Guatemala: Hidro Salá sigue represando a defensores del territorio
La libertad de los últimos siete presos políticos de Huehuetenango apenas se ha empezado a celebrar, pero la persecución penal arbitraria en Guatemala no concede descanso. Diez personas encarceladas en Quetzaltenango denunciaban hace una semana que llevan entre 14 y 21 meses presos como resultado de la estrategia de imposición de la hidroeléctrica Hidro Salá en su municipio. Algunos de ellos eran y son defensores del territorio. Todos tienen claro que viven una persecución política y exigen su libertad. Por ellos se celebró este jueves 4 de agosto un Festival Solidario en San Marcos. Lamentablemente, la jornada se saldó con un nuevo detenido, una autoridad ancestral del Consejo Maya Mam. Son los 11 presos políticos de San Pablo (…) Así No. Carajo!!! No más!!!
Los 11 presos políticos de San Marcos que guardan prisión
Autor: Equipo de Análisis en Centro de Medios Independientes
Agosto 8 de 2016
Viernes 1 de agosto. Se cumple una semana de la absolución de los últimos siete presos políticos del norte de Huehuetenango, que en unas horas empezarán la gira de regreso a sus casas entre el calor de mucha solidaridad y reconocimiento. Pero hoy también es día de visita en la Granja Penal Cantel, Quetzaltenango.
No es fácil reconocer la Granja, si no se conoce. A cien metros de distancia, sólo se ve un cerro apacible. Pero en la cima de este, la cola y la alambrada aclaran el contexto.
El sol de media mañana quema y las medidas de seguridad impacientan: quitarse los zapatos, el cincho, una fotografía, varios sellos en el antebrazo…Sólo pasar el control, en una amplia zona ya perimetrada por la malla pero fuera de los sectores de encarcelamiento, varios presos esperan conducir al visitante que llega por primera vez hasta la persona que busque.
Las visitas del sector de San Marcos –los presos de este Departamento se ubican en Cantel desde que la cárcel marquense quedó destrozada por el terremoto de noviembre de 2012- se reciben en un patio rectangular, de unos 70 metros por 15. Una decena de árbloes se reparten el espacio con las mesas, que en una mitad del patio son pequeñas, y en la otra, grandes y rectangulares, bajo un rancho cubierto de lámina. En una de ellas, ocho comunitarios de San Pablo, San Marcos, se sientan a contar su historia y la de otras dos personas.
Patrones familiares
Antes de sintetizar los relatos de sus experiencias, conviene dibujar un esquema general de la situación de Fausto Sánchez Roblero; Marco Tulio Pérez Pablo; Simeón Mauricio Guzmán; Bruno Emilio Solís Pérez; María Maribel Díaz Gómez; Nery Edilma Santos López; Heriberto Evelio Santos López; Alfonso Chilel Hernández; Lorenzo Ramírez Rodríguez y Plutarco Irineo Clemente Pérez.
Para quienes estén familiarizados con los casos de Huehuetenango y otros procesos de criminalización en Guatemala, los siguientes datos resultarán familiares.
Todos ellos llevan entre 14 y 21 meses detenidos y han sido sentenciados a penas de entre dos y cinco años (aunque no son sentencias firmes, sino con recursos procesales interpuestos, y hay otras causas penales abiertas). Algunos de ellos son líderes comunitarios que se oponen legítimamente a la imposición en San Pablo del proyecto hidroeléctrico Hidro Salá, del Grupo empresarial FabriGas, en el que tiene participación la familia Ayau. Es el caso de Don Fausto.
Otros han sido activos también en la oposición social al alto cobro de la energía eléctrica por parte de Energuate, en particular Don Plutarco (que hoy no está presente porque asiste a la audiencia de uno de sus casos). Los demás, que son la mayoría, ni siquiera habían sido activos en ninguna de las dos luchas sociales mencionadas. Fausto Sánchez lo resume así: todos sufren una persecución política, unos por defender el territorio “dentro del marco legal” y otros directamente “agarrados del aire”.
El querellante adhesivo en la mayoría de las causas es la ultraderechista Asociación Liga Pro-Patria, y una de sus abogadas es Gilda Aguilar, exfiscal del Ministerio Público, cuestionada por su papel en las primeras detenciones contra defensores del territorio en Santa Cruz Barillas.
El total de causas son cinco, y los sucesos atribuidos a los 10 de San Pablo van de la retención de trabajadores de la hidroeléctrica a un atentado contra la Policía Nacional Civil (PNC). Han sido acusados y/o condenados por delitos como plagio o secuestro, asociación ilícita, robo agravado, atentado con agravación específica, entre otros.
Cabe mencionar que varios de los presos ya estarían en libertad si los querellantes adhesivos y/o el MP no hubieran interpuestos apelaciones especiales en sus procesos. Se trata de una dilación de los casos que supone el principal desgaste para los afectados.
Del arma nunca encontrada al plagio o secuestro
Efectivamente, son acusaciones recurrentes en otros casos de criminalización y que desafían a la lógica. En una de las causas, Marco Tulio Pérez Pablo; Simeón Mauricio Guzmán; Bruno Emilio Solís Pérez; María Maribel Díaz Gómez; Nery Edilma Santos López y Heriberto Evelio Santos López fueron detenidos el 10 de diciembre de 2014 acusados de asociación ilícita, robo agravado (de un arma), atentado especial con agravación específica, entre otros. ElPeriódico relató sobre los hechos:
“una turba se enfrentó a las autoridades del operativo, destruyó autopatrullas, intentó quemar la subestación y despojó del arma de fuego a un agente de la PNC, con la finalidad de liberar a [Fausto] Sánchez, para lo cual retuvo a un uniformado de Tránsito a quien pretendía canjear por el aprehendido”1.
Sin embargo, los acusados coinciden en señalar que la mayoría fueron detenidos arbitrariamente lejos de La Vega, el lugar donde supuestamente se había dado el conflicto.
Don Simeón había bajado ese día al pueblo a comprar pollo y no sabía que se estaban dando problemas; Don Nery dejó por un rato la siembra para ir a buscar golosinas que le había pedido su niña; Doña María Maribel –que está encarcelada en el Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango– fue al centro a por medicinas por que había estado enferma (incluso presentó la factura ante el juez). En el caso de Don Heriberto, fue detenido dos horas más tarde –ni siquiera aparece en la fotografía de la noticia que Nuestro Diario publicó de las detenciones– acusado de haber robado un arma que al parecer nunca apareció.
Además de la sorpresa de ser detenidos, llegó la de escuchar que supuestamente actuaron en coordinación.
“Nos acusan de asociación ilícita, pero nos conocimos aquí dentro. Yo, en lo personal, no tenía teléfono…¡hasta aquí nos conocimos!”, asegura Don Marco Tulio.
Existen varias causas solapadas en las que se juzgan dos presuntas retenciones a trabajadores de la hidroeléctrica. Uno de los hechos sucedió el 26 de septiembre de 2013, y los acusados son Don Fausto y Don Alfonso. Este último explica que él es conductor de pick-up. Ese día, después de un viaje a Malacatán, en el cruce de Nuevo San Francisco le pidieron un viaje para el Caserío Los Andes tres autoridades comunitarias juntos con otra persona.
Esta última persona, que hoy acusa a Don Alfonso, fue retenida por las tres autoridades para pedirle explicaciones por su incumplimiento un trabajo comunitario de tareas de piedra que había quedado acordada entre los vecinos para arreglar una carretera. Don Alfonso niega cualquier responsabilidad y asegura que Don Fausto ni siquiera estaba en el lugar de los hechos.
El otro suceso habría ocurrido el 8 de agosto de 2014, y se acusa de nuevo a Don Fausto, a Don Lorenzo y a Don Plutarco de haber retenido a ingenieros de la hidroeléctrica. Don Lorenzo explica que él llegó cuando el asunto ya se estaba resolviendo, después de que lo llamaran por teléfono, y que él sólo firmó un acta que también habían firmado los mismos ingenieros y los comunitarios allí reunidos. “No fue asunto mío, sino de toda la comunidad”, explica Don Lorenzo.
En estos dos últimos casos, de nuevo se identifican patrones de otras causas en las que se terminó absolviendo y dejando en libertad a los acusados. La tipificación del delito de plagio o secuestro, que en realidad fue creado para perseguir los llamados “secuestros exprés”, no contempla medidas sustitutivas. El señalamiento de determinadas personas en hechos en los que participó gran cantidad de población o el hecho de que entre los acusados haya personas que habían ocupado cargos de representación comunitaria (Don Fausto había sido representante de los sectores de El Provenir, Tocache y El Centro, además de ser autoridad ancestral del Consejo Mam Te Txe Chman, el Consejo Mam de San Marcos; Don Lorenzo fue alcalde auxiliar del caserío Las Brisas en 2014).
Otras dos acusaciones contra Don Plutarco están a cargo de la Fiscalía Especial contra el Hurto de Fluidos, y se le atribuyen delitos de atentado contra la seguridad de los servicios de utilidad pública e instigación a delinquir, en la primera de ellas, y de acciones que atentan contra prestación de energía eléctrica, en la segunda.
Patrones del dolor
El dolor y el desgaste acumulado por los 10 de San Pablo durante estos largos meses es evidente. Una de sus manifestaciones son las afectaciones en la salud. Don Lorenzo, de 75 años de edad, tiene al parecer un derrame en el ojo izquierdo, una dolencia que no sufría antes de ingresar a la cárcel. “Es por el miedo”, asegura. Los médicos le han dicho que debe operarse. La intervención le cuesta 1.600 quetzales, y no cuenta con ese dinero. Quienes están presos en La Granja viven en un edificio de 25 metros por 10 en el que se hacinan 180 personas. La gripe y el resfriado son las afectaciones más comunes.
Son casos que recuerdan a las dolencias de Don Chico Palás siendo recluso del Centro Preventivo de la Zona 18 de la capital, o a las dificultades de Saúl Méndez cuando sufría gastritis en el Preventivo de Huehuetenango, por mencionar dos ejemplos.
Hay paralelismos más agradables, dentro de la adversidad. Los canastos que Don Alfonso teje para poder tener algún ingreso o las billeteras que Doña María elabora recuerdan a los jarrones y los morrales que Rogelio y Saúl confeccionaban en la misma prisión de Huehuetenango. Rogelio también acostumbraba a llevar puesto un rosario como el que hoy cuelga del cuello de Fausto Sánchez.
Todos ellos tienen hijos o nietos a su cargo, esposas, familia. Las otras caras de la cárcel. La esposa de Don Alfonso se enfermó de gravedad en los últimos meses y tuvo que ser operada. El hijo de Don Marco Tulio terminó el Pensum de psicología, se casó y le dio su primera nieta, pero Don Marco Tulio no pudo estar presente en ninguna de esas ocasiones.
Doña María Maribel no pudo evitar llorar en una de sus audiencias al contar que era madre soltera. La respuesta del Ministerio Público fue decirle que, si lloraba por sus hijos, no debía preocuparse, ya que la Procuraduría General de la Nación podía hacerse cargo de ellos.
Convicción
Don Fausto cuenta que, antes de que surgiera la persecución penal, la población organizada en defensa del territorio de San Pablo solicitó la presencia del Consejo Municipal y del alcalde en particular hasta en tres ocasiones. Querían que explicara bajo qué condiciones había acordado la concesión de la licencia a la hidroeléctrica, de espaldas a la población. Pretendían averiguar si realmente existía un beneficio y un desarrollo para las comunidades con la llegada de esta empresa.
“La Procuraduría de los Derechos Humanos tomó nota de que el alcalde no vino, pero nunca se han pronunciado diciendo que esto (el encarcelamiento de los 10) es una injusticia. Las concentraciones se hicieron dentro del marco legal. Exigimos respeto al territorio. Estamos a favor de la explotación de los recursos, claro que sí, pero razonablemente y cumpliendo la ley y los tratados que el Estado ha violado”.
Por su parte, Don Marco Tulio trata de no perder la fortaleza y sus ideales:
“Me he cuidado de salir de aquí sin resentimiento social, de no tener una depresión, de cuidar de mi familia y de mi, y de seguir trabajando con un sentido social, por el bien común”.
Solidaridad y nueva detención
Para hacer frente al desgaste y ante la falta de celeridad de la justicia, los esfuerzos para articular la solidaridad y exigir que se detenga la persecución política contra los comunitarios marquenses van tomando forma, al igual que fue sucediendo progresivamente en Huehuetenango. Este jueves, día en que se celebró una audiencia en el caso de Fausto Sánchez y Alfonso Chilel, tuvo lugar en la cabecera departamental de San Marcos un festival para reivindicar la libertad de los 10 de San Pablo.
El festival se estaba desarrollando con éxito, pese a la llovizna. Centenares de personas se concentraron desde las nueve de la mañana frente al kiosko del parque central de San Marcos con mantas en las que se podía leer “No hay paz sin justicia. Fausto es inocente” o “Despierta pueblo, únete a la lucha”. Las letras comprometidas del Movimiento de Artistas Indignados de Xelajú (MAIX), las voces locales del grupo Trova Libre y la música ancestral expresada a través de Fausto Fuentes fueron algunas de las expresiones artísticas que se añadieron a la reivindicación de justicia.
En paralelo, otros representantes comunitarios y de organizaciones acompañaron la audiencia de Don Fausto y Don Alfonso. Aproximadamente a las 9.00, Don Fausto había podido comentar en la entrada del juzgado: “Nosotros esperamos una justifica real, ¿verdad? Y que las autoridades sean imparciales. Porque esto es un show político sucio en contra de Fausto Sánchez y en contra del pueblo Maya Mam del municipio de San Pablo”. La audiencia fue pospuesta a los pocos minutos hasta las 11.30.
Precisamente a esa hora saltó la alarma. Un nuevo comunitario pablense, la autoridad ancestral del Consejo Maya Mam Óscar Sánchez, había sido detenido.
Según testimoniaron algunas organizaciones en defensa de los derechos humanos, la detención se produjo de la siguiente manera. Una mujer identificada con el chaleco de la Liga Pro-Patria y una persona que se presenta como víctima en el caso contra Fausto Sánchez, Casimiro Pérez, señalaron a Óscar Sánchez ante agentes de la PNC en los alrededores del juzgado.
Estos agentes se acercaron a Don Óscar, le pidieron el DPI y que los acompañara a comisaría. Don Óscar entregó su identificación, se presentó como autoridad ancestral de su municipio, portando la vara en ese momento, y acompañó a los agentes. En la comisaría, se le entregó el orden de captura en la que se le sindica de los delitos de plagio o secuestro y asociación ilícita. En la misma comisaría, Óscar Sánchez, engrilletado a un banco, pudo ser entrevistado. Vean la entrevista en el siguiente video:
Más allá de las claras palabras de Óscar Sánchez, cabe destacar la presencia en la comisaría de la abogada de la Asociación Liga Pro-Patria Gilda Aguilar, que aparece acompañada de Casimiro Pérez y platicando con un agente de la PNC. La mujer que cuestiona a Óscar Sánchez su cargo de autoridad ancestral durante la entrevista es la mujer que junto con Casimiro Pérez supuestamente habría señalado a Óscar Sánchez minutos antes. Esta misma mujer se había acercado en la mañana a algunos comunitarios concentrados frente al juzgado en apoyo a Don Fausto y Don Alfonso, para platicar sobre el fondo del caso. Estos comunitarios accedieron al diálogo de manera tranquila.
En cuanto a Óscar Sánchez, es originario de Tacaná, de la aldea Chactelá, y en 2001 tuvo acceso a tierra, junto con otras familias, en el lugar donde hoy vive, la comunidad Las Neblinas del municipio de San Pablo. Finalmente, fue trasladado a La Granja Cantel.
La audiencia de Fausto Sánchez y Alfonso Chilel no llegó a escuchar la lectura de las conclusiones del tribunal, como se preveía, sino que fue aplazada hasta el 18 de agosto. Durante su transcurso, según han relatado algunos de los presentes, las conclusiones de la acusación fueron débiles y basadas en un supuesto informe sobre una estructura criminal.
Un documento que trata de incriminar a las autoridades ancestrales y que en su conjunto es de poca claridad y consistencia, hasta el punto que ni siquiera su autor lo ratificó. En otras palabras, el enésimo punto en común con los casos de Huehuetenango, en los que el Ministerio Público incorporó a su investigación un burdo informe de estructura criminal donde aparecían los principales liderazgos comunitarios de la región, careciendo de cualquier fundamento.
Los querellantes pidieron una sentencia de 37 años de prisión (siete por el delito de asociación ilícita y 30 por el de plagio o secuestro). La defensa, la absolución y la inmediata libertad de los acusados.
La jornada resultó, en definitiva, una nueva muestra de apoyo y solidaridad hacia los ahora 11 presos políticos de San Pablo, empañada con un nuevo golpe al pueblo Mam, otra dosis de impotencia. En el contexto, la cuesta es pronunciada. Una subida hasta La Granja con la carga acumulada de mucho tiempo.
Los casos de criminalización precedentes han tenido que dilatarse por meses hasta caer en manos de jueces que desacreditaran las acusaciones. Pero los presos siempre han pedido el apoyo social para que su causa –y la de los pueblos– no quedase silenciada. Se trata de una nueva ocasión que lo requiere, y nuevas voces se encargan de recordarlo, como la de Don Fausto hace una semana desde Cantel:
“Vivimos en un Estado que se dice democrático, pero que no respeta nuestro derecho a la toma de decisiones. Es hora de que se empiecen a respetar nuestros derechos como pueblos”.