowman, que de manera concisa implicarían la utilización de la geografía para un mapeo de regiones de interés estratégico para Estados Unidos con fines militares, geopolíticos y de beneficio corporativo.
Uno de los supuestos teóricos más importantes, la razón de ser de las Expediciones Bowman, proviene del teniente coronel Geoffrey B. Demarest, quien antes de formar parte del Proyecto México Indígena, como uno de sus analistas principales, contaba con una hoja de servicios muy distinguidos en favor de los esfuerzos contrainsurgentes del imperialismo estadunidense en América Latina. Demarest fue entrenado en la Escuela de las Américas del ejército de su país, macabro centro de enseñanza de torturadores y golpistas en la región, y fungió como agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, justamente durante el periodo de auge de la guerra sucia, caracterizado por terribles masacres contra poblaciones indígenas. También, el teniente coronel puso en práctica sus conocimientos especializados en Colombia, ¡oh, casualidad!, donde estuvo realizando trabajos de geografía en el terreno hasta el año 2003, cuando escribe un ensayo publicado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero, con el sugerente título de Mapeando Colombia: información geográfica y estrategia, en el que abiertamente correlaciona sus estudios geográficos con el desarrollo de una guerra contrainsurgente exitosa. Este experto castrense sostiene como su hipótesis principal de trabajo que la propiedad comunal es la matriz de la criminalidad y la insurgencia; es más, en un libro de texto de su autoría titulado Geopropiedad: asuntos externos, seguridad nacional y derechos de propiedad, señala que la posesión informal y no regulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia, y, en consecuencia, propone la privatización como el único camino para el progreso y la seguridad de América Latina. En suma, para este investigador asignado por la FMSO a las Expediciones Bowman es fundamental la desaparición de las formas de propiedad colectiva que sustentan los procesos autonómicos de los pueblos indígenas, ya que el poder estratégico se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. Esta tesis en defensa de la propiedad privada –que resulta clave para entender el interés del Pentágono en la tenencia de la tierra en sus borderlands–, así como la participación del teniente coronel Geoffrey B. Demarest en el Proyecto México Indígena y en los esfuerzos explícitamente contrainsurgentes en Colombia, como parte de las Expediciones Bowman, son ocultadas por Herlihy y Dobson en sus refutaciones autocomplacientes y en sus bibliografías. Ellos se presentan paradójicamente como defensores decididos de los pueblos indígenas, de una geografía al servicio de la paz, y se ufanan de que todos los participantes en el proyecto –autoridades universitarias, ayudantes de investigación y sus profesores mexicanos– estaban al tanto que México Indígena era subvencionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, testimonio que no favorece en nada ni a dichas autoridades ni a los integrantes del proyecto.
Colegios profesionales, facultades, departamentos e investigadores en lo individual optan por un silencio cómodo, e incluso se dan casos de abierta adhesión a proyectos tan objetados como México Indígena. Imagino que el doctor Jeremy Dobson, quien acaba de recibir recientemente más de 3 millones de dólares por parte del Departamento de Defensa, a través de la Iniciativa Minerva, se presentará muy pronto, si no es que ya lo ha hecho, en algún campus universitario de América Central, como asevera en su resumen de investigación, buscando la cooperación académica local, acorde con su habitual generosidad científica, y en ese caso, me pregunto, ¿cómo reaccionarán las autoridades de esos centros del saber y sus profesores-investigadores? ¿Aceptarán nuevamente participar como asociados subalternos –¡naturalmente!– en investigaciones extractivistas con-qué-importa-la-fuente-de-financiamiento, con tal de no quedar fuera de los circuitos de la colonialidad académica realmente existente: visas, estancias sabáticas, revistas indexadas, congresos, en suma, la acumulación primitiva curricular?
Por cierto, ningún colegio profesional de antropólogos, geógrafos, sociólogos o sicólogos de nuestro país se ha pronunciado, ha organizado una reunión pública o de sus agremiados, para debatir en torno a la utilización por Estados Unidos de su respectiva disciplina en quehaceres contrainsurgentes en nuestros terruños, o en las guerras y ocupaciones neocoloniales en otros lares; tampoco parece preocupar demasiado a los colegas que otra Expedición Bowman esté por iniciarse en algún oscuro rincón de nuestra América. A ciencia cierta, ¡ahí habrá un Aldo o una comunidad indígena que denuncie la geopiratería contrainsurgente!
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A partir de la publicación de mi artículo sobre los silencios y las complicidades de la academia y los colegios profesionales de científicos sociales en torno a las Expediciones Bowman en nuestro país, a través del llamado Proyecto México Indígena http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/opinion/019a2pol, recibí un correo electrónico procedente de Honduras, en el que un profesor indígena me comunicó su preocupación ante lo que parecía ser otra investigación de geopiratería contrainsurgente estadunidense en las etnorregiones de esa república hermana.
La misiva contenía un documento en archivo adjunto en el que la Universidad de Kansas, en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y el proyecto Indígena, convocaba públicamente a un concurso de trabajo, cuyos requisitos eran, además de ser estudiante de la UPNFM del primero y segundo año, pertenecer a cualquiera de los pueblos indígenas de Honduras y hablar la lengua respectiva, tener reconocido liderazgo en su comunidad y con un conocimiento básico de computación y de recolección de datos. Los interesados debían presentar sus documentos en la Facultad de Humanidades de esa universidad, entre el 24 y el 31 de octubre de 2013. Esto es, los investigadores estadunidenses requerían de asistentes-informantes-lingüistas-operadores en las comunidades indígenas para la recolección de información de una pesquisa ya en marcha, cuyos objetivos, propósitos y fuentes de financiamiento no se especifican en la convocatoria, ni mucho menos han sido consultados a los pueblos y a sus organizaciones: el modus operandi de las Expediciones Bowman.
Otro colega hondureño me comunicó algunos datos más que confirmaron los temores iniciales. Se trata de una investigación a nivel nacional, con el título, esta vez, de Municipios indígenas, uso de la tierra y conflictos, tema recurrente de los geógrafos contrainsurgentes, y su objetivo es mapear digitalmente todas las comunidades indígenas. La composición del equipo directivo no deja lugar a dudas: a cargo de la investigación se encuentra Peter Herlihy, el mismo geógrafo cultural que coordinó el Proyecto México Indígena, dos geógrafos más cuyos nombres no son proporcionados (¿no será uno de ellos Jerome Dobson, quien acaba de recibir 3 millones de dólares para una investigación en América Central?) y un antropólogo social, que no podía faltar en una Expedición Bowman. Herlihy es conocido en Honduras por haber trabajado para una agencia alemana de cooperación en los años 90 en la Moskitia y haber participado en la zonificación de la biosfera del río Plátano y –en opinión de nuestro colega– tiene mucha influencia entre las organizaciones indígenas de la Moskitia, en la medida que ya lo conocen y ha colaborado en el manejo de los recursos naturales.
Lo que tal vez no es de dominio público en Honduras son las acusaciones fundadas que en México se han hecho al profesor Herlihy por estar financiado recurrentemente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, específicamente por la Oficina de Estudios Militares Extranjeros (con sede en Kansas), llevar a cabo investigaciones consideradas geopiratería y practicar una geografía cultural con objetivos finalmente contrainsurgentes y de beneficio corporativo.
Las fuentes en Honduras señalan que ciertos dirigentes indígenas tawahkas y miskitos se manifiestan en favor del proyecto y que incluso algunos de ellos fueron invitados el año pasado a la Universidad de Kansas. El ofrecimiento de trabajo remunerado para estudiantes y profesores de la nación huésped (término usado en los manuales de contrainsurgencia), así como la firma de convenios de colaboración con universidades locales, juegan su papel para el apoyo irrestricto de las intervenciones científicas estadunidenses que encubren una amplia gama de intereses ocultos y que suelen ser muy discretas en cuanto a revelar sus fuentes de financiamiento. A su vez, las autoridades universitarias resultan por lo menos omisas en cuanto a un factor clave de todo intercambio interinstitucional de cooperación académica y científica: “ follow the money”, aconsejaba Garganta Profunda a los periodistas que investigaban el Watergate affair: si la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, y ahora la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en Honduras, hubieran seguido la pista del dinero, habrían llegado al Pentágono. La otra hipótesis es que estas autoridades estaban al tanto de los apoyos económicos de la Oficina de Estudios Militares Extranjeros y que, por razones pragmáticas o afinidades ideológicas, no tuvieron reparos en continuar manteniendo los intercambios científicos con los geógrafos de la Universidad de Kansas. En esta dirección, resulta significativo que en un promocional de la Sociedad de Geógrafos Americanos (sic) sobre el Proyecto México Indígena como prototipo de las Expediciones Bowman, se ostenten los logos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Kansas, la Universidad de Carleton, Canadá, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al logo muy visible de la Foreign Military Studies Office del Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¡Ver para creerlo! En todo caso, resulta explicable –en parte– que organizaciones garífunas que han estado denunciado a las Expediciones Bowman en su país me comuniquen que sus imputaciones fueron ampliamente ignoradas por las autoridades académicas y gubernamentales, así como por los medios de comunicación hondureños.
No es una casualidad que Honduras, país que ha sufrido un cruento golpe de Estado con el apoyo soterrado de Estados Unidos, con un importante movimiento ciudadano, indígena, negro y popular brutalmente reprimido, con una cauda de muertos, desaparecidos, presos y torturados, y con al menos ocho bases militares y en claves de inteligencia estadunidenses en su territorio, sea objeto de una Expedición Bowman. Recordemos que los geógrafos contrainsurgentes aparecen en momentos de plena movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Los pueblos de Honduras sabrán responder a este extractivismo académico imperialista.