Colombia: lucro para empresarios o salud para la gente
El sistema de salud de Colombia genera grandes ganancias a las empresas de salud y miles de muertes a los colombianos y colombianas. El Estado que debe protegernos nos persigue, nos abandona y permite el lucro con nuestro sufrimiento. Intentamos organizarnos para resistir y exigir la salud como derecho fundamental, pero enfrentamos una maquinaria de engaños y trampas al servicio de un negocio privado. La historia que contamos a continuación es una de muchas. Convocamos la solidaridad, la consciencia y el apoyo de todas y todos por Mireya y por que con ella nos ayudemos a denunciar y transformar este sistema que privatiza los derechos. Porque en Colombia el modelo de salud mata, compartimos nuestra palabra, esta denuncia y el llamado a buscar alternativas.
El Sistema de Salud en Colombia viene enfermando, arruinando y matando a millones de colombianos y colombianas. El Estado que debe protegernos, nos persigue, nos abandona y permite el lucro con nuestro sufrimiento. Intentamos organizarnos para resistir y exigir la salud como derecho fundamental, pero enfrentamos una maquinaria de engaños y trampas al servicio de un negocio privado. La historia que contamos a continuación es una de muchas. Convocamos la solidaridad, la consciencia y el apoyo de todas y todos por Mireya y por que con ella nos ayudemos a denunciar y transformar este sistema criminal. Porque el sistema de salud en Colombia mata, compartimos nuestra palabra, esta denuncia y el llamado a buscar alternativas.
Mireya Beltrán Rodríguez es una mujer de 49 años de edad y atraviesa un duro momento en su vida. Padece leucemia y tiene un tumor en el seno. Su madre, Agueda Rodríguez, de 80 años, también tiene leucemia y su Aseguradora de Salud (EPS) Saludcoop le niega un medicamento indispensable para su vida. A ellas como a tantas personas en Colombia les es negado el derecho a la salud. La situación de pobreza las tiene cercadas y condenadas a esperar la muerte en su casa. Mireya es pensionada por la privatización de Telecom (empresa estatal de telecomunicaciones) pero hace tres años la Corte Constitucional congeló la pensión a 400 personas, entre ellas a Mireya. Es madre cabeza de familia pero no puede responder por su hogar, con un hijo especial, por su situación de salud y de calamidad económica. Mireya permanece en su casa con la zozobra de que el acueducto de Villavicencio le suspenda el servicio de agua por retrasos en los pagos. Mireya requiere que se le devuelva su pensión ante una situación de calamidad y, junto con su madre, atención pronta y oportuna por parte del sistema de salud.
Como el de Mireya hay miles de casos en Colombia que sufren en la soledad. Actuemos por justicia con ella y a través de ella con los miles de casos silenciados. No se trata de una equivocación en la atención. El sistema de Salud en Colombia, desde la ley 100 de 1993, concibe la salud como un negocio y no como un derecho. Las Empresas Promotoras de Salud -EPS- tienen el poder de decidir y disponer de los recursos que aportan todos los colombianos para el servicio de Salud. Prestan el servicio calculando la rentabilidad económica para la empresa y no la buena atención. Niegan el acceso a los medicamentos y aplazan tratamientos necesarios y vitales. Por eso miles de personas han muerto esperando un tratamiento y muchos han muerto en las puertas de los hospitales al negarles la atención. Mireya y su mamá no pueden ser una cifra más en casos de violación del derecho fundamental a la salud.
Actualmente el gobierno nacional ha radicado en el Congreso de la República un proyecto de reforma a la Salud que se promociona como una solución frente a los atropellos de las EPS. Pero lo que en realidad hace es profundizar la crisis y encubrir la mercantilización del derecho a la salud. A pesar de que las EPS quisieron burlarla, mucha gente pudo resolver su angustia a través del mecanismo constitucional de acción de tutela, con lo que se ha evitado más sufrimiento y muerte de la que hasta ahora se ha dado. Sin embargo el proyecto busca dejarla sin piso al declarar inembargables los recursos de salud y considerarlos privados una vez se le entregan a las EPS y al inventar otro mecanismo jurídico dependiente del mismo sistema de salud y no del judicial. Promete acabar con las EPS pero solo cambian de nombre (ahora se llamarían EGS, empresas gestoras de salud). La reforma a la salud da una vuelta para empeorar la situación de la salud y mejorar las ganancias de las empresas. Permitir que esta reforma pase es dejar que más colombianos y colombianas sigan agonizando como Mireya y su mamá.
Los sectores que defienden el derecho a la salud han presentado un proyecto de reforma cuyo eje fundamental es consolidar un sistema de salud que subordine el negocio a la obligación de garantizar atención universal, oportuna, apropiada y de calidad a las personas. Derecho que recae en lo fundamental en el Estado y al que se someten entidades públicas y privadas con recursos y mecanismos de control y fiscalización firmes y viables. Esta propuesta requiere de todo el respaldo posible, para que no sea ignorada por los negociantes y sus contrapartes en el Congreso y el Gobierno. No solamente denunciamos, también nos movilizamos y tenemos propuestas ante este horror y deben ser escuchadas. Mireya y su mamá es uno de muchos casos que, con esta propuesta ciudadana, no seguirían sucediendo.
Si Mireya fuera mi hermana, si Agueda fuera mi mamá ¿cómo me movería para que sus casos sean resueltos y nunca más se repitan?
Apóyanos firmando esta petición para que se atienda de manera inmediata a Mireya Beltrán Rodríguez y a su madre Agueda Rodríguez; para que nunca más nadie sufra su martirio, se derogue la ley 100 y no se apruebe la nueva reforma oficial a la salud; para que haya Verdad, Justicia y Reparación Integral frente a los crímenes del sistema de seguridad social en salud de Colombia; y para que apoyemos y consolidemos una ley popular y ciudadana que anteponga la salud como un derecho fundamental.