Colombia pensó que no tenía campesinos
El paro agrario los hizo saltar a la luz. Todos tienen nexos familiares con ellos, pero hay un odio hacia lo rural irradiado en los últimos años, que tiene que ver con que la base social de la insurgencia es campesina.
“Que vivan los campesinos y que los dejen vivir,
que el campo sin campesinos existe sin existir”
Jorge Velosa
Para entender el paro agrario, que es señalado como la movilización social más importante de las últimas tres décadas, es necesario conocer la situación delicada del campo en Colombia, señala Renán Vega Cantor, director de la Revista del Centro Estratégico de Pensamiento Alternativa (CEPA), en entrevista con Desinformémonos. Latifundios, la ausencia de una reforma agraria, los tratados de libre comercio y el derrumbe de la economía campesina como consecuencia, así como la presión de la extrema derecha y los paramilitares, explican la explosión de los productores agrarios por toda la geografía colombiana, de acuerdo con el también académico.
Colombia entera se movilizó junto con el sector campesino para exigirle al gobierno un verdadero cambio en las políticas agrarias, desde el 19 de agosto de 2013. Un mes después, aún con la bandera de paro puesta, hay mesas de negociación instaladas en algunas regiones del país. Después de largas horas de debate con el gobierno, a inicios de septiembre se puso fin a los bloqueos de carreteras en más de 15 departamentos.
Las campesinas exigen al Estado: la derogación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento a la territorialidad campesina e inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Además, insisten en que es necesario avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que concentran la mayor parte de la tierra cultivable. Otro punto fundamental es que el Estado reconozca las violaciones a los derechos humanos y que condene a los responsables; el saldo está en 12 personas asesinadas y 21 heridas por arma de fuego, 660 casos de violación de derechos humanos, 52 casos de hostigamiento y amenazas, 847 personas detenidas y 4 personas detenidas.
Algunos dicen que está es una de las movilizaciones sociales más significativas que se han dado en Colombia en los últimos 35 años. Se toma como última referencia lo que aconteció en septiembre de 1977, cuando se implementó el Paro Cívico Nacional[1]. Esa movilización quizá tuvo la misma magnitud. La diferencia es que ahora el epicentro es rural, mientras que en 1977 fue urbano. Hay que preguntarse a qué se debe eso, en un país donde el 70 por ciento de la población vive en la ciudad, y donde mucha gente no sabe que existen campesinos. En las ciudades hay ignorancia, desconocimiento y desprecio hacia ellos.
Todavía existen campesinos en el país y eso ha sorprendido a más de uno en todos los terrenos, empezando por los periodistas, políticos y economistas.
Hay que ubicar en tres dimensiones temporales para analizar el paro: largo, mediano y corto plazo. En lo que he visto, se analiza el proceso en el corto plazo, en relación con la movilización misma, sus consignas y lo que pasó inmediatamente antes, que explica esa movilización; pero no va al fondo del problema. El fondo es que Colombia sigue siendo una sociedad profundamente injusta y desigual, y eso se relaciona fundamentalmente con el problema de la tierra.
Largo plazo: baldíos y monopolio de la tierra
Colombia es un país en el que unos cuantos grandes propietarios monopolizan la mayor parte de la tierra. Los estudios recientes, por ejemplo uno que realizó la Organización de las Naciones Unidas, concluyen que un puñado de terratenientes monopoliza más del 60 por ciento de la propiedad agraria del país. No son solamente los terratenientes tradicionales, sino los capitalistas modernos. Hay un debate que tiene que ver con lo que ha pasado en los Llanos Orientales -la apropiación de la tierra, luego del despojo paramilitar, por parte de capitalistas colombianos e internacionales. Lo han llamado “La piñata de los Baldíos”[2].
La cuestión de los baldíos hay que entenderla en el largo plazo, porque indica un modelo agrario en Colombia, que se caracteriza por ser de pequeños propietarios y de trabajadores agrarios que han abierto frontera. Pero cuando abren frontera en los llamados “territorios nacionales”, que no son propiedad de nadie, sino del Estado, inmediatamente despliegan a los terratenientes y se apropian de esas tierras. Es un modelo que se presenta desde 1820, es decir, llevamos 200 años de ese mismo modelo, que no se ha modificado.
En el largo plazo está un problema agrario nunca resuelto, la concentración territorial, puesto que nunca se realizó una reforma agraria. También está la violencia y exclusión sobre los campesinos, que explica en gran medida la urbanización en Colombia. Hay un problema acumulado de doscientos años, y eso diferencia a Colombia de la mayor parte de países de América Latina. En vez de solucionarlo con una repartición democrática del suelo, se aplaza con la perspectiva -abiertamente señalada por algunos analistas- de que los campesinos desaparezcan. Si los campesinos desaparecen, ya no hay necesidad de repartir la tierra.
Mediano plazo: libre comercio y paramilitares
En el mediano plazo nos tenemos que situar en lo que ha sucedido por lo menos en los últimos 25 años. La apertura económica golpeó fuertemente a toda la economía colombiana, pero principalmente al campo. La apertura económica iniciada a mediados de la década de los ochenta, que se legitima con la Constitución del 91, supone trasformar una política agraria relativamente progresista. Había aranceles para los productos externos, no había libertad cambiaria, los que negociaban con dólares tenían que pasar por el Banco de la República y pedir autorizaciones especiales. La economía campesina estaba protegida y había instituciones para ello, como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y La Caja Agraria. Con la apertura económica todo eso se destruyó; la institucionalidad que se había construido, mala o buena, desapareció. Se desprotegieron los cultivos desarrollados por la agricultura comercial en Colombia después de la década de los cincuenta. Ingresó la producción agrícola de las multinacionales.
En ese proceso llevamos casi 25 años. Las economías campesinas tienen que competir con multinacionales que traen productos agrícolas sobreprotegidos desde sus países ¿Cómo compite un agricultor colombiano, un pequeño productor e incluso un gran agricultor con una multinacional que trae productos que están protegidos por Estados Unidos o por la Unión Europea?
La economía campesina se vio fuertemente impactada. En el mediano plazo, hay que hablar de lo que significó el libre comercio en materia agraria y que aceleró la migración hacia las ciudades. Además hay un factor exclusivamente interno, que es la persecución a los campesinos como política de Estado, y del paramilitarismo como la fuerza política evidente que aplicó el libre comercio. Generalmente cuando se habla de libre comercio, se habla de un conjunto de políticas y leyes; pero eso, en la práctica, se aplica mediante la violencia. En Colombia los que representan la violencia contra los campesinos son los paramilitares, y estos a su vez han sido organizados por terratenientes, ganaderos y exportadores. Han ido de la mano con el Estado, apoyados por las fuerzas represivas.
A la par que se impone el libre comercio, hay una arremetida contra los campesinos. Colombia es hoy el primer país del mundo en expulsión de población interna[3], más que en países como Irán, Sudán, Somalia y Afganistán, donde hay guerra. A la gente se saca de sus parcelas, y la mayor parte migran a las ciudades o pueblos vecinos; muy pocos han salido del país.
Hablamos de una reconcentración agraria en un país donde sólo ha existido una anti-reforma agraria. Nunca se repartió la tierra y hubo un proceso de concentración ligado al libre comercio y a la violencia paramilitar en los últimos 25 años.
Corto plazo
El corto plazo está relacionado con los dos anteriores y no se puede separar: hay una radicalización del libre comercio a través de la firma de tratados con el resto del mundo. En 2011 y 2012, el gobierno colombiano signó 14 tratados con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y otros países. En la mayor parte de ellos, uno de los puntos más críticos para la economía y la sociedad colombiana tiene que ver con la agricultura. Lo poco que había quedado de protección para el campo, después de 1990 y 1991, desaparece. Las consecuencias ya se ven: los productos que vienen del exterior son mucho más baratos que los producidos por los campesinos. Hablamos de productos tradicionales como la papa y la yuca, que resultan más baratos si se compran afuera.
Con la apertura económica vienen insumos agrícolas, semillas y fertilizantes, que encarecen la producción. Esto se acompaña con patentes y monopolios. Según Monsanto y otras compañías multinacionales, los campesinos ya no pueden sembrar sus semillas, tienen que comprarlas[4]. Eso ataca de raíz a la economía campesina.
Tenemos un conjunto de políticas económicas en el corto plazo que hicieron insostenible la situación de los campesinos. Hay que agregarle el encarecimiento de transporte por el precio de gasolina, que es una de las más caras del mundo. Eso ha movilizado a otros sectores del país como los camioneros, porque cuando aumenta la gasolina aumentan los precios de transporte de los alimentos debido a la existencia de intermediarios.
Todos estos fenómenos se acumularon y, como suele pasar, las protestas no estallaron porque fueran planificadas. Puede que intervengan algunas organizaciones, pero en realidad el descontento se acumula y después de muchos años ya la gente no aguanta más.
Estalló el descontento incluso en regiones donde no se protestaba hace 200 años, como Boyacá, que se manifestó en la época de la Independencia. Mucha gente se pregunta ¿por qué los boyacenses se levantaron como lo han hecho ahora? Hay una serie de agravios acumulados, ofensas y problemas que tocan las fibras íntimas y las necesidades más sentidas. La gente ya no aguantó más y salió a protestar.
Lo interesante es que ha sido un paro que ha tenido repercusión a nivel nacional, con reivindicaciones propias en algunos casos, pero con una participación muy fuerte. La respuesta del régimen es la de siempre: las protestas en Colombia, sean campesinas, estudiantiles u obreras, son respondidas mediante la calumnia y la difamación. Antes decían que eran comunistas y subversivos; ahora dicen que son terroristas. La segunda respuesta clásica es la represión directa. Son los dos mecanismos históricos del Estado colombiano para tratar el descontento popular. En lugar de preguntarse qué razones llevan a un campesino productor de papa a protestar y a bloquear una vía, inmediatamente se les acusa de ser voceros de los terroristas, de no tener intereses propios, y vienen las respuestas violentas.
En este paro ya van varios muertos, pero eso siempre sucede en una manifestación en este país. Los muertos los ponen los sectores populares como resultado de la violencia represiva del Estado y eso nunca se investiga, ni sucede nada.
Este paro realmente tomó por sorpresa a todo el mundo. En primer lugar, al gobierno, que nunca pensó que adquiriera las dimensiones que tiene. Luego, a las organizaciones políticas, incluyendo a las de izquierda, que no pensaron que esto fuera a suceder así; a la prensa y la opinión pública, porque se preguntan de dónde salió tanta gente -porque es un país donde se dice que no hay campesinos.
En el mismo movimiento la gente ha aprendido y se ha intentado organizar. El gobierno y las clases dominantes siempre tienen un mecanismo para dividir al movimiento y lo vemos en este caso. El gobierno empezó a negociar con algunos sectores fuertes para retirarlos del paro.
Estamos ante un movimiento social muy importante en un país que si lo comparamos con el resto de América Latina, aparecía como muy pasivo. Se trata de movilizaciones que debemos ubicar en una prospectiva futura inmediata que tiene que ver con el proceso de paz. Si éste se concreta, lo que nos indica es que la movilización social va a ser un puntal fundamental en este proceso y no la quietud y la pasividad.
La prensa nacional e internacional trata de ocultar la magnitud del paro diciendo que terminó convertido en un movimiento de vándalos y violentos, pero eso es un hecho episódico y secundario que hay que explicar. Si hay violencia de los sectores populares no es arbitrario, es una respuesta a la represión. Hay un componente extra que no hay que perder de vista: que existe una infiltración no de la izquierda -porque al fin y al cabo las bases de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) siempre han sido campesinas-, sino de la derecha y de la extrema derecha. Uribismo y paramilitares están interesados en desvirtuar la justeza del paro y ocultar las razones básicas de la protesta con lo evidente, la violencia por parte de los medios.
2013, el año de los grandes caminos
Las movilizaciones en el Catatumbo quizá fueron el antecedente más inmediato relacionado con este paro, y aún se encuentran en negociación. Tienen reivindicaciones similares. Los campesinos del Catatumbo se oponen a la fumigación indiscriminada contra los mal llamados cultivos ilícitos porque afecta las economías campesinas; pero como reivindicación central está la exigencia de que se haga efectiva una Zona de Reserva Campesina, que incluso está reconocida dentro de la Constitución Política de Colombia desde 1994. Pero como en los diálogos de La Habana entre las FARC y el gobierno, en el debate del primer punto agrario salieron a relucir las Zonas, inmediatamente se dijo que eso era un movimiento en el cual estaba presente la guerrilla.
En el Catatumbo, las Zonas de Reserva Campesina son esenciales porque se enfrentan dos modelos: el de economía campesina y el agroindustrial transnacional. Es una zona de experimentación para sembrar palma aceitera; las Reservas implicarían el reconocimiento de una gran extensión de tierra para los campesinos, en las que no pueden desarrollarse negocios agroindustriales y megaproyectos minero-energéticos. Pero eso no pasa para el resto de Colombia. El gobierno y las clases dominantes prefieren destruir las economías campesinas que alimentan el 70 por ciento del país.
Cuando en Colombia un campesino quiere manejar sus propias tierras, eso es considerado algo subversivo y terrorista. Las FARC-EP surgieron por las famosas Zonas Campesinas de Marquetalia, de Río Chiquito y otras zonas que fueron inmediatamente bombardeadas por el ejército colombiano. Cincuenta años después, cuando se habla de paz con las FARC, se vuelve a esgrimir el argumento de las repúblicas independientes cuando se habla de las Zonas de Reserva Campesina, porque los grandes terratenientes, ganaderos, latifundistas y los capitalistas agroindustriales -como Río Paila, el ingenio Manuelita, el Grupo Santo Domingo o Ardila Lule-[5] desean las tierras sin campesinos que sólo estén ocupadas por ganado o por palma aceitera, caña de azúcar y caucho para la agroexplotación.
Colombia es un país históricamente campesino. Todos nosotros tenemos nexos familiares con ellos, pero hay un odio hacia lo rural que se ha irradiado en los últimos años, y tiene que ver con que la base social de la insurgencia ha sido campesina.
Estamos en un momento importante y lo que se espera es que sea el comienzo de un conjunto de movilizaciones que involucren a otros sectores, tratando de superar el problema de fragmentación de estas movilizaciones -cada sector se mueve por sus propias reivindicaciones que son sentidas, necesarias, legítimas, pero de lo que se trata es de construir una agenda nacional. Por ejemplo, si el libre comercio es tan nefasto, debe ser un punto central de esa agenda de movilización la abolición de esos tratados de libre comercio y una verdadera Reforma Agraria-
Por: Carolina Bedoya Monsalve
[1] El 14 de septiembre de 1977 estallo el paro cívico más fuerte quizás que se ha realizado en Bogotá, por ende la protesta urbana más importante de la segunda mitad del siglo XX. En Bogotá la población interrumpe el transporte y se enfrenta a las fuerzas del orden. Se produce desorden, interrupción del transporte y saqueos en almacenes y otros sitios al tiempo que la población es fuertemente reprimida. http://memoriaypalabra.blogspot.mx/2012/09/el-primer-paro-civico-nacional-35-anos.html
[2] “[…] La habilidad y el patriotismo de los abogados colombianos al servicio de las compañías extranjeras consiste precisamente en enredar inteligentemente las palabras para que pierdan su significación gramatical en beneficio de la patraña jurídica […]. Estas argucias desleales y sutiles no se les ocurren a los abogados de la Universidad de Columbia, sino a los profesores de la Universidad de Colombia […]”. Luis Cano, 1926 (¿?), citado en Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173036
[3] Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos en el mundo. Para 2012, el Gobierno y la sociedad civil han estimado que entre 4.9 y 5.9 millones de colombiano fueron desplazados por las situaciones de violencia que se viven en todo el territorio nacional. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-419205-colombia-el-pais-mas-desplazados-elmundo
[4] Una de las exigencias para la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, es impedir a campesinos almacenar sus propias semillas y los obliga, por medio de la ley 970, a comprar semillas “certificadas” como las de Monsanto y Dupont.
[5] Estos dos últimos grupos financieros son dueños de varios medios de comunicación (prensa, tv, radio) cervecerías, refrescos…
Publicado el 23 de septiembre de 2013 en Desinformemonos