Huelga en San Quintín: Gobierno promete acuerdos y responde con represión y provocación
Julio Hernández López resume en Astillero los hechos de sangre y abuso contra los jornaleros del Valle de San Quintín en Baja California. Queda expuesta de nuevo la organización criminal que gobierna México en todos los ámbitos. La arquitectura de esta mafia corporativo-gubernamental-corporativa-narco tiene en su ápice a las corporaciones transnacionales, en este caso, Driscoll y Berrymex (como ya lo habíamos informado), articuladas a través del TLCAN con los gobiernos de EEUU, Canadá y México. En el ámbito regional y local, con empresas “mexicanas” bajo el control de gamonales que son simultáneamente la clase política estatal. Pero, en este caso, la articulación Estatal-Nacional es absolutamente directa y evidente: El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava es el virtual comisionado directo de Los Pinos en Bucareli para atender conflictos políticos y sociales merecedores de especial atención. Es decir, que quien se comprometió a nombre del gobierno de Baja California a llevar respuestas a las justas exigencias de jornaleras y jornaleros explotados y esclavizados es el hombre de Peña Nieto en el ámbito local y nacional encargado de atender conflictos políticos y sociales. Este funcionario, este “hombre de Peña Nieto”, no encontró cómo llegar a una cita adquirida con dos semanas de anticipación con las y los jornaleros, pero el gobierno si encontró policías para reprimir violentamente a las y los traicionados en huelga! Mientras tanto, Peña Nieto recorre el mundo en un “palacio flotante” con familiares y amigos y hay recursos para transporte para toda clase de paseos. Es, obviamente, otra burda burla al pueblo de México y a la gente que trabaja y es explotada. Una burla para defender mafias locales perfectamente articuladas a mafias de empresas transnacionales. El régimen criminal que somete a México en contra de su pueblo y tierras sigue atacando y mintiendo mientras sonríen perfumados y de corbata los asesinos y mentirosos que sirven de escudo al capital transnacional para conseguir sus propias fortunas. Los frutos de estas tierras fértiles y de el trabajo explotado son consumidas por ingenuos e incautos en Norteamérica y el mundo quienes fomentan y protegen su salud con la sangre y el hambre de la gente que trabaja en el Valle de San Quintín. ¿Donde Estamos? En tiempo real. Pueblos en Camino
Miranda provoca en San Quintín
Descarrila negociaciones
Instala amenazas y represión
Calderón, en campaña
FUERA EL GOBERNADOR DE BC, POR REPRESOR. Los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín exigieron la renuncia del gobernador de Baja California, Francisco Vega Lamadrid, a quien acusan de provocador y de ser el responsable del operativo para reprimir el pasado sábado a los trabajadores del campo, con saldo de 70 personas heridas. Fidel Sánchez Gabriel, Juan Hernández y Bonifacio Martínez, voceros de los campesinos, aseguraron que esta es la segunda ocasión que el mandatario estatal responde con balas, granadas de gases lacrimógenos, toletazos y golpizas a nuestra legítima lucha por un salario justo y la defensa de nuestros derechos laborales Foto Roberto Armocida
El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava (virtual comisionado directo de Los Pinos en Bucareli para atender conflictos políticos y sociales merecedores de especial atención), no tuvo manera de llegar al valle de San Quintín el pasado viernes para cumplir con el compromiso hecho 15 días atrás en esa misma región de Baja California de dar respuesta allí a un pliego petitorio de jornaleros agrícolas. Le faltaban datos, documentos y precisiones de dependencias gubernamentales e incluso medio de transporte, según la versión dada a conocer por Fidel Sánchez Gabriel, uno de los cinco voceros del movimiento de trabajadores en lucha.
En lugar de Miranda Nava arribaron la provocación y la represión a ese valle norteño de extremos contrastes económicos (puede leerse el reportaje de este tecleador, titulado El dinero y la política, detrás de la explotación laboral en San Quintín, del pasado 25 de abril http://bit.ly/1zkrZj0 ). Al atardecer del viernes, luego del enojo masivo que causó el incumplimiento del funcionario peñista, aparecieron personas no reconocidas por la comunidad y comenzaron a causar destrozos a comercios, casas y vehículos. El sábado, temprano, la mezcla (en proporciones difíciles de precisar) de irritación social y provocación preparada produjo incidentes que motivaron el ingreso a rajatabla de la policía estatal. Allanamiento de casas, cuartos y sitios de descanso colectivo de esos trabajadores y sus familias. Golpes, persecuciones, detenciones y más de 70 heridos, en una operación al estilo de los rurales porfiristas contra campesinos en protesta.
La detonación de la violencia ayuda programadamente a los gobiernos estatal y federal, que no tienen respuestas satisfactorias para tratar de apaciguar los ánimos combativos de decenas de miles de jornaleros instalados en las plantaciones de primer mundo y grandes ganancias en mercados extranjeros que están a los lados de decenas de kilómetros de la carretera transpeninsular, al sur de Ensenada. Incumplir una cita considerada histórica por los trabajadores, pues en ella esperaban el anuncio de acciones gubernamentales en su favor, y hacerlo de manera impositiva, con argumentos desdeñosos y ofensivos, incluso amenazantes hacia los dirigentes del movimiento, fue una forma de descarrilar las negociaciones para que el estrépito causado disimule las venideras respuestas insustanciales y para que los jornaleros y sus líderes queden entrampados entre la amenaza del inicio de acción penal selectiva y represión masiva, y estigmatizados como violentos desde antes de tratar de darles nuevamente atole con el dedo.
Es inevitable recordar que Enrique Peña Nieto viaja por el mundo en un palacio flotante acompañado de familias ampliadas e invitados a contentillo, el ex director de Conagua usaba un helicóptero oficial para necesidades personales y familiares, y en el país entero hay un derroche de dinero público para viajes injustificados de gobernadores y funcionarios federales, pero el modesto subsecretario Miranda Nava no tuvo forma de llegar a San Quintín, desprovisto de vehículo adecuado. También es inevitable contrastar la situación de esos miles de jornaleros, hacinados en barracones, almacenados en cuartos mínimos, desprovistos de seguridad social, semiesclavos laborales en condiciones paupérrimas, con la bonanza del subsecretario famoso por su prosperidad inmobiliaria, al grado de que su esposa, Alma Laura Saldaña Farach, está por construirse una mansión en un terreno de mil 693 metros cuadrados en la calle Sierra Gorda 300, fraccionamiento Lomas de Chapultepec, en la capital del país, cuyo costo estimado (sólo del terreno) es de unos 55 millones de pesos, según la investigación dada a conocer un mes atrás por Proceso (investigación también descarrilada y desatendida desde el poder, en el rubro del subsecretario Miranda y en lo relativo a las andanzas caseras del propio secretario Osorio Chong).
Los propietarios de los exitosos predios agrícolas del valle de San Quintín pueden darse por bien servidos. El gobernador de Baja California, Federico Vega, llamado Kiko (quien llegó al poder apoyado por el PRD entonces presidido por Jesús Zambrano, aunque a la hora del reparto de cargos gubernamentales el panista decidió incumplir los acuerdos y dejar sin ganancia al sol azteca), tiene en su gabinete a uno de esos dueños como secretario de fomento agropecuario, y con la rapidez y fuerza mostrada por su policía este sábado confirmó que la fuerza pública está del lado de los neohacendados.
Miranda Nava estará en San Quintín este miércoles (a menos que a última hora vuelva a carecer de medio de transporte), frente a representantes de una comunidad golpeada y amenazada pero en pie de lucha. Ya se verá si sus respuestas (al ser favorables a los jornaleros) merecieron el posponer unilateralmente una reunión clave y desencadenar violencia y tensión, o todo ha sido un montaje que a fin de cuentas servirá a los intereses de los empresarios dominantes y de los gobiernos estatal (PAN) y federal (PRI), cómplices y aliados.
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