Otra vez dan la espalda a los pueblos indios en Ecuador
El modelo de desarrollo que implementa el gobierno ecuatoriano “no se mira a partir de la utilización de recursos renovables, ni mucho menos de participación comunitaria”, explica el investigador Eugenio Pappalardo, unos días después de que el gobierno ecuatoriano anunciara el inicio de la explotación del petróleo que se encuentra en la Amazonia, así como la cancelación del plan ecológico iniciado ahí en 2007.
En una declaración a la nación, el presidente Rafael Correa anunció a mediados de agosto el fin del proyecto ambiental “Iniciativa Yasuní-ITT” – por el que se comprometió a mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de financiamiento internacional- ya que, explicó, necesita inversiones superiores para erradicar la pobreza como parte del gubernamental Plan del Buen Vivir.
En 2007, el presidente Correa propuso al mundo no explotar el bloque petrolero a cambio de una compensación económica, que reconociera el servicio ambiental prestado. Sin embargo, el discurso “choca en los hechos con los planes de desarrollo para las Amazonias”, valora Eugenio Pappalardo, investigador que ha trabajado en la zona por años.
“Se siguen explotando, concesionando e individualizando las áreas donde existen zonas petroleras de la Amazonia septentrional en Ecuador”, explica en entrevista con Desinformémonos Pappalardo, doctor en Geografía por la Universidad de Padua, en Italia. “Hablamos de la Amazonia que se encuentra en la frontera con el Perú, y en la que se licitarán 10 bloques petroleros en noviembre del 2013”.
La Iniciativa Yasuní-ITT abarcó los bloques territoriales Ishpingo, Tiputini y Tambococha. El alcance monetario que esperaba el gobierno ecuatoriano era de 3 mil 600 millones de dólares -parte del beneficio potencial del petróleo que se dejaría de explotar en estas tres regiones.
Esta propuesta, relata el geógrafo, forma parte de toda una visión de desarrollo que afectará a zonas donde “grupos indígenas comparten territorio, biodiversidad y problemas”. Tanto en Perú como en Ecuador existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y en la región sur oriental de su territorio se desarrolla un conjunto de estrategias para la explotación de recursos energéticos.
Los proyectos energéticos, enumera Eugenio Pappalardo, se relacionan con el manejo de “los hidrocarburos, que representan el mayor interés; con la biodiversidad de la reserva; y con tutelar los derechos de los no contactados”. El investigador considera que se vive una “esquizofrenia”, pues el gobierno pretende hacer conservación a partir de la biodiversidad, los derechos indígenas y la explotación petrolera. “Hablamos de un territorio donde se superponen proyectos de desarrollo que generan conflictos”, define.
“En Ecuador no está cambiando nada”, explica el investigador italiano. “El desarrollo no se mira a partir de la utilización de recursos renovables, ni mucho menos de participación comunitaria”. En un reciente comunicado, los pueblos agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expusieron su rechazo a la extracción petrolera.
Estrategia de despojo compartida
Ecuador, desde los años de la guerra de 1979, mantuvo una relación complicada con el Perú, pero en los últimos gobiernos se consolidaron acuerdos estratégicos para explotar la Amazonia peruano-ecuatoriana. “Esto significa armar estructuras de comunicación, carreteras, oleoductos y poliductos en zonas remotas. Es una enorme estructura, separada de una zona de explotación conjunta”, explica Pappalardo. La estrategia ecuatoriana para el despojo es compartida por el gobierno peruano, ya que colindan los bloques petroleros.
Son diversos los actores que se establecen en el escenario de las Amazonias. Están “los waorani, que son autónomos y están en áreas ceremoniales ancestrales; los indígenas colonos, que llegaron con el boom petrolero e impulsados por una reforma agraria; y los colonos mestizos que llegaron de la sierra y costa, siempre siguiendo la ola petrolera”, informa Pappalardo. “Se están organizando formas de resistencia” campesina e indígena a las explotaciones, complementa el investigador, que pueden demostrar que la revolución ciudadana del gobierno “es un fracaso”.
El investigador italiano considera que el gobierno ecuatoriano utiliza un discurso neoindigenista “de los derechos de la Pachamama”, mientras implementa un modelo económico basado en la extracción de los recursos energéticos no renovables.
Pero la explotación petrolera también trae sangre a través de los conflictos provocados entre los grupos que apoyan la actividad extractiva y los que no quieren saber nada de ella. El 29 de marzo de 2013, un grupo de indígenas no contactados o en aislamiento voluntario -los taromenanes, que viven en la Amazonia ecuatoriana-, fueron agredidos por un grupo de waoranis. Como resultado, se produjo un número indeterminado de muertos entre los no contactados.
Existen voces en Ecuador que dicen que no pasó nada y que no se encontraron cadáveres, relata el investigador, pero “¿cómo se pueden encontrar cadáveres en una zona intangible y no contactada? Más aun en la selva ecuatoriana”, indica.
Humberto Cholango, miembro del consejo de gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), declaró en abril que “los trágicos acontecimientos dentro del territorio waorani son una consecuencia de un proceso histórico mucho más amplio; es resultado lógico de modelo de desarrollo económico extractivista y de la colonización acelerada de los territorios indígenas. Es decir, es un problema estructural y de carácter nacional”.
En relación con declaraciones de un sector de la población, que habla de la masacre como “un pleito entre indios”, la confederación indígena declaró que: “igual de condenables son aquellas lecturas que intentan mostrar los ataques de tagaeris y taromenanis a waoranis, y viceversa, como una ‘guerra primitiva’ o como un hecho de justicia por mano propia. Estas lecturas, de las que también se han hecho eco algunos sectores de intelectuales, funcionarios públicos y de la prensa, no son más que expresión de una mentalidad colonial que no sólo insiste en ver la realidad de los pueblos y nacionalidades indígenas como algo fuera del imaginario de la política nacional, sino que es también algo fuera de la razón moderna”.