Gobierno del MAS, mediador político de los intereses de la oligarquía terrateniente boliviana
En el último tiempo, el gobierno boliviano ha construido un discurso para encasillar, deslegitimar y acallar distintas voces críticas que denuncian el carácter anti-popular, anti-comunitario, depredador, extractivista y pro-capitalista de su proyecto político y económico. El argumento, bastante simplón, que la cúpula del MAS utiliza es el siguiente: para desarrollar el país, tenemos que hacer uso de todos los recursos naturales y humanos que estén disponibles, el no hacerlo sólo puede deberse a la mediación de un interés “imperialista” y colonial, el cual se interesa por mantenernos en el subdesarrollo extremo y así ese imperialismo poder beneficiarse de nuestra riqueza natural. ¿Cómo Así?
Es interesante ver como este argumento, obviamente más arreglado y rimbombante, se ha convertido en la bandera con la que una parte de la izquierda dogmática, estadocéntrica y principalmente masculina de Latinoamérica y el mundo ensalza al gobierno de Morales. Acusando a cualquier persona crítica de ser parte de una macabra maniobra de la derecha imperialista encubierta de “pachamamismo”. A raíz de esto, intelectuales como Atilio Borón, Ana Esther Ceceña, Emir Sader, y otros más lejanos como Žižek y compañía, se dan el lujo de acusar al pueblo boliviano que lucha por sus reivindicaciones o de ser de derecha, o de ser parte de una masa de personas sin criterio que le hacen el juego a la derecha, y ellos con sus mentes tan ilustres nos lo quieren hacer ver.
Parto de una idea muy básica, aunque creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo: lo que se dice no necesariamente es lo que se hace. De ahí mi llamado de atención a realizar una simple separación entre lo que el gobierno dice que hace y lo que el gobierno hace. Y no es que el gobierno tenga un discurso ultra radical, sino que más bien éste se enmarca en lo que podemos entender como progresismo democrático y liberal. El problema es que ni siquiera es eso. Nuevamente, yendo a los hechos, podríamos decir que el gobierno del MAS está haciendo lo que el neoliberalismo no pudo en favor del capital transnacional, y lo hace a partir de la consolidación de un aparato institucional cada vez más autoritario y promoviendo la desarticulación inducida de los entramados comunitarios que existen en el país; todo esto bajo el manto del progreso económico que tuvo el gobierno gracias al incremento de los precios internacionales de las materias primas durante los últimos diez años (aunque ahora ese modelo empieza a entrar en crisis).
Existen varios hechos que demuestran el profundo carácter antipopular del gobierno del MAS: la alianza con las transnacionales, principalmente mineras e hidrocarburíferas; la promoción de los intereses de las nuevas élites, como la cooperativista o cocalera; el carácter represor contra los pueblos indígenas y campesinos; la inversión de la mayor parte del excedente económico cooptado por el gobierno en infraestructura y servicios para el gran capital nacional y transnacional; pero, quizá, uno de los temas que muestran con mayor nitidez lo que sucede en el país, es la alianza que el gobierno ha establecido con la más vieja, rancia y funesta de las clases dominantes: la oligarquía terrateniente. Este hecho no es menor, no es algo circunstancial, o un “mal necesario”, el solo hecho de que se dé, permite definir el carácter de clase de este gobierno.
La lucha comunitaria rural boliviana se ha caracterizado, a través de los casi dos siglos de historia republicana –e incluso desde antes–, por poner dos temas centrales como ejes de sus reivindicaciones históricas: tierra y autogobierno. Estas dos cuestiones –que podemos denominar como “territorio” en el lenguaje moderno, siempre y cuando no queden reducidos al restringido término de “territorio” concedido por el estado– han estado presentes de manera plural, diversa y cada vez actualizada en la gran mayoría de las luchas indígenas y campesinas, bajo diferentes nombres y con alcances distintos. La tierra, como base material en la que las comunidades son capaces de garantizar la reproducción de su vida y tejer, así, sus relaciones sociales en torno a las actividades productivas y reproductivas. El autogobierno, como la prerrogativa política de asumir decisión colectiva y compartida sobre lo que sucede en ese territorio, muchas veces contraviniendo la decisión vertical que emana del poder estatal y que favorece a los intereses del gran capital.
Estos horizontes de reivindicación fueron parte esencial de las luchas que colorearon Bolivia entre 2000 y 2005, para corroborar esto no se necesita más que volver la mirada a lo que fue la Agenda de Octubre resultado de la Guerra del Gas en 2003: tierra y autogobierno –con distintos nombres: Reforma Agraria, Autonomías Indígenas, Control Social, Soberanía, etc.– fueron el núcleo articulador de la lucha popular. Además, en ese momento se reconocía y se asumía como principal enemigo a la oligarquía terrateniente del oriente boliviano, la cual, al verse contenida por los potentes levantamientos, se tuvo que replegar y escudar tras el discurso autonomista regional –totalmente opuestas a las autonomías indígenas–. En ese proceso, esa élite se encargó de armar un aparato represor que persiguió, reprimió e incluso asesinó a mujeres y hombres trabajadores del campo y la ciudad en el oriente boliviano. Esa élite es ahora la aliada del gobierno. Basta con identificar en el oriente a algunos candidatos o autoridades oficiales que ahora visten con “orgullo” los colores del MAS y que años antes eran los que golpeaban y perseguían a campesinos e indígenas, portando esvásticas como símbolos y actuando desde el racismo más pueril.
Estos hechos, sin embargo, no son el meollo del asunto. Si bien es larga la lista de asuntos que nos demuestran esta alianza, desde los personajes de la oligarquía que ahora engrosan las filas del MAS [2], hasta los carismáticos y amigables discursos del presidente Morales en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) donde llama hermanos a los que antes eran antagónicos a las luchas populares, pasando por los patéticos llamados del vicepresidente García a que los empresarios agroindustriales pidan las leyes que necesitan para que el estado se las elabore y garantice [3], o cuando demostró una gran alegría al recibir un premio de la CAO y de la Asociación de Predios Productivos Avasallados (ASPPA) por haber promovido la ley anti-avasallamiento de tierras que ahora dejará en la cárcel por más de ocho años a los campesinos e indígenas que luchen por recuperar sus tierras, todo para resguardar la propiedad latifundista [4]. Todos estos hechos son preocupantes, indignantes e inaceptables, pero el meollo del asunto es entender cómo, en términos generales, no ha sido esa oligarquía la que ha quedado subordinada a un “proceso de cambio” diseñado por el gobierno, sino que más bien el gobierno ha asumido los intereses de esa oligarquía y los ha puesto en práctica como política pública. En otras palabras, no es una alianza “estratégica”, los intereses de aquel grupo de poder se han convertido en buena medida en los intereses del gobierno de morales. Veamos en que consiste esto.
Primero, en la Bolivia actual existe un marco jurídico que por vez primera constitucionaliza el latifundio. El Art. 399 de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce que la propiedad del latifundio no será afectada si es que ésta ha sido adquirida con anterioridad a la vigencia de la nueva CPE, es decir, la mayor parte del latifundio del país. Este artículo, junto con muchos más, como la eliminación de la representación directa de autoridades indígenas originarias campesinas en el congreso, o la limitación del alcance de las autonomías, pueblos indígenas originarios campesinos, fueron modificados por la cúpula del MAS en negociación con la cúpula de la oposición parlamentaria encabezada por la oligarquía terrateniente. Recordemos que la Constitución Política del Estado vigente actualmente no es la constitución que resultó de la Asamblea Constituyente, que pese a sus limitaciones era un proyecto que recogía varias aspiraciones populares, entre ellas la Reforma Agraria y autonomías indígenas originarias campesinas mucho más profundas. Esa propuesta constitucional nunca llegó a referéndum porque, en 2009, el gobierno, echando por la borda años de lucha popular y en aras de consolidar su poder a partir de su articulación con las élites económicas, produjo una nueva constitución al margen de los sectores populares, y modificó más de cien artículos de la propuesta inicial, dejando de lado las principales aspiraciones que en ella se reflejaban, entre ellas las posibilidad de una Reforma Agraria real.
El argumento que el gobierno utilizó para disminuir la presión de esa demanda histórica por la Reforma Agraria, fue que se iniciaría una redistribución de tierras latifundistas a través de la figura del cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) de la tierra. Si el gran latifundio demostraba ser productivo, entonces no sería intervenido y se respetaría la propiedad de cientos de miles de hectáreas en manos de muy pocas familias, pero si no se demostraba esto, entonces las tierras serían revertidas al estado y redistribuidas entre comunidades indígenas, originarias o campesinas. Paralelamente a esto se propuso acelerar el proceso de saneamiento de las TCOs (denominados ahora como Territorio Indígena Originario Campesino-TIOC) y en general de toda propiedad agraria, incluyendo las tierras fiscales; proceso que se había iniciado en la época neoliberal pero que había avanzado a un ritmo muy lento. Efectivamente, para el año 2009 el proceso de saneamiento avanzó de manera significativa, principalmente en lo que corresponde a las TCOs, las cuales también se beneficiaron de una gran cantidad de tierras fiscales redistribuidas. Sin embargo, la gran propiedad terrateniente prácticamente no fue tocada. Al margen del caso de Pando –en el que los terratenientes tenían en su mayoría concesiones y no derechos propietarios–, de las 45 millones de hectáreas consideradas mediana y gran propiedad (casi la mitad del territorio nacional), sólo fueron saneadas 2 millones de hectáreas. En buena medida esto se debe a que el gobierno ha venido postergando la entrada en vigencia de la FES desde el inicio de su primera gestión –y lo continúa haciendo– [5]. Por este motivo es que se puede afirmar categóricamente que la estructura de la tenencia de la tierra, aquella que favorece a los grandes terratenientes, está incólume en Bolivia.
El haber postergado y marginado este horizonte reivindicativo rural, no pudo, sin embargo, pasar como un hecho irrelevante, ya que siempre fue uno de los puntos centrales de la agenda de lucha popular. Para desviar la presión de las bases, lo que el gobierno ha hecho es elaborar una nueva narrativa que esconde el gran problema del latifundio, incluso llegando a afirmar que éste ha desaparecido del país y que esas tierras se encuentran en manos de las comunidades [6]. Pero para esconder este problema ha tenido que generar un nuevo “enemigo”, y este enemigo han resultado ser las TIOCs. Entonces, la estrategia ha sido dejar de hablar de las millones de hectáreas que están en pocas manos privadas, para polemizar en torno a las comunidades que habitan en las TIOCs y que disponen de amplios territorios comunitarios. Poco a poco esto ha debilitado las alianzas que otrora habían establecido organizaciones indígenas, originarias y campesinas, e incluso las ha llevado a enfrentarse entre sí –Indígenas vs. Campesinos–. Resulta, entonces, que en este país los nuevos latifundistas son las comunidades indígenas que habitan sus territorios históricos, mientras que los grandes latifundistas –los reales, aquellos que controlan casi la mitad del territorio del país y que son engranajes del gran capital global– no existen, o si existen se los denomina como la “moderna y pujante agroindustria nacional”, dejando de lado su impronta terrateniente.
Ahora bien, el apoyo a esa oligarquía ha venido acompañado de toda una serie de medidas políticas de cuidado y potenciamiento de este sector. Por ejemplo, para 2006 –primer año de gobierno del MAS– la producción de soya transgénica correspondía a poco más del 20% del total de la soya producida, para el año 2012 la soya transgénica representó el 98% de la producción según datos de la propia Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) [7]. Sobre este tema el gobierno se ha manifestado afirmando que la biotecnología – ya que no usan el concepto de “transgénico”– es útil para incrementar la productividad y que su uso debe ser ampliado a otros sectores agrarios. Otro gran apoyo del gobierno a este sector ha sido el denominado “perdonazo agrícola”, que no fue otra cosa que una ley (N° 337) para la legalización de desmontes ilegales. Entre el periodo 1996-2011, fueron deforestados de manera ilegal 5,5 millones de hectáreas, pero con el pago de una multa irrisoria esos desmontes, con costos sociales y naturales escandalosos, fueron legalizados, y, además, se convirtieron automáticamente en tierras con Función Económica y Social, es decir con garantías para la propiedad privada latifundista.
En abril de este año se llevó a cabo la “Cumbre agropecuaria: sembrando Bolivia”, donde participaron el gobierno, las organizaciones de la oligarquía terrateniente y dirigencias de las organizaciones indígenas y campesinas afines al gobierno. Más allá de todo el acto performativo y de los elocuentes discursos del presidente, vicepresidente, dirigentes campesinos y empresarios, lo cierto es que esta Cumbre puede considerarse como la consolidación de la fusión de los intereses de aquella oligarquía terrateniente con los del gobierno, basta con mirar los puntos más álgidos de las conclusiones para corroborar esto: aun mayor ampliación del plazo de verificación de la FES, entrega de títulos saneados a latifundios, ampliación de la frontera agrícola para la producción agroexportadora –que nada tiene que ver con la seguridad alimentaria–, etc. [8]
El Estado “Plurinacional” de Bolivia se está consolidando a partir de estas alianzas de clase, la participación dirigente de la oligarquía terrateniente al interior de la estructura estatal no es un hecho circunstancial, todo lo contrario, es consustancial a este estado y a su forma de dominación. Y lo que se tiene que tomar muy en cuenta es que si bien este proceso lo viene impulsando el MAS –y así lo intentará seguir haciendo hasta el 2025–, la fuerza de la oligarquía terrateniente al interior del estado boliviano trasciende al propio MAS y será una marca de la dominación a futuro, hasta que la luchas populares nuevamente pongan en cuestión a esta élite. Para que esto suceda también será importante que las bases, principalmente de las organizaciones campesinas, retomen el control de sus organizaciones, las cuales ahora se encuentran en manos de unas dirigencias subordinadas a la estructura partidaria del MAS.
Decir que el MAS es de derecha no es un eufemismo. En Bolivia históricamente entendemos por derecha la acción de ciertas clases dirigentes, entre ellas la terrateniente que siempre ha actuado en detrimento de los intereses populares. En este momento, como vimos, el gobierno de Morales es el mediador político de los intereses de esta oligarquía, por tanto es un gobierno de derecha. Si analizamos las relaciones que el gobierno ha establecido con el capital transnacional en el sector de la minería e hidrocarburos, y con las nuevas élites emergentes, no haremos más que confirmar esta aseveración.
Es hora de que el pueblo boliviano empiece a hacer lo que sabe hacer cuando la derecha está allá arriba.
Huáscar Salazar Lohman
Fuente: Rebelión Publicado el 2 de febrero de 2016
Notas
[2] http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/154563-infiltrados-o-invitados-la-derecha-se-cuela-en-el-mas
[3] https://www.youtube.com/watch?v=9oWtM6arFWk&index=18&list=WL
[4] http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=117961
[5] http://www.eldeber.com.bo/economia/evo-presenta-normas-referidas-cumbre.html
[6] http://www.jornada.unam.mx/2012/02/07/politica/002e1pol
[7] ANAPO 2013 Anuario Estadístico 2012 (Santa Cruz: ANAPO)
[8] http://www.cfb.org.bo/noticias/economia-comercio/mesa-1-tierra-y-estructura-agraria-cumbre-agropecuaria-sembrando-bolivia
Huáscar Salazar Lohman (1983). Economista boliviano, vivió seis años en México donde realizó sus estudios de posgrado. Su más reciente publicación: “Se han adueñado del proceso de lucha” Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS (2015). Es miembro de la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos.