Una matanza más en Ciudad de Dios por la tropa de elite

El viernes 18 de noviembre de 2016 y los días siguientes tuvieron como noticia central en Río de Janeiro y Brasil, el enfrentamiento entre facciones de traficantes y la Policía Militar del Estado (PMERJ), lo cual tuvo como resultado llamativo la caída de un helicóptero de la institución y la muerte de los cuatro tripulantes pertenecientes a la misma. Al día siguiente se llevó a cabo un operativo de grandes proporciones en Ciudad de Dios, zona oeste de la ciudad donde ocurrieron los hechos, con participación de batallones de la PMERJ (18° y 31°), efectivos de la Unidad de Policía Pacificadora de Ciudad de Dios (UPP-CDD), dos batallones de Operaciones Especiales de la misma institución (BOPE y Policía de Choque), así como el cuerpo de operaciones especiales de la Policía Civil del mismo Estado (CORE). El domingo 20, los cuerpos sin vida de siete varones fueron encontrados en un descampado dentro de la favela[1] con huellas de tortura, heridas de arma blanca y con tiros en la nuca, lo que fue atribuido por habitantes de la zona y medios de comunicación a una represalia por parte de la policía. Otras nueve personas fueron detenidas y acusadas de ser traficantes pertenecientes al Comando Vermelho. En la página de la red social Facebook “Orgulho de ser policial” fue colocada la fotografía de un grupo de policías que se identificaron como parte del BOPE y de haber sido partícipes en la incursión. En la selfie se les ve sonrientes, empuñando armas de grueso calibre y entre ellos aparece un joven con la cabeza baja, quien con posterioridad fue reconocido por moradores de CDD como una de las personas ejecutadas. A un lado de la misma fotografía celebran parte de la operación: 18 muertos y 13 heridos, dos de ellos graves, cierran el mensaje con el #PraCimaDelesBope.[2] Más allá de la expresa alusión cinematográfica con la que abrimos este texto, y de la veracidad de los acontecimientos, muchas otras ejecuciones, innumerables, ocurren con pasmosa naturalidad y de manera cotidiana en Brasil y en la que fue su capital a lo largo de tres siglos, a cidade maravilhosa.

La nota cerraba un año convulso en extremo para Brasil y para Río de Janeiro con el proceso de  impeachment al gobierno de Dilma Rousseff, la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016, una gravísima crisis económica que hizo que la ciudad se declarara en estado de “calamidad financiera” y la propuesta de una serie de enmiendas constitucionales en materia presupuestaria, cuyas posibles consecuencias han sido caracterizadas como apocalípticas por los opositores.[3] Aun así, la espectacularidad de la nota sería opacada por un acontecimiento posterior, que a partir de ese momento ocupó tanto los medios de comunicación como las conversaciones y preocupación de las personas: el 28 de noviembre el equipo de fútbol Chapecoense volaba hacia el aeropuerto de Río Negro, próximo a la ciudad de Medellín —donde disputaría la final de la Copa Sudamericana de Clubes—, cuando sufrió un accidente en el que murieron 71 personas y sólo hubo seis sobrevivientes. Además de tripulación y periodistas, pereció la mayor parte de los jugadores del equipo de futbol de Santa Catarina, estado al sur del país. Ante ello, Michel Temer, ungido como presidente de Brasil después del golpe de Estado orquestado desde finales de 2015 y concretado en verano del año siguiente, decretó tres días de luto nacional.[4]

Protesta de un joven en el marco de las manifestaciones contra los efectos de la realización de las olimpiadas en las inmediaciones del Estadio Maracaná, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos Río 2016.

Resulta sugerente pensar en estos dos ejemplos y en la manera como puede estar siendo procesada la violencia directa en Brasil en términos generales. América Latina y el Caribe, región que no cuenta con conflictos armados interestatales pero sí tiene elevadas tasas de asesinato a escala mundial; en ese sentido Brasil reúne algunas de las cifras más preocupantes en varios rubros. Por un lado es el país con más asesinatos a nivel planetario (10% del total), donde cada año la violencia letal cobra la vida de unas 60 mil personas, suma en la cual es notable la cantidad de personas jóvenes (54%), varones (cerca de 90%) y la distribución por color de piel (73% pretos y pardos).[5] Dentro de estas cifras Brasil tiene otro registro ilustrativo: su policía es la que más mata y más muere en todo el mundo. En promedio, nueve personas son asesinadas por la policía brasileña cada día, lo que de manera anual suma poco más de tres mil asesinatos, si consideramos los últimos dos años disponibles: 3 146 en 2014 y 3 320 en 2015.[6] Un periodo de cinco años (2009-2015) da como resultado el asesinato de 17 688 personas. En contraparte, en ese mismo periodo 2 543 policías fueron asesinados en Brasil, dos terceras partes de ellos mientras no estaban en servicio.[7]

Tal nivel de violencia puede resultar abrumadora, pero resulta sorprendente cuando se pone en relación con cierta imagen de Brasil: a la construcción simbólica en torno a la cordialidad brasileña y su identificación como un pueblo alegre y festivo debemos agregar su reciente asociación con otras potencias económicas emergentes. También es llamativo que estas formas de violencia se hayan sostenido, e incluso incrementado, durante los gobiernos —reconocidos como de izquierda— de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en los que por lo demás fueron creados importantes programas de inclusión social.

Aunque se trata de un fenómeno generalizado, sus dos megaciudades (São Paulo y Río de Janeiro) albergan buena parte de la violencia directa, ya señalada. Elegiremos esta última porque reúne algunas características que ofrecen una perspectiva de análisis privilegiada para pensar el papel de la institución policial.[8]

En ese marco buscamos reflexionar sobre la conformación de la Policía Militar en Río de Janeiro, lo cual nos permitirá aludir a algunas de las problemáticas de carácter más general y que parecen modelar los sentidos de la violencia en el gigante sudamericano. Tomaremos tres momentos en este proceso, el de su configuración durante la época imperial y el régimen escravocrata; el de la adopción de los principios anticomunistas y contrainsurgentes en el marco de la doctrina de seguridad nacional con la dictadura militar, y para finalizar aludiremos a la modificación de las definiciones sobre la inseguridad en torno al combate al narcotráfico a partir de la década de los ochenta.

Antecedentes históricos en la conformación de los cuerpos de policía en Río de Janeiro

Desde la llegada de los conquistadores portugueses a lo que hoy conocemos como Brasil, con la creación de la Vila de São Vicente y el establecimiento de su cámara en 1532, fue creado el cargo de quadrilheiro, un oficial inferior de justicia con atribuciones de vigilancia de la tranquilidad pública, protección contra robos, crímenes, identificación de casas de juego o prostitución e investigación sobre la presencia en esos locales de objetos robados, hechiceras y meretrices.[9]Aunque dicha figura subsistiría durante todo el periodo colonial, el punto de inflexión en esta etapa estará determinado por el traslado de la Corte Imperial de Portugal a Brasil en 1808, que será alojada en una ciudad hasta ese momento importante en términos económicos y poblacionales, pero poco desarrollada en infraestructura y como centro urbano. Río de Janeiro fue la única capital imperial fuera de Europa y por ello se consideró que requería, además de mejorar estos aspectos, una modificación sustancial en sus mecanismos de control. Es así como a sólo unos días del arribo de las embarcaciones portuguesas, el 10 de mayo del mismo año, fue creada la Intendencia General de la Policía de la Corte y Reino de Brasil, encargada de la promoción de la seguridad y del bienestar de los habitantes de la corte. Al año siguiente, como parte de las políticas de transformación de la ciudad colonial en la capital del Imperio, y en un marco de percepción de inseguridad y violencia, es fundada la División Militar de la Guardia Real de Policía, por el mismísimo príncipe regente D. Joao.[10] A pesar de que la institución pasaría por diversas transformaciones a lo largo de los dos siglos siguientes, desde cierta perspectiva aquí se encuentra el antecedente de los cuerpos armados de formato militar que incluso en nuestros días llevan a cabo las tareas de vigilancia y actuación policial en Río de Janeiro. Con la salvedad de un breve lapso en 1831, cuando el cuerpo fue disuelto por una rebelión, este tipo de institución ha sido permanente en la historia de la urbe.[11]

Otro elemento aparejado a la llegada de la Corte Imperial es el incremento del tráfico de esclavos hacia la ciudad, que se convertirá en la principal destinataria de ese tipo de interacción económica en América. A mediados de siglo, Río de Janeiro contaba con la mayor población esclava de las Américas, con cerca de 80 mil cautivos, muy por encima de Nueva Orleans —que incluso años después contaba sólo con 15 mil.[12]

De esta manera, para el imperio brasileño el siglo XIX estará determinado por la conjunción de distintos temores de las elites y que serán esparcidos de manera paulatina a otras porciones de la población. El recelo a las multitudes, heredado de la Revolución francesa, será enriquecido por el miedo a la “haitianización” del país, que percibían latente a partir de rebeliones que ocurrían cada tanto (a lo cual debe agregarse la conformación de quilombos), y temían que pudiesen llegar hasta la sede de la corte imperial.[13]

La truculencia de la institución policial está presente desde aquella época y quedó asociada al segundo comandante de la Guarda Real de Polícia, Miguel Nunes Vidigal. Éste se hizo famoso por realizar expediciones punitivas sobre determinados habitantes de la ciudad, mismas que contribuyeron a la normalización de este tipo de prácticas, que continúan hasta el presente: “El castigo físico en público es una escena cotidiana hasta los días de hoy: encaramos con una cierta naturalidad la violencia física policial dirigida de manera selectiva a los negros y pobres en Brasil”.[14]

Un proceso paralelo y de remarcable continuidad en la sociedad brasileña es el reclutamiento de personas provenientes de los sectores populares para llevar a cabo tareas represivas que son dirigidas a esos mismos estratos. En relación con ello resalta la figura del capitão do mato, un tipo de servidor público cuya principal atribución consistía en atrapar a esclavos fugitivos. Lo peculiar de esta modalidad radicaba en que a pesar de formar parte del escalafón más bajo dentro de la institucionalidad imperial, y que recaía inclusive en africanos libertos, constituía un quehacer trascendental dentro de la lógica colonial basada en el esclavismo y por ello había que preservar a través de la reaprehensión y cautiverio de los africanos, así como de su ulterior castigo corporal con objetivos de disciplina social. En nuestros días las formas de actuación de la Policía Militar, en sus distintos batallones y vertientes, son constantemente asociadas a la figura del capitão do mato, sobre todo por tratarse de personas reclutadas entre los sectores populares que sirven a los intereses de las clases propietarias, lo cual ha sido posible a través de

[…] inculcar en el oprimido que la violencia contra otro oprimido estaba asociada al beneficio de su inclusión social […] después de la independencia de Brasil, en una etapa en la que se libraba una intensa lucha por el control del aparato del Estado, una cantidad significativa de esclavos fue alistada compulsivamente por sus mismos propietarios en las fuerzas de seguridad pública del Estado nacional brasileño con la finalidad de neutralizarlas. Así, desde su origen más remoto, la fuerza policial brasileña se caracteriza tanto por la protección irrestricta del patrimonio privado como, principalmente, por la inaudita violencia practicada por las manos del oprimido al mando del opresor.[15]

Una paradoja que aparece también, desde aquellos años, es la contradicción entre el afán modernizador de la elite gobernante y la preservación del régimen esclavista con sus condiciones de reproducción. Un ejemplo de ello son los marcos jurídicos. En la década de 1830, con posterioridad a la independencia de Brasil (1822), son aprobados el Código Criminal y el Código Procesual Criminal, inspirados en la estela de la Revolución francesa y del derecho clásico, que intentan modificar parte de la lógica del derecho colonial, sobre todo en lo referente a castigos corporales como mutilaciones y azotes.[16] Aun así, como una excepción se encontraban los esclavos, quienes podían seguir siendo azotados y herrados. Habrá que agregar, durante el mismo siglo XIX, las modificaciones en el status de la esclavitud, cuando aparecen ya las primeras expresiones de libertos en sus distintas modalidades etarias y su incorporación como trabajadores y habitantes de la ciudad hasta la abolición total en 1888. Esto reconduce las preocupaciones de las elites hacia la necesidad de convivir con la población capturada en África y su descendencia.[17]

Los años que van del fin del Imperio (1889) a las primeras décadas del siglo XX estarán determinados por una cierta inestabilidad política, tanto en las principales ciudades del país como en el interior; a lo que debe agregarse la Guerra de Paraguay, también conocida como de la Triple Alianza. Diversas rebeliones serán sofocadas a través de sucesivas campañas, en las que tanto las fuerzas armadas como las policías —entre ellas la de Río de Janeiro— tendrán gran relevancia, reafirmando el papel de estas instituciones en el sostenimiento del orden social brasileño.[18]

Doctrina de seguridad nacional e incorporación de la policía a tareas contrainsurgentes

El primer tercio del siglo XX será el escenario de la modificación en las actividades y sentidos de la policía, que serán redirigidos contra el enemigo identificado con el comunismo. Como elemento para dar cuenta de ello será creada la policía política, bajo el nombre de Delegacia Especial de Segurança Política e Social (DESPS), y en 1935 se llevará a cabo la promulgación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad Nacional.

Para los objetivos de este texto, la transformación sustancial se dará con el arribo de la dictadura militar (1964). Por un lado se establece una relación directa con las fuerzas armadas, que afecta tanto a las policías militares como a los cuerpos de bomberos militares estaduales, considerados a partir de entonces fuerzas auxiliares y reservas del Ejército de Brasil, pero la mutación se profundiza en la medida en que:

Con el golpe de estado de 1969, por medio del decreto de ley n°667, todas las policías estaduales pasaron a ser centralizadas bajo control y coordinación del ejército […] De ese modo el contenido político implícito de la misión de las fuerzas estatales-defender al gobierno y a las clases dominantes contra eventuales manifestaciones de protesta de las clases populares-gana una definición más clara, gracias a su subordinación a los objetivos de las fuerzas armadas que en aquella crisis asumieron el control directo del poder.[19]

Es así que procedimientos como tareas de espionaje y represión a movimientos, partidos políticos u organizaciones sociales fueron incorporadas como parte de las funciones de la Policía Militar, para contener amenazas a la seguridad pública. Con todo, es necesario recalcar cómo la violencia institucional en Brasil comporta un proceso de mayor duración y está afianzada en el objetivo de inhibir el cambio social, así como de ejercer formas de control de carácter más cotidiano.

Por otra parte, durante la dictadura militar brasileña se da una modificación importantísima de acuerdo con distintos especialistas, la cual define parte de las fallas en la actuación de las fuerzas policiacas en su conjunto: en Brasil operan dos policías desde el periodo autoritario, cando se les dividió entre Policía Civil (de investigación) y Policía Militar (que proviene de la fusión entre la Fuerza Pública y la Guardia Civil acaecida en 1970).[20] Esta última tiene diversos cuerpos en su interior, pero en términos generales es la encargada del patrullaje ostensivo de las calles y de tareas de prevención.[21] Entre ambas fuerzas no hay mayor comunicación, es decir, no existe un vínculo entre la actuación de quienes patrullan la calle e intervienen en delitos cometidos en flagrancia y la policía encargada de llevar a cabo las investigaciones sobre los mismos crímenes.

Otros grupos serán creados ex profeso para llevar a cabo tareas contrainsurgentes y con la vuelta a gobiernos civiles serán utilizados para la lucha contra la “delincuencia común”, pero preservando el repertorio “técnico” (tortura y malos tratos) y sus formas de operación, lo que los convertirá en núcleos de exterminio. Este es el caso del Batalhão Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) en la ciudad de São Paulo, parte de la Policía Militar paulista y pensado para combatir a los grupos armados que llevaban a cabo asaltos bancarios. Con este batallón, y otros similares en Brasil, ocurre que cuando la disidencia armada disminuía estos grupos “conservaron el poder de abatir al enemigo sin riesgos penales. El enemigo no es más el ‘terrorista’ sino el criminal común infiltrado en las masas populares […] En esa actuación de las Policías Militares hubo un alargamiento extraordinario de las tradicionales ‘razones de seguridad’ de la esfera de la práctica política para el crimen común”.[22]

De manera paralela, la década de los ochenta marca la aparición de otro tipo de violencia vinculada con la creación de categorías de personas que pueden ser exterminables. En efecto, estos son los años de surgimiento de los escuadrones de la muerte que comenzaron a realizar masacres y ejecuciones de sectores populares en las principales ciudades del país. En algunos de esos eventos hay testimonios sobre la participación de elementos de batallones de la Policía Militar, y para el caso de Río de Janeiro dichas funciones clandestinas e ilegales recibían el nombre de polícia mineira.[23]

Data de esos mismos años la creación de uno de los batallones más temidos en las favelascariocas y, al mismo tiempo, el más reconocido por otros sectores de la población, además de haber cobrado fama internacional a raíz del éxito de las películas Tropa de Élite I y II. Se trata del Batalhão de Operações Especiais (BOPE), creado en los últimos años de la dictadura y que más tarde quedaría asociado a las incursiones violentas en las favelas, con el objetivo de combatir al tráfico al menudeo.[24] En cuanto a la construcción simbólica del famoso escudo de este batallón, es sugerente que ya desde principios de los años ochenta fueran señaladas las afinidades entre los modos de operar entre distintos aparatos armados, oscilando entre la legalidad y la paralegalidad:

Involuntariamente, por un desliz semiótico, esa continuidad entre las prácticas del “vigilantismo” del “Esquadrón de la muerte” y de la policía militar fue indicado por el distintivo que el propio comandante de la Policia Militar carioca, coronel Nilton Cerqueira, determinó que fuese usado por sus soldados que concluyesen el curso de “operaciones especiales”. El emblema se asemeja de manera macabra a los carteles dejados sobre las vitrinas del “Escuadrón de la muerte” y la calavera símbolo de los SS nazistas: una calavera atravesada por un sable, de arriba hacia abajo, sobre pistolas entrelazadas, rodeadas por una corona de laureles, de acuerdo a la descripción de la ordenanza publicada en el Diario Oficial.[25]

Con la vuelta a los gobiernos civiles habrá un periodo de experimentación de políticas de seguridad pública en la ciudad, en el contexto de un incremento generalizado de las preocupaciones sociales en torno a la inseguridad pública. El primer lustro de la década de los 90 estará marcado por el pánico generado por incursiones de jóvenes favelados en las playas de la Zona Sur para robar a los bañistas (estrategia conocida como arrastroes). Por otro, la violencia institucional se saldará con tres masacres —de gran impacto social—, a jóvenes de sectores populares: Chacina de Acari (1990); Chacina da Candelaria y Chacina de Vigario Geral (1993).[26]

De esta manera, durante los dos gobiernos de Leonel Brizola (1983-1987 y 1991-1994) se intentará apelar a un discurso en favor del respeto a los derechos humanos. En el interregno, y con posterioridad al segundo periodo de Brizola, se retomará, aun con más fuerza y con nuevos sentidos, la política de invasión en las favelas y de patrullaje ostensivo.[27] Prueba de ello es que en esa época se llevan a cabo la Conferencia Mundial del Medio Ambiente Río 92 y la Operação Rio (1994), primeros experimentos de militarización de las funciones de seguridad pública en el retorno a los gobiernos civiles, a través de la delegación en las fuerzas armadas de la seguridad de la ciudad. Al año siguiente, y en la escalada de tratamiento represivo al problema de la seguridad pública, el general Nilton Cerqueira, secretario de seguridad en el gobierno de Marcelo Alencar, instauró un estímulo especial por mérito, popularmente conocido como gratificação faroeste, que premiaba actos de bravura policiaca —por ejemplo, cuando la acción de los uniformados culminaba con el cuerpo del sospechoso sin vida en el suelo.

“Bandido bom é bandido morto”

De acuerdo con el ya citado informe del Fórum Brasileiro de Segurança Pública, el cual retoma una encuesta de Datafolha de 2016, 57% de las personas consultadas respaldan una frase vuelta coloquial —y que de manera recurrente hace parte de contenidos mediáticos, e incluso de procesos electorales—: el bandido bueno es el bandido muerto, lo cual implica de manera tácita que existen porciones importantes de la población brasileña para quienes resultan aceptables las ejecuciones extrajudiciales bajo alguna de las fórmulas jurídicas o en la abierta ilegalidad. [28] En relación con esto se ha subrayado el hecho de que Brasil es el único país de América Latina donde los asesinatos producidos por la actuación de la policía militar aumentaron una vez terminado el periodo de la dictadura. En consecuencia, diversas organizaciones sociales provenientes de las favelas, o vinculadas con ellas, cuestionen que dicho proceso haya culminado por igual en las distintas áreas, al señalar que en los morros y favelas la dictadura no terminó.[29]

Como ocurre para otros países de la región, la segunda mitad del siglo XX —y de manera específica las décadas de los ochenta y noventa—, serán el escenario de la aparición de un fenómeno que ha adquirido una preponderancia política y social notable para América Latina y el Caribe: el narcotráfico. Este tiene una serie de implicaciones que, en virtud de los objetivos de este texto y por cuestiones de espacio, no es pertinente señalar; sin embargo, queremos referirnos a un par de aspectos. Uno de ellos tiene que ver con una modificación de carácter social aparejado con esta clase de actividades: se modifican los sentidos en torno a la delincuencia y la seguridad pública. Por un lado, cierto tipo de personajes urbanos, vistos con relativa simpatía, serán reemplazados por la figura del narcotraficante o bandido, reconfigurado como enemigo interno. Esto ocurre de una manera similar en varios sitios, entre ellos en Río de Janeiro, donde las actividades del tráfico se desarrollarán y la violencia cobrará mayor preponderancia con la popularización del consumo de cocaína.[30]

Por otro, en lo que se refiere a Río de Janeiro el narcotráfico adoptará una estructura peculiar y en cierta medida heredada por decisiones tomadas durante la dictadura militar. El Comando Vermelho, la organización hegemónica de tráfico en la ciudad, surge como resultado de haber implantado la doctrina de seguridad nacional.[31]

Una modificación más, que a la postre cobrará enorme relevancia, es la resignificación y actualización de los discursos racistas y clasistas, en este caso aquel que opone asfalto y favela en clave civilización-barbarie.[32]

Activista pinta una manta con la leyenda “Las vidas negras importan” en las escalinatas de la Asamblea del Estado de Río de Janeiro, durante una manifestación contra el asesinato de un estudiante homosexual negro de la Universidad Federal Fluminense, en julio de 2016.

La enorme cifra de asesinatos que tiene Brasil cada día, y en la que toman parte sectores populares de jóvenes morenos y negros en cualquiera de los bandos, sólo se puede explicar a través de la confección en el tiempo largo de mecanismos sociales que toleran esos niveles y expresiones de violencia:

La práctica de exterminio depende de situaciones específicas en que el agente de exterminio valora costos y beneficios […] La comprensión de la violencia policial en Brasil pasa de manera necesaria por la economía política. Por un lado, el exterminio sólo es racionalmente posible y políticamente aceptado cuando la vida es superflua. Es la vida del “bandido”, que no tiene valor porque él es bandido y es bandido porque su vida no tiene valor.[33]

La ciudad maravillosa en la vuelta de siglo

Para Brasil, la primer década del siglo XXI estuvo marcada en términos políticos por victorias consecutivas de los candidatos del Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016); esta última no culminó su segundo periodo, al ser interrumpido por un cuestionado proceso de destitución concretado a finales de agosto de 2016. Además, durante este periodo se llevó a cabo la conformación del bloque de potencias emergentes conocidas como BRICS, entre las que Brasil apareció como referente en América Latina y el Caribe a partir de su grado de industrialización, aparato productivo, influencia regional y cantidad de población.

Esta imagen de potencia, ya no regional sino mundial, fue en buena medida reforzada por la elección de Brasil para albergar la Copa Mundial de fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos Río 2016. Desde varios enfoques, y para los objetivos de este artículo, es necesario establecer que se trató de un ciclo de grandes eventos de al menos diez años de duración: habría iniciado en 2007, con la realización de los Juegos Panamericanos en la capital carioca, para terminar con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016.[34] Es en dicho lapso cuando se lleva a cabo un proyecto de intervención y patrullaje de diversas áreas de la ciudad, en primer lugar para asegurar la “pacificación” de los barrios problemáticos de la misma, pero que también resultaría exitoso como estrategia para la contención de la violencia asociada a la disputa territorial derivada del tráfico.[35] Nos referimos a la experiencia de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), creadas por decreto en enero de 2011, que ha sido relacionada con al menos tres experiencias previas de control social y actuación policial: Medellín, Haití y, en menor grado con la actuación de Estados Unidos en Afganistán e Iraq.[36] Aun así, existen elementos para considerar que en buena medida se improvisó parte de la estrategia a seguir con el paso del tiempo.[37] Lo que sí es inobjetable, y está en los lineamientos del decreto de creación de las UPP, son las etapas de su puesta en marcha: intervención táctica, estabilización, implantación de la UPP, evaluación y monitoreo. La primera de estas etapas fue delegada en el BOPE y la Tropa de Choque, que en lugares como Vila Cruzeiro y el Complexo de Alemão requirió el apoyo de las Fuerzas Armadas.[38] Sólo en algunos casos, como los últimos señalados, hubo algún tipo de enfrentamiento armado, aunque sí fueron generalizadas durante las incursiones prácticas como el ingreso a domicilios de los habitantes, cateos ilegales, robo de pertenencias, detenciones arbitrarias o incluso la desaparición forzada y el asesinato de personas.[39] Es algo que corrobora y actualiza el lenguaje bélico incorporado al ámbito de la seguridad pública, pero que también remite a los sentidos profundos de la configuración urbana y de la socialidad brasileña, los operativos culminaron con el izamiento de las banderas de Brasil y del BOPE, así como la entonación del himno nacional brasileño.[40]

Los resultados inmediatos de la implementación de las UPP, como la reducción de determinados delitos y la disminución del uso ostensivo de armas en las favelas, produjo un optimismo inicial que se refrendó a través de la coparticipación de la iniciativa privada en materia de inversión para financiar las instalaciones.[41] Estudios posteriores hicieron énfasis en que al menos en la primera etapa de su implantación (17 UPP), el objetivo de incrustar bases policiacas en determinadas favelas de la ciudad estaba relacionado con los eventos deportivos en puerta y se llevó a cabo de manera selectiva: una parte de ellas ubicadas en la zona sur, de barrios acomodados y orientada al turismo; otra en el centro de la ciudad y la zona del puerto, donde también se desarrollaría una importante reforma urbana y en una región específica de la zona norte, alrededor del Estadio de Maracaná.[42] Finalmente, aunque el proyecto era contar con 40 instalaciones para 2016, sólo se concretaron 38, la mayor parte de ellas en las zonas oeste y sur de la ciudad.[43]

Con el paso de los años, tanto los comandantes como los efectivos de las UPP tendieron a replicar las formas de ejercicio de poder antes atribuidas a los traficantes, al imponer regulaciones diversas sobre actividades recreativas (prohibición de bailes funk y fiestas) o comerciales (hora de cierre de tiendas y botecos). Es de ahí que se habló en una suplantación de los anteriores donos do morro por otros. Pero quizá uno de los efectos más consolidados, y de mayor aliento de esta experiencia, se dio en las favelas “pacificadas” de la zona sur y centro de la ciudad; es decir, las más valorizadas por su asociación con actividades turísticas y comerciales. A la par de un mejoramiento de los servicios públicos, también la iniciativa privada tiene ahora presencia en ellas. También destaca que la formalización de actividades económicas implica la regularización de servicios antes gratuitos, como el servicio eléctrico y el suministro de agua. Por último, esto ha llevado aparejada la llamada expulsão branca, una forma de gentrificación que está repoblando aquellas áreas de la ciudad cercanas a las áreas más identificadas con la ciudad de postal: Ipanema, Leblón, Copacabana, Botafogo o Santa Teresa. Visitantes y residentes de clase media o alta ocupan ahora los espacios encarecidos que su antigua población ya no puede habitar, todo ello con el beneplácito del capital inmobiliario.[44]

Conclusión

El acercamiento a la evolución de la institución policial en Brasil, y de manera específica en Río de Janeiro, nos permite observar la gestación de un cuerpo de control social que a larga duración preserva como principal función la de proteger los intereses de las clases propietarias. Esto supone una adaptación de las funciones represivas a los temores y preocupaciones de la elite, que sin solución de continuidad tienen como elemento de definición el racismo y la relación señorial con la población de los estratos populares, proveniente de la época imperial. El grado de violencia que adquiere la relación social con la policía en Brasil está estrechamente ligado a los atisbos de la población por romper con ese tipo de orden, ya sea a mediante la reivindicación de derechos, la lucha política o de la afirmación social a través del narcotráfico.