La lucha contra las zonas económicas especiales apenas comienza

De vestimenta impecable, reloj de lujo, traje de importación y corbata azul finamente planchada, Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño titular de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se dispuso a conversar en televisión (canal once) con Ezra Shabot^[1] sobre su vida empresarial, las reformas y el futuro del capital privado en México. No es la primera vez que lo hace. Acostumbrado a emitir mensajes en video, se propuso mostrar la potencia de los empresarios a la hora de construir políticas. Como si fuera parte del 1% del arriba que lo domina todo, planteó su gran proyecto de ZEE como el “ejemplo del desarrollo”. En su imagen idílica del país como tablero de apuestas y jugando a ser dios, intenta imponer su idea de que los campesinos e indígenas son como sujetos del videojuego de estrategia Age of Empires y se les puede dar la orden de trabajar o morir en el momento que se requiera. Este es el ideal de los empresarios, los cuales ven en las ZEE la mayor apuesta del sexenio.

En un texto anterior^[2], señalé algunas ideas clave para entender qué son y cómo están operando los procesos de despojo territorial a partir de la implementación de las ZEE en el sur de México. Ahora me propongo examinar algunos artículos fundamentales contenidos en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y mostrar el avance de la maquinaria extractiva bajo el ensamble capital-Estado que sobrepone la movilidad de los negocios aprovechando el desastre social provocado por los fenómenos naturales (en el caso de Oaxaca) y la violencia totalitaria (en el caso de Veracruz).

LEGISLAR PARA EL DESPOJO

Considero que al menos cuatro artículos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales son fundamentales para entender la estrategia de despojo de la tierra y el territorio. El artículo 3ro explica cada procedimiento y etapa del proceso de implementación de las ZEE, desde las tareas del administrador integral hasta la definición de la zona. De manera ambigua, expone un plan de desarrollo con carácter ilimitado, lo cual permite la proliferación de megaproyectos que acompañen la creación de la ZEE aprovechando la infraestructura para movilizar recursos energéticos, como el agua o la electricidad para la operación de proyectos mineros o de hidrocarburos. Además, no se señala una delimitación geográfica para la zona, por lo que los polígonos territoriales que componen las ZEE, pueden modificarse de su plan inicial y tener afectaciones sobre otros pueblos más alejados de la zona de influencia, con lo que peligra el territorio de otros pueblos que no se hayan considerado afectados por la implementación de las ZEE y los cuales también corren el riesgo de perder su autonomía y modos de organización y distribución de la tierra, factor principal que está en juego.

El artículo 30 menciona que el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de una ZEE, se considerará causa de utilidad pública, lo cual permitiría la aplicación de medidas previstas en la Ley de Expropiación para proveer de bienes y servicios utilizados para las actividades económicas relacionadas con las ZEE. Esto quiere decir que bajo el eufemismo de utilidad pública, se planea la obtención de tierras bajo la expropiación, ya que la mayoría de los terrenos donde se planea posicionar las ZEE son municipios establecidos bajo criterios de propiedad privada, por lo que el Estado tiene que adquirir esos terrenos de alguna forma (comprando o expropiando). Por esta razón, las leyes instruyen una planeación que permita obtener las dimensiones de territorio que necesita para la implementación sin que le cueste dinero, con lo que cierran jurídicamente las posibilidades de los pueblos para ampararse ante políticas de aprovechamiento de la tierra tan intensas como las del proyecto de ZEE.

En concordancia con lo anterior, el articulo 32 plantea que las tierras o inmuebles requeridos por las ZEE se pagarán de acuerdo a lo que dictaminen las “instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o especialistas en materia de evaluación con cédula profesional expedida por autoridad competente”. Esto quiere decir que el mismo aparato estatal en contubernio con los empresarios del sector privado, definirán el precio de las tierras a partir de criterios propios, elaborados por estudios financieros encargados a modo. Esto permite poner precios muy bajos a las tierras, en casos donde no pueda aplicarse la expropiación. Sin duda, los inversionistas recurrirán a este método institucional para despojar a los campesinos de numerosas hectáreas de tierra pagando una miseria por grandes extensiones de tierra utilizadas para el ramo de la agroindustria.

Y para aumentar nuestra preocupación, el artículo 33, en su inciso once, habla literalmente sobre el control y reordenamiento territorial, que a la letra dice: “operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes”. Este apartado es de los más peligrosos, porque pone al descubierto el control policiaco-militar alrededor de las ZEE, lo que permitiría a los cuerpos de vigilancia (que pueden ser empresas privadas de un tipo similar al Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México –Cusaem-) controlar el territorio, evitar la entrada de ciertas personas (violando derechos elementales), reprimir a los que intenten protestar o hacer bloqueos y sobre todo, militarizar las zonas de conflicto donde el Estado ha podido mapear movimientos de resistencia a los proyectos de muerte (como les llaman los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena). Este apartado de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se articula con la iniciativa militar conocida como Ley de Seguridad Interior, actualmente en discusión ante las cámaras de diputados y senadores, luego de pasar 3 meses en la congeladora legislativa debido a las numerosas críticas.

OAXACA ANTE EL ASEDIO EMPRESARIAL

En el estado de Oaxaca las cosas no van a mejorar para los pueblos luego del sismo. En el contexto del pos-terremoto, el empresario Candiani, en compañía de toda una camada de cleptobarones, como les llamo Carlos Fazio^[3], declaró que urgía “acelerar el paso de las ZEE en Oaxaca y Chiapas” para “hacer algo extraordinario para el sur sureste de México”^[4]. En Oaxaca por ejemplo, el terremoto “afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas- de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable, de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada”^[5]. Aprovechando la destrucción de la infraestructura básica de miles de familias, los cleptobarones se pusieron el saco de la solidaridad y la humildad, escondiendo sus reales intenciones de hacer negocio con la desgracia de los pueblos.

En este contexto, la autoridad federal aseguró que “no hay nada que detenga la instalación de las Zonas Económicas Especiales en Salina Cruz”, y agrego que “antes de que concluya el año” se emitirá el decreto de instalación del megaproyecto^[6] acompañada de la plaza comercial más grande la región: “plaza metropolitana”, con una inversión de 420 millones de pesos en una área de 15 mil metros. Los empresarios calculan que a finales de diciembre quedará establecida la ZEE en Oaxaca y explicaron que el retraso tuvo su origen en la “donación” de la tierra, ya que la realizada en un primer momento “no contaba con la vocación” de uso industrial ni era lo suficientemente amplia. Por esta razón, las comunidades afectadas que necesitan reorganizar su vida de manera autónoma tras el sismo, quedaron en segundo plano. Mejor dicho, se convirtieron en el pretexto para renegociar la tierra y, aprovechando el caos, los empresarios gestionaron la “donación” de terrenos para proyectos del ramo energético, como sucede en el Istmo de Tehuantepec, una de las zonas más dañadas por el terremoto.

La buena noticia es que el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios está bien consciente de lo que representa este avance voraz del capital, por lo que están dispuestos a defender la vida tejidos a la Madre Tierra^[7]. Por su parte, las mujeres zapotecas organizadas en el municipio de Ixtepec, también son conscientes de los ataques que vienen, pues su lucha “no es por una hectárea, ni diez y tampoco cien, son 8 mil 150  hectáreas que el gobierno federal de Felipe Calderón concesionó a las empresas mineras Plata Real -filial de la estadounidense Sunshine Mining and Refining-; y a la japonesa Dowa, como parte del corredor minero de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)”^[8]. Dicho corredor también afectaría a los municipios de Lachiguiri, Laollaga, Tapanatepec, Zanatepec y San Miguel Chimalapa. La resistencia se va construyendo poco a poco en frentes comunes por la dignidad y la vida.

EN VERACRUZ CONTINÚA EL TERROR

Para el caso de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, es innegable el rol que está jugando la violencia a partir del terror infundido por grupos delincuenciales al servicio del Estado que legitiman políticas de militarización. Actualmente la región petroquímica padece una economía a la baja, con una tasa de desempleo del 40% y sumergida en “un problema de inseguridad muy grande”, como aceptó el alcalde Joaquín Caballero^[9]. En ese contexto, a finales de septiembre, el presidente Peña Nieto decretó la ZEE de Coatzacoalcos con una extensión de más ocho mil hectáreas. Luego de este evento, el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes, se reunió en la Ciudad de México con Gutiérrez Candiani, mandos policiaco-militares y representantes de las 50 empresas globales con más inversión en México. Ahí les invitó a invertir en materia de seguridad como un punto principal. Inversiones en seguridad que radican en la compra de equipamiento para los cuerpos policiacos (patrullas, armas, chalecos), tecnología de espionaje, cámaras de video-vigilancia y reforzamiento del C-4 en Veracruz-Boca del río^[10].

La ZEE de Coatzacoalcos se compone de un polígono de producción enfocado a las actividades petroquímicas, petroleras, procesamiento de plásticos y agroindustrias. Son estas áreas las que han atraído a los inversionistas chinos, quienes acudieron en octubre pasado para firmar convenios para la creación de una empresa productora de juguetes de plástico que ofrecería alrededor de 5 mil empleos. También los empresarios mexicanos integrados en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se vieron interesados en invertir en la zona costera, con un plan de producción en base a maquilas y una serie de empresas enfocadas en la proveeduría para la distribución de múltiples mercancías en el traslado global^[11].

A pesar de tan sonadas promesas de seguridad y empleo, la población de esta sureña región, se mantiene con muchas reservas en cuanto a los beneficios del proyecto de ZEE. Las ejecuciones, los secuestros y los feminicidios no dejan de resonar en los periódicos locales, quienes se enfocan en tomar nota de los muertos de los que nadie más se ocupa. Autoridades locales, pequeños empresarios, trabajadores, amas de casa, estudiantes, nadie se salva. Los Zetas, grupo criminal que opera en la zona, ha impuesto toques de queda implícitos ante el amparo de las instituciones locales. La presión de los sicarios es tan fuerte que no hay señales de acción colectiva por parte de los vecinos. Esta condición de opresión le sirve al ensamble capital-Estado.

En otros municipios de la entidad se han organizado algunas acciones de protesta para exigir el cese a la violencia, como por ejemplo en el puerto de Veracruz, donde en octubre pasado fue torturado y ejecutado el neurocirujano David Casanova, crimen que causó la indignación a nivel estatal, provocando que los médicos y vecinos realizarán una movilización por las calles del puerto hasta el zócalo municipal con la exigencia de justicia^[12]. Sin embargo, en Coatzacoalcos la violencia no ha detonado grandes acciones colectivas. En este escenario podemos observar que la violencia del narco desbarata las relaciones interpersonales, fragmenta la colectividad y sitúa en la desconfianza a los sujetos. En ese complejo terreno es fundamental restablecer el tejido social, vernos los rostros, platicar nuestras preocupaciones y encontrar rutas probables para la defensa colectiva.

COMBATIR UN PROYECTO GLOBAL  

Las ZEE, también llamadas zonas francas o zonas libres no son procesos económicos aislados. Desde hace tiempo se vienen replicando como proyectos del capital global instalados en países concretos con el apoyo del imperialismo estadounidense y el Banco Mundial. La experiencia de varios países como Mauritania en el continente Africano, Honduras en Centroamérica, Blangladesh en Asia e Irlanda en el norte de Europa, demuestran la potencia del proyecto para posicionarse en todo el planeta de manera estratégica^[13]. Aunque la información al respecto es escasa, en el caso de Honduras la experiencia fue desastrosa, militarizando pueblos y llevando a la gente a una explotación sin precedentes. En esta experiencia, los ganadores en inversión fueron Canadá (ocupando el 28% de la inversión total) y Estados Unidos (con el 48%).

La resaca de las ZEE en Centroamérica dejó un desgaste económico referente a la mano de obra de los hondureños, generando una masiva fuga de capital, lo que provocó sueldos muy pobres que no significaron una opción de vida para los habitantes de la zona de influencia. De ahí que se profundizará el éxodo de migración hacia los Estados Unidos. Además, se aceleraron distintos megaproyectos que atentaban contra bosques y ríos, los cuales eran usados como fuentes de producción para el sector energético, lo que desató una serie de conflictos socioambientales teniendo como principales actores de oposición a las organizaciones indígenas. En este caso, la articulación de los megaproyectos se acompañó de una fuerte militarización y proliferación de grupos paramilitares en los territorios, lo que impulsó la criminalización contra los movimientos opositores al “progreso”, convirtiendo a Honduras en el país más peligroso del mundo para lxs defensores ambientales, según el informe del observatorio internacional Global Witness^[14].

RESISTIR FRENTE AL DESPOJO

Derivado de este escenario, hace varios años que Pablo González Casanova ha venido afirmando en textos y discursos públicos, que hoy vivimos una recolonización de los pueblos mediante los megaproyectos extractivos que operan ”a través de la ocupación integral de nuestros países, estructurada en el ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales, y a través de disposiciones de hecho, realizadas todas ellas sin consultar a la sociedad”^[15], las cuales están generando nuevos procesos de dominación global. En el fondo de estos procesos, el plan es imponer “una guerra sin precedentes que renueve el crecimiento y simultáneamente elimine los excedentes de capital y trabajo mientras se apropia de recursos y territorios escasos. Producción, consumo y exterminio simultáneos”^[16], como bien señala el activista colombiano Manuel Rozental.

La salida a estos proyectos extractivos no la podemos encontrar en el cambio de gobierno del próximo 2018, ni aunque se disfrace de gatopardismo. Los empresarios han aprendido que para que sus negocios surtan efecto, tienen que pensar transexenalmente, legislar con alevosía y ventaja y construir el andamiaje institucional que les permita imponer sus proyectos de muerte. Desde este análisis, es posible entender por qué una iniciativa de ley, como la Ley de Seguridad Interior se encuentre en vías de aprobación en los espacios de poder político. Los mandos militares, al servicio de intereses globales, están dispuestos a iniciar un Estado de excepción permanente (con el respaldo de la Iniciativa Mérida), donde el ejército ocupe las calles y realice labores de seguridad pública con la misión concreta de abatir a todo aquel grupo social que atente contra la “seguridad interior”, en una clara violación a los derechos elementales como seres humanos. Para ser claros, no es coincidencia que las ZEE se acompañen de leyes en materia de seguridad. El despojo encuentra en la violencia y el sometimiento físico su mejor método para doblegar al enemigo.

Necesitamos ser muy astutos desde abajo, para poder entender que planean los de arriba. El primer paso es aceptar que vivimos en guerra, estudiar las estrategias de los poderosos y desde ahí pensar/actuar para construir nuestras acciones colectivas con las cuales podamos enfrentarnos a la hidra. Como suele decir Marichuy, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno: hay que organizarnos para enfrentar la guerra todxs juntxs.

Autor: Alberto Colin Huizar

Publicado el 12 de diciembre

Fuente: Regeneración Radio