Ecuador: ley de Aguas pretende mantener privatizado el líquido vital
¿Cómo así que a Ley de Aguas pretende mantener privatizado el líquido vital? “Si no se defiende el agua, no tiene sentido la defensa de la vida” Gerónimo Yantalema
La redistribución, los sistemas comunitarios y la desprivatización del agua fueron los principales “nudos críticos” o desacuerdos legislativos que forzaron a las movilizaciones masivamente del sector indígena y que detuvieron la aprobación de la Ley de Aguas en el 2010, a pesar de la mayoría parlamentaria oficialista de entonces. Luego de cuatro años se retoma el análisis de la cadente propuesta que se tropieza con los antiguos disensos, de modo que la fuerza de la movilización contra el poder legislativo, aparentemente nuevamente se hará presente.
En defensa de la tesis del gobierno, Miguel Carvajal, asambleísta de Alianza País, en su intervención en la sesión del jueves 5 de junio, dijo que desde el 2010 a mayo del 2013 la Comisión de Soberanía Alimentaria mantuvo 22 audiencias con un total de 1.500 organizaciones nacionales y 115 de segundo orden, como muestra de que el proceso ha sido participativo y democrático.
El informe, dijo Carvajal, recoge los consensos y disensos, como es el tema de la autoridad única, que necesariamente debe ser el Estado el órgano rector, la realización de un inventario y el manejo de recursos; el derecho al acceso del agua, y la imposibilidad de la gratuidad en los sistemas comunitarios ya que el mantenimiento y otros gastos deben ser autosustentables. Recalcó que se ha cumplido con la Constitución, que prohíbe la privatización de este recurso, y con la consulta prelegislativa dispuesta en el 2010.
Según el asambleísta se requiere 3 mil millones de dólares para el plan de riego y un total de 6 mil millones para el programa de acceso de agua segura y potable.
Previo a esta sesión legislativa, el 30 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, las organizaciones indígenas se reunieron para analizar sus requerimientos en cuanto a la aprobación de la Ley de Aguas anunciada por el régimen, concluyendo en 7 exigencias como parte de un Mandato de los pueblos indígenas.
Los mandatos hacen referencia al pedido de liberación de las concesiones de agua que se han entregado para las actividades extractivas, a la inequidad en la tenencia y administración del agua, reflejadas en la privatización, acaparamiento, mal uso, negocio y contaminación; por lo que se busca la desprivatización y una redistribución justa. Se menciona también la necesidad de la participación comunitaria en la toma de decisiones políticas, sociales, económicas y culturales sobre el agua, por lo que proponen la creación del Consejo Plurinacional e Intercultural del agua como autoridad única y suprema. Plantean que cese la persecución del Estado a los sistemas comunitarios y la intromisión de los entes gubernamentales en asuntos comunitarios; así como la dotación de recursos económicos para la protección y preservación del agua, construcción y reparación de canales de riego y sistemas de agua para consumo humano. Exigen el ejercicio pleno de los derechos colectivos a “ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”, y se declaran en movilización y sesión permanente por la aprobación inmediata de la Ley de Aguas, en el marco de los derechos y garantías establecidas en la Constitución, en los Convenios y Tratados Internacionales, así como en acciones y reuniones previstas para este 13 de junio del 2014.
Gerónimo Yantalema, ex asambleísta Pachakitik, manifiesta que en el informe del 2010 ya quedaron establecidas varias propuestas, como la eliminación de toda forma de privatización del agua, y se establece la terminación del contrato con Interagua. La conformación del Consejo Plurinacional del Agua que sería parte de la autoridad única del agua; también que el aprovechamiento del agua para el consumo humano sea una prioridad, sin embargo el negocio del embotellamiento continúa con el control. Está también la prohibición de actividades extractivas en las fuentes de agua.
El segundo informe de la Comisión de Soberanía, dice que al no conseguir el apoyo de Pedro de la Cruz de Alianza País, Gerónimo Yantalema de PK, ni Ramiro Terán del MPD, Alia nza País pactó con Madera de Guerrero, socialcristiano para aprobarlo y es lo que actualmente se discute.
Ninguna solución han dado los oficialistas sobre la injusta y desigual distribución del líquido vital, es así que el 64% del caudal del agua está siendo usufructuada por el 1% de propietarios privados, mientras que el 80% de unidades productivas o productores campesinos e indígenas apenas acceden al 12% del agua; la relación es similar en la tenencia de la tierra cultivable, dijo el dirigente indígena.
Para Yantalema el retraso de la aprobación de la Ley del Agua es de 5 años, y 2 de la auditoría integral del agua, es un manejo político que ha violentado la Constitución ecuatoriana en la Disposición Transitoria Primera que establece que: “en el plazo máximo de 365 días se aprobará la ley que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua y todo lo que conlleva”. También han sido vulnerados el Arts. 12: el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, y muchas comunidades no tienen agua; el Art. 318, que instituye que “el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, y se prohíbe toda forma de privatización del agua”. En este tiempo el beneficio sigue siendo para los empresarios y las transnacionales embotelladoras como la Coca Cola que es la que controla el 80% del agua, y para las mineras, negocios legalizados en los últimos años y que prácticamente se habrían fortalecido, según los datos del Foro de Recursos Hídricos”, cuenta Yantalema.
“Solo se ha recogido temas de forma pero de no de fondo, lo que es una contradicción, la inversión para el sector agropecuario bajó a 300 millones de dólares y al inicio del gobierno se bordeaba los 500, pero sí se consignan 2 mil millones para seguridad”, señala.
Para Yantalema, el sector indígena tiene dos planteamientos claros: la aprobación inmediata de la Ley del Agua, y el segundo exigir a la Asamblea que en el marco de la Constitución se establezcan estos cinco ejes propuestos que principalmente exigen se termine con la privatización y acaparamiento del agua, e iniciar un proceso de redistribución que vaya en beneficio de los proyectos de agua de riego en algunas provincias que están parados por más de 7 años por falta de decisión política y de recursos económicos, como es el es el caso de Pesillo-Imbabura que requiere 19 millones de dólares, Osogoche 70, y Yasipan 80 que cuentan con todos los estudios pero no con el dinero gubernamental. El apoyo solamente se da a la agroindustria y minería como parte de su propuesta de cambio de la matriz productiva.
Lourdes Tibán, asambleísta Pachakutik, lamenta que la sesión dada el 5 de junio se haya abierto con el mismo discurso de que la Consulta NO es vinculante, y lo que es más, hoy la asamblea continuará con los mismos cinco puntos de disenso, razón de la negativa para que se apruebe dicha Ley en el 2010.
“El destino de estos cinco disensos está hoy en manos del pleno de la Asamblea Nacional, y dependerá ya de las órdenes que tengan los 100 verdes desde el Ejecutivo”. Tibán aclara que los cinco puntos que fueron a la Consulta Prelegislativa el presidente no podrá vetarlos porque los acuerdos serían producto de una consulta que está sobre la potestad del Presidente de la República.
Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, anunció acciones para este viernes 13 de junio, como resultado de asambleas y otras reuniones que se han dado en todo el país; “los pueblos defenderán la Pacha Mama, el agua y la vida”, declara. Cree necesario que los resultados de la consulta prelegislativa deben ser vinculantes, si no no tiene sentido, opinión que coincide con la de Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán.
En la comisión de Soberanía Alimentaria las reuniones aún se mantienen con los representantes de organizaciones indígenas.
Autora: AMPARO SIGCHA
Fuente: Kaos en la Red