MiningWatch advierte que, en minería, Canadá no es ejemplo a seguir
En los últimos dos años, ha impuesto cambios en más de cien leyes, haciendo que ahora 99% de los lagos y ríos hayan perdido la protección que les otorgaba la evaluación de impacto ambiental y de navegación. La imposición de tales reformas dio lugar al movimiento indígena “Basta a la Pasividad” (Idle No More) y hay diversos procesos de resistencia en contra de proyectos mineros, petroleros y del gas no convencional.
Carta de Jennifer Moore, Coordinadora del Programa con América Latina de la organización MiningWatch Canada publicada en la sección “Palabra de Lector” de la edición impresa de la Revista Proceso Nº1942 del 19 de enero de 2014 en respuesta al reportaje titulado Mineras canadienses: Ejemplares en su país, corruptas en México, aparecido en la edición Nº 1937 de la mencionada publicación.
Señor director:
El reportaje titulado Mineras canadienses: Ejemplares en su país, corruptas en México (Proceso 1937), basado en un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), describe una imagen falsa de la minería en Canadá. Puesto que peligrosamente sugiere que dicho país tiene un marco minero que México podría adoptar, es preciso subrayar que Canadá no es el ejemplo a seguir.
Si bien es cierto que las empresas mineras canadienses que operan en México se aprovechan de los bajos costos laborales, de un marco tributario favorable y del apoyo estatal de ambas naciones, lo cual les permite realizar maniobras nefastas para asegurar el control territorial generando conflictos en las comunidades indígenas y campesinas, no puede pretenderse que las firmas establecidas en Canadá se manejan como ángeles o que se rigen por un marco adecuado para la protección de las comunidades, el medio ambiente y los trabajadores.
En Canadá, tales compañías gozan del concepto colonial de ‘la libre entrada’ y, por lo tanto, pueden tener actividades de prospección y conseguir concesiones para la exploración sin contar con un permiso previo por parte de los habitantes. En los pocos lugares donde los pueblos indígenas hicieron respetar su derecho al consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, las comunidades tuvieron que luchar durante años en contra de las empresas y los gobiernos, así como enfrentar la criminalización de sus protestas y padecer costosos procesos en las cortes.
El aparato gubernamental de Canadá no asegura la protección del ambiente en el país; por el contrario, está impulsando una agresiva expansión minera que implica serios retrocesos.
En los últimos dos años, ha impuesto cambios en más de cien leyes, haciendo que ahora 99% de los lagos y ríos hayan perdido la protección que les otorgaba la evaluación de impacto ambiental y de navegación. La imposición de tales reformas dio lugar al movimiento indígena “Basta a la Pasividad” (Idle No More) y hay diversos procesos de resistencia en contra de proyectos mineros, petroleros y del gas no convencional.
El programa “Hacia una Minería Sustentable” que menciona el artículo en la revista Proceso no es ninguna iniciativa gubernamental ni de la sociedad civil, sino un programa voluntario de la Asociación Minera Canadiense que, dedicado a afinar el manejo de las operaciones, principalmente beneficia a los propios operadores.
Además, Canadá no es más que otro paraíso fiscal para las mineras. A nivel federal la tasa de impuestos corporativos es la más baja del grupo de siete países industrializados (G-7). A nivel provincial, donde se aplican los impuestos y las regalías correspondientes, éstas se calculan, generalmente, sobre los ingresos netos, y la tasa de impuestos es más baja que en otros sectores productivos. En la provincia de Columbia Británica, considerando las diversas ventajas tributarias, la tasa de impuestos para la minería es efectivamente negativa.
Finalmente, el gobierno tiene pleno conocimiento de la conflictividad que las empresas mineras canadienses representan en el mundo. Sin embargo, en lugar de actuar para frenar el fenómeno, acaba de comprometerse a dedicar el 100% del cuerpo diplomático a la promoción de los intereses privados canadienses, lo que probablemente derivará en más conflictos e impunidad.
Por ejemplo, la embajada canadiense en México trabajó fuertemente en el respaldo de la empresa Blackfire Exploration a pesar de tener indicaciones de conflicto y amenazas en contra de la vida de los opositores a la mina en Chiapas. Los hechos culminaron con el asesinato de Mariano Abarca en 2009 y con evidencias de corrupción.
Pese a ello, todo sigue impune. Razones como las expuestas nos hacen asegurar que la política canadiense, dentro y fuera del país, no es el ejemplo a seguir, sino gran parte del problema que contribuye a los graves daños ocasionados por la minería en México, en toda Latinoamérica y en Canadá también.
Atentamente
Jennifer Moore
Coordinadora del Programa
con América Latina