Colombia: protegernos también de quienes dicen protegernos. No nos queda más remedio.
…el fascismo sigue asesinando y…»Fracasó el sistema», dice el vocero del sistema
Las «autoridades» de la Unidad de Protección tenían razón: Bernardo Cuero corría «riesgo ordinario», por eso lo mataron. El 19 de marzo de 2018 asesinaron a su hijo Javier Bernardo Cuero Bravo en Tumaco junto con su hermano Silvio Durán Ortiz. El jueves apareció el cadáver de José Herrera, líder y dirigente campesino, quien había desaparecido en Valdivia, Ituango. «Con el asesinato de José Herrera son 5 los líderes asesinados en Antioquia en 2018. De 2010 a la fecha han sido asesinados 163 líderes sociales en Antioquia según datos del Proceso de Garantías y la CCEEU«.
Amnistía Internacional, en su nota sobre el asesinato de Javier Bernardo y Silvio declara: «Es preocupante la situación de desprotección y vulnerabilidad que afrontan los defensores de derechos humanos y sus familias en Colombia. En el 2017 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. En lo corrido del 2018 van más de 20 asesinatos.»
Ante estos asesinatos recientes, el Procurador General de la Nación, «repudió» estos asesinatos y anuncia que «fracasó el sistema de protección de líderes sociales«. El mismo funcionario que ahora exige del gobierno cumplimiento y eficacia en la protección de amenazadas y amenazados en un proceso sistemático de terror y muerte selectivos con fines de lucro y control territorial sistemático, es decir, un aparato criminal al servicio de intereses de poder de unos pocos que limpian a quienes son estorbo a sus propósitos; una estructura fascista, este mismo funcionario fue, hasta hace muy poco, Ministro del Interior, es decir, ocupaba el cargo, en las sillas giratorias del poder, del mismo funcionario de gobierno al que ahora le exige que cumpla con lo que fracasó. Señor Procurador, usted lo sabe muy bien! el sistema de protección no ha fracasado. Denunciar el fracaso del mismo y exigirle de un cargo al otro del mismo gobierno protección para víctimas que no han sido ni van a ser protegidas es una farsa. Esta denuncia solamente sirve para promover su imagen, intentar legitimar su cargo tomando distancia de la masacre sistemática y generar expectativas sin ningún sustento en la realidad. El gobierno no quiere y no puede proteger a las y los luchadores sociales. Lejos de fracasar, ha cumplido con su función al interior de un régimen de terror al servicio de la acumulación y del despojo. La UP (no la Unión Patriótica que fuera masacrada en el «fracaso» anterior, sino la Unidad de Protección) no protege; dice proteger. La Procuraduría no consigue resultados, los exige y denuncia. El Gobierno no defiende a las y los luchadores sociales, primero y ante todo niega que los estén matando mientras los matan y cuando ya no puede negar la verdad, anuncia «medidas» inútiles. El derecho a exigir protección no puede abandonarse, pero, ante los hechos, no sirve de nada. Hay un orden de cosas criminal y asesino, un Estado, instituciones y relaciones sociales, un régimen fascista con agenda y capacidad de despojo y muerte que actúa, se maquilla y avanza. Un orden criminal fascista creciente que seguramente se consolidará con el «nuevo» congreso y el «nuevo» Presidente. Acompañamos el dolor de los familiares, amistades y compañeras/compañeros de las víctimas, señalando verdades que les han costado la vida a ellos y ellas y a muchas y muchos más. Señalamos verdades que nos reclaman protegernos también de quienes dicen protegernos. No nos queda más remedio. En Colombia, nunca se ha detenido una guerra a muerte contra la vida, la libertad, la justicia. Nunca. Nos gobiernan al servicio de quienes nos despojan, amenazan, desaparecen y asesinan. ¿Dónde Estamos? En tiempo Real. Pueblos en Camino.
Colombia: Asesinado el hijo de un Defensor de Derechos Humanos
Amnistía Internacional lamenta el asesinato de Javier Bernardo Cuero Ortíz, hijo de Bernardo Cuero Bravo el día 19 de marzo de 2018 en la ciudad de Tumaco al sur de Colombia. Su hermano Silvio Dubán Ortíz también fue asesinado durante los hechos.
Javier Bernardo y su familia se encontraban en las afueras de la tienda de otro familiar suyo, cuando dos personas no identificadas se acercaron en moto y dispararon directamente contra ellos, asesinándolos e hiriendo a una persona más. Según se ha informado a Amnistía Internacional, los asesinos se dirigieron directamente hacia los familiares de Cuero, siendo esto una señal de que fue un hecho planificado y que el resto de la familia podría seguir en riesgo.
El asesinato de Javier Bernardo ocurre nueve meses después del asesinato de su padre Bernardo Cuero, defensor de los derechos humanos y líder de víctimas desplazadas de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) en junio del 2017. El hecho se da semanas después de la audiencia de imputación de cargos al autor material de dicho asesinato y hay indicios sobre la responsabilidad intelectual del crimen.
Bernardo Cuero pidió en numerosas ocasiones ante el Estado Colombiano su protección y la de su familia. Las medidas de protección le fueron negadas.
Es preocupante la situación de desprotección y vulnerabilidad que afrontan los defensores de derechos humanos y sus familias en Colombia. En el 2017 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. En lo corrido del 2018 van más de 20 asesinatos.
Es imperativo que el Estado colombiano de una respuesta clara y efectiva que garantice la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, que vayan más allá de medidas policivas que son insuficientes tanto para las personas defensoras, sus familias y las comunidades a las que representan. En especial, el Estado colombiano debe desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección concertada con miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas teniendo como insumo principal las consultas de sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.
De igual modo, las investigaciones judiciales referentes a casos de asesinatos y amenazas de personas defensoras y sus familias deben llevarse a cabo forma efectiva e imparcial para que todas aquellas personas responsables, material e intelectualmente, sean llevadas ante la justicia. De no tomarse medidas urgentes ante la situación de las personas defensoras, seguirá reduciéndose el espacio de la sociedad civil y la continua violación de sus derechos humanos, lo que dificulta la implementación de una paz estable y duradera en Colombia.
Amnistía Internacional
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/colombia-asesinado-el-hijo-de-un-defensor-de-derechos-humanos-asesinado/
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Asesinado José Herrera, líder de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Norte de Antioquia
Con la muerte de este campesino ya son cinco los líderes asesinados en el departamento en lo corrido de 2018. Hace apenas una semana organizaciones de derechos humanos denunciaron riesgos y amenazas para liderazgos del Norte y Bajo Cauca antioqueños.
En la vereda Filadelfia de Ituango fue hallado este jueves el cuerpo sin vida del líder José Herrera, quien había desaparecido esta misma semana del corregimiento Puerto Valdivia del municipio de Valdivia en el Norte de Antioquia.
Herrera era vocero en esa población de la Comisión Municipal de Planeación Participativa del Plan Nacional Integral de Sustitución, conformado a partir de la implementación del punto cuatro del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC sobre cultivos de uso ilícito.
En su trayectoria de líder rural, fue cofundador de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asobac), presidente de la Asociación de Campesinos de Toledo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Meseta y coordinador del Comité Municipal de Coquicultores de Valdivia creado el 17 de febrero de 2017 en Puerto Valdivia. Ver: La erradicación forzada choca de frente con el proceso de sustitución
Con la muerte de Herrera son cinco los líderes asesinados en 2018 en el departamento según datos del Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).
A través de un comunicado estas organizaciones denunciaron que en el territorio donde fue asesinado José Herrera hay presencia paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de la disidencia del Frente 36 de las FARC, y de la Policía Nacional y el Ejército que tendría 1.300 uniformados en la zona. Ver comunicado
Norte y Bajo Cauca zonas de riesgo para líderes y defensores
En rueda de prensa realizada el 15 de marzo en Medellín, ambas plataformas de derechos humanos denunciaron una situación de alto riesgo para líderes y defensores en la región, principalmente en las zonas del Norte y Bajo antioqueño.
En estos territorios, reveló la denuncia, hay vulneraciones a los derechos humanos por acciones de confinamiento y control territorial por parte de los actores armados, restricciones a la libre movilidad en horas de la noche, extorsiones e intimidaciones a las comunidades.
De acuerdo con el pronunciamiento, en el Norte las zonas críticas son Valdivia, corregimiento Puerto Valdivia; e Ituango, corregimientos Santa Rita, El Aro y La Granja. Y en el Bajo Cauca, el municipio de Tarazá, veredas Cañón de Iglesias, El Cinco, El Doce, El Catorce, El Quince y Puerto Antioquia, así como el corregimiento La Caucana por enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Caparrapos.
“Solo en Tarazá, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de este año, se han registrado 23 asesinatos. Para el mismo lapso del 2017 se reportaron 6 casos”, reveló la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado. Ver comunicado Defensoría
La crisis humanitaria denunciada por la Defensoría en las regiones del Norte y Bajo Cauca antioqueños, así como en el Sur de Córdoba, deja 2.192 personas (732 familias) desplazadas de su territorio entre el 1 de enero y el 9 de marzo de 2018.
Sobre la situación de líderes y defensores de derechos humanos el Ministerio Público reportó los asesinatos de dos presidentes de Juntas de Acción Comunal en San José de Uré (Córdoba), de líderes indígenas en Caucasia y Cáceres, y de campesinos relacionados con los procesos de sustitución de cultivos en Tarazá.
Por ello la Defensoría exigió al Gobierno Nacional que refuerce la intervención en apoyo a los entes territoriales para afrontar la crisis humanitaria y de riesgos que atraviesan estos territorios, y pidió “acciones efectivas de prevención al desplazamiento forzado y de protección de los derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad personal”.
Por Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes –
Agencia de Prensa IPC
23 de Marzo de 2018
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2018/03/23/asesinado-jose-herrera-lider-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-el-norte-de-antioquia/
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Fracasó sistema de protección de líderes sociales: Procurador
- Repudió asesinato de hijos de Bernardo Cuero y exigió más acción y menos retórica del Estado
Bogotá. 20 de marzo de 2018. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, cuestionó el fracasó del sistema de protección de líderes sociales y exhortó al Estado a tomar acciones que vayan más allá de la retórica y las buenas intenciones, para detener la masacre de los defensores de derechos humanos, a manos de actores armados indeterminados.
Según cifras de organizaciones de derechos humanos, a la fecha, han sido asesinadas 59 personas en el municipio de Tumaco, Nariño. Entre enero y febrero, según la Presidencia de la República, fueron asesinados 11 líderes sociales y defensores de derechos humanos en ocho departamentos. La organización Somos Defensores señala 27 víctimas en los primeros tres meses del año y la Defensoría del Pueblo 22 en los primeros 59 días del 2018.
El Jefe del Ministerio Público repudió el asesinato de Silvio Dubán Ortíz Ortíz, de 27 años, y Javier Bernardo Cuero Ortíz, de 32 años, hijos del también asesinado líder social Bernardo Cuero, en hechos ocurridos el pasado lunes 19 de marzo en el barrio Independencia de Tumaco, y advirtió sobre la aplicación de la Directiva 002 del 14 de junio de 2017 a los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan incumplido su deber de servir de garantes del derecho a la vida de los líderes sociales.
Anunció, asimismo, que la Procuraduría Delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales constituyó una agencia especial para investigar los asesinatos de los hijos de Bernardo Cuero y su intervención en 40 procesos penales en los que los defensores de derechos humanos sean víctimas o hayan sido judicializados sin justa causa.
El Procurador criticó fuertemente el modelo de protección individual que adelanta la UNP, y llamó a hacer efectivos los reclamos de las organizaciones por mecanismos de protección colectiva.
“Es inaudito e inadmisible que en una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga. Exhorto a las autoridades locales y regionales a asumir sus compromisos en la defensa de la vida de los líderes sociales”, puntualizó.
República de Colombia
SHRM/ram | Fecha Publicación:
Marzo 24 de 2018