Empresas transnacionales, parte del engranaje del sistema capitalista
Compartimos un artículo de Jília Martí Comas, activista la campaña «Desmantelemos el Poder corporativo y Pongamos Fin a la Impunidad» en la que plantea su análisis sobre la agresión del capitalismo centrada en las corporaciones transnacionales y las resistencias-alternativas(simultáneas) a partir de luchas indígenas y populares y movimientos sociales. Se escribe y publica un año después del seminario «Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista» convocado por el EZLN, entre otros ámbitos de pensamiento y acción críticos anti-sistémicos y lo leemos a la luz de la palabra y acción de las y los de abajo. Es un buen insumo para el debate justamente si se cuestionan ciertos planteamientos y posturas, entre las que destacamos, por ejemplo: 1. ¿Quién habla?, es decir, quien escribe asume una perspectiva y lectura desde un lugar. Asumir que habla a nombre de o desde los movimientos sociales, indígenas-populares de resistencia no sólo es equivocado sino que invita una lectura parecida a la del “Foro Social Mundial” o la de movimientos anti-globalización que siendo anti-sistémicos, expresan selectivamente intereses y perspectivas de algunos sectores sobre otros y tienden desde allí a arrogarse con la mejor voluntad el derecho de definir y a enmarcar, a nombre de la diversidad, (reduciéndola desde una lectura restringida) un espectro de luchas y tiende, por razones múltiples, a excluir o a incluir selectivamente los procesos que confrontan en el terreno y a diario al sistema. 2. El énfasis en las ETN que se presenta, aunque valido excluye sin embargo unas articulaciones y coordinaciones que no deben obviarse, por ejemplo, el poder bancario-especulativo-financiero y los mecanismos y estructuras contrainsurgentes. La lucha contra las ETN es realmente la lucha contra el capitalismo transnacional del que estas son tentáculos visibles y poderosos articulados a otros. 3. Las fuentes que sustentan los argumentos planteados, corresponden visiblemente a un sector específico que hace una lectura particular del contexto desde un ámbito reconocido. Sin negar la utilidad de estos argumentos, quedan por fuera la palabra y experiencia de y desde las luchas, que la tienen y no solamente porque sean mencionadas desde fuera por quienes acá son citados y así, la experiencia de ese resistir-generar alternativas, no tiene la carne, el sudor, la vivencia de la experiencia, sino que se nutre de estas para una abstracción. Dicho esto, el texto es sin duda un aporte para ser discutido y tiene información útil. Reclama un debate, un espejo de muchos espejos y permitiría, entre otras cosas, reconocer indirectamente la manera en que procesos como el Foro Social Mundial y movimientos como Indignados, 15M, las luchas desde abajo como las del movimiento indígena en Ecuador o las guerras populares de Bolivia, la Minga Indígena y Popular y tantos otros, fueron capturados y son capturados hoy a partir de argumentos como los presentados acá que han facilitado de hecho canalizar las luchas desde abajo en resistencia/autonomía, hacia maquinarias institucionales o político-electorales y la captura del sistema que define lo permitido. Es el trabajo de una compañera y por ello, merece atención, lectura y pasarse por la memoria que hoy, ante la catástrofe del progresismo, el avance del fascismo y la necesidad de respetar y reconstruir procesos que no se cansen, no se vendan y no se dejen engañar, puedan interpretar los riesgos de no analizar con la memoria a cuestas y viva. Es una lectura particular, parcial, desde un lugar y esto, justamente hay que descubrirlo y ubicarlo, como nos lo enseñan las consecuencias actuales de no haberlo hecho ¿Dónde Estamos? En tiempo Real. Pueblos en Camino
EMPRESAS TRANSNACIONALES: Lucha contra los engranajes del sistema
«La globalización dibuja un mundo único sin dimensión común. Paradójicamen- te, la reunión de la humanidad consigo misma en un solo mundo se ha producido como instauración de un régimen de co-aislamiento en el que todos estamos solos y relacionados a la vez.»
(Garcés, 2007)
La lucha contra las empresas transnacionales (ETN) tiene un papel cada vez más relevante en las agendas de los movimientos sociales, ya que estas son acto- res clave en el sistema de dominación múltiple, un sistema que, como explican Fernández, Piris y Ramiro (2013), incorpora opresiones distintas, como la lucha de clases, el patriarcado, el productivismo, la democracia liberal, el colonialismo, etc. Además, las empresas transnacionales son los principales engranajes del capitalismo globalizado, ya que son los instrumentos a través de los que el capital se expande. En este sentido, la lucha contra las transnacionales es una lucha contra el sistema capitalista y contra las demás formas de opresión, a las que el capitalismo se une y profundiza.
Este escenario de dominaciones múltiples es lo que le permite a las empresas transnacionales expandirse a través de la acumulación por desposesión, un proceso que, como explica Harvey (2003), consiste en acaparar nuevos espacios y sectores por parte del capital para superar las crisis de sobreacumulación. Con el objetivo de liberar regiones y sectores para poder invertir el capital excedente, el capital aprovecha las desigualdades de poder para, por ejemplo, apropiarse de logros culturales y sociales preexistentes, obligar a estados a devaluar sus economías a través de la servidumbre de las deudas, mercantilizar la naturaleza y con- seguir privatizar servicios públicos o sectores estratégicos (Harvey, 2004), así como, beneficiarse del trabajo de cuidados que realizan las mujeres gracias a la división sexual e internacional del trabajo (Ezquerra, 2012).
De esta forma vemos como la explotación de las empresas transnacionales no sigue un único patrón y es por eso que la expansión de la acumulación de estas se traduce en una proliferación de luchas diversas, con expresiones muy distintas. Desde movimientos globales hasta expresiones localizadas y coyunturales.
Algunos ejemplos, que demuestran esta diversidad, son la Vía Campesina y su lucha por la soberanía alimentaria frente al agronegocio; la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que lucha en el Estado español contra los abusos de los bancos; las limpiadoras del ministerio de economía griego que acamparon hasta conseguir que las contrataran de nuevo a pesar de las imposiciones de la troika; las plataformas que promueven auditorías de la deuda en Ecuador, Brasil, Grecia o el Estado Español; la campaña por un salario digno en el sector del textil y por mejores condiciones laborales en las fábricas de Bangladesh; la defensa de la tierra que realiza el pueblo Ogoni en el Delta del Níger contra las petroleras o las luchas contra la violencia machista en las zonas de maquilas en México y Centro América.
Pero también es cierto que, a pesar de que los ámbitos de lucha contra las transnacionales se amplían, estos están más desarticulados y fragmentados que nunca, con dificultades enormes para poder unir esfuerzos y objetivos, debido a la movilidad y flexibilidad del capital, a la dificultad de articular movimientos globales que puedan plantear una lucha contra-hegemónica, y a la diversidad de opresiones que hacen más difícil construir un sujeto de lucha común. Por tanto, como analizaremos en las próximas páginas, los movimientos sociales tienen un gran potencial y experiencia en la lucha contra las empresas transnacionales, pero también afrontan numerosos retos y límites que hay que identificar para poder superarlos.
Potencialidades de los movimientos sociales en la lucha contra las transnacionales
Como explica Santos (2004:14), siempre ha habido resistencias al capitalismo mundializado, «Desde la insurrección de los esclavos a las luchas de liberación nacional, de las luchas obreras a los proyectos socialistas, de los movimientos anarquistas al Movimiento de los No Alineados» y, en las últimas décadas, estas resistencias han situado a las empresas transnacionales en uno de sus ejes de confrontación. Esta confrontación ha sido ejercida principalmente desde los movimientos sociales, en la conformación de lo que Sousa Santos llama la globalización alternativa o contra-hegemónica, que tuvo una de sus primeras manifestaciones en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001. Esta globalización contra-hegemónica está
«constituida por el conjunto de iniciativas, movimientos y organizaciones que, a través de vínculos, redes y alianzas locales-globales, luchan contra la globa- lización neoliberal, movilizados por la aspiración de un mundo mejor, más justo y pacífico que consideran posible y al cual sienten que tienen derecho.» (Sousa Santos, 2004: 26).
Más concretamente vemos cómo la lucha contra las ETN empezó a principios del siglo xx, con la primera crisis de legitimidad de las grandes empresas, confrontadas por el movimiento obrero que reclamaba mayor regulación, frente a lo que consideraba «leviatans» con demasiado poder (Bakan, 2004:16-25). De esta forma empezaron las primeras campañas de marketing para mejorar su imagen y se hicieron algunas reformas internas, hasta la crisis de los años 30. Durante los años posteriores al crack del 29 las empresas intentaron presionar al Estado para quitarle funciones pero no consiguieron hacer frente al New Deal y al avance de la regulación. Pero con la crisis del petróleo y la llegada del neoliberalismo y la globalización en los años 70, consiguen recuperar el poder perdido, aumentando su capacidad de influencia y su capacidad para evadir la autoridad estatal.
Aunque, a partir de los años 90, vemos como las corporaciones vuelven a estar en el punto de mira del movimiento antiglobalización y por eso la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la publicidad toman aún más protagonismo (Bakan, 2004: 144).
Por tanto vemos como los movimientos sociales han sido los principales actores en confrontar a las empresas transnacionales y han conseguido en muchos casos obligarlas a adaptar sus estrategias para poder sortear la presión. En esta lí- nea, podemos decir que los movimientos sociales son actores estratégicos en la lucha contra el poder de las empresas transnacionales, por ser las fuerzas que de una forma más clara plantean una lógica confrontativa contra el sistema de dominación. Aunque conviene diferenciar entre los movimientos emancipadores y los que funcionan en una lógica adaptativa con el sistema (Fernández, Piris y Ramiro, 2013: 57). En este sentido, debido a la enorme diversidad de movimientos sociales, nos centraremos en analizar los movimientos emancipadores, que funcionan en una lógica de superación y confrontación con el sistema. A grandes rasgos podemos decir que estos movimientos, aunque con agendas, identidades y culturas diversas, confluyen en la definición de unos principios comunes u horizontes emancipatorios compartidos.
Fernández, Piris y Ramiro (2013:47) resumen estos horizontes de la siguiente forma: en primer lugar, la confrontación con el sistema, tanto en la construcción de alternativas como en el análisis crítico de sus prácticas; en segundo lugar, la sostenibilidad de la vida frente al productivismo, que sitúa la vida en el centro y que plantea la necesidad de reproducir la vida en vez del capital; en tercer lugar se plantea un reconocimiento y articulación de la diversidad, asumiendo la interdependencia y reivindicando la solidaridad; en cuarto lugar, son movimientos que defienden la democracia participativa y que la asumen como forma de funcionamiento, asumiendo el reto de transformar las relaciones de poder; en quinto lugar, se da relevancia a lo colectivo y la comunidad, defendiendo el interés colectivo y los bienes comunes; y, por último, se plantea una politización de lo cotidiano, entendiendo, como defienden las feministas, que lo personal es político.
Reconociendo el carácter emancipador de los movimientos que se basan en estos horizontes, se hacen patentes las potencialidades que tienen los movimientos sociales a la hora de confrontar el poder de las empresas transnacionales, ya sea por la capacidad de frenar su avance en la lucha capital-vida, como por la construcción de alternativas al poder, al ser y al saber de las transnacionales (Fernández, 2015) y la difusión de discursos y prácticas contra-hegemónicas que le disputen la legitimidad al capital.
Más concretamente, Martínez, Casado e Ibarra (2012:32) consideran a los movimientos sociales como agentes de emancipación colectiva por las siguientes razones. En primer lugar, debido a su cuestionamiento de las formas y relaciones de dominación existentes en la sociedad y un inconformismo frente a estas desigualdades, que se combina con la puesta en práctica de formas innovadoras de relación y organización de la convivencia social. Por otra parte, son agentes estratégicos para la emancipación por su posición en los márgenes o la periferia del sistema social, desde donde hacen visibles las estructuras de poder establecidas y construyen alternativas que no reproducen desequilibrios y asimetrías sociales.
«Un ejemplo de ello son las nuevas visiones de sociedad que se están articulando desde producciones cognitivas ecologistas, feministas, campesinas e indígenas para que la vida se sitúe en el centro de manera que la economía se ponga al servicio de la vida» (Martínez et al., 2012).
Además se caracterizan por combatir el conformismo, asumiendo, como decía Bensaïd la necesidad de luchar contra la inmovilidad, la no alternativa, para defender el «sentido de lo posible» (Bensaïd, 2009), es decir, pensar «lo posible más allá de lo real» (Martínez et al., 2012: 7). De esta forma son un agente clave para desmontar el pensamiento único neoliberal, ya que solo con su existencia plantean que hay alternativas que subvierten la legitimidad del sistema.
Límites, retos y contradicciones que aparecen en la lucha contra las empresas transnacionales
Además del potencial de los movimientos sociales debemos tener en cuenta los numerosos límites y retos a los que se enfrentan en su confrontación con las transnacionales. El primer reto a tener en cuenta es la enorme desigualdad de poder, con unas empresas que acumulan un poder económico, político, jurídico y cultural sin precedentes al que los movimientos sociales tienen que hacer frente con unos medios materiales y humanos mucho más débiles. Cuando hablamos de poder económico nos referimos a su tamaño económico que las hace más poderosas que muchos Estados, pero también a las formas de organización de la producción en el ámbito transnacional, que cada vez aumentan más la flexibilidad y capacidad de moverse de un país a otro, con lo que dificultan la capacidad de rastreo de sus actividades y esconden la cadena de responsabilidad entre casas matriz y filiales o proveedores. Además de permitirles sortear las políticas económicas nacionales, que normalmente es el ámbito en el que los movimientos pueden aspirar a influir más.
En segundo lugar, el poder político es fruto tanto de la enorme capacidad de influencia de las empresas transnacionales, que disponen de un ejército de lobbies a su servicio y con acceso directo a los gobernantes y parlamentarios de todo el mundo, como de la configuración de un sistema político pensado para beneficiar a las grandes empresas en vez de a la ciudadanía. Un sistema político que se basa en la equiparación de todos los actores privados, en una concepción de sociedad civil muy amplia, que incluye tanto sindicatos y movimientos como empresas y patronales, invisibilizando las desigualdades de poder que les diferencian. Un escenario, por tanto, en el que los movimientos sociales siempre se encuentran con barreras para poder plantear sus agendas y en las que su trabajo de influencia política queda contrarrestado de forma automática por la maquinaria de presión de las empresas transnacionales, ya sea a través de lobbies, think tanks o de la influencia directa a través de las «puertas giratorias».
En tercer lugar, el poder jurídico de las empresas transnacionales es fruto de la arquitectura jurídica de la impunidad, que genera una asimetría total entre las empresas transnacionales y las comunidades afectadas por las empresas. Esta arquitectura jurídica se basa en la Lex Mercatoria o Derecho Comercial Global, que consiste en un derecho duro (por su carácter vinculante y coercitivo), que se configura, según Hernández Zubizarreta (2012) «mediante la utilización de usos y costumbres internacionales, las normas de los Estados nacionales y el conjunto de contratos, convenios, tratados y normas de co- mercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral, las decisiones de los Tribunales Arbitrales y el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio.»
Mientras que el Derecho Internacional de Derechos Humanos es un derecho blando, sin capacidad sancionadora, debido a la desregulación por parte de los Estados receptores de Inversión Extranjera Directa (IED), la inexistencia de mecanismos de extraterritorialidad, así como las consecuencias de los Acuerdos Comerciales y de Inversiones Regionales y Bilaterales que en ningún caso incorporan las dimensiones laboral, ambiental y social (Hernández Zubizarreta, 2009:235).
Esta ausencia de regulación se complementa con la apuesta por iniciativas basadas en el principio de la voluntariedad y la unilateralidad, como son las líneas directrices de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), basadas en la lógica de la Responsabilidad Social Corporativa. Sumadas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y al Marco de los Principios Rectores de Ruggie aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011.
Por último, el poder cultural y social se materializa con la imposición del paradigma neoliberal, que como han descrito Laval y Dardot (2013:334), se inserta en todos los aspectos de la vida a través de la racionalidad neoliberal. De esta forma se construye un sujeto neoliberal que se basa en la naturalización del riesgo, el fomento de la emprendeduría y la competición, consiguiendo una adaptación subjetiva de los individuos, que acaban interiorizando las exigencias del capitalismo, convirtiéndose en sujetos individualistas y competitivos. Además, las empresas transnacionales han ido perfeccionando sus estrategias de marketing para conseguir moldear el consumo según sus intereses, así como para conseguir que la opinión pública les sea favorable. Para eso contratan agencias de relaciones públicas que consiguen «deformar la realidad y manufacturar el consentimiento», de esta forma «verdean» sus prácticas con el marketing verde, que las hace parecer responsables con el medio ambiente, realizan antipublicidad contra los movimientos sociales o ponen en práctica falsas campañas ciudadanas para legitimarse (Balanyá et al., 2002: 35). Además de la puesta en marcha de prácticas mucho más sofisticadas como las de Ashoka, una organización que promueve el emprendimiento social, pero con un carácter profundamente neoliberal y que ha conseguido formar parte de varias redes de organizaciones sociales (Colectivo Filantropófagos, 2014).
Por otra parte, además del reto de enfrentarse a unos actores con un poder mucho mayor que el de los movimientos sociales, también existen otros límites o retos endógenos. El principal dilema al que se enfrentan podemos decir que consiste en cómo superar la crisis de las narrativas contra-hegemónicas. Con la crisis de los modelos socialistas y del fracaso de las movilizaciones de los años 60 que acabaron siendo cooptadas o desplazadas por el neoliberalismo, no fue hasta Seattle en el 99 o Porto Alegre en 2001 que el altermundialismo tomó fuerza y planteó de nuevo una narrativa con carácter global. Pero esta ha quedado en cierta medida obsoleta, incapaz de seguir avanzando y de proponer un marco de acción que aglutine suficientes fuerzas como para generar cambios, más allá del cuestionamiento del modelo de globalización neoliberal. Esta falta de narrativas contra-hegemónicas se debe también a la incapacidad de construir narrativas alternativas frente a los mantras de la economía de mercado. El fin de la historia, el fin de las ideologías y la imposición del no hay alternativa, nos han dejado sin instrumentos teóricos y prácticos para hacer frente a esta contrarrevolución.
«La consigna capitalista de «esto es lo que hay» como respuesta a todo tipo de rei- vindicaciones, luchas y desafíos desborda el ámbito de lo económico, […] «esto es lo que hay» es una llamada al orden» (Espai en blanc, 2011).
Por eso es urgente plantear narrativas alternativas y construir un sujeto común, superando las distancia físicas y recalcando la responsabilidad compartida de un nosotros que abarque el mundo entero. Para ello será necesario superar el reto de coordinar agendas y estrategias, a pesar de que a menudo estas aparecen como contradictorias, además de poder trabajar en común a pesar de la diversidad de culturas y prácticas. Un ejemplo claro de la necesidad de superar la diversidad de culturas organizativas ha sido la articulación entre los nuevos movimientos o nuevas formas de lucha colectiva simbolizadas por la Primavera árabe o el 15M, con formas más estructuradas de organización y con más experiencia.
Al mismo tiempo, se hace necesario pensar en cómo compaginar la necesidad de resultados inmediatos que plantea la situación de emergencia social a la que nos ha llevado el capital transnacional, con la necesidad de estrategias de largo plazo que vayan a las raíces del problema. Por último, esta falta de narrativas se debe, también, a que muchos elementos de las narrativa contra-hegemónicas han sido cooptados por propuestas como la Gobernanza o la RSC que adaptan demandas, como la participación, la democracia y la regulación de las ETN, a la lógica neoliberal.
Por tanto, algunos retos y cuestiones que se plantean en la construcción de una narrativa común serían determinar desde qué espacios construirla, teniendo en cuenta que deberían contemplar la diversidad del movimiento y favorecer la participación de todo el mundo. Al mismo tiempo que aparece la cuestión de qué priorizar, o si la búsqueda de consignas comunes puede servir como primer paso para articular luchas comunes. En este sentido, sería interesante valorar hasta qué punto la lucha contra el poder de las ETN puede aglutinar fuerzas, por su transversalidad.
Por otra parte, en el día a día de los movimientos sociales aparecen una serie de contradicciones que es importante intentar resolver para poder fortalecerlos. Sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo podemos mencionar algunas de ellas. En primer lugar, la importancia de que se plantee un análisis crítico del sistema para poder dar una respuesta con carácter realmente emancipador. En este sentido aparece a menudo el dilema entre centrarse en enfrentar las consecuencias más directas de la opresión de las ETN, oponiéndose a la construcción de una represa o consiguiendo casas para las personas que han sido desahuciadas, por ejemplo, frente a planteamientos de más largo alcance que planteen una confrontación más profunda y una transformación estructural de los mecanismos de dominación.
En segundo lugar, se hace central ser capaces de trabajar con una perspectiva interseccional, que tenga en cuenta las diferentes dimensiones de la dominación tanto en la puesta en marcha de estrategias y agendas como en las prácticas in- ternas, para garantizar que se transforman todas las relaciones de poder tanto dentro como fuera. Y en la misma línea, es importante defender la democracia interna frente a las dificultades que plantea la articulación de movimientos muy lejanos o muy amplios, con la tensión añadida de tener que negociar o relacionarse con actores con otros tiempos como pueden ser las instituciones y las propias empresas.
Por último, habría que tener en cuenta el reto que plantea el trabajo en una doble dimensión local-global. En este sentido, Sassen (2010: 339) plantea la necesidad de romper con el binarismo local-global, teniendo en cuenta que no son dos esferas completamente separadas sino que lo global se compone de lo local, con lo que se producen «marcos de inserción institucional» para las operaciones de las empresas y los mercados globales, así como por el papel de los Estados nación articulados en la economía global. Por tanto, la autora plantea que «Aunque acentuar lo nacional pueda parecer una desventaja en términos de participación democrática en la era global, no es una propuesta excluyente, precisamente debido a ese arraigo parcial de lo global en lo nacional» (Sassen, 2010, p. 387).
Por tanto, también se pueden ejercer prácticas democráticas con carácter global desde el ámbito nacional y sus instituciones.
En este sentido plantea que no es imprescindible que un movimiento funcione de forma articulada en todo el mundo para poder considerarse global, sino que a menudo la lucha contra los enclaves de este aparato global ya supone una lucha global aunque sea centrada en un ámbito muy concreto, como puede ser un puerto o las oficinas centrales de una gran transnacional. Por otra parte, gracias a las nuevas tecnologías, se abren nuevas posibilidades para el activismo transfronterizo, ya que internet abre la posibilidad de que personas y organizaciones con pocos recursos trasciendan el ámbito local, algunos ejemplos de las primeras campañas que utilizaron medios electrónicos son la Solidaridad con el zapatismo, la prohibición de las minas terrestres (conseguida en 1997) y la red Jubileo 2000 contra la deuda externa (Sassen, 2010: 424-264).
Estrategias y agendas de los movimientos sociales contra el poder corporativo
Una primera reflexión importante a la hora de definir estrategias de confrontación del poder corporativo, consiste en tener en cuenta la importancia de que estas estén destinadas no solo a combatir la dominación y los impactos que supone, sino también a construir alternativas que transformen la realidad. En este sentido, es necesario «iniciar y consolidar procesos de transición en defensa de la vida que nos permitan colocar diques de contención que frenen la actuación de las transnacionales, a la vez que nos posibiliten avanzar en la consecución de espacios emancipadores que es- capen a sus lógicas» (Fernández et al., 2013).
Por tanto, hay que tener en cuenta estrategias destinadas a frenar el avance de las transnacionales y paliar sus impactos, pero también estrategias que construyan alternativas y desplacen su poder, aunque a menudo las estrategias que ponen en marcha los movimientos sociales ya incorporan las dos dimensiones.
Basadas en la primera lógica planteada, encontramos todas las luchas destinadas a defender los bienes comunes y la vida frente a la acumulación por desposesión. Por ejemplo, las luchas de los pueblos indígenas para conseguir bloquear la entrada de las transnacionales en el Amazonas, para expulsarlas o para conseguir que reparen los daños causados; también las luchas en defensa de los servicios públicos y de calidad que trabajan para frenar la entrada de las transnacionales en la gestión de los servicios y su mercantilización; o luchas des- tinadas a defender una vida digna, que aunque no suponen una transformación del sistema sí que consiguen poner frenos a la explotación del capital, por ejemplo las luchas de las mujeres que trabajan en las fábricas de ropa en Bangladesh que reclaman cosas tan básicas pero tan urgentes como acabar con los accidentes laborales y cobrar un salario que les permita vivir.
En este ámbito de lucha, un reto que aparece para poder fortalecer las luchas y conseguir mayores resultados es el de internacionalizar la confrontación. El objetivo sería coordinar la confrontación para evitar, por ejemplo, que la transnacionalización de la producción les sirva de tapadera para ocultar las consecuencias de sus actividades, o para bloquear el chantaje de las transnacionales hacia los gobiernos, consiguiendo que tengan que enfrentarse a más de un gobierno a la vez. En este sentido sería interesante poder articular las luchas en toda la cadena de valor, es decir coordinar las resistencias tanto en la extracción, como en las distintas fases de la producción o manufactura y el consumo. De esta forma se podrían plantear campañas de confrontación, como boicots, denuncias o huelgas que incorporen tanto a los trabajadores de los distintos países, filiales y subcontratas como a los consumidores y, a poder ser, denuncien también a las instituciones públicas implicadas. Un ejemplo de este tipo de coordinación es el de la solidaridad de los sindicatos brasileños con la huelga de los trabajadores canadienses de la minera Vale. Así como la red internacional Red Sombra, Observadores de Xtrata-Glencore que se creó con el objetivo de hacer un seguimiento a las actividades de esta empresa en varios países y colectivizar los conflictos. Y la Campaña Ropa Limpia (CCC por sus siglas en inglés), una red internacional de ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores que, desde principios de los 90, denuncia las condiciones laborales que sufren las obreras de la confección.
Otros ejemplos de lucha basados en la solidaridad internacional son experiencias como la Red Enlazando Alternativas o la Campaña Desmantelemos el Poder Corporativo y Pongamos Fin a la Impunidad, que llevan años trabajando para crear redes de solidaridad entre organizaciones y comunidades de todo el mundo, que permitan visibilizar los impactos de las transnacionales, así como realizar campañas de denuncia que pongan el foco en alguna transnacional con- creta y apoyen a las comunidades que de forma más directa las están confrontando.
Por otra parte, en un punto intermedio entre la contención y la construcción de alternativas emancipadoras, se sitúan todas las estrategias destinadas a disputarles espacios y legitimidades a las ETN. Se trata de estrategias que consiguen ir desplazando a las empresas de la posición central que ostentan en la actualidad y que por tanto nos permiten ir imaginando posibles transiciones. Un reto central en este sentido será conseguir acotar su poder político, rompiendo la alianza entre empresas y gobiernos.
Este es un aspecto relevante, especialmente teniendo en cuenta que ha- blando de movimientos sociales y empresas transnacionales corremos el riesgo de olvidar el papel de los estados-nación en el proceso de acumulación de poder de las ETN. En este sentido, cobran relevancia las palabras de Bensaïd (2004:238-243) afirmando que no podemos olvidar los «nuevos mecanismos de sometimiento de los países dominados» ni las «relaciones entre las empresas multinacionales y los Estados dominantes», así como el hecho de que «el capital es indisociable de los mecanismos institucionales que aseguran su reproducción».
Hay distintas formas de luchar contra esta alianza, un primer paso es denunciar las diferentes vías por las que se consolida, como son los lobbies, las puertas giratorias, la diplomacia económica, los conflictos de interés, etc. Este trabajo lo vienen haciendo muchas organizaciones desde hace tiempo, consiguiendo poner en el punto de mira al «Estado corporativo» (Klein, 2007). Algunas de las denuncias más claras son las destinadas a desenmascarar la captura corporativa de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio o la Unión Europea. Por ejemplo, gracias al trabajo del Corporate European Observatory (CEO) sabemos que en Bruselas hay una media de 5 lobbistas trabajando por cada eurodiputada que hay o el papel clave que ha jugado la Mesa Redonda de Industriales (ERT) en todo el proceso de unificación europeo (Balanyá et al., 2002: 26-45).
Visibilizando esta alianza y sus consecuencias se consigue desnaturalizar uno de los paradigmas del neoliberalismo: el nexo Estado-corporaciones y se visibiliza la necesidad de diferenciar entre el interés público y el privado. Así como la importancia de poner fin a la tutela pública de los intereses privados, que ponen los beneficios de las grandes empresas por encima del interés de las mayorías. Se trata de ir, poco a poco, desmontando la racionalidad neoliberal que sitúa a las empresas como socias de los gobiernos y que promueve la «legitimidad productiva» (Hernández Cervantes, 2014: 481), es decir, pretender que un gobierno ganará legitimidad en términos de mercado, y que por tanto conviene tener a técnicos y técnicas del sector privado trabajando en la administración, sin importar los conflictos de interés o las valoraciones de carácter político.
Al mismo tiempo, tenemos que mencionar otras estrategias destinadas a romper la alianza entre gobiernos y corporaciones, que consisten en transformar los gobiernos gracias a la llegada de candidaturas ciudadanas o partidos que cuentan con el apoyo de movimientos sociales. La conformación de nuevos gobiernos tanto a nivel municipal como autonómico o estatal supone un cambio de lealtades, consiguiendo que la lealtad de los nuevos gobiernos ya no esté con la minoría de privilegiados, el 0,1%, sino con las mayorías y los movimientos sociales. Estos procesos que cobraron relevancia con las experiencias latinoamericanas y que ahora se plantean en algunos países de la periferia de Europa, abren escenarios nuevos e interesantes, en los que, por primera vez, existe la posibilidad de poner las instituciones al servicio de la gente, pero para los movimientos sociales plantean nuevos retos y contradicciones. Este tema escapa del objetivo de este artículo, pero brevemente podemos recuperar algunas ideas que plantea Fresnillo (2015) en un artículo centrado en la experiencia de Barcelona. En primer lugar el reto que tienen los movimientos sociales de seguir trabajando en procesos de educación popular para ganar la opinión pública y no caer en la ilusión de que las instituciones lo van a resolver todo; sumado a la importancia de seguir fiscalizando y haciendo seguimiento del trabajo de los nuevos gobiernos, no solo para controlar, sino también para poder empujar a estos gobiernos y conseguir que sean capaces de transformar la realidad.
Por último, otra forma de disputarles la legitimidad a las empresas transnacionales y de denunciar a las instituciones que las protegen es atacando y visibilizando su impunidad. Cómo ya hemos mencionado, una faceta muy importante del poder de las empresas transnacionales es su poder jurídico y la capacidad que tienen para evadir la justicia. Por tanto una tarea principal de los movimientos sociales en su confrontación con las empresas transnacionales ha sido desde hace décadas denunciar los impactos generados por la actividad corporativa, visibilizarlos y reclamar acceso a la justicia. Para conseguir esto se han seguido diferentes estrategias, por un lado, como ya se ha mencionado, la solidaridad internacional. Y más concretamente, con la celebración de Tribunales Permanentes de los Pueblos, tribunales morales que visibilizan los casos a los que los tribunales oficiales dan la espalda y que han demostrado una y otra vez que las violaciones de derechos humanos por parte de transnacionales son sistemáticas.
Como un paso más en la construcción de alternativas a este sistema jurídico de la impunidad, la Campaña Global Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad ha elaborado un Tratado de los Pueblos/1 con las propuestas jurídicas de organizaciones, movimientos sociales y comunidades afectadas para poner en pie mecanismos que garanticen el acceso a la justicia. Algunas de las propuestas jurídicas que incluye el Tratado son la elaboración de un Código externo de control de las ETN vinculante, la creación de un Tribunal internacional que juzgue a las transnacionales y la creación de un Centro de Empresas Transnacionales de gestión tripartita que controle y recoja las denuncias contra las transnacionales.
Por otra parte, también se han dado algunos ejemplos de colaboración entre organizaciones de distintos países para llevar a los tribunales del país de origen a una empresa, como el caso de Shell en Nigeria, que fue juzgada en Holanda por las consecuencias de los vertidos producidos por su actividad en el Delta del Níger. Pero en general estas vías son poco eficaces ya que existen miles de trabas legales, además de los enormes costos que supone llevar a cabo este tipo de litigios.
Además también es importante el trabajo realizado por campañas globales a lo largo de las últimas décadas con el objetivo de denunciar los Tratados de Libre Comercio y frenar la aprobación de nuevos tratados. Campañas de este tipo consiguieron parar las negociaciones del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y en la actualidad están oponiendo resistencia, consiguiendo romper la invisibilidad y falta de transparencia, a las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), además de otros tratados de nueva generación como el Acuerdo Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA), destinado a la liberalización de los servicios, o el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA), entre la Unión Europea y Canadá.
Por último, en los últimos años se ha abierto un nuevo espacio de trabajo dentro de Naciones Unidas, se trata de un grupo intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creado a propuesta de Ecuador y Sudáfrica, para la creación de un tratado vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. Este grupo se creó a partir de una resolución aprobada en junio de 2014 que supuso un cambio de rumbo en la lógica de las Naciones Unidas. Esta resolución, aprobada por mayoría, puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de normas vinculantes, algo que, debido a la cooptación por parte de las grandes empresas, había quedado relegado por la apuesta hacia las normas voluntarias y la gobernanza entre partes interesadas (stakeholderism)/2 (Martí, 2015).
Por último, también existe una dimensión de trabajo de los movimientos sociales más amplia, destinada a la construcción de espacios emancipadores que es- capen de las lógicas mercantilizadoras de las corporaciones. Este trabajo consiste en poner en pie alternativas contra-hegemónicas destinadas a reconstruir la soberanía de los pueblos y los derechos colectivos frente a las grandes empresas y los tratados de libre comercio. Algunos ejemplos son las propuestas de la soberanía alimentaria; la defensa de los derechos de los campesinos y las campesinas y la regulación del derecho humano al agua. Así como la soberanía energética y la defensa de los territorios y los derechos de las comunidades frente al extractivismo y la economía verde. También el buen vivir de los pueblos indígenas y otros paradigmas alternativos como la economía solidaria, el ecologismo y el feminismo.
Conclusiones
A modo de conclusión podemos recordar la necesidad de hacer frente a estos retos y seguir buscando marcos de acción comunes que nos permitan avanzar en la confrontación del poder, el ser y el saber de las transnacionales. Como dice Garcés (2013:57), debería ser posible compaginar la reapropiación de la «capacidad de hacer y de cambiar el mundo», asumiendo y afrontando el reto de los objetivos. Si buscamos una transformación que vaya más allá de la emancipación de nuestras vidas y de las de nuestro alrededor, será necesario buscar escenarios de confluencia, pensar en proyectos comunes que nos sirvan para avanzar. Por tanto no se trata solo de recuperar el compromiso «con», como reivindica Garcés en Un mundo común (2013), sino buscar formas para poder recuperar también el compromiso «para».
En este sentido, podemos decir que las distintas grietas, luchas y resistencias en marcha son útiles y necesarias, pero que más allá de ellas debemos encontrar formas de tejer un reconocimiento mutuo más amplio. Un reconocimiento que parta de la aceptación de nuestra interdependencia y la convierta en intersubjetividad, en el reconocimiento de un nosotros. Que nos permita tejer marcos de acción comunes para poder confrontar a las empresas transnacionales en todo su poder.
Lan Harremanak/33 (2015-II)
Júlia Martí Comas.
Activista de la campaña «Desmantelemos el Poder corporativo y Pongamos Fin a la Impunidad»
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16106/14390
https://www.vientosur.info/spip.php?article11249
Sábado 7 de mayo de 2016
Notas:
1/ Se puede consultar aquí: http://www.stopcorporateimpunity.org/?page_id=5577ylang=es
2/ En 2004 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presionado por las ETNs, ya bloqueó la aprobación de las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas en relación con los derechos humanos y en su lugar se aprobó el Global Compact, un pacto entre empresas y organizaciones basado en principios voluntarios, y se nombró a John Ruggie como relator especial de las Naciones Unidas de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Estas normas voluntarias son, aún, el principal referente en este tema.
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