Quebrantar órdenes y sentencias: prácticas cotidianas del gobierno
Nuevamente nuestra Comunidad de paz, deja constancia de los nuevos hechos de horror a los que se nos es sometidos diariamente, hechos que dejamos a juicio ante la humanidad y la historia. No vale que lo digamos en todos los tonos al alto gobierno, sus instituciones no hacen otra cosa que hacerse los sordos y ciegos ante tanta ignominia. Los hechos se siguen presentando en nuestro territorio desde finales de octubre hasta la fecha.
Desde el lunes 28 hasta el miércoles 30 de octubre de 2013, patrullas del Ejército estuvieron acampando junto a las vallas de la Comunidad de Paz del asentamiento de San Josesito y de allí en adelante sobre los bordes de la carretera que conduce al centro urbano de San José e incluso en veredas aledañas, en un despliegue de presencia militar intimidante que perturbó por varios días el desarrollo normal de las actividades civiles, poniendo a la población como eventual blanco de la insurgencia que siempre busca adelantarse atacando a quienes hacen presencia para exterminarlos. Una prueba más de los intentos de poner a la población civil como carne de cañón en los enfrentamientos, llevando e incentivando el conflicto a los espacios de vivienda y trabajo de los civiles, desacatando prescripciones muy concretas y repetidas de la Corte Constitucional.
El miércoles 30 de octubre de 2013 los pobladores del centro urbano de San José de Apartadó y los asentamientos del entorno se llenaron de miedo al percibir un enorme despliegue militar que invadió el antiguo caserío de San José con helicópteros y camiones militares en los cuales se desplazaban centenares de soldados. Luego se supo que ese día hizo presencia el Comandante del Ejército Nacional con la supuesta intención de dar cumplimiento a una orden del Tribunal Administrativo de Turbo, en sentencia del 31 de marzo de 2011, en la que ordenaba al Comandante del Ejército pedir perdón a la familia de la niña Midrey Dayana David Tuberquia, de 3 años de edad, asesinada por el ejército el 18 de marzo de 2003 en la vereda La Cristalina. Si bien el Magistrado fallador había intentado en repetidas ocasiones concertar entre la familia, la Comunidad y el Ejército sobre fechas, sitios y modalidades del acto, los repetidos aplazamientos e incumplimientos por parte del Ejército hicieron que la concertación se esfumara. Este día el Ejército decidió hacer el acto sin haber concertado previamente y en un lugar donde actualmente no hace presencia la Comunidad de Paz, lo que llevó a los pobladores del caserío a encerrarse en sus viviendas bajo el impacto del miedo ante tal despliegue militar y a frustrar el acto que quiso responder a arbitrariedades unilaterales del Ejército, sin que se llevara a cabo realmente ningún desagravio. Quizás eso era lo que buscaban, para culpar nuevamente a las víctimas de hacer fracasar hasta las peticiones de perdón.
El sábado 2 de noviembre de 2013, se produjo una explosión en la vereda Las Claras, muy cerca al asentamiento de La Unión de la Comunidad de Paz, en la cual se produjo la muerte de un soldado, y otro gravemente herido según informaciones de los medios locales. Nuevamente la presencia permanente de los militares en los asentamientos civiles pone en alto riesgo las vidas de los pobladores, pues dicha presencia atrae a la insurgencia hacia los asentamientos donde los militares prefieren enfrentarse poniendo de escudo a la población civil, desacatando prescripciones muy concretas y explícitas del DIH y de la Corte Constitucional.
Nuestra comunidad de Paz, no cede a sus principios éticos y morales en respeto a la vida, ante los sembradores de muerte y horror.
Comunidad de Paz de San José de Apartado
Noviembre 4 de 2013