Canadá al Banquillo de los acusados por mega minería

Jenn Moore, Coordinadora para Latinoamérica de la organización Mining Watch presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA los resultados de un estudio sobre “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”. Esta investigación está en manos de la CIDH desde comienzos del 2014. Canadá está en el banquillo de los acusados por su negligencia, complicidad y promoción de actividades que resultan en violación de derechos humanos, despojo territorial y destrucción ambiental al promover y fomentar proyectos mineros en toda Latinoamérica para beneficio de corporaciones Canadienses. Esta realidad conocida y reconocida por las víctimas a lo largo y ancho del mundo, finalmente lleva al Gobierno de Canadá a tener que escuchar cargos serios y cuidadosamente investigados. Canadá, como siempre, elude su responsabilidad señalando que no tiene injerencia en las acciones de empresas con sede en ese país por sus acciones en otros países, agregando que en su territorio son cuidadosamente protegidos territorios y derechos. Ambas respuestas no son más que retórica encubierta y protegida por una maquinaria jurídica y de propaganda que impide demostrar o niega sistemáticamente verdades evidentes y evidencias contundentes. El poder económico y político del Canadá y el de las corporaciones mineras cuya ascendencia sobre el estado Canadiense y sobre los gobiernos Latinoamericanos es indiscutible, le permite una complicidad permanente con la megaminería criminal y la acumulación de exorbitantes cantidades de dinero por la vía de la especulación financiera y del extractivismo a expensas de la destrucción de territorios y pueblos en toda Latinoamérica y más allá. Canadá ha fomentado además reformas legislativas y códigos mineros en casi todos los países del continente para beneficio de las transnacionales mineras y en contra de los pueblos. Vale la pena ver el video de esta sesión y conocer la investigación. Pueblos en Camino

 
Cuestionan “pasividad” de Canadá frente a los abusos que cometen sus mineras
 
Servindi, 30 de octubre, 2014.- El Gobierno canadiense ocupa desde esta semana el banquillo de los acusados, luego de que se le imputara responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que cometen sus empresas del sector minero en los países de América Latina donde están presentes. (Ver video de la sesión)
 
La grave acusación se dio el martes 28 de octubre en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Una de las expositoras fue la coordinadora para Latinoamérica de la organización Mining Watch Canada, Jennifer Moore, quien acusó a este país de ser “cómplice por acción y omisión” de las violaciones que comenten sus empresas.
 
Jenn Moore ante la CIDH en Washington D.C.
 
Es por ello que junto a representantes de otros organismos defensores de derechos pidió al gobierno en cuestión realizar un “cambio radical” en su política exterior. Esto debido a que no se trata de casos aislados, sino de toda una avalancha de denuncias, entre los que figuran como afectados, entre otros, población indígena.
 
El estudio “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, presentado a inicios de año ante la CIDH, recoge este tipo de denuncias en contra de mineras canadienses presentes en nueve países de Latinoamérica.
 
En dicho material se registra cómo el Gobierno ha apoyado proyectos extractivos incluso después de que sus funcionarios tuvieron conocimiento de los abusos que se estaban cometiendo, los mismos que, precisa el informe, estuvieron ampliamente documentados.
 
Denuncias de este tipo y gravedad vienen afectando sin duda la imagen que se tiene de la minería canadiense, imagen que se ha creado sobre la base de una serie de mitos que la colocan como ejemplo para otros países.
 
Si bien las acusaciones se han venido dando en la última década, el Gobierno canadiense no ha logrado hasta ahora formular una respuesta adecuada a las recomendaciones hechas por diferentes organismos. Así lo sostiene el informe de la Red Canadiense sobre la Rendición de Cuentas que se presentó en la audiencia del martes.
 
La presencia del Gobierno durante la audiencia se dio en la persona de Dana Cryderman, representante alterna de Canadá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
 
Para Cryderman, el Gobierno no es responsable de lo que ocurre fuera del país con las empresas que tienen su sede corporativa en Canadá. Canadá es un “líder” en el cumplimiento de los estándares internacionales de responsabilidad social corporativa y la “gran mayoría de las empresas” hacen “esfuerzos significativos” para cumplirlos, explicó.
 
Ante los cuestionamientos por las presuntas violaciones o abusos denunciados, precisó que estas se encuentran “fuera del ámbito de las obligaciones de Canadá”.
 
Ante tal aseveración se abrió un espacio para la ironía. “Los beneficios no respetan fronteras, pero cuando se trata de derechos humanos decimos ‘oh, ese no es nuestro problema’”, replicó Shin Imai, del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, otro de los denunciantes ante la CIDH.
 
 
Por su parte, la relatora para Canadá en la CIDH, la comisionada Rose-Marie Belle Antoine, aseguró que la Comisión “sigue viendo una serie de violaciones de derechos humanos muy, muy graves ocurridas en la región como resultado de las acciones de las compañías de ciertos países, entre ellos Canadá”.
 
Esas violaciones afectan a los derechos medioambientales, a la salud, a la consulta, los derechos de los pueblos indígenas y a la propia defensa de los derechos humanos, añadió.
 
Cabe destacar, volviendo al estudio presentado a inicios de año ante la CIDH, que el apoyo ejercido por el Gobierno para favorecer a empresas ha ido de lo político a lo diplomático, viéndose involucrados inclusive altos dignatarios.
 
 
En ese sentido, el informe presentado durante la audiencia destaca la necesidad de contar con estándares jurídicamente vinculantes y recursos efectivos para abordar los impactos negativos de la minería en relación a las comunidades, la situación de los trabajadores y el medio ambiente habiendo visto que los estándares voluntarios y demás medidas no bastan.
 
Cabe añadir que, tal como cita El País, que la responsabilidad de los Estados por las actuaciones en el extranjero de empresas privadas es un territorio no explorado para la CIDH, que con la audiencia de este martes abre un camino de destino todavía desconocido en lo que respeta a esta materia.
 

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