Otro «cementerio del horror» en Colombia donde la normalidad es un abismo y es la muerte.
La revista Semana publica un informe inicial titulado «Cementerio del horror: el lugar donde estarían ocultos los falsos positivos que el país no conoce». Es su portada. Seguramente el escándalo de esta semana, o, a lo sumo, de este mes, de este año. Ya vendrá el siguiente a ocultarlo. Porque acá se oculta el horror, de escándalo en escándalo. Lo compartimos en su totalidad y directamente desde la fuente porque queremos preservarlo y ubicarlo en su contexto. Porque no le pertenece al medio que lo publica dada la verdad que empieza a develar (o que vuelve a salir). Nos pertenece a todas y todos y no puede ser, no debemos permitir que siga siendo normal, como hasta ahora, que también el horror es mercancía para el lucro de quienes se lo apropien como noticia «exclusiva». Es el horror permanente dentro del terror de oficio inimaginable y cotidiano que además pagamos con nuestro trabajo, impuestos, obediencia y compromiso todas y todos en Colombia. Sí…esta es una evidencia más de las muchas enterradas literalmente, de lo que es la normalidad en Colombia…y viene la Navidad; a gozar!
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada como parte de los Acuerdos de Paz FARC-Estado, escucha testimonios de militares y a partir de estos se dirige a Dabeiba, Antioquia, a su cementerio, donde empieza a encontrar cadáveres de inocentes rutinariamente capturados por el ejército, asesinados, presentados como muertos en combate y enterrados allí. Pueden haber, se calcula, hasta 75 restos de víctimas allí. Esto hace parte de una operación nacional del ejército, durante los gobiernos anteriores de Álvaro Uribe Vélez, quien gobierna de nuevo desde el (Uribe) Centro Democrático tras la imagen de Iván Duque como Presidente. Uno de los militares directamente implicado en este oficio de asesinar civiles y en toda la maquinaria y trámite de captura, masacre, desaparición, manipulación judicial, impunidad, encubrimiento, amenazas y asesinato de testigos y familiares de víctimas es el actual Comandante del Ejército de Colombia. Fue ascendido a este cargo por el Congreso de la República justamente en el momento en que el mundo se enteró de su participación y la de otros militares de alto rango en este operativo nacional del gobierno y del ejército de Colombia conocido como Falsos Positivos. Ante estos hechos, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch declaró: «No me sorprendería que volvieran los falsos positivos». Y han vuelto. Asesinatos de líderes sociales en todo el país. Asesinatos de ex-combatientes desmovilizados de las FARC impunes y un largo y activo etcétera que asesina y amenaza a diario donde quiera que haya más presencia de la fuerza pública.
Colombia se enteró por el New York Times de todo el escándalo anterior y recurrente de los falsos positivos, porque el mismo medio que ahora publica este informe, fiel al establecimiento como lo son todos, no cumplió con su deber de informar. Además persiguió y expulsó (temporalmente por la masiva protesta y respaldo ciudadanos) a Daniel Coronell, el periodista y columnista que se atrevió a denunciar este hecho y quien reaccionó con una columna que no puede olvidarse. Este no es un hecho aislado ni se trata de señalar de manera particular a este medio. Muy al contrario, este hecho refleja la manera en que la complicidad sistemática de los medios comerciales opera y responde a conveniencias y cálculos frente y desde el Estado. Como lo estamos experimentando de nuevo desde e inicio del paro del 21N, estos medios para-estatales, responden a la oportunidad, la ganancia con la chiva, las ventajas comparativas y competitivas y al «pacto de caballeros» de clase, que les permite acumular lucro, legitimar el privilegio y compartir el poder. En su columna, Daniel Coronell decía, entre otras cosas:
«Me causó inquietud que el país hubiera tenido que enterarse por un periódico estadounidense. Por eso publiqué en mi cuenta de Twitter este mensaje: “El diario @nytimes cumple con el deber de informar que le correspondería al periodismo colombiano. Gracias @nytimes por el ejemplo”.
Es triste decirlo pero Semana, mi propia casa editorial, tenía conocimiento de estos documentos tres meses antes de la publicación del Times. Había tenido también acceso a las mismas fuentes, y a algunas adicionales, pero no había publicado la historia. La Silla Vacía, un respetable portal periodístico, informó al público sobre esta omisión de Semana.»
Así como se asciende al más alto rango a un militar cuando se devela que ha participado en la estrategia fascista de los falsos positivos,
de la misma manera, se aprueban y profundizan las mayores políticas de corrupción, terror, impunidad y despojo mientras la mayor y más extensa movilización en la historia de Colombia se levanta. Detonada a partir del 21N entre otras por asesinatos del ejército, masacre y amenaza de líderes sociales, asesinato sistemático de decenas y cientos de niños, represión asesina del ESMAD (Escuadrón Móvil anti-disturbios), incumplimiento del «Acuerdo de Paz» FARC-Estado, asesinato (genocidio) de ex-combatientes desmovilizados, genocidio de pueblos indígenas por la estrategia del narcotráfico que incluye la guerra contra el mismo; Aprobación en primera instancia de leyes que incluyen una Reforma Tributaria que permite una evasión de impuestos de más de 9 billones a las empresas más grandes, incrementa en 2 billones impuestos a clases medias empobrecidas y retira masivamente subsidios;
Aprobación de una Ley (Arias) que le ofrece, a nombre de la «defensa de derechos fundamentales» una segunda instancia a criminales de cuello blanco juzgados y condenados en derecho, entre quienes están ex-ministros, la ex-directora criminal del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y muchos más, cercanos al partido de gobierno, asesinos, ladrones, espías, violadores de derechos humanos y de la propia Constitución y leyes de Colombia quienes seguramente saldrán libres, impunes y enriquecidos.
Mientras el pueblo exige que no haya otra reforma pensional en un país donde el 75% de las y los mayores no tienen acceso a pensiones. Mientras la corrupción rampante traslada beneficios y recursos a los grupos económicos más poderosos del país y a transnacionales y roba, persigue, criminaliza y asesina de muchas formas al pueblo empezando por la infancia. Mientras hartos de esto y de todo y de mucho más desde siempre, millones nos levantamos en todo el país… El gobierno de Uribe-Duque con el apoyo en el congreso desde una mayoría compuesta por casi todos los partidos políticos -que venían de maquillarse como sensibles y respetuosos del paro-, aprueba todas estas reformas y otras peores ¡durante la movilización! y se niega a escuchar;
Mientras señala desde la Vice Presidencia de la República como causantes de la inconformidad social en todo el continente, a Rusia y Venezuela y defiende como víctimas y defensores de la soberanía a los asesinos del ESMAD y al ejército.
El gobierno; este gobierno, pero no sólo este sino todos, desde siempre -de hecho, el estado colombiano- son y se consolidan como empresas criminales fascistas al servicio de empresas y entidades financieras y afines criminales globales (legales e ilegales). Así como asesinar de oficio y bajo una rutina diseñada y prescrita queda expuesto de nuevo en este reporte que apenas empieza a desenterrar cadáveres y más putrefacción. Así mismo, han existido escuelas de la muerte como fábricas de cadáveres y mucho más y peor.
Desde hace mucho y ahora mucho más y peor, el Estado Colombiano es una maquinaria putrefacta y criminal al servicio de la acumulación por la vía del desprecio, la masacre y la producción sistemática de olvido (las excepciones dentro de la maquinaria, confirman la regla de su sentido y función).
No hay ausencia del Estado en Colombia y por eso mismo, no se requiere mayor presencia del mismo. Por el contrario, esa presencia, en algunos ámbitos presentada como ausencia para legitimarlo, es la causante y responsable del terror y el despojo y el pretexto para extender la conquista a sangre y fuego de territorios para la codicia del capital y sus mafias. Lo peor es que con el cuento de la ausencia del Estado, nos ponen a exigir más presencia de la máquina de destrucción y muerte -civilización- y así lo hacemos aún cuando protestamos… ¡contra el Estado!, en una especie de «quítate tú pa poneme yo» como si se tratara de cambiar a quienes están allí por otrxs.
Hoy mismo, en este contexto, frente a este escándalo y todos los anteriores, a quienes ponen a ejecutar y obedecer ordenes aterradoras e implacables, también pueblo empobrecido, lo usan como propaganda humanizada en las carreteras, ciudades y campos de toda Colombia: los soldados también obedecen a la orden de dar un saludo militar o levantar el pulgar frente a cualquiera que vean, esperando que se les devuelva el saludo. Están cuidándonos y protegiéndonos, es el mensaje. Son presentados como héroes y víctimas. Los mismos que bajo ordenes y por un beneficio mezquino, negaron para asesinar vilmente la debida presunción de inocencia y mataron como culpables fabricados, a civiles vulnerables -lo que ahora, una vez más se desentierra en Dabeiba-, en cambio, nosotras y nosotros, toda Colombia, se nos impone y exige, debemos presumir contra toda evidencia la inocencia de esta maquinaria institucional de terror y muerte. La institución, corrupta, corporativa (existe para hacer ganancias con la guerra, la muerte, la represión y la protección del capital y sus agentes y de mafias y megaproyectos extractivos), es defendida, sin sustento, con un discurso perfumado y limpio de quienes tienen sangre en sus manos, como todo el Estado y contrario a todo nuestro saber, experiencia y evidencias, como defensora de derechos y salvaguarda de una democracia.
Mientras se devela este horror, la verdad que aún nos negamos a asumir: el ejército de Colombia es muy probablemente una maquinaria de muerte por beneficios y ganancias, de oficio, de manera sistemática y bajo la autoridad al más alto nivel y en coordinación con un Estado podrido al servicio de la acumulación de capital transnacional bajo la orientación y mando de las instancias más poderosas del capitalismo global:
Héroes sí hay y no son estos de la propaganda sino el soldado Brandon Cely Páez quien se «suicida» después de hablar «porque me han quitado la voz» y habla dejando su testimonio final ante esta insurrección popular que respalda con verdadera valentía y amor por el pueblo que juró defender y por el que debe morir:
Mientras algunos aún creen que este fangal putrefacto puede repararse desde dentro, la verdad es otra.
Para que no nos sigan sometiendo y para no reemplazarlos por otros aparatos jerárquicos y autoritarios que también son el viejo orden social y el otro del establecimiento, es indispensable e impostergable (ya lo era hace tiempo) (re)conocer el orden, la estructura y las funciones de propaganda, despojo y muerte de toda la institucionalidad y de toda la forma estado (incluyéndonos como obedientes reproductores del mismo) para dejarlas atrás para siempre. Desde el 21N buscamos:
1. Develar, Resistir y Movilizarnos para Detener sus peores políticas y estructuras de terror, corrupción y muerte para la acumulación aquí y ahora -como un buen comienzo en curso- a través y a partir del Paro que se inició el 21N,
2. Que se enteren y nos enteremos sin lugar a dudas; que nos quede claro de una vez por todas, que nos da asco la forma Estado, sus beneficiarios y funciones, incluida nuestra necesaria e histórica sumisión. Que no los queremos más, que se han ganado con creces nuestro desprecio y que se van a tener que ir con toda la maquinaria de horror, robo y desprecio de oficio, que únicamente nos manipula, nos promete, nos engaña y nos hace daño.
3. La más importante: Que este país con dueños y sin pueblos debemos transformarlo en un país de los pueblos sin dueños y para eso tenemos que aprender a dejar atrás para siempre la normalidad que nos aísla, nos silencia, nos olvida, nos entretiene, nos niega y nos mata dentro de fronteras y cargos y complicidades y desconfianzas y patriarcados y autoritarismos que nos llegan de arriba y nos habitan.
Este que compartimos ahora, no es un caso aislado como no lo ha sido ninguno de los escándalos anteriores ni los que vienen. La normalidad es un abismo y es la muerte. Hoy quedan mucho más cerca Haití, Ecuador, Chile, el pueblo Mapuche, Bolivia, Venezuela, Rojava, los Caracoles Zapatistas, la revolución de las mujeres desde Kurdistán y los pueblos que reclaman la Emergencia del Nosotrxs que esto que hemos llamado Colombia y que es un Estado de Muerte y Mentira al servicio de una corte de mafiosxs, sus ejércitos legales e ilegales, sus maquinarias de propaganda y su control sobre su mayor propiedad: la normalidad con la que ocupan y controlan el territorio de nuestros imaginarios al servicio del capital patriarcal, racista global. O los detenemos, o nos reclutan para asesinar y enterrar de oficio y a pretender no darnos cuenta para defender la limosna que nos dan. ¡Así No! Dominación y Despojo. Pueblos en Camino. (Fotografía de portada: El presidente de Colombia, Iván Duque, dio un discurso en la base militar del fuerte Tolemaida, en Colombia, en febrero de 2019. CreditGuillermo Legaria/Agence France-Presse — Getty Images)
Cementerio del horror: el lugar donde estarían ocultos los falsos positivos que el país no conoce
Acaba de aparecer la que podría ser la primera fosa común masiva con más de 50 cuerpos de falsos positivos. SEMANA estuvo ahí y revela la escabrosa historia.
A lo largo de la semana pasada, los forenses desenterraron restos de nueve cuerpos del cementerio de Dabeiba, Antioquia.
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*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.
El soldado Buitrago recordó que una vez el sargento Pedraza* les dio una orden que se salía de toda proporción. Habían acabado de matar a un joven al que pretendían hacer pasar como guerrillero. Les pidió que le volvieran a disparar al cadáver, esta vez en la cabeza y con una ametralladora M60 que lanza balas del tamaño de un dedo. Así ningún familiar lo podría reconocer. La idea era borrar toda huella de la identidad de la víctima, eliminar cualquier vestigio de su existencia de un solo tajo.
—Aquí enterraron a dos a los que no les dieron ataúd—, dijo el soldado Buitrago mientras caminaba por entre las tumbas del cementerio católico Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia. Entró a ese lugar el lunes pasado después de algo más de diez años, e intentó hacer memoria sobre el punto donde él y su unidad militar, según dice, sepultaron a decenas de jóvenes inocentes que convirtieron en falsos positivos.
Sus declaraciones destaparían un capítulo de ejecuciones extrajudiciales desconocidas, con características inéditas en la historia del conflicto colombiano. Sobre todo porque aquí se unen tres factores: un macabro modus operandi para asesinar, un número grande de víctimas que hoy siguen desaparecidas y una posible estrategia para silenciar la verdad.El hecho de que hayan permanecido ocultas en un mismo lugar tanto tiempo plantea innumerables interrogantes sobre el papel del aparato judicial alrededor de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.
—¿O sea que los enterraron en bolsa?—le preguntó a Buitrago el magistrado Alejandro Ramelli, quien lleva el caso número 003 de la JEP, en el que investiga las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. El caso que él y sus colegas Gustavo Salazar y María del Pilar Valencia empiezan a indagar daría cuenta de cerca de medio centenar de ejecuciones extrajudiciales, supuestamente cometidas entre 2006 y 2007; según los primeros indicios. Y podrían ser más.
—No, así, fueron enterrados sin nada.
Los muertos de los que habla Buitrago no pasaban de los 30 años.
—¿Y recuerda los impactos?—.
Buitrago, quien luego de haber comenzado a colaborar con la Justicia ha recibido amenazas de muerte, caminó a paso firme entre decenas de cruces blancas y tumbas. El cementerio Las Mercedes está ubicado en una loma, y a la vez en un valle bordeado de montañas en las que se ven algunas vacas y una que otra antena de telecomunicaciones.
«Mi primero le dio la orden al soldado de la ametralladora para que le dispara después de muerto, para que no lo reconocieran».
Buitrago señaló con el dedo hacia lo alto para indicar el punto donde asesinaron a tal joven, donde simularon un operativo que nunca pasó y con el que inflaron los resultados de este batallón. Así los soldados cobraron permisos de descanso y se ganaron felicitaciones en sus hojas de vida.
Luego, el soldado Buitrago dio unos cuantos pasos y se paró sobre la tierra que escondería otras tumbas: muchas de las víctimas que pueden estar ahí debajo, según aseguró este soldado, eran muchachos que traían de Medellín. Ejecutarlos tan lejos de casa libraba a los militares de reclamos y denuncias de familiares.
—Desde acá se ve dónde fueron los hechos —señaló hacia una montaña—. Allá donde se ve esa cerca de matarratones, ahí abajito por esa faldita, cerca a una casa donde vivían dos ancianitos—dijo mientras describía algunas de las escenas de los crímenes.
El soldado habló de asesinatos de inocentes. Ni su gesto ni su cuerpo mostraron alguna alteración. Mientras hablaba, un sol canicular calentaba a más de 30 grados. Un viento ligero refrescó un poco a los asistentes a la diligencia. A Buitrago le bajaron unas cuantas gotas de sudor por la nuca y le empaparon la espalda. Ese fue el único esfuerzo físico suyo en ese recorrido en el que hizo un inventario de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por su unidad militar.
Su batallón pudo haber cometido hasta 75 casos de falsos positivos en los dos años que estuvo allí. Él dice haber participado en unos 20. En un documento de la JEP calculan alrededor de 50. Casi todos estos casos han pasado de agache para la Justicia. Solo Pedraza –el suboficial que un día ordenó desfigurar un cadáver con una M60– lleva a cuestas una condena por uno de estos casos de Dabeiba. La víctima era un habitante de la calle sumido en las drogas al que mostraron como un guerrillero dado de baja en combate. Pero es una excepción, porque casi todos los uniformados vinculados con estos hechos nunca han sido procesados. Son casos impunes.
En el cementerio de Dabeiba reposan 32 necropsias de cuerpos que elEjército registró como muertos en combate, pero que hoy por los testimonios de Buitrago y Pedraza podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales. De ese número solo 10 tienen actuaciones en la justicia penal militar. Y la mayoría no ha avanzado.
La diligencia tuvo lugar el lunes pasado, pero este proceso lleva en marcha algunos meses en la justicia transicional. De hecho, en septiembre, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le pidió a la JEP decretar medidas cautelares sobre el cementerio Las Mercedes, tras considerar la importancia de la verdad que allí podría estar enterrada.
Los magistrados de la JEP escucharon las versiones de Buitrago en diligencias previas y la jurisdicción mandó una avanzada para estudiar el lugar. Finalmente el lunes de la semana pasada los magistrados viajaron con la misión de contrastar en el terreno las declaraciones del soldado y de conseguir más evidencias. En solo cinco días de excavaciones los funcionarios judiciales habían recuperado restos de nueve cuerpos.
Buitrago había salido de su lugar de reclusión y llegó a Dabeiba muy temprano en la mañana del lunes. Con gafas de sol, un reloj deportivo y botas ajustadas hasta medio tobillo entró al camposanto. Se trata de un espacio en circunferencia. En el centro está emplazado un atrio para las ceremonias religiosas. Alrededor, en los bordes del cementerio, hay tres bloques con cientos de osarios. Estas tumbas contrastan con las que están en la tierra, que aparecen extrañamente uniformes. Esta podría ser una de las señales que apuntan a que hubo una operación para alterar el lugar, y así evitar que saliera a la luz la verdad del camposanto.
El soldado Buitrago asegura que su batallón puede haber cometido hasta 75 falsos positivos. Él dice haber participado al menos en 20.
Las tumbas anuncian fechas de fallecimientos muy distantes entre sí –con hasta 50 años de diferencia– pero la mayoría de las cruces de concreto se ven recién pintadas con el mismo tono de blanco. Esas cruces están marcadas en su mayoría con pintura negra y una caligrafía similar, como si la misma mano las hubiera marcado con letra cursiva. En el cementerio han pasado cosas raras. Y varios testimonios así lo corroboran.
Buitrago también tuvo la sensación de que el lugar era distinto al que visitó con frecuencia 12 años atrás. Se sorprendió tanto que, al entrar, buscó al sepulturero para preguntarle por las modificaciones. Y así supo que habían cambiado de sentido las cruces, Ya no apuntaban al sur, como hace una década, sino al oriente. A lo largo de la diligencia empezarían a aparecer otros indicios del capítulo de ocultamiento de pruebas.
Un batallón criminal
La compañía del Ejército a la que pertenecía Buitrago actuó en Dabeiba como una verdadera organización criminal. De ello quedaron registros. En su momento algunos campesinos denunciaron ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas a los civiles que poblaban las montañas colindantes al nudo del Paramillo y al Cañón de la Llorona, en el occidente de Antioquia. La mayoría de las investigaciones, sin embargo, nunca prosperaron. Nadie escuchó a los denunciantes.
En los folios que reseñan estas muertes hay todo tipo de irregularidades y actos que evidencian la manipulación de los elementos materiales probatorios. “Nos encontramos con el cadáver NN, el cual no se encontraba con su respectivo rótulo ni cadena de custodia (…) constancia del juez indica diferencias de reporte de heridas descritas en necropsia y las registradas en las actas de inspección”, dice en uno de los expedientes.
Al momento de llevar los cadáveres al cementerio, los militares se aseguraban de que los cuerpos quedaran enterrados sin ningún tipo de reseña. En otro de los archivos quedó esta constancia: “El jefe de los obreros del municipio informa que en el cementerio se destina un lugar para inhumar todos los cadáveres NN, convirtiéndose en un sitio conocido como fosa común, en que se inhuman quince o veinte cadáveres sin rótulo, nombre ni fecha”. Esta declaración la firma la inspectora de Policía de la época.
Los magistrados de la JEP María del Pilar Valencia, Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli dirigieron el comienzo de las exhumaciones en el cementerio de Dabeiba. Los magistrados de la JEP María del Pilar Valencia, Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli dirigieron el comienzo de las exhumaciones en el cementerio de Dabeiba.
Hay más indicios de los asesinatos a manos de esta unidad. Cuando corría el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz puso en conocimiento de la Presidencia que aquel batallón estaba violando las convenciones humanitarias. Y que tenía como blanco de sus operaciones macabras a mujeres, menores de edad y personas reincorporadas a la vida civil tras haber desertado de la guerrilla.
El informe detalla varios hechos de horror. Entre ellos, la ejecución extrajudicial, nunca investigada, de un hombre discapacitado. El soldado Buitrago, parado en la mitad del cementerio, dio esta semana pistas de ese caso por primera vez en 12 años.
—El discapacitado de la mula. Ese sí pueden buscar el registro acá en el municipio porque las personas sí lo reconocieron y le decían Mollejo —dijo Buitrago. También mencionó que la víctima vivía en un caserío llamado Cuchillón.
Esto coincide con un caso que encontró SEMANA, registrado por la Comisión Intereclesial en su momento. Según la denuncia, que cayó en saco roto, el domingo 11 de noviembre de 2007 hombres del batallón al que pertenecía Buitrago llegaron al caserío Cuchillón, del corregimiento La Balsita, de Dabeiba. Preguntaron por Gabriel Everto Pérez, un hombre de 50 años que vivía de la caridad de sus vecinos porque no podía valerse por sí mismo. Tenía paralizado el costado izquierdo de su cuerpo y sufría ataques de epilepsia.
Según testimonios recibidos durante aquel año, los militares sacaron a Gabriel a la fuerza de su casa, lo montaron en una mula y se lo llevaron para una cancha de fútbol ubicada en la parte alta del caserío, a unos cinco minutos. A eso de las doce del mediodía, sonaron dos tiros y a los pocos minutos varios disparos de fusil como si hubiesen simulado un enfrentamiento. En horas de la tarde, los militares le informaron a la comunidad de Cuchillón que Gabriel había muerto en un combate con el Ejército. Una semana antes, unidades de contraguerrilla habían llegado a la vereda a ocupar viviendas habitadas por familias campesinas, entre ellos mujeres y menores de edad.
En Dabeiba las denuncias no traspasaban las montañas. Varios investigadores del conflicto consultados por SEMANA coinciden en que la lejanía de este municipio permitió que la verdad terminara silenciada. A diferencia de otras regiones como el Oriente antioqueño, en Dabeiba no surgieron con tanta fuerza liderazgos que visibilizaran los crímenes. Según el Registro Único de Víctimas, en ese municipio 18.914 personas declararon haber sufrido delitos relacionados con el conflicto. Principalmente hablaban de desplazamiento forzado, seguido por asesinatos, desaparición forzada y amenazas. La cifra es demoledora si se tiene en cuenta que el pueblo tiene 23.000 habitantes. Al 82 por ciento de la población le tocó sufrir la guerra en carne propia.
Los años en los que ocurrieron los crímenes que relató Buitrago coinciden con los picos más altos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en todo el país. En meses pasados, la Fiscalía le entregó un informe a la JEP que da cuenta de 470 casos en 2006; y 733, en 2007. Hechos como los de Dabeiba pondrían en evidencia que estas cifras podrían crecer.
Jóvenes reclutados en Medellín
Poco menos de una hora duró el recuento de los entierros que hizo el soldado Buitrago. Además de señalar posibles tumbas, contó detalles de la estrategia específica de su unidad para asesinar inocentes. A casi todos los reclutaban en Medellín, con el fin de que en Dabeiba, a 174 kilómetros, no hubiera quien los reclamara. En la capital antioqueña se habría instalado un grupo de soldados de la unidad de Buitrago con la única misión de reclutar a personas en la periferia de la ciudad y llevarlas a la zona montañosa de Dabeiba donde operaba el batallón y, luego de simular un combate, los mataban y los hacían pasar por falsos positivos.
Los asesinaban con disparos de fusil, casi siempre en la cabeza y en el pecho, y luego los vestían con sudaderas, camisas y buzos negros y botas de caucho. Reportaban las muertes en zonas altas de difícil acceso y riesgosa seguridad, para que la Fiscalía no pudiera entrar al lugar y permitiera que el Ejército hiciera los levantamientos de los cadáveres. Un soldado verificaba que no se les pasaran irregularidades muy visibles: que los orificios de entrada de las balas coincidieran con los huecos en la ropa, que el calzado estuviera en el pie que correspondía. El fin, de blindar la macabra farsa.
Luego los llevaban al laboratorio de las necropsias, ubicado a un costado del cementerio. Un cuarto blanco de 5 por 5 metros que huele a mortecino. Adentro hay tres mesones para poner los cuerpos y una plancha en concreto para practicar las necropsias. Allí, en ese lugar, los mismos soldados interferían en las diligencias y manipulaban sus resultados, según Buitrago.
Mientras en el laboratorio convertian a los inocentes en guerrilleros, afuera, a pocos metros, el sepulturero iba cavando la fosa. A veces, el municipio donaba ataúdes sencillos, unas cuantas tablas juntas para meter al muerto. Pero en ocasiones no había caja, entonces los tiraban en la tierra apenas cubiertos por una bolsa plástica, o, en su defecto, sin bolsa. Luego de reportar los resultados venían las recompensas, los permisos. Según Buitrago, dos mayores que comandaron la unidad mientras él estuvo allí daban las órdenes de este aparato de muerte.
SEMANA se abstiene de revelar los verdaderos nombres de estos oficiales y de los batallones a los que pertenecían para no entorpecer las investigaciones. El sargento Pedraza, comandante inmediato de Buitrago, se sometió a la JEP y allí puso en conocimiento varios casos de falsos positivos que cursan en su contra, en distintos lugares del país. Tiene una condena de la justicia ordinaria por el asesinato de dos campesinos en Nariño, lo que demuestra que los soldados especializados en estos crímenes iban regando estas prácticas criminales por todo el país. Además tiene 11 procesos en la justicia penal militar que están apenas en etapa de instrucción, pese a que los hechos investigados ocurrieron entre 13 y 16 años atrás.
Al comandante de la brigada a la que pertenecía Buitrago lo detuvieron en 2009, pero por otros hechos. La Fiscalía ha investigado presuntos vínculos suyos con el Bloque Calima de las autodefensas, y también lo acusó por la masacre de 24 personas en Buga, perpetrada por paramilitares en 2001.
El mayor que comandaba el batallón de Buitrago llegó hasta coronel y hoy en día es consultor privado.
Los restos que encontraron
Buitrago narraba los crímenes con tanta velocidad y desparpajo que los magistrados tenían que frenarlo para que precisara su relato. Hacia el final de la diligencia, el soldado dio alrededor de 50 pasos largos para delimitar un área rectangular en donde dice que su unidad enterró a todos los inocentes. Los forenses de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas acordonaron el área señalada con una cinta amarilla, amarrada entre cruces y tumbas.
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Al terminar su versión, Buitrago fue a guardarse del sol en el atrio del cementerio. Se puso a revisar su celular mientras los forenses comenzaban las excavaciones. Primero abrieron el punto donde el soldado dijo que habían enterrado a seis. Con ayuda de cuatro viejos campesinos del pueblo, los funcionarios arremetieron con picas y palas bajo un calor apabullante. Durante dos horas, solo extrajeron piedras, raíces y gusanos.
Las exhumaciones del cementerio habían llamado la atención en Dabeiba, donde no es común la presencia de funcionarios judiciales. En esas, algunos voluntarios empezaron a llegar al cementerio a entregar información. Uno de ellos señaló un área donde hace décadas habrían enterrado desaparecidos. Otro dijo que a su hermano lo sacaron a la fuerza de una fiesta, lo montaron en una camioneta y que luego terminó sepultado ahí como un NN.
Al cementerio también llegó una persona que puede ser clave en esta investigación, porque trabajó allí durante 20 años, incluido el periodo en que ocurrieron los hechos que denuncia Buitrago. Entró caminando muy despacio y se encontró con él. Se reconocieron y se saludaron con calidez. Luego, esta persona indicó una zona en la que recuerda que enterraron cuerpos sin identificar. Es la misma área que según el soldado usaron para sepultar los falsos positivos.
A esta persona le hicieron un atentado hace un mes, cuando estas investigaciones de la JEP estaban empezando. Un hombre con la cara cubierta con un casco entró a su casa y le dio cinco tiros en un brazo, sin decir nada, sin razón aparente.
Los forenses excavaron durante dos horas hasta que llegó el primer hallazgo. Justo donde el soldado dijo que estaban enterradas seis personas, apareció un cráneo a medio metro de profundidad. A pocos centímetros encontraron restos de huesos largos. Por un análisis preliminar entendieron que el cuerpo no estaba completo ni articulado. Daba la impresión de que ya habían removido una parte de los restos.
Y las señales de alteración del cementerio abren espacio a una teoría que ampliaría el esfuerzo de los investigadores.
Algunos testimonios indican que puede haber un entramado complejo de ocultamiento, aunque es apenas materia de investigación. Es probable que hace un par de años miembros del Ejército hayan estado en Las Mercedes, para desenterrar y mover cuerpos de un lado a otro del cementerio. Esto representa un enorme desafío para la JEP en su labor de sacar a flote la verdad, no solo de Dabeiba, sino de todo el conflicto, y de señalar a los perpetradores.
Las estrategias de silenciamiento han quedado patentes en otros casos. SEMANA reveló a mediados de este año un andamiaje ilegal para callar a los militares que están confesando en la JEP su participación, y la de otros, en falsos positivos. Este año, a un coronel le apuntaron con un arma justo después de rendir versión libre. Esta revista ha documentado casos de 11 amenazados que están compareciendo ante la justicia especial. El propio Buitrago y su familia han sido hostigados.
Para la noche del jueves, los forenses habían desenterrado ocho cuerpos en Dabeiba. Algunos presentaban muestras de muerte violenta; otros, por su edad, quedaron descartados preliminarmente de los falsos positivos relatados por Buitrago.
Los jueces ya habían vuelto a Bogotá para continuar las investigaciones. La diligencia, sin embargo, continuaba en Dabeiba. Hacia las seis de la tarde, el magistrado Gustavo Salazar recibió una llamada en su despacho, desde cuya ventana se veía la carrera Séptima de Bogotá atestada de carros al atardecer. Desde el cementerio le confirmaron un último hallazgo: se trataba de los restos de una persona enterrada con un uniforme del Ejército. Respondió: “Muy bien, hay que seguir”.
*Todos los nombres de los soldados y las unidades militares han sido cambiados por razones de seguridad y para no afectar las investigaciones en curso
SEMANA
PORTADA | 12/14/2019 8:40:00 PM
https://www.semana.com/nacion/articulo/fosa-comun-masiva-de-falsos-positivos-investigada-por-la-jep-en-dabeiba-antioquia/644974