Argentina: El grito santiagueño

Una crónica del juicio de Monte Quemado. La primera semana del juicio por el asesinato del joven campesino Cristian Ferreyra se dirimió entre la calle y el Tribunal. Largos debates y movilizaciones masivas, pedidos de nulidad y cortes de ruta, testimonios desgarradores y mucha prensa. Pero en Monte Quemado, ciudad cabecera del departamento Copo, ubicada en el extremo noreste de la provincia de Santiago del Estero, se siente que se está ante un juicio histórico. 

 

 

Por primera vez un empresario sojero es acusado como responsable en un crimen cuyo trasfondo es el conflicto por la tierra. Al mismo tiempo, la participación como querellante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) transforma al proceso en un foro público de discusión sobre los agronegocios, sobre la violencia que genera el capitalismo extractivo, sobre la tenencia de la tierra y la producción de alimentos para la población.

 

El 16 de noviembre de 2011, Francisco Javier Juárez, nacido y criado en el Paraje La Firmeza, fue en su moto Honda Stone negra hasta el rancho de César Darío Godoy, ubicado en el Paraje Campo de Mayo. Juárez era empleado del empresario José Antonio Ciccioli. Y tenía una escopeta. Godoy había invitado a almorzar a su primo Cristian Ferreyra. Ambos formaban parte del Movimiento Campesino. Juárez entró al terreno, les pidió que salieran a conversar, y cumplió las amenazas que venía anunciando hacía varios meses. Los baleó. A sus 23 años, Cristian murió desangrado esa misma tarde, frente a su esposa Ángela Beatriz y su hijo Matías, de dos años. Darío sobrevivió de milagro.

 

Casi tres años después, el martes 4 de noviembre, la presidenta de la Cámara del Crimen de Primera Nominación, doctora Élida Suárez de Bravo, dio inicio al juicio con la lectura de la requisitoria elaborada por el Ministerio Público. Por decisión del Tribunal se alquiló un salón de fiestas que adaptaron para la ocasión. Los ochenta lugares previstos para el público se colmaron de veedores, periodistas e invitados de la querella. En primera fila se ubicó la enorme Nora Cortiñas. También llegaron respresentantes del CELS y de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. Afuera, una multitud de mil campesinos poblada de banderas y surgida del monte esperaba por justicia entre discursos, consignas y chacareras. Era una ampliación del campo de batalla en esta guerra por el m2.

 

La primera audiencia estuvo íntegramente dedicada a discusiones de tipo procedimental. De un lado, los tres abogados defensores presentaron sendos recursos de nulidad por supuestas incongruencias en la instrucción de la fiscalía, que fueron rechazados por el Tribunal. Por su parte, la querella, conformada por los representantes legales del Mocase, vio limitada su participación durante el proceso: podían presentar y controlar pruebas, pero no estaban autorizados a elaborar alegato ni proponer penas. Un desliz del equipo jurídico campesino durante la etapa de instrucción del proceso determinó esta decisión técnica con lamentables consecuencias políticas.

 

Enterados de la limitante interpuesta por el Tribunal, el Movimiento Campesino decidió cortar la ruta nacional 16. Los abogados Oscar Rodríguez (miembro de la APDH de La Plata) y Natalia Gramajo deliberaron con los militantes del Mocase cómo reaccionar. No les parecía justo que formalidades corporativas estuvieran por encima del derecho a querellar de los campesinos. El torniquete judicial se estrechaba y los excluía del proceso. Tal vez, un acto de fuerza podría conmoverlos. Así las cosas, se decidió continuar el debate al interior del recinto.

 

Oscar Rodríguez pidió a los jueces revisar el criterio. En una larga exposición, por momentos airada, enhebró argumentos académicos y jurisprudencias varias. Puso en primer plano el derecho de las víctimas y mencionó la importancia simbólica de su representado Sergio Ferreyra, que también fuera herido aquel 16 de noviembre, por su condición de militante del Mocase. Citó declaraciones, artículos y estatutos de legislaciones internacionales referidas a los derechos humanos que amplían el acceso a la Justicia. Aun así, los jueces resolvieron “no hacer lugar a la petición formulada porque de lo contrario el acusado se vería sorprendido por una acusación desconocida de la cual no pudo defenderse”.

 

Fue entonces cuando, desde el público presente en la sala, surgió un alarido de protesta. Deolinda Carrizo, más conocida como la Deo, llegada desde Quimilí, dijo: “Su Señoría: ahí aparece el Mocase, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero está metido en ese expediente. ¡Queremos tener nuestra voz!”. La presidenta del Tribunal respondió desde su micrófono: “Si me permite, señora, el Movimiento Campesino está representado por sus abogados. 

 

¿Ustedes piden justicia? Dejennos seguir”. Otra vez Oscar Rodríguez pidió la palabra, para insistir con su reclamo. “Les pido a los compañeros del Movimiento Campesino que escuchen en silencio, pero el tribunal debe también escuchar al pueblo y especialmente a su parte más humilde, porque la democracia es disenso y hay que asumir ese conflicto. Señora presidente, yo represento la palabra del Movimiento Campesino en este juicio y exigimos nuestro derecho a alegar”. Aplausos. La jueza pidió silencio. Se enojó. La Justicia privilegiaba guardar sus formas.

 

Sobre el final de la jornada fueron llamados a declarar los seis imputados por el crimen. Además del asesino Francisco Javier Juárez, se acusa a sus hermanos Walter y Victor Hugo Juárez, y a Mario y Carlos Abregú, como miembros de la banda parapolicial al servicio del empresario José Antonio Ciccioli. Todos se negaron a hablar.

 

Durante el miércoles 5 y el jueves 6 se escucharon numerosos testimonios que hicieron foco en reconstruir los hechos y sus motivaciones. Emotivos y determinantes fueron los de Mirta Noemí Salto (la madre), Ángela Beatriz Juárez (la viuda) y Sergio Javier Ferreyra (el primo).

 

Mirta contó que, mientras agonizaba, Cristian le confesó: “Mamita, me han baleado porque le dije que las tierras son nuestras”. Describió con detalles la trama mafiosa articulada en los parajes rurales por el jefe Ciccioli, su capataz Demetrio Palomo (excluido del juicio por problemas de salud) y la banda de los Juárez y los Abregú. Enumeró las amenazas recibidas. Y concluyó con una exigencia: “A mí me han hecho doler. El dolor es mío y lo llevo en las entrañas. Necesito que me hagan justicia. Es gente perversa, que mata por un pedazo de tierra. Y todavía hoy me siguen amenazando”.

 

La declaración de Ángela Beatriz fue esperada con expectativas. Además de concubina del joven asesinado, Ángela es prima-hermana de los principales acusados. Luego del traumático suceso ella decidió alejarse del Movimiento Campesino, aceptó los consejos y la ayuda del ex gobernador de la provincia Gerardo Zamora y eligió representante legal propio. Sin embargo, su testimonio confirmó los principales elementos presentados por la acusación: que el ataque de Francisco Javier Juárez y su banda había sido anunciado y planificado; que la orden, las armas y el financimiento fueron provistas por el empresario Ciccioli; que el origen del problema no fue ninguna riña entre vecinos sino un conflicto por la tierra. Además dijo que su hijo Matías, todavía hoy, a sus cinco años, recuerda que a su padre “lo mataron como a un perro”. 

 

A su turno, Sergio hizo énfasis en la conflictividad que vienen padeciendo hace varios años en la zona, desde la llegada de los abanderados del agronegocio. Con un tono enérgico y montuno, casi salvaje, que descolocó a los magistrados, mencionó los intentos anteriores de empresarios salteños por desmontar el campo de San Bernardo, lindero a sus territorios. Explicó lo que significa la resistencia y la organización campesinas. Y especificó con precisión que el arma usada por Javier Juárez era una Itaka recortada corrediza, calibre 12, grande, muy distinta a las escopetas que suelen utilizar los pobladores cuando salen a cazar.

 

En Monte Quemado, dos ideas distintas de lo que debe ser la justicia se han articulado. El Estado y las comunidades. La ilustración y lo plebeyo. La burocracia y la lucha social. El monte y la ciudad. El recelo es mutuo. También el interés en congeniar. El punto en discusión es la responsabilidad del poder económico. Esto recién comienza y vale la pena prestar atención.

 

Autor: Mario Santucho. Instituto de Investigación y Experimentación Política

Fuente: Sur 

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