Gobierno de Nicaragua aísla protestas contra el canal
Miles de campesinos nicaragüenses realizan desde hace 5 días tranques en carreteras de varios municipios del país para exigirle al gobierno de Daniel Ortega la derogación de la ley de concesión del canal interoceánico. “No queremos que nos quiten nuestras tierras” gritaba Juan Sequeira, propietario de una pequeña finca situada en la comunidad de El Tule, en Río San Juan, en la ruta escogida para realizar el proyecto canalero. ¿Cómo Así que el gobierno nicaraguense autoproclamado cristiano, socialista y solidario, despoje y agreda a su pueblo para beneficio de las transnacionales?
En el departamento de Rivas, las protestas fueron reprimidas violentamente y hay más de cien manifestantes detenidos. A su vez, retenes policiales ubicados en los puntos de acceso a las protestas han paralizado a medios que se dirigían a cubrir y han intimidado a líderes políticos que intentaban solidarizarse con la causa. El diputado opositor Victor Hugo Tinoco, fue retenido y apuntado por armas mientras efectivos policiales registraban acuciosamente el vehículo en que se movilizaba. Por su parte la presidenta del partido ‘Movimiento Renovador Sandinista’(MRS) se mantuvo detenida por más de 6 horas en Nueva Guinea, junto con los líderes campesinos Freddy Orozco y Jairo Lazo.
El canal por Nicaragua carece aún de estudios de factibilidad ambiental y financiera, sin embargo, el gobierno y el empresario chino Wang Jing, dueño de la concesión, inauguraron ayer 22 de diciembre las primeras “obras” de construcción. Con una ceremonia cerrada para medios independientes, representantes gubernamentales y de la empresa concesionaria HKND, pusieron la “primera piedra” de los trabajos del canal: un plantel de carreteras, en la comunidad costera de Brito, en el municipio de Rivas.
Horas después, en un acto televisado, Ortega y Wang comparecieron triunfales e intentaron apaciguar las dudas de propietarios, ambientalistas, políticos, académicos y financieros, sobre los posibles fallos del proyecto. “El canal nos dará recursos para incorporarlos a las actividades productivas, para darles créditos justos a intereses bajos a campesinos que necesitan mejorar las condiciones de sus fincas y sus pequeñas propiedades” dijo Ortega.
Mientras, miles de pobladores que serían afectados por la expropiación masiva de tierras se manifestaron en distintos puntos, bajo una agresiva presencia militar y policial en las zonas. “Lo único que queremos es que nos dejen trabajar en paz, que nos dejen producir en nuestras fincas que son patrimonio de nuestros hijos”, dijo Francisco Báez, campesino de El Tule.
El canal partiría el territorio del país en dos, con terribles daños ambientales, según han explicado expertos nacionales e internacionales. La concesión ha sido criticada por la falta de transparencia y la poca información que se tiene sobre la verdadera identidad del empresario chino Wang Jing, la naturaleza legal de las empresas del consorcio, el papel del gobierno chino y la identidad de los inversionistas del mega proyecto.
Por: Dánae Vílchez
Fuente: Prensa Comunitaria
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