Ecuador: las víctimas son condenadas. Los victimarios juzgan y sentencian

El 17 de agosto de 2015, la Policía del Ecuador bajo órdenes del Presidente Rafael Correa realizó una brutal represión contra el Pueblo de Saraguro, Provincia de Loja, Ecuador. Las imágenes y denuncias le dieron la vuelta al mundo. La máscara de líder democrático, defensor de los pueblos y gobierno popular se cayó con estas y otras actitudes. El gobierno Correa impidió por todos los medios que se conociera la agenda de movilización y las graves y probadas denuncias que señalaron con el respaldo de datos y evidencias la crisis a la que el Gobierno Correa ha llevado al Ecuador, su entrega a intereses corporativos y del capital transnacional y la persecución sistemática y despojo a los pueblos indígenas y a la población empobrecida del Ecuador. Correa y Alianza País habían mentido, violado la Constitución de Monte Cristi y gobernado para el Capital transnacional mientras lo denunciaban y atacaban en el discurso. La movilización indígena y popular avanzaba desde el norte y el sur hacia Quito. La brutalidad policial en Saraguro culminó con la captura de 29 comuneras y comuneros. Su inocencia fue probada. Sin embargo, 10 fueron juzgados y sentenciados. Dos de ellos ayer a 4 años de cárcel. Según se explica en los comunicados anexos, las condenas violan la Constitución, irrespetan la jurisdicción indígena, violan la ley del Ecuador y ponen en evidencia, junto con los alrededor de 700 casos de persecución judicial en curso, que el gobierno de Correa se levantó para alcanzar el poder sobre los pueblos que persigue, que su mandato era luchar contra el capitalismo y a él se ha entregado, que Ecuador se arrodilla a pesar de las mentiras del Presidente ante la Unión Europea y el extractivismo de todos los poderes y que, por defender el agua, la tierra, la Pachamama, la dignidad, Correa considera al pueblo que lo llevó al poder, primitivo y criminal. Pero lo respaldan izquierdas sectarias en el Ecuador y el mundo que no luchan por el socialismo y contra el capital, sino por el poder, sus beneficios, o la religiosa fe en un discurso que se traduce en cárcel, miseria y destrucción de la tierra. Los condenados como criminales son:
“Luisa Lozano tiene 39 años, defensora del derecho a la tierra, agua y a una vida digna para los pueblos y nacionalidad indígenas. Es madre de 4 hijos: 3 son menores de edad. También trabaja de conserje en una escuela comunitaria de Las Lagunas, lugar donde vive y donde el 17 de agosto de 2015, los policías y militares ingresaron con bombas lacrimógenas y toletes para restablecer el “orden”. Luisa recuerda que aquel 17 de agosto cruzaba por la comunidad cuando vio que a una mujer embarazada era golpeada por los agentes del Estado. Se acercó ayudarla y fue detenida. Hoy fue sentenciada a 4 años de prisión. Amable Angamarca, fue parte del Seguro Social Campesino. Defiende el derecho a la tierra y al agua. El 17 de agosto fue testigo del maltrato a los comuneros de Saraguro. Hoy fue sentenciado a 4 años de prisión.”
Quienes defienden hoy como antes la opresión y el despojo a nombre del pueblo, son siervos del sistema y enemigos de la vida. Escoger entre dos derechas con diferente discurso es someternos. Libertad para Luisa y Amable. Ecuador para sus pueblos y nacionalidades y no para el capitalismo izquierdo-parlante. Así No!! Pueblos en Camino

Tribunal de Loja sentenció a 4 años de prisión a dos procesados del caso Saraguro 

 

Amable Angamaraca y Luisa Lozano. Foto Resistir es mi derecho
El Tribunal de Garantías Penales de Loja conformado por Pablo Narváez, Mercy Hurtado y René Muñoz dictaminó hoy, 30 de mayo de 2016, la pena máxima de cuatro años de prisión para 2 de los 10 procesados del caso 29 de Saraguro, acusados del presunto delito de paralización de servicio público ocurrido el 17 de agosto del año anterior cuando se desarrollaba el levantamiento indígena y paro nacional.

Según el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito tiene una pena de 1 a 3 años de prisión. Sin embargo, se aumenta el tercio de pena cuando hay agravantes.

Esta sentencia condenatoria en contra de Luisa Lozano y Amable Angamarca, oriundos de la comunidad de Laguna, cantón Saraguro, en la provincia de Loja, es arbitraria e ilegítima porque vulnera los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Irregularidades del proceso

Primero, Fiscalía no logró probar la culpabilidad de Luisa ni Amable en el delito que se le imputa, no obstante se dictaminó una sentencia condenatoria. Dos, el Tribunal no contó con interprete Kichwas para el desarrollo de las audiencias. Tres, no se respetó la resolución de las autoridades indígenas sobre los 10 procesados y cuatro, no se dio paso a la declinación de competencias, pese a que la Ley Orgánica de la Función Judicial reconoce y garantiza la declinación de competencias de jueces ordinarios a las autoridades indígenas.

La Constitución en su Art. 76 Nº 7 literal i), determina que “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto”.

De igual manera, el Art. 344 literal c) del Código Orgánico de la Función Judicial garantiza el principio denominado “Non Bis in Ídem”, el que explícitamente precisa “Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional”.

La única instancia que puede revisar la actuación de las autoridades indígenas es la Corte Constitucional del Ecuador.

No obstante, si los miembros de las comunidades indígenas son juzgados por la justicia ordinaria, estos magistrados deben aplicar el Art. 10 del Convenio 169 de la O.I.T que establece:

1. “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Por lo tanto, la sanción debe ser diferente a la cárcel.

¿Quiénes son los enjuiciados?

Luisa Lozano tiene 39 años y es defensora del derecho a la tierra, agua y a una vida digna para los pueblos y nacionalidad indígenas. Es madre de 4 hijos: 3 son menores de edad. También trabaja de conserje en una escuela comunitaria de Las Lagunas, lugar donde vive y donde el 17 de agosto de 2015, los policías y militares ingresaron con bombas lacrimógenas y toletes para restablecer el “orden”. Luisa recuerda que aquel 17 de agosto cruzaba por la comunidad cuando vio que a una mujer embarazada era golpeada por los agentes del Estado. Se acercó ayudarla y fue detenida. Hoy fue sentenciada a 4 años de prisión.

Amable Angamarca, fue parte del Seguro Social Campesino. Defiende el derecho a la tierra y al agua. El 17 de agosto fue testigo del maltrato a los comuneros de Saraguro. Hoy fue sentenciado a 4 años de prisión.

Dato:
Desde la notificación de la sentencia, los abogados tienen tres días para apelar el dictamen del juez.

Comunicación INRREDH
Mayo 30 de 2016
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=857%3A2016-05-31-00-58-03&catid=1%3Aactualidad&Itemid=143

Dos miembros del pueblo Kichwa de Saraguro, Ecuador, sentenciados a 4 años de Cárcel por defender los Derechos Humanos

Urgente
Boletin de Prensa
CONAIE

Culmina Irregular proceso de Juzgamiento de 10 indígenas de Saraguro

Después de casi diez meses de proceso, hoy en el Tribunal de Garantías Penales dela ciudad de Loja, los jueces: Mercy Hurtado, Pablo Narvaez y Rene Muñoz, dictaron sentencia para 10 del grupo de 29 personas que fueron judicializadas después del ultimo paro nacional del 17 de agosto del 2015.

A pesar de que 8 han sido declarados inocentes, 2 de ellos están condenados a 4 años de prisión. Llama la atención que a estos dos procesados, les den la pena máxima mas el tercio de la pena, según los jueces por poseer pruebas contundentes (fotos.videos) que están totalmente en contra de las versiones de los compañeros.

La coordinadora de movimientos sociales de Saraguro, la Coordinadora nacional de Comunicacion: Resistir Es Mi Derecho, asi como las organizaciones afines, comunidades, amigos y familiares, expresamos total repudio al accionar cuestionable de las autoridades, denunciamos que ha sido un proceso lleno de irregularidades e injusticias, con pruebas tergiversadas, testimonios falsos, violación al debido proceso, reunión de los abogados del ministerio del interior con los jueces, negación de derechos y desconocimiento de las garantías constitucionales y de los instrumentos jurídicos internacionales que legitiman la Justicia Comunitaria.

Exigimos la libertad de inmediata de todos los procesados de Saraguro, además el respeto a la resolución de la justicia Indígena que declara inocentes a los 29 compañeros y compañeras así como la investigación a los responsables de la represión violenta que dejo heridos y detenidos que hoy han sido sentenciados.

Anunciamos medidas de resistencia ante el atropello contra todo el pueblo Kichwa Saraguro, hemos resistido 523 años al racismo y la injusticia, seguiremos en la lucha.
Coordinadora de movimientos sociales del Pueblo Kichwa Saraguro.

La Coordinadora nacional de Comunicacion: Resistir Es Mi Derecho
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Mayo 30 de 2016 20:03 hrs.
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