Noemí Álvarez. Crimen: Migrante indígena de 12 años. Castigo: Muerte. Dictamen: Suicidio
Noemí Álvarez Quillay tenía 12 años, era una indígena quechua de El Tambo, la empobrecida región de El Cañar en el Ecuador, víctima de la dolarización neoliberal. Cruzando México por segunda vez como parte de las caravanas del despojo creadas por el “Libre Comercio”, a 1 hora de llegar a su destino muere. Las autoridades dictaminan que se trata de un suicidio!! Esos ríos de miserables sin nombre ni patria y criminalizados que intentan entrar a los EEUU cuyo gobierno los empobreció en sus tierras para empujarlos a migrar, han encontrado que la frontera estadounidense ha sido establecida en la frontera sur de México con Centro América. Noemí simboliza el genocidio a través del despojo y de la migración. Masas fluyen obligadas por el hambre al abuso, la muerte y la explotación. Así como les señalan como criminales luego de obligarlas a migrar, así mismo, les asesinan a diario y dictaminan que son suicidios o accidentes. La migración forzada es un crimen de lesa humanidad del capital transnacional, desde su origen, hasta su destino de explotación, discriminación y terror pasando por la ruta de la muerte cuya frontera avanza hacia el sur con la ocupación corporativa y militar de nuestros territorios. Noemí es una víctima del fascismo corporativo y su proceso de conquista y genocidio. Así No!! No Más!!!
Al encuentro de la muerte: el caso de Noemí Álvarez
El caso de Noemí Álvarez Quillay, una niña ecuatoriana de 12 años, indígena, originaria de una de las comunidades quechuas más pobres del Ecuador, en el distrito de El Tambo de la región del Cañar nos provee un ejemplo paradigmático sobre las dimensiones e implicaciones de los flujos masivos de migrantes menores de edad hacia México desde todos los rincones de nuestro continente. Noemí murió bajo circunstancias aún no esclarecidas, –supuestamente por suicidio– en un albergue para menores migrantes ubicado en Ciudad Juárez, al norte de México, el 11 de marzo de 2014. Había tardado un poco más de un mes en una travesía de 10,000 kilómetros desde el inicio de su camino el 4 de febrero, en su lugar de origen, en el altiplano andino.
Foto: José Luis Nivisaca NYT
El Cañar es una de las regiones de origen más recurrentes de los flujos masivos de migrantes indígenas ecuatorianos hacia Estados Unidos y España (UNICEF, 2008), disparados por la crisis económica de 1999-2000 en ese país, que culminó en su “dolarización”. La trabajadora social de la escuela de bachillerato regional correspondiente al distrito de El Tambo calcula que un mínimo de 60% de los alumnos son hijos de migrantes que están siendo cuidados por sus abuelos, tíos, o hermanos mayores (ídem.), mientras esperan la eventual reunificación de sus familias. Este proceso de desarraigo y fragmentación familiar por causas relacionadas con la migración incluye a 48% de los hogares indígenas en la región del Cañar (UNICEF, 2008: 10).
Muchos menores de edad, como Noemí, han resultado en el camino del reencuentro con sus padres en Estados Unidos, que pasa necesariamente por territorio mexicano, y que muchas veces incluye un tramo por mar entre las costas de Ecuador y las de Guatemala (NY Times, Denver Post: 2004). Es allí, al llegar a Guatemala, que los flujos desde el Ecuador convergen hacia México con los que tienen su origen en Honduras y El Salvador, y que resultan ser después transportados, o mutilados, por el tren de carga conocido como La Bestia que transita México de sur a norte (Martínez, 2010).
Noemí estaba a cargo de sus abuelos desde que sus padres emigraron a Nueva York, primero su padre poco después de que ella nació, y luego su madre, cuando tenía 3 años. Sus padres residen y trabajan en Estados Unidos sin papeles, y es por ende imposible que viajen fuera del país sin perder lo poco que han logrado con ese exilio. Es frecuente, dado este contexto, que las familias ausentes ahorren y se endeuden masivamente para poder solventar el costo cobrado por los traficantes, calculado entre 15 y 20 mil dólares por persona (entre 3 mil y 5 mil desde Centroamérica), para poder reunificar a sus familias (ídem).
Noemí murió en el segundo intento, después de uno previo que terminó en fracaso a menos de la mitad del camino, por Nicaragua. En la segunda ocasión, la fatal, estaba a menos de una hora de la frontera estadounidense cuando fue interceptada. Se ha alegado que su muerte fue un suicidio, que muchos cuestionan dada su edad, y sus esperanzas y motivaciones para ser reunificada con sus padres. Varias fuentes señalan también que fue interrogada agresivamente en el albergue donde había sido llevada después de ser detenida en los alrededores de la colonia Anapra, por agentes de la Policía Federal inmediatamente antes de su fallecimiento.
Se siguen investigando mientras tanto las causas de su muerte (ídem.). Hay pocas bases empíricas para confiar en la eficacia de tales investigaciones por entidades oficiales en México, dado el patrón recurrente de impunidad que caracteriza a miles de casos de violaciones graves de derechos humanos (asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, extorsiones y asaltos) cometidas contra migrantes en tránsito en territorio mexicano en los últimos años.
Los protagonistas de estos flujos no sólo incluyen a Noemí sino a los ecuatorianos que murieron en la masacre de 72 migrantes en tránsito en el municipio de San Fernando en el estado mexicano de Tamaulipas en agosto 2010. También incluyen al único sobreviviente confirmado de la masacre, y es muy probable que incluyan también a algunas de las víctimas aún no plenamente identificadas de las fosas descubiertas con los cuerpos de más de 190 migrantes asesinados en ese mismo lugar, en marzo de 2011, y en decenas de fosas clandestinas adicionales similares, sembradas por todo el país desde Chiapas (frontera sur) hasta Chihuahua (frontera norte), incluyendo por lo menos 30 cuerpos descubiertos en los últimos días en 13 fosas en el sureste de Veracruz; 89% de las víctimas de fosas de este tipo en México no han sido identificados. Se ha responsabilizado reiteradamente a sectores de la delincuencia organizada como Los Zetas por crímenes de este tipo, pero también han sido señalados por su responsabilidad directa e indirecta, por acción y por omisión, a autoridades estatales a todos los niveles- federales, estatales, municipales- y en todas las dimensiones- civiles, policiales, y militares (Amnistía Internacional 2010; Centro Pro/WOLA 2011; TICPM 2011; Pérez-Bustillo 2012).
La migración masiva y el tránsito por México de personas de origen centroamericano reflejan la continuación del terrorismo de estado y de las guerras regionales libradas durante los años 70 y 80 en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras como resultado de la intervención militar ilegal estadounidense. Los estragos de estos conflictos armados se han profundizado posteriormente a través de las políticas neoliberales de “libre comercio” que han devastado y mermado sistemáticamente las condiciones materiales necesarias para hacer posible y sostenible una vida digna en las comunidades y países de origen de estos flujos.
La migración centroamericana y los crímenes cometidos contra sus protagonistas constituyen en este sentido la continuación de estas guerras por otros medios, que hoy implican una guerra regional contra las y los migrantes, atizada por la imposición y aplicación extraterritorial de las políticas migratorias estadounidenses fundamentadas en la criminalización de las y los migrantes. Las condiciones y vulnerabilidades actuales de las y los migrantes de origen centroamericano de estos países por ende son el fruto de la criminalidad continuada de estas intervenciones e imposiciones, y representan el intento del traslado ilegítimo de la responsabilidad estatal y de sus costos a los países y pueblos de origen, y al pueblo mexicano.
Pero los migrantes no son víctimas pasivas de estos crímenes. Se ha ido gradualmente tejiendo y organizando la indignación ante los violaciones de derechos humanos que caracterizan a la experiencia de los migrantes en tránsito por territorio mexicano, desde la Masacre de San Fernando en 2010, hasta posicionarse el tema como uno de los principales en la agenda pública y mediática en el país, y más allá. Esto ha incluido el recorrido de caravanas de madres y familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos en el camino, la organización de una red de albergues eclesiásticos y núcleos ciudadanos dispuestos a defender los migrantes, la promoción de denuncias nacionales e internacionales, la creciente articulación entre sus defensores y otros activistas dentro de espacios que se han asumido como tribunales de conciencia (TICPM, TPP, ídem.) enfocados en estos temas, y por primera vez en abril de 2014, a partir de un “Viacrucis Migrante”, la organización de caravanas nacionales recurrentes de cientos de migrantes organizadas por defensores destacados de defensa de los derechos de migrantes como Fray Tomás, el padre Solalinde y Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano. Esto ha incluida una a principios de mayo de 2014 que fue brutalmente reprimida por autoridades federales y estatales, pero que no obstante logró reconstruirse después y recorrer el país de sur a norte, seguida poco después por otra de Ixtepec al DF en junio.
Su objetivo es “visualizar la crisis humanitaria en la que se ha convertido nuestro paso por México” (Comunicado, Viacrucis Migrante, abril 2014). Los miembros de la caravana declaran:
Los migrantes centroamericanos no somos criminales ni una escoria social para el país. Somos una de las principales fuerzas económicas, sociales y culturales para los países del mundo. La historia de América Latina está llena de dignidad, y es por la búsqueda de respeto a la condición humana que exigimos a las autoridades mexicanas los siguientes puntos: 1) el respeto al derecho al libre tránsito para los migrantes y garantías de su seguridad: «No más mutilados ni muertos en el tren»; 2) «alto a las extorsiones, asaltos, secuestros, y asesinatos por parte de grupos del crimen organizado, y castigo para los funcionarios cómplices» de esos crímenes; 3) «protección continua a las personas migrantes» no solo en los albergues sino «a lo largo del país», y 4) «la desaparición del Instituto Nacional de Migración», la autoridad migratoria mexicana responsable, reiteradamente implicada en su maltrato.
Noemí, y la demanda de que se haga justicia en su caso, están presentes también en el andar de estas caravanas, y del movimiento transnacional más amplio que las acompaña y apoya.
Por Camilo Pérez Bustillo-24 junio, 2014
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