En esta situación es urgente y esencial recuperar el sentido, rescatar las facetas más democráticas que se han evidenciado en las expresiones populares en los últimos años en el país, reencontrarlas, articularlas, hacerlas masa crítica. Sumar rápidamente sensateces, configurar nuevas alianzas, re-abrirle caminos a la política. Crear deslindes con la cadena de agresiones políticas que desde la oposición y el Gobierno nacional nos han traído a la situación actual. Denunciar claramente y con fuerza los factores foráneos que promueven la violencia con sus políticas y declaraciones, los brutales cercos mediáticos internacionales contra Venezuela y la política intervencionista del gobierno estadounidense, que amenaza con hacernos mucho daño. En fin, organizarse para la paz, en vez de seguir avanzando hacia el precipicio al cual nos dirigimos. Nadie ha dicho que es cosa fácil, pero no tenemos otro camino.

No obstante, conviene pensar también qué se está desarrollando en las entrañas de este proceso. Si en el corto plazo sorteáramos el desbordamiento de la beligerancia, es necesario reconocer que esa construcción de la paz en realidad será un camino largo. Pactos, acuerdos y negociaciones, grupos de interés en disputa y requerimientos de estabilidad política interna, la potencial construcción de nuevas hegemonías, están también en el escenario próximo, pero se sostienen sobre un hecho ineludible: las bases materiales que generan las condiciones para una alta intensidad del conflicto político y social persisten. La grave crisis del modelo rentista petrolero no es, a nuestro juicio, una circunstancia coyuntural:

• hay una enorme volatilidad de los precios internacionales del petróleo, lo que volatiliza la economía venezolana;

• el país está inexorablemente enganchado a los menos rentables y demandantes crudos pesados y extra-pesados (Faja Petrolífera del Orinoco);

• se están desarrollando importantes cambios en el mercado energético global –dominado por los hidrocarburos– al tiempo que la OPEP tiene cada vez menos incidencia geopolítica;

• esto implica que cada vez hay mayores dificultades para la captación de la renta petrolera, lo que además se vería agravado ante un proceso de flexibilización económica que favorecería aún más a las corporaciones transnacionales, en detrimento de la captación de excedentes del Petro-Estado venezolano;

• pero no solo esto: las dificultades también se registran en la retención de la renta captada, la cual debe dirigirse en parte al pago de la deuda y sus servicios, o bien migra por fuga de capitales, entre otros factores;

• la debilidad política del Petro-Estado y la crisis hegemónica potencian aun más la corrupción como forma de distribución de la renta, lo que dificulta sobremanera una centralización de la misma, y la puesta en marcha de políticas coherentes para salir de la crisis;

• la severa crisis política, social e institucional también ha desestructurado buena parte de los canales de distribución rentística de la economía doméstica formal, prevaleciendo en cambio distribuciones a discreción y la economía informal;

• el ejercicio de la violencia pasa a cumplir un rol más determinante en las capacidades políticas, institucionales y sociales para apropiarse de esta renta.

Estas condiciones materiales son ineluctables, evidencian los nexos entre la inestabilidad económica y la turbulencia política y al mismo tiempo nos señalan la configuración de nuevos esquemas de gobernabilidad y gobernanza. En este sentido, es necesario resaltar la relación que existe entre la re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el relanzamiento y la reformulación del extractivismo en el país), de los mecanismos de captura y distribución de la renta (cambios en la arquitectura del capitalismo rentístico) y de los patrones de gobernabilidad y control social. Esta relación sufre transformaciones significativas en períodos de cambio histórico. El llamado “Pacto de Punto Fijo” (1958) se establecía en Venezuela sobre la base de hacer coherente los principios de una nueva gobernabilidad con los procesos de apropiación y acumulación de capital domésticos y transnacionales.

Pero los tiempos han cambiado. La reciente aprobación del proceso Constituyente del día 30 de julio convocado por el Gobierno nacional, o bien el llamado “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”1 presentado el pasado 19 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dan cuenta explícita de su necesidad de construir un nuevo marco de dominación y control social. Solo que ahora deben adaptarlo a las condiciones de la profunda crisis del modelo histórico petrolero rentista, inaugurado a principios del siglo XX; y a los marcos de una crisis económica global y de peligrosas tensiones geopolíticas.

El capital se filtra en las grietas de la crisis: rutas y coordenadas de una nueva fase del extractivismo

A pesar de nuestros dramas sociales y políticos, del caos existente, de la crudeza del conflicto, el capital foráneo negocia, con bajo perfil, se posiciona, avanza, gana concesiones, rompe obstáculos, echa raíces en nuestros territorios. La beligerancia y el desastre no le son ajenos; si por un lado es inestabilidad, por el otro es también oportunidad de negocios. En los acuerdos se van trazando rutas y coordenadas de nuevos ciclos de acumulación, se van delineando nuevos códigos, estructuras y geografías del extractivismo en Venezuela.

Podemos hacer un inventario general: ni la inestabilidad de los precios internacionales del crudo y el mercado energético mundial, ni el conflicto político nacional han detenido los acuerdos y las inversiones en la Faja Petrolífera del Orinoco, cinturón de petróleos no convencionales (pesados y extra-pesados) que, por sus costos y niveles de inversión e instalaciones requeridos, necesitan en cambio precios altos y estables. El objetivo: incrementar la producción. Desde principio de 2016 se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para invertir unos US$ 9.000 millones para la perforación de 480 pozos, sobre lo cual se ha venido avanzando en anuncios y acuerdos desde entonces hasta la fecha.

China National Petroleum Corporation, Rosneft, Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton, entre otras, resaltan entre las corporaciones que suscriben los últimos acuerdos. La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos que los regulan, lo que el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, ha llamado “régimen especial de inversiones” para que los proyectos logren su pleno desarrollo2. Facilidades económicas, tasas de cambio flotantes, zonas de desarrollo económico especial, socios foráneos que no solo participen accionariamente sino que ahora traigan el financiamiento necesario para los negocios (en lugar de los desembolsos de caja que asumía PDVSA)3, y algo importante: la cobertura de esas retribuciones y deudas con las corporaciones se basa en los barriles que provengan del aumento de la producción4. Esto es, más extractivismo para poder pagarles. Es el modelo de negocios de la Faja del Orinoco, que se proyecta al resto de los sectores de nuestra economía extractiva.

Se cuenta también: la búsqueda de reconexión de pozos en el occidente de Venezuela (como los del Lago de Maracaibo), área de viejas explotaciones convencionales; relanzamiento de los grandes proyectos gasíferos offshore (como el Rafael Urdaneta), con el proyecto Cardón IV en la península de Paraguaná como punta de lanza, destacando la explotación del mega-campo ‘Perla’ en la cual la inversión ha sido 100% privada (Del Pino dixit) –Repsol (50%) y Eni (50%)5–; re-impulso y reactivación de obras de infraestructura para la exportación de commodities como el Puerto de Aguas Profundas de la península de Araya (13/6) orientado al comercio petrolero principalmente con el mercado asiático6, la nueva fase de construcción del gaseoducto Venezuela-Colombia, el acuerdo de gaseoducto entre Venezuela y Trinidad y Tobago (PDVSA-NGC-Shell)7 o los puertos para la producción de Carbozulia; nueva fase histórica de la minería, con el proceso de certificación de reservas, reactivación de minas que cayeron en el período de crisis o apertura de otras nuevas en todo el país, como el Arco Minero del Orinoco y la conformación de la empresa mixta ‘Siembra Minera’ (Gold Reserve, oro y cobre, empresa a la que el Estado venezolano adeuda aproximadamente 992 millones US$)8 para la explotación del proyecto «Las Brisas»; empresas mixtas y memorandos de entendimiento con compañías como Faoz (una incógnita), Afridiam (Congo) o China CAMC Engineering para explotar coltán en el municipio Cedeño, estado Bolívar; Endiama (Angola)9, Guaniamo Mining Co. (EEUU) y empresas sudafricanas no anunciadas para explotar diamantes –en general las mineras junior suelen abrir el camino para la posterior aparición de las grandes corporaciones mineras–; pero también destaca la reactivación de las minas del proyecto de Lomas de Níquel (China Camc Engineering y Yankuang Group – sur de Aragua-Miranda)10, reactivación de Carbozulia (mayo 2017) con miras a la estabilización y posterior expansión de la producción de carbón11 (Inter American Coal, China CAMC Engineering y Yankuang Group), sea en las minas ya existentes o en nuevas, como ‘Las Carmelitas’12; o finalmente proyectos más pequeños de minería no metálica para la extracción de fosfato en el Táchira, mármol en Anzoátegui (empresa Canteras y Mármoles) o sílice en Lara.

Pero estas redes del capital que crecen y se expanden, estos nuevos métodos y marcos de negocios, no sólo evidencian una reestructuración económica en desarrollo –ciertamente inestable, contingente y maleable–, sino también revelan una específica correlación de fuerzas muy negativa para regímenes de intervención y proteccionismo estatal, formas de nacionalismo económico, y para el campo popular y la naturaleza. En este escenario van prevaleciendo cada vez más los intereses y agendas del capital transnacional, que trazan las rutas más estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los “recursos naturales”.

En esta específica correlación de fuerzas la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha estado al margen ni ha sido espectadora pasiva. Muy al contrario, ha sido actor principal para ir configurándola, a través de métodos cada vez más extremistas que impulsan este escenario del ‘capitalismo del desastre’. Porque, aunque se declare en el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” que “la justicia social es la prioridad” y los “desfavorecidos y vulnerables serán el objetivo central”, el horizonte constituyente de esta coalición política derechista conservadora ha sido neoliberal. En muchos casos sin secretos (como en el llamado ‘capitalismo popular’ de Maria Corina Machado). En otros, que son la mayoría de los casos, se esconden detrás de una retórica vaga y generalista sobre progreso, bienestar y desarrollo, sin mencionar la prevalencia de mecanismos de mercado, recortes, corporativización y desregulación. Pero a pesar de las sutilezas e intentos de hermetismo al respecto, siempre afloran estas voluntades y políticas neoliberales.

Por citar dos ejemplos recientes, el conocido empresario venezolano Gustavo Cisneros ha planteado que el modelo impulsado por Mauricio Macri en Argentina puede ser el idóneo para la Venezuela postchavista13; y aunque hayan criticado y sancionado hasta la saciedad el entreguista y devastador proyecto del Arco Minero del Orinoco, en mayo de este año el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, le aseguraba a las transnacionales mineras que asistían al ‘Latin American Downunder Conference’ en Australia que “una vez la democracia haya sido restaurada… las puertas estarán abiertas para recibir las inversiones” –our doors will be open to receive the investments–14, lo que va en consonancia con numerosas de las propuestas del bloque opositor de expandir el extractivismo en el país.

La pregunta que surge ante esta puesta en escena y el desarrollo y expansión de esta red de capitales foráneos en Venezuela, es qué tipo de modelo de gobernabilidad y control social pudiera estar gestándose de la mano de este proceso, y cuál podría ser el rol de la violencia en el mismo.

Adiós al ‘neo-extractivismo progresista’: violencia y nuevas gobernabilidades

Replicando el patrón histórico-colonial de la división internacional del trabajo y la naturaleza, las inversiones extranjeras en la crisis actual siguen dirigiéndose en proporciones considerables a los sectores extractivos –como se evidencia por ejemplo en el anuncio de ‘Alianzas Estratégicas’ entre el Gobierno Nacional y empresas extranjeras (21 de julio), donde el 92% de las inversiones era para minería y 8% para turismo15–. No solo no aparece el giro productivo para poder paliar la situación de precariedad económica interna, sino que el capital y las élites políticas locales establecen acuerdos de largo plazo que nos atornilla a un horizonte de extracción y despojo, vinculado a recortes y desregulación.

Se marcha el llamado “neo-extractivismo progresista”. El patrón que lo ha caracterizado se disuelve: la posibilidad de construir consenso social por la vía de la distribución masiva de las rentas presenta extraordinarios límites; la programática gubernamental sigue modificándose progresivamente; como ya se ha mencionado, continúan produciéndose cambios significativos en la correlación de fuerzas; y el contexto internacional va recrudeciendo aún más la competencia global por los “recursos naturales”.

En este sentido, y en relación a la gobernabilidad de este probable nuevo extractivismo, cabe preguntarse si las diversas formas de violencia que se han desarrollado en el país son sólo expresiones de un conflicto político coyuntural o en cambio estas también se instalan y se incorporan a los dispositivos de dominación, trazando las coordenadas de un régimen de control social en formación. Sus orígenes provienen de al menos tres escalas geográficas diferentes: una violencia imperial-geopolítica, una estatal-nacional y una social-molecular.

El contexto de intensa conflictividad y el colapso de la economía nacional han hecho prevalecer los marcos de un estado de excepción (que hasta el momento ha sido sectorizado), políticas de emergencia y conmoción, la creciente militarización de todos los ámbitos de la vida junto a mecanismos de intervención policial directa en barrios urbanos y rurales (como la llamada ‘Operación de Liberación del Pueblo’ – OLP). Esto no sólo se expresa en las actuales políticas del Estado, sino que se presenta como el horizonte de ‘seguridad’ de los partidos de la MUD. Recordemos que el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, ha señalado la necesidad de aplicar el modelo “exitoso” de seguridad del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cual podría emplearse de manera inmediata16. En el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” 2017 de la MUD se expresa como uno de los primeros objetivos de “un próximo gobierno” el “Plan efectivo y contundente contra la inseguridad” (punto 1.3).

Resalta también el empleo de actores armados informales por parte de los grupos políticos en disputa, que ejercen formas subterráneas de control social, generando formas directas de represión y terror en la población.

Al mismo tiempo, el abanico de operaciones de intervención que han sido impulsadas al menos desde 2002 por los Estados Unidos para lograr el ‘cambio de gobierno’ en Venezuela se han hecho cada vez más explícitas e incisivas –vea las recientes declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre sus esfuerzos para lograr la ‘transición’ en el país17– y tienen notable incidencia en el desarrollo de la violencia en el país. Un potencial avance y triunfos de esta política norteamericana en Venezuela plantearía una transición desde mecanismos de financiamiento de operaciones de inteligencia y desestabilización hasta formas de militarización de impacto regional (en conexión con acuerdos como el Plan Colombia) y estrategias de contrainsurgencia como forma de controlar territorios.

Por último pero no menos importante, también se registra el aprovechamiento de las crecientes formas de violencia social-molecular producto de las contradicciones sociales y territoriales (pobreza, exclusión, masificación de la corrupción y la impunidad), en especial a través de la cooptación de grupos criminales (urbanos y rurales) y la canalización de expresiones de fascistización social (evidentes básicamente en sectores de oposición al gobierno) que no solo generan crímenes de odio e intento de aniquilamiento del ‘enemigo’ (chavista) sino una profunda intimidación y terror en la población en general.

La imposición del orden y la lucha contra ‘agentes perturbadores’ serán planteadas como los medios para la consecución de la ‘paz’ –la ‘pacificación’. En estos casos es cuando la paz y la guerra se confunden más. Podríamos plantearnos reflexivamente la frase de Hanna Arendt cuando afirmaba en 1970 que la paz es la continuación de la guerra por otros medios. Para el caso venezolano, se han abierto ya nuevas preguntas sobre nuevas formas de poder, sobre la evolución de la estatalidad, sobre disputas territoriales por los bienes comunes. Y sobre todo, preguntarnos si terminaría de emerger una nueva versión de la economía de enclave del siglo XXI. Preguntas que además, tocan e interpelan a todo el resto de América Latina.

Resurgir del colapso del rentismo: re-existencias y la recuperación de las agendas propias de los movimientos populares

En Venezuela, todos los territorios y ámbitos de la vida cotidiana están en disputa. ¿Cuál es el horizonte, la estrategia, cuando la guerra y el estado de excepción van avanzando como régimen biopolítico para la acumulación de capital?

Cuando la paz es invadida de guerra, se va haciendo más difícil saber qué es y dónde se encuentra. A pesar de ello, ésta se convierte en una prioridad. Pero es necesario resaltarlo: organizarse para la paz implica reconocer que esta también se teje desde abajo, que supone que hay que ir hilándola, expresándola en la vida en los territorios, recreándola en las formas mínimas de convivencia, respeto, consensos, desplazando a la guerra de los espacios que busca ocupar, a través de resistencias y vida. Se trata del ejercicio de las re-existencias (como lo planteara Adolfo Albán), en la medida en la que se resiste a los diversos dispositivos de violencia, explotación, exclusión y despojo de la expansión capitalista, a través también de la reproducción de la vida, de su reafirmación a través de las prácticas cotidianas y la construcción de alternativas concretas.

Sin embargo, ¿cómo se puede enfrentar semejantes desafíos cuando el tejido social ha sido tan profundamente afectado, cuando se va desbordando el contrato social, cuando la barbarie se va normalizando, cuando se ha extraviado de tal forma el sentido en el país?

Nuevamente, hay que mirar adelante. Todavía hay mucho que rescatar. Aunque este socavamiento del tejido social nos atraviesa, no es una condición estructural o definitiva. Toca volver a mirar e inventariar todas esas potencialidades existentes en el campo popular venezolano, sus expresiones de democracia radical, sus experiencias productivas, sus narrativas y agendas propias, las formas emancipatorias de su dinamismo político aluvional. A pesar de que existan enormes obstáculos y debilidades, son finalmente estos factores el sustrato, la esencia, de cualquier proceso alternativo a desarrollarse en los próximos tiempos.

Pero también los tiempos invitan a reinventarse. El giro histórico-político de las luchas populares en Venezuela podría estar en la recuperación y re-centramiento de la dimensión territorial –abriéndose intempestivamente camino ante la irresistible primacía de los objetivos de escala nacional–; esto es, territorializar las luchas. Reconfigurar las localidades. Y tejer comunidad, en medio de las dificultades. Construir desde ya, alianzas con otros sectores de lo popular. Promover la creatividad, las éticas populares y el valor de la dignidad. Sin todas estas bases materiales, estas expresiones contrahegemónicas seguirán adoleciendo de organicidad, se evidenciarán débiles ante los numerosos dispositivos de guerra, tendrán una alta dependencia económica del Petro-Estado y los sectores privados y seguirán careciendo de resultados concretos en sus territorios para testimoniar ese mundo que sueñan transformar.

¿Qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas? No hay un panorama claro al respecto. Pero al menos, recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar.

De plano conviene resaltar que la situación de potencial impago de la deuda externa unido a la descomunal corrupción que se ha devorado las cuentas públicas puede hacer converger a numerosas organizaciones populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña nacional por la auditoría de todas estas cuentas del país. Se presentaría además una oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el desfalco con el extractivismo, en la medida en la que el respaldo material de estos procesos de despojo financiero global contra Venezuela son precisamente sus ‘recursos naturales’ y sus territorios. El relanzamiento del Arco Minero del Orinoco y todo el conjunto de proyectos que buscan re-colonizar viejas geografías y las nuevas fronteras de las commodities se realiza bajo esta racionalidad. De esta manera, podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas.

Se nos vienen extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas. Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza.

Caracas, julio 2017

– Emiliano Teran Mantovani es Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas – Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.