Colombia: la ‘democracia’ que tenemos

Nuestra COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ ha puesto en conocimiento del Presidente de la República, de todas las ramas del poder público y de los órganos pertinentes de la comunidad internacional, entre enero y comienzos de septiembre de 2013, 138 agresiones graves, la mayoría constitutivas de crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional, dada su sistematicidad ininterrumpida durante 16 años, y  sin embargo las prácticas criminales se siguen repitiendo con la misma rutina de siempre.

Complicidad, cooperación y protección al crimen: la ‘democracia’ que tenemos

El Presidente y todas las ramas del poder público nacional tienen en sus manos toda la información minuciosa de cómo actúa el paramilitarismo en la zona; de cuáles son sus centros de decisión, sus haciendas de entrenamiento, sus rutas de desplazamiento, sus prácticas genocidas, su estrecha coordinación con las brigadas 17, 11 y Móvil 24 del Ejército Nacional y con la Policía del Distrito urabaense, y sin embargo no hay una sola acción de control ni de corrección ni de sanción ni de depuración. El Presidente Santos sigue sosteniendo al Ministro de Defensa y a los comandantes de división, de brigadas y batallones sobre los cuales recae la responsabilidad de mando de todos estos horrores.

Desde la Presidencia se remiten copias rutinarias a los órganos de control, pero la Fiscalía se contenta con asignarle a cada hecho un código de “notitia criminis” y con redactar un párrafo para responder a los clamores de las comunidades y municipalidades solidarias de los diversos países del mundo, afirmando que las información suministrada por la Comunidad no es apta para investigar nada, pues no se dan los datos necesarios, a pesar de que la Comunidad siempre precisa las fechas, los sitios, las víctimas, las modalidades de los crímenes, los contextos, las circunstancias y la procedencia e identidad de los victimarios, lo que no puede dar son los nombres de éstos, pues los ocultan en flagrante violación de la ley, ni la filmación de los hechos. Nunca se ha visto que los órganos de la justicia vayan a los cuarteles a solicitar la ubicación e identificación de las tropas concernidas, ni vayan a verificar “in situ” la presencia de los contingentes paramilitares, ni exijan explicaciones de quienes tienen responsabilidad de mando ni medidas para evitar la repetición inminente de los crímenes o la ejecución de los exterminios anunciados; prefieren dejar a las víctimas a merced de sus victimarios, totalmente desprotegidas, haciendo caso omiso de la primordial norma rectora que ha regido en el procedimiento penal señalando su esencial finalidad: “EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBERÁ ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE CESEN LOS EFECTOS CREADOS POR LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE, LAS COSAS VUELVAN AL ESTADO ANTERIOR Y SE INDEMNICEN LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR LA CONDUCTA PUNIBLE”.

Si se mira hacia atrás y se recuerdan los ya miles de hechos puestos en  conocimiento de todas las autoridades durante estos 16 años y la nula respuesta de los poderes estatales para frenar, corregir, sancionar y reparar la barbarie, la pregunta obligada es: ¿puede esto ser una democracia?

Nuestra Comunidad de Paz, siguiendo sus imperativos éticos, vuelve a dejar constancia histórica de los hechos de los últimos días y le demanda a la historia un justo enjuiciamiento de los responsables:

El domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 2:00 horas, un grupo de militares se atrincheró en la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz, en San Josecito, y allí se mantuvieron hasta el amanecer.  

El mismo domingo 1 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, varios campesinos de la vereda la Hoz decidieron acudir al rescate del Joven campesino BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, detenido por los paramilitares desde el día anterior; al llegar a donde se encontraban los paramilitares la respuesta fue que no lo soltarían y además amenazaron al hermano de HOYOS HERNÁNDEZ y lo obligaron a abandonar la zona, de lo contrario no responderían por su vida. Allí, los paramilitares mostraron varias fotos que tenían de varias personas de la vereda y de la zona, las cuales fueron tomadas por las tropas del ejército nacional y posteriormente entregadas a los paramilitares. Debido a las amenazas de los paramilitares, las familias de la vereda la Hoz decidieron abandonar la vereda y salir desplazados a causa de las amenazas de los paramilitares contra la población civil del entorno. Es de anotar que los paramilitares y militares no solo han venido realizando los operativos conjuntamente en esta vereda, sino que además se han llevado los celulares y saqueado las viviendas, y se han llevado las aves de corral de los campesinos.  

Este mismo domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 18:50 horas, un grupo paramilitar ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, en busca de los miembros de la Comunidad de Paz, quienes no se encontraban en el momento, posteriormente se acercaron a los vecinos del asentamiento y preguntaron por el paradero de las familias de la Comunidad de Paz, asegurando que continuarían junto al lugar ya que tenían una incursión preparada contra la Comunidad de Paz y los campesinos de la zona.  

El martes 3 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramilitares que se dirigían desde la vereda La Hoz hacia la vereda Zabaleta donde llevaban amarrado a BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ a quien desaparecieron forzadamente.    

El miércoles 4 de septiembre de 2013, un miembro de la Comunidad de Paz, mientras caminaba  realizando compras en el centro urbano de Apartadó, fue abordado por un reconocido paramilitar quien se le acercó y le pidió que le diera los contactos de GERMÁN GRACIANO miembro del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz; además le ofreció dinero para que colaborara con ellos brindándole información de cuándo Germán salía a la ciudad y de sus movimientos en la zona.   

El jueves 5 de septiembre de 2013, hacia las 10:15 horas y por espacio de dos horas se presento un fuerte combate entre tropas del Batallón Voltígeros, adscritas a la Brigada XVII, y guerrilleros de las FARC en la vereda Las Claras del Corregimiento de San José de Apartadó, resultando un militar muerto, según las informaciones de los militares. A esa misma hora se trasladaba la Comisión Humanitaria conformada por miembros de la Comunidad de Paz y organizaciones internacionales, la cual quedó como blanco de la balacera, pues varios disparos impactaron a tan solo dos metros de distancia de donde estaba el grupo integrante de la Comisión Humanitaria. A pesar de que la Brigada XVII del Ejército Nacional con sede en Carepa, al mando del CORONEL  MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, tenía conocimiento de que un grupo de civiles transitaría por aquel lugar en comisión humanitaria, no tomó medidas para que no se colocara en peligro la vida de los civiles, por lo cual los civiles se vieron en la obligación de permanecer acostados en el piso, a orillas del camino, al menos durante una hora y media, resguardándose de los disparos que daban en blancos cercanos y hasta tanto no se terminara el combate.       

El viernes 6 de septiembre de 2013, hacia las 13:00 horas, la Comisión Humanitaria de la  Comunidad de Paz que llevaba como misión acompañar a varias familias de la vereda La Hoz, en el corregimiento de San José, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, para que recuperaran parte de los enseres y animales que habían dejado abandonados, se encontró con un grupo de paramilitares quienes se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Después de varios minutos y después de que los internacionales mediaran para que se retiraran del lugar, por fin la Comisión Humanitaria y las familias pudieron recoger los pocos alimentos que aún quedaban como sobras que los paramilitares habían dejado de sus robos y saqueos a las viviendas. Testigos de ello fueron las más de 40 personas que integraban la Comisión Humanitaria, pues luego de un recorrido de nueve horas entre San Josesito y la Hoz, la Comisión tuvo en frente suyo a dicho grupo paramilitar, sin embargo la fuerza pública durante más de 16 años dicen “no haber encontrado nunca paramilitares en la zona” y desde los más altos mandos militares, las comandancias de las divisiones, brigadas y batallones con jurisdicción en Urabá, se atreven a negar su existencia, a encubrirlos y a protegerlos, mientras la población civil se los encuentra por doquier. Este grupo paramilitar ha permanecido estos días en la vereda la Hoz y en el mismo lugar, exactamente en la coordenada N 07.58.403 W 076.26.195 desde el  lunes 26 de agosto de 2013 permanecieron a tan solo 400 metros de distancia de donde había presencia militar comprobada. De allí se llevaron al joven BUENAVENTURA HOYOS el sábado 31 de agosto de 2013 y a pesar de la denuncia insistente de la Comunidad de Paz sobre la presencia paramilitar en la zona y sobre las amenazas y desplazamientos que vienen generando dichos paramilitares, el Gobierno no hace sino cerrar los ojos y evadir sus responsabilidades constitucionales.            

El domingo 8 de septiembre de 2013, hacia las 11:00 horas, un grupo de hombres fuertemente armados fue visto en la parte alta de la vereda La Unión, en el corregimiento de San José, los cuales se dirigían hacia el caserío de la Comunidad de Paz en dicha vereda.

El lunes 9 de septiembre de 2013, el reconocido paramilitar alias “Tribilín”, quien hace presencia en Nuevo Antioquia, contactó a un habitante del corregimiento de San José para que le suministrara los nombres de los líderes de la Comunidad de Paz y sus movimientos y contactos, advirtiéndole que había buenas recompensas en dinero para ese trabajo.

El martes 10 de septiembre de 2013, hacia las 12:20 horas y por espacio de 50 minutos fue retenido GILDARDO TUBERQUIA, miembro de Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz, por militares de la base militar del centro urbano de San José, quienes intentaban empadronarlo ilegalmente. Después de varios minutos de estar retenido llegó el comandante de la Estación de Policía de San José, AGUSTÍN BOTELLO, quien encolerizado amenazó a Gildardo de llevarlo al Comando de Policía de Apartadó, haciendo caso omiso a lo ordenado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02 que prohíbe los empadronamientos. Allí, se le reclamó a la fuerza pública el pretender este control ilegal contra miembros de la Comunidad de Paz y el campesinado de su entorno mientras en el poblado de Nuevo Antioquia los paramilitares se movilizan a su amaño por la zona, hacen lo que quieren y nadie los controla a pesar de la intensa presencia de la fuerza pública allí, a lo que el oficial BOTELLO respondió enfurecido con una amenaza de judicialización por atreverse a denunciar lo que está pasando en Nuevo Antioquia, la Hoz y Rodoxalí. Hacia las 13:10 horas  un grupo de miembros de nuestra Comunidad se trasladó, con acompañamiento internacional, hacia el centro urbano de San José para exigir la libertad de Gildardo y en ese mismo instante lo dejaron en libertad, no sin antes tratar a los miembros de nuestra Comunidad de Paz de “lambones” por exigir el respeto a la ley. Allí mismo los militares intentaron impedir el paso de alimentos para los niños de la escuela comunitaria que la Comunidad de Paz tienen en la vereda Mulatos, asentamiento de la Comunidad de Paz o Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra.

Este mismo martes 10 de septiembre de 2013, nuestra Comunidad de Paz ha sido informada de que los paramilitares continúan en la vereda La Hoz, en el mismo lugar donde fueron encontrados por nuestra Comisión Humanitaria el día viernes 7 de septiembre de 2013 y que a pesar de nuestras constancias, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para exigir la entrega del joven secuestrado BUENAVENTURA HOYOS y sus secuestradores continúan allí mismo, en zona plenamente controlada por el Ejército, y aún más, siguen recibiendo remesas que han sido trasladadas en 15 mulas que han salido desde Nuevo Antioquia hacia la vereda La Hoz, saqueada y ocupada por los paramilitares con toda la complicidad del Ejército, mientras sus pobladores fueron forzadamente desplazados. Allí, han amenazado de muerte a varias familias acusándolas de ser las responsables de la difusión que ha tenido la presencia de los paramilitares allí.

Faltan palabras para calificar tanto descaro, tanta complicidad y comportamientos tan ajenos y contrarios a la Constitución y a las leyes. Nuevamente apelamos al juicio de la historia y agradecemos a tantas personas y comunidades de diversos países que no cesan de levantar sus clamores ante un Estado afectado por sordera y ceguera voluntarias y ante todos los órganos que la Comunidad Internacional ha ido creando para proteger lo más elemental de la dignidad humana.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

11 de septiembre de 2013

 

A n e x o

Agresiones contra la Comunidad de Paz en 2013

 

[Enero 6 a Agosto 31]

 

El domingo 6 de enero de 2013, hacia las 19.50 horas y por espacio de 1 hora se escucharon disparos, ametrallamientos y detonaciones efectuados desde la base militar ubicada en el casco urbano de San José, sin que hasta el momento se conozcan los resultados. Nuevamente se generó temor y zozobra con estos actos contra la población indefensa del caserío, pues temían que se repitieran los hechos como el ocurrido el pasado 4 de octubre de 2012 cuando fue asesinado el civil Alberto Ariza Huaca por las metrallas de los militares. Según informaciones de campesinos fueron combates originados por los mismos militares para confundir y atemorizar a la población civil .

 

El viernes 11 de enero de 2013, hacia las 9.25 horas, Blanca Torres miembro de la Comunidad de Paz y esposa de Germán Graciano miembro del Consejo Interno, recibió una llamada del celular número 3113422998 de un sujeto quien se identificó con el nombre de “Santiago Giraldo Coordinador de Desmovilizados de la Oficina de Bogotá”; la llamó por su nombre y le dijo que le colaborara que ellos sabían que ella le podía ayudar suministrando información de los líderes de la Comunidad. Que había dinero para eso, que le ayudara, que ellos le colaboraban con dinero. Ya en días pasados la Comunidad había denunciado las actuaciones de un oficial de la Brigada XVII quien había ofrecido dinero a personas de la zona para que le dieran informaciones sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad de Paz.

   

El viernes 11 y sábado 12 de enero de 2013,  una avioneta fumigó en la vereda La Resbalosa y posteriormente en la vereda Mulatos donde además se encuentra un asentamiento de nuestra Comunidad. Como efectos de la fumigación ya se empezaron a morir los cultivos de pan coger que las familias tenían sembrados, como es el fríjol, arroz y yuca.

 

El jueves 17 de enero de 2013, en horas de la tarde, una avioneta sobrevoló el asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa y procedió a fumigar los cultivos que sirven para supervivencia de la Comunidad, como el fríjol, el maíz, el arroz y el cacao orgánico que se ha venido cultivando en esa zona y que ha sido certificado como cultivo orgánico para la pequeña comercialización que ayuda al sustento de los integrantes.

 

El mismo jueves 17 de enero de 2013, un grupo de paramilitares fuertemente armados ingresó a la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, sitio aledaño a algunos de asentamientos de la Comunidad de Paz, y allí, con lista en mano, procedieron a privar de su libertad a varios civiles. Según informaciones procedentes de los campesinos de la zona, 6 personas fueron detenidas desaparecidas sin que se tuviera noticias noticias de ellas. El mismo día, un campesino de la zona, de nombre CLIMACO PITALÚA, fue golpeado por los paramilitares.

 

El lunes 21 de enero de 2013, hacia las 15:00 horas, en la vereda Rodoxalí, de San José de Apartadó, un campesino de nombre ISMAEL ANGEL MOLINA CORREA de aproximadamente 69 años, pisó un artefacto explosivo mientras se encontraba realizando labores agrícolas en su finca, hecho que le costó la vida. Según informes de los campesinos de la zona, un grupo de paramilitares ha estado realizando operativos y patrullajes en la zona.

 

El martes 22 de enero de 2013, hacia las 2:00 horas, se escucharon disparos en la base militar instalada en el caserío de San José de Apartadó. Más tarde los medios de información hablaron de un combate entre la guerrilla y la fuerza pública. Antecedentes de las últimas semanas y meses muestran que el ejército dispara sin que haya presencia de la insurgencia, con otros fines. La presencia de puestos de la Policía y del Ejército en medio de la población civil contradice numerosas normas de la Corte Constitucional, particularmente en zonas de conflicto como lo es el casco urbano de San José, el cual, justamente desde su militarización extrema a partir de abril de 2005, ha atraído a las fuerzas beligerantes e incentivado los enfrentamientos armados cobrando numerosas víctimas en la población civil.

 

El viernes 25 de enero de 2013, hacia las 21:00 horas, un contingente de paramilitares ingresó a la vereda La Cristalina donde amenazaron e insultaron a varias familias, incluyendo a varios niños. Entre los paramilitares que llegaron se encontraban los hermanos ALBEIRO y LUBÍN Cardona Borja, oriundos de esa zona y quienes se habían entregado al Ejército en 2005, participando en una masacre de 6 jóvenes que estaban durmiendo, en diciembre de 2005, por lo cual el Ejército les pagó 4 millones de pesos por cada vida destruida; desde entonces se movilizan con tropas del Ejército y en esta ocasión recordaron que hacía un año exactamente, en enero de 2012, habían estado allí mismo con las tropas oficiales. La presencia de estos y de otros civiles entre las tropas armadas, revela la persistencia del paramilitarismo en la región, pues se trata de civiles ilegalmente reclutados y domiciliados en establecimientos militares para realizar operativos armados absolutamente ilegales. Dichos agentes ilegales del Estado privaron de su libertad y agredieron con violencia ese día, allí en La Cristalina, a WILLIAM CARDONA y a ALFREDIS RIVAS BORJA. Este último ha sufrido montajes judiciales y graves agresiones por parte de agentes del Estado y la mayoría de los miembros de su familia han sido asesinados por agentes del Estado.

 

El sábado 26 de enero de 2013, hacia la 1:00 de la madrugada, el grupo paramilitar que había llegado a la vereda La Cristalina el día anterior, ingresó a la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Le preguntaron si todavía la Comunidad de Paz estaba en el asentamiento de San Josesito y exigían se les dieran los nombres de los líderes de la Zona Humanitaria de La Cristalina. Según informaciones de campesinos a escasos 20 minutos se encontraban las tropas militares del ejército nacional.

 

El miércoles 30 de enero de 2013, hacia las 15: 40 horas y por espacio de 40 minutos, se presentó nuevamente un combate en el centro urbano de San José de Apartadó. Al parecer fue un combate entre tropas del ejército allí acantonadas y alguna unidad de combatientes de las FARC, quedando en medio del fuego cruzado cuatro civiles, entre ellos un miembro de la Comunidad de Paz quien en ese momento transitaba por allí. Tanto los militares como los policías presentes en el caserío disparaban indiscriminadamente en todas direcciones, colocando así en alto riesgo la seguridad de los pobladores y de las transeúntes. La vivienda de un miembro de la Comunidad, en la cual se encontraban en ese momento niños y adultos, fue impactada por un proyectil proveniente de la base militar, viéndose obligados los moradores a buscar refugios. Una vez más se comprueba que los criterios emitidos repetidas veces por la Corte Constitucional sobre la ubicación de las bases militares y puestos de policía, exigiendo que en zonas como ésta nunca se ubiquen en medio de la población civil, son criterios muy acertados que el Gobierno no ha querido acatar, por lo cual se hace responsable de todas las tragedias que su desobediencia a la Corte está causando.

 

El jueves 31 de enero de 2013, un reconocido paramilitar se acercó a un miembro de la Comunidad de Paz, quien en ese momento se encontraba en Apartadó, y le preguntó por los miembros del Consejo Interno de la Comunidad, a la vez que insistió en que le suministrara el número del celular de GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo. Desde hace ya muchos meses y a través de múltiples episodios de persecución, Germán se ha convertido en blanco de paramilitares y militares quienes ya muy frecuentemente indagan por su paradero, sus rutas, su teléfono y las maneras de ubicarlo.

 

El viernes 1° de febrero de 2013, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares llegó a la vivienda de una familia de la Comunidad de Paz, la cual está ubicada en la vereda Arenas Bajas, en un sitio conocido como “La Máquina”, y les advirtieron que los civiles tienen que acostumbrarse a verlos constantemente en la zona, pues tienen todo ya planeado con la Fuerza Pública para controlar ese territorio. Estos hechos se dan a pesar de que se han vistos allí mismo, durante estos últimos días, operativos militares  de la Brigada Móvil No. 24. Es, pues, evidente la complicidad, unidad de acción, cooperación y coordinación entre el ejército nacional y los grupos paramilitares.

 

El sábado 2 de febrero de 2013, hacia las 9: 30 horas, una patrulla militar, al parecer de la Brigada Móvil No. 24, llegó a la vivienda de la Señora NOLFA SÁNCHEZ, en la vereda Arenas Bajas, exactamente en el punto conocido como La Máquina, y detuvieron por más de 30 minutos al niño JUAN PABLO ÚSUGA, de 14 años, a quien amenazaron e insultaron.

 

El domingo 3 de febrero de 2013, hacia las 12: 30 horas, en el punto conocido como Caño Seco, del corregimiento de San José, se presentó un nuevo combate, al parecer entre la fuerza pública y guerrilleros de las FARC, quedando un militar muerto según informaciones de los campesinos allí residentes. La multiplicación de patrullas militares y paramilitares que hacen presencia en el corregimiento han vuelto a convertir la zona en campo intenso de enfrentamientos armados, sin consideración alguna por una población que ha sufrido ya numerosas veces el desplazamiento, el despojo, el terror, la pérdida de todas sus pertenencias, la estigmatización y numerosas formas de persecución y desconocimiento de sus derechos.

 

El viernes 8 de febrero de 2013, hacia las 20:30 horas, se presentó un enfrentamiento armado en el centro urbano de San José. Nuevamente la población civil fue colocada como escudo por los actores armados, gracias a que el Gobierno se ha negado de manera tozuda y contumaz a acatar las normas emitidas por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01 que prohíbe instalar puestos de policía o bases militares en medio de la población civil.

 

El domingo 10 de febrero de 2013, hacia las 7:25 horas, nuevamente se escucharon disparos y detonaciones de explosivos en los alrededores del centro urbano de San José de Apartadó, causando terror en sus pobladores.

 

Los días lunes 11 al sábado 16 de febrero de 2013, según informaciones de campesinos que lo presenciaron,  varios camiones transportaron a paramilitares procedentes del departamento del Chocó quienes ingresaron a las bases de Piedras Blancas, Zunguito-carretera y Nuevo Antioquia, atravesando por sitios donde constantemente existen retenes militares y de policía sin que éstos los detuvieran.

 

El jueves 14 de febrero de 2013, hacia las 9:30 horas, se presentó un combate entre los militares acantonados en la base militar de San José y  guerrilleros de las FARC. Según informaciones de los medios locales, dos militares resultaron heridos. Este mismo día, hacia las 12:35 horas, dos helicópteros sobrevolaron el área, mientras uno recogía los heridos el otro ametrallaba la zona dejando caer sobre varias viviendas de civiles vainillas de gran tamaño, calibre P50. Varios campesinos han manifestado la preocupación por estos hechos los cuales ponen  en riesgo sus vidas. Mientras tanto soldados del Ejército Nacional se han acercado a las viviendas de varios campesinos preguntando si no les preocupa la suerte de los niños, lo cual se entiende como una amenaza por parte de la fuerza pública hacia el campesinado.

 

El lunes 18 de febrero de 2013, hacia las 10:30 horas, un grupo de paramilitares fuertemente armados ingresaron a la vivienda de un miembro de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas, manifestando que van a ir desplazando al campesinado de la zona al igual que a las familias de la Comunidad de Paz; que ya tienen todo coordinado con la fuerza pública para ello. Este mismo día se presentó un tiroteo en el filo del sitio conocido como El Barro, en la vereda Mulatos.

 

El martes 19 de febrero de 2013, hacia las 3:00 horas de la madrugada, un grupo paramilitar entró a una vivienda ubicada en la vereda la Miramar del corregimiento de San José, allí tumbaron la puerta de la casa a patadas, destruyeron la vajilla de cocina, dañaron prendas de vestir de la familia y amenazaron de muerte a la niña ROSALBA GONZÁLEZ, de 14 años, por espacio de hora y media, colocándole un cordón y una navaja en la nuca, obligándola a desplazarse de la región y anunciándole que si la volvían a ver por allí, la matarían.  Allí, nuevamente profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz, afirmando que esa HP de Comunidad de Paz es una manada de guerrilleros a quienes van a exterminar y mostrando una lista de personas del corregimiento a quienes tienen que asesinar. Este mismo día el grupo paramilitar se dirigió a la base de Piedras Blancas; al regreso se llevaron al reconocido campesino de apodo “CHILAPO” a quien torturaron destruyéndolo parte de su nariz con un alicate con el cual lo obligaron a caminar, además de recibir varios garrotazos en la cabeza; después de las torturas lo obligaron a cavar su propia sepultura. Algunos civiles que se enteraron de la intención de asesinarlo intercedieron por el campesino logrando que minutos más tarde los paramilitares lo dejaran en libertad a la altura de la vereda Caracolí del corregimiento de Piedras  Blancas del municipio de Carepa.

 

El jueves 21 de febrero de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en cabeceras de la vereda La Esperanza, exactamente en el punto conocido como “los Arteaga”. Venían de la base paramilitar de Nuevo Antioquia y recorrieron las veredas de Playa Larga, El Porvenir y La Esperanza, ésta última donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.

El viernes 22 de febrero de 2013, hacia las 10:30 horas, se registraron enfrentamientos al parecer entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC en el corregimiento de Los Mandarinos. Según informaciones de los campesinos, dos soldados resultaron muertos.  

 

El sábado 23 de febrero de 2013, hacia las 10:00 horas, en la vereda La Esperanza, un grupo paramilitar ingresó a la vivienda del campesino CRISTÓBAL MEZA, a quien amenazaron junto con su familia y le advirtieron que era mejor que se fuera de la zona, que no lo querían ver más por allí. Ese mismo día  este mismo grupo paramilitar entró a varias viviendas de la vereda El Porvenir, aledaña a la vereda La Esperanza, y se llevaron los alimentos de las casas. En ese grupo iba el reconocido paramilitar alias “PANELO”.

 

El mismo sábado 23 de febrero de 2013, a las 20:30 horas, un miembro de la Comunidad de Paz recibió una llamada por parte de un sujeto que no se identificó, para advertir que estaban planeado una masacre contra la Comunidad de Paz; que el objetivo eran los líderes y que cuidaran a los niños, que no los dejaran en la calle, pues de lo contrario correrían la misma suerte y serían asesinados. La llamada la hicieron, según lo afirmaron, desde la vereda Miramar, lugar donde han estado presentes los paramilitares recientemente en estrecho compartir con tropas del Ejército.

 

El domingo 24 de febrero de 2013, hacia las 15:50 horas, un grupo paramilitar llegó a la vereda La Esperanza, a la finca propiedad de la Comunidad de Paz, preguntando por los líderes de la Comunidad de Paz. La presencia de los paramilitares, tanto en la vereda El Porvenir como en la vereda La Esperanza, ha colocado en situación de confinamiento a tres familias, dos de ellas de la Comunidad de Paz, a quienes les tienen prohibido salir de sus casas. Los mandos militares contactados a nivel nacional por otras instituciones del mismo Estado, aseguran que en la zona “no hay presencia alguna de paramilitares”. Es la respuesta rutinaria con que la Brigada XVII, desde el General Rito Alejo del Río, en 1996, ha respondido a toda denuncia.

 

El lunes 25 de febrero de 2013, hacia las 7:00 horas una comisión humanitaria de la Comunidad de Paz se desplazó a las veredas El Porvenir y La Esperanza, con el fin de proteger a las familias retenidas y amenazadas por los paramilitares. El 25 y 26 de febrero la Comisión Humanitaria estuvo en La Esperanza. Los militares se enteraron de su presencia con anticipación y adoptaron la estrategia de ordenar a los paramilitares esconderse y alejarse del camino para no ser vistos. Los militares hicieron presencia en la vereda La Esperanza el día 26, y lo hicieron de una manera irrespetuosa, ingresando sin permiso a una propiedad privada. Se identificaron como integrantes de la Brigada Móvil No. 24. Los pobladores de la zona manifestaron que los paramilitares se movilizan con brazaletes marcados con la sigla “AGC” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), el nuevo nombre que han adoptado. Es claro que han ido comprando fincas en la vereda de Playa Larga y aledañas, como la finca La Marina donde funciona una gran base paramilitar y es clara también su incidencia en el proyecto de carretera entre Nuevo Antioquia y La Esperanza, para el cual han aportado mucha maquinaria. Para los campesinos está también clara la estrategia paramilitar, manifestada en discursos y conversaciones, de avanzar en el control territorial de todo el corregimiento de San José de Apartadó. En esto coinciden con aquellos que han estado ocupando las veredas Arenas Bajas (sector de La Máquina) y Miramar en los últimos meses. Lo más preocupante y lo que constituye la clave fundamental de su presencia y accionar en la zona, es la complicidad de la fuerza pública. Los mismos paramilitares se lo confiesan a los campesinos con intención de disuadirlos de toda resistencia a su dominación: el respaldo de la fuerza pública es total y por ello oponerse a la estrategia es “enterrarse el cuchillo”: o les toca desplazarse o morir. Le explican a los campesinos que la fuerza pública está realizando operaciones de fachada al repartir volantes en los que se afirma estar persiguiendo a alias “Teilo”, a alias “Otoniel”, a alias “Fabio” (responsable político), a alias “Beto”, entre otros; que la misma población civil puede comprobar que no se dan enfrentamientos entre militares y paramilitares a pesar de que estos últimos hacen presencia en la zona en grupos enormes y muy cerca de donde patrullan los militares. Por esto los paramilitares se muestran seguros ante los campesinos y afirman que no saldrán de la zona aunque el mismo Presidente Santos vaya y se los ordene. Su seguridad se apoya, además, en la estrategia global a la cual dicen servir: adueñarse de la zona para ponerla al servicio de empresas mineras nacionales e internacionales, como lo han hecho en otras regiones del país.

 

Entre las estrategias de desplazamiento siempre se ha contado la fumigación de los cultivos de pancoger, con el fin de destruir las fuentes precarias de alimentación del campesino y envenenar sus aguas para obligarlo a abandonar la zona. Esta estrategia la han estado aplicando en las veredas Mulatos, La Resbalosa y las Nieves. La Comunidad tomó registros fotográficos los días 21 y 26 de febrero de este año, en los cuales se comprueba la gravedad de los daños causados por las fumigaciones indiscriminadas de la Policía Antinarcóticos. En la vereda La Resbalosa fumigaron la fuente de agua de la cual se sirve nuestra Comunidad de Paz. Todo muestra que nada ha cambiado en los tres últimos lustros. Siguen imperando las estrategias diabólicas del Estado que se aplican de manera obstinada y contumaz, defendiéndose con estrategias de fachada frente las protestas de la comunidad nacional e internacional. Tampoco han cesado otras prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, tales como allanamientos ilegales, amenazas y anuncios de masacres y exterminio.

 

El miércoles 6 de marzo de 2013, hacia las 4:00 horas de la madrugada, miembros de la policía y del ejército llegaron a la vereda La Linda y allanaron de manera brutal la vivienda de ALFREDIS RIVAS BORJA, supuestamente porque tenían informaciones de que él guardaba en su vivienda armamento, RIVAS ya había sido víctima de un montaje judicial, de privación injusta de su libertad y cuya familia fue casi exterminada al ser asesinados su padre y sus hermanos por miembros del Ejército y de los grupos paramilitares, informaciones que reposan en la Presidencia de la República, en las instituciones judiciales locales y regionales, en todas las altas Cortes y en organismos internacionales. Ese mismo día, hacia las 12:30 horas La presencia del Ejército en los espacios de vivienda y educación de la población civil, provocó un combate que puso en alto riesgo a los civiles y a los niños quienes se encontraban en la escuela de La Cristalina, una bomba lanzada por los militares cayó a unos 100 metros de la vivienda de un miembro del Consejo Interno en La Cristalina, donde se encontraba él y su familia al momento al interior de la vivienda. A pesar de estos graves riesgos para la población civil, los militares acamparon en la escuela de La Cristalina por más de dos días.

 

El jueves 7 de marzo de 2013, hacia las 10:00 horas, un integrante de la Comunidad de Paz recibió una llamada telefónica en la cual se preguntaba por la ubicación de GERMÁN GRACIANO y de REINALDO AREIZA. Germán es actualmente el Representante Legal de la Comunidad y en los últimos meses ha sido sometido a persistentes amenazas de muerte. El desconocido que hizo la llamada advertía que ya tienen un plan para asesinarlo en la misma zona en el momento en que dé ocasión.

 

El viernes 8 de marzo de 2013, hacia las 11:00 horas, en la vereda la Hoz del corregimiento de San José, se presentó un intercambio de disparos entre militares que patrullaban la zona y paramilitares. Según informaciones de los campesinos, 9 paramilitares perdieron la vida y un número indeterminado de ellos quedaron heridos. Los militares manifestaron que había sido “un error” entre ellos, ya que iban persiguiendo era a la guerrilla; que lamentaban lo sucedido y que por eso no habían recogido los cuerpos de los paramilitares muertos ni el armamento que estos portaban. Después de esto, los paramilitares reclutaron a un grupo de civiles del casco urbano de Nuevo Antioquia a quienes obligaron a recoger los cuerpos de los paramilitares muertos, los cuales fueron trasladados al municipio de Turbo. Según informaciones de los medios locales, entre los muertos se encontraba alias “BETO”, líder paramilitar de la zona.

 

• El lunes 11 de marzo de 2013, hacia las 7:30 horas, dos amigos internacionales que venían de visita a la Comunidad de Paz, mientras se trasladaban en taxi desde el aeropuerto de Carepa hacia nuestra Comunidad, fueron interceptados por la Policía. Los agentes detuvieron el vehículo para ser requisado al igual que los ocupantes. Los uniformados sometieron a los visitantes a interrogatorios. Cuando los visitantes les manifestaron que se dirigían hacia la Comunidad de Paz, los uniformados cuestionaron el que ellos vinieran a la Comunidad, advirtiéndoles que esa Comunidad de Paz era muy peligrosa, que no fueran allí.

 

• El viernes 15 de marzo de 2013, a las 9:40 horas y por espacio de 20 minutos se registró un nuevo enfrentamiento en el casco urbano de San José. Nuevamente se puso en peligro la vida de los civiles. En el colegio se encontraban los niños en clases, los cuales quedaron en medio del fuego cruzado. El Gobierno sigue desacatando de manera contumaz las normas de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01, que prohíbe establecer puestos de policía y bases militares en medio de la población civil. Si se quisiera proteger a la población civil, misión de la fuerza pública, no pondrían sus bases allí para que los civiles mueran en el fuego cruzado.

 

• El miércoles 27 de marzo de 2013, en horas de la tarde, pasó por la vereda Belencito un grupo paramilitar procedente de la Base paramilitar de Piedras Blancas, municipio de Carepa donde funciona la Brigada XVII. Entre los paramilitares venían los reconocidos Albeiro Cardona Borja y Lubín Cardona Borja, nativos de la zona y quienes han trabajado al menos 8 años como paramilitares adjuntos a la Brigada XVII, a la cual se vincularon luego de perpetrar una masacre en compañía de los militares el 26 de diciembre de 2005, siendo remunerados por cada uno de los jóvenes asesinados mientras dormían. Los paramilitares llegaron hasta la vereda Miramar, del corregimiento de San José. Cabe recordar que en esta última ha habido una fuerte presencia militar desde hace varios días y allí y en las veredas aledañas se ha visto a los paramilitares patrullar en coordinación con los militares.

 

• El viernes 29 de marzo de 2013, los paramilitares LEIDER OSORIO DAVID alias “TRIBILIN” y JOSÉ ADELMO OSORNO alias “PANELO”, quienes se encontraban en el casco urbano de Nuevo Antioquia, les mostraron a varios civiles de la región un álbum fotográfico, manifestando que las fotos fueron suministradas por los militares en los puestos de registro y control de la zona. Allí estaban incluidas las fotografías de GERMAN GRACAINO y de JESUS EMILIO TUBERQUIA, miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad, ambos reiteradas veces amenazados de muerte por los paramilitares y víctimas de numerosas agresiones; también había allí fotos de otros pobladores de la región. Allí mismo se veía la fotografía del comandante guerrillero JACOBO ARANGO, asesinado recientemente por la fuerza pública. Los paramilitares les decían a los pobladores que así mismo (como el guerrillero muerto) iban a quedar los miembros de la Comunidad de Paz. Estas amenazas coinciden con las declaraciones y señalamientos realizados por el actual Coronel LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO de la Brigada XVII y por HERNÁN
GIRALDO Comandante de la Séptima División, quienes ha expresado que la Comunidad de Paz “está inconforme” por la muerte de dicho guerrillero, lo que lo ha llevado a calificar a los miembros de la Comunidad como “sinvergüenzas y alcahuetes”. La Comunidad reafirma que jamás ha festejado la muerte de ningún ser humano, sea del bando que sea, y que condena de manera enérgica el morboso placer que siempre manifiesta la fuerza pública ante la destrucción de seres humanos que no son de su simpatía. Tal actitud revela patologías anti-humanas dignas del más enérgico repudio, las que explican desviaciones éticas de hondas raíces que los llevan a pisotear la dignidad elemental de los ciudadanos cuya vida y derechos deberían proteger, lo cual les queda imposible al estar formados en tal carencia de humanidad.

 

El lunes 1 de abril de 2013, hacia las 13:00 horas, JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y quien se encontraba en Apartadó, fue interceptado por la Policía, señalándolo los agentes como “sospechoso”. Después de varios minutos de interrogatorio lo dejaron libre.

 

El jueves 4 de abril de 2013, hacia las 7:00 horas, se presentó un enfrentamiento entre tropas del Ejército y unidades de las FARC en la finca de la Señora Matilde Florez, exactamente en el sitio conocido como La Sucia, en el corregimiento de San José. Según informaciones de campesinos, un militar perdió la vida, de igual manera resultó muerto un caballo de la familia de la Señora Matilde, el cual fue impactado en el cruce de disparos.

 

El mismo jueves 4 de abril de 2013, hacía las 9:00 horas, GERMÁN GRACIANO, Representante Legal de la Comunidad, y JULIO GUISAO, ambos miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, quienes se encontraban en Apartadó en el sitio Plaza del Río, fueron abordados por agentes de la Policía Nacional, quienes los sometieron a requisas e interrogatorios, manifestándoles que eran “sospechosos”, por lo cual les llevarían al Comando de Policía a interrogarlos. Minutos después llegaron acompañantes internacionales quienes mediaron por ellos y los dejaron libres.

 

El viernes 5 de abril de 2013, efectivos de la base militar de San José ocuparon ilegalmente  la casa Centro de Formación de la Comunidad de Paz en el centro urbano de San José, colocando una gran cartelera del Ejército Nacional en dicho Centro, así mismo vienen invadiendo varias propiedades de la comunidad en varios lugares, como en las veredas Arenas, Mulatos y La Resbalosa, donde han destruido reservas forestales, nacederos de agua, causando de esa manera gran daño a la fauna y a la biodiversidad y construyendo helipuertos y campamentos militares.

 

El mismo viernes 5 de abril de 2013, hacia las 13:00 horas, en la vereda LA HOZ se escuchó una detonación muy fuerte; minutos más tarde un helicóptero de la fuerza pública aterrizó en el lugar. Este mismo día los militares retuvieron ilegalmente a varias personas de la zona señalándolas de ser auxiliadoras de la guerrilla.

 

Entre los días Viernes 5 y Sábado 6 de abril de 2013, tropas del Ejército hicieron presencia en los sitios de trabajo de las familias que habitan en San Josesito, lugar de la Comunidad de Paz, allí permanecieron durante estos dos días, impidiendo las labores agrícolas de las familias de la Comunidad, además de pisotear los  principios y de irrumpir en una propiedad privada protegida en la Constitución Política de Colombia. Cuando los miembros de la Comunidad acudieron a los uniformados para pedirles que se retiraran, un soldado, quien no quiso identificarse alegando que “esto era muy delicado”, pero en su prenda de vestir se observaba el apellido “PEREZ”, respondió diciendo que estaban allí por órdenes de sus superiores.

 

El sábado 6 de abril de 2013, hacia las 18:30 horas, miembros de la Comunidad de Paz que se dirigían desde San Josesito hacia la vereda la Unión, entre los cuales iba GERMÁN GRACIANO, representante legal de la Comunidad, fueron retenidos por los militares entre san Josecito y San José. Los militares los insultaron y después de varios minutos los pusieron en libertad al momento en que un grupo de la Comunidad se disponía a rescatarlos.

El mismo sábado 6 de abril de 2013, hacia las 18:30 horas, en el paraje La Sucia, del corregimiento de San José, fue asesinado el campesino AGUSTIN MORA SUCERQUIA de 22 años de edad, por desconocidos quienes sin mediar palabras acabaron con su vida. Es necesario mencionar que en aquel mismo lugar la fuerza pública hacía presencia ese día y allí mismo el jueves 4 de abril de 2013 se habían presentado combates. Este mismo día y en horas de la tarde, a la salida de San José hacia el paraje de La Sucia, y en la salida hacia Apartadó, los militares de la base militar de San José tenían retenes ilegales donde controlaban a todos los transeúntes. El cuerpo de la víctima quedó a la intemperie por más de 15 horas sin que ninguna autoridad competente hiciera presencia en el lugar, por lo que la familia de la víctima acudió a la Comunidad de Paz para que se les acompañara en el traslado del cuerpo y para darle cristiana sepultura.

 

El martes 9 de abril de 2013, hacia las 16:45 horas, el Ejército Nacional asesinó alevemente al joven CARLOS ANDRÉS TORRES BORJA de aproximadamente 20 años de edad, a pocos metros del paraje de Caracolí del corregimiento de San José, donde está la presencia permanente de la fuerza pública. Militares adscritos a la Brigada XVII de Carepa le dispararon cuando regresaba a su finca en su caballo. Torres Borja era un humilde campesino quien vivía en la vereda  la Miranda del corregimiento de San José y se dedicaba a la agricultura; ese día él había bajado a Caracolí a traer algunos productos agrícolas. Los militares le propinaron varios disparos en la cabeza con arma larga, dejándolo inmediatamente muerto. A pesar de que él no era miembro de la Comunidad de Paz, sí era cercano y suministraba productos agrícolas a la Comunidad; además era familiar de varios miembros de la Comunidad. Torres deja a su compañera con tan solo cinco meses de embarazo. Estas acciones ya habían sido anunciadas por militares y paramilitares en la región, quienes han venido amenazando de muerte constantemente a los campesinos y miembros de la Comunidad que no se sometan a sus pretensiones. Por petición de familiares de la víctima, la Comunidad acompañó  la recuperación del cuerpo en la morgue y el traslado a la zona, y se dio el espacio para sepultarlo en la Comunidad.

 

El mismo martes 9 de abril de 2013, hacia las 16:50 y por espacio de 20 minutos se presento un combate entre la fuerza pública y un grupo de las FARC en la vereda Arenas Altas, donde los militares hacen presencia desde ya hace varios días con campamentos y helipuertos en predios de la Comunidad y donde varias familias de la Comunidad han sido interrumpidas en sus labores en el cultivo de cacao y siembras de cultivos de pan coger. Estos hechos suceden dentro del despliegue militar de la Brigada XVII en el corregimiento de San José, al convocar a una “jornada cívico militar” el día sábado 6 de abril de 2013, en el casco urbano del corregimiento de San José,  con el ánimo de tapar la realidad de lo que viene sucediendo en la zona y de lo cual la Comunidad de Paz viene dejando constancias.

 

El viernes 12 de abril de 2013, hacia las 17:00 horas, se presentó un nuevo combate en la vereda La Linda del corregimiento de San José de Apartadó, entre tropas del ejército nacional y guerrilleros de las FARC. Este cruce de disparos se mantuvo por cerca de una hora, colocando en grave riesgo a la población civil del entorno.

El sábado 13 de abril de 2013, hacia las 5:10 horas, un grupo de aproximadamente 40 paramilitares llegó a la vivienda de un miembro de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas donde acamparon durante varias horas. Cerca de este lugar se encontraban tropas del ejército nacional, las cuales protegían a los paramilitares en sus movimientos.

El martes 16 de abril de 2013, hacia las 14:00 horas, en la vereda Arenas Altas, junto al asentamiento de la Comunidad de Paz, fue retenido por tropas del ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 24, JHON FREDY ÚSUGA, miembro de la Comunidad de Paz y coordinador en la vereda Arenas Altas. Los militares lo insultaron y lo maltrataron verbalmente acusándolo de ser guerrillero. Cuando John Fredy les pidió a los uniformados identificarse, ellos se opusieron, en abierta violación de la ley, alegando que no podían dar esa información porque la Comunidad de Paz los denunciaba, como si la Constitución y las leyes no contemplara denunciar a quienes violen la ley y delinquen en el irrespeto a la dignidad humana. Con los militares se encontraban algunos encapuchados, presumiblemente paramilitares, cuya identidad querían ocultar. Los uniformados manifestaron en forma airada su inconformidad por la muerte del paramilitar Dairo de Jesús Rodríguez alias “LALO”, quien había sido asesinado por las FARC en el casco urbano de San José el 23 de noviembre de 2009; según los militares, ellos eran muy amigos de alias “Lalo” y departían continuamente en la casa de dicho paramilitar.

El mismo martes 16 de abril de 2013, hacia las 17:20 horas, fue retenido por la misma tropa y en el mismo lugar el campesino EDUARDO BORJA CASTAÑEDA quien se trasladaba de San José a la vereda Arenas Altas. Los militares lo golpearon dándole patadas y lo insultaron. Si bien el Señor Borja no es miembro de la Comunidad de Paz, sí es parte de la población civil de la zona.

El jueves 18 de abril de 2013, funcionarios del CTI o Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de Apartadó, le manifestaron a una persona cercana a la Comunidad de Paz que “la Comunidad de Paz, especialmente san Josecito, es la sede principal de la guerrilla”. Estas mismas declaraciones calumniosas e irresponsables se repitieron por parte de los servidores públicos el viernes 19 de abril de 2013.

El viernes 19 de abril de 2013, en horas de la mañana, en la vereda la Linda del Corregimiento de San José, fue retenido ilegalmente por tropas del ejército, por espacio de 4 horas, el campesino WILLIAN CARDONA. Durante la retención fue sometido a chantajes y amenazas, señalándolo de ser colaborador de la guerrilla. De igual forma los militares, a través de su propio celular, lo obligaron a hablar con alias SAMIR, un desmovilizado de las FARC quien desde 2008 se haya ilegalmente domiciliado en la Brigada XVII y se ha prestado para todo tipo de calumnias y montajes sin ser procesado por las decenas de asesinatos de campesinos de la zona ordenados por él. También se movilizaba con dicha tropa el paramilitar LUIS ÁNGEL CEBALLOS, ampliamente conocido por haber vivido en la zona, quien había hecho presencia, encapuchado y en compañía de otros paramilitares, en la vereda Miramar, el día 19 de febrero de este mismo año.  WILLIAN CARDONA ya había sido agredido con violencia por parte de agentes ilegales del Estado el pasado 25 de enero de 2013, cuando un grupo paramilitar lo privó de la libertad y lo sometió a ultrajes en la vereda La Cristalina.

El domingo 21 de abril de 2013, tropas del ejército irrumpieron en la propiedad privada de la Comunidad de Paz, en la Aldea de Paz ubicada en la vereda Mulatos, donde se estacionaron acampando junto a las viviendas de las familias de la Comunidad; inclusive varios de ellos ingresaron en la noche a la escuelita de la comunidad en la misma Aldea de Paz, realizando espionajes. La presencia de los militares junto a las viviendas de las familias de la Comunidad han impedido las labores agrícolas de las familias allí y han colocado en riesgo a la población civil, pisoteando además los principios básicos de la Comunidad de Paz de no permitir paso de armas por los espacios de vida y de trabajo de las familias de la Comunidad. Este mismo día allí mismo fue retenido DIEGO CEBALLOS, miembro de la Comunidad de Paz y sometido a chantajes e insultos; lo obligaron a vaciar en el piso las cosas que él llevaba, ya que a esa hora él regresaba de San Josecito a la Aldea de Paz en Mulatos.

Entre el 19 y el 27 de abril de 2013 el campesino WILLIAM CARDONA estuvo recibiendo constantes llamadas telefónicas de militares, quienes querían siempre controlar su paradero y lo conminaban a que no se moviera de su casa, pues de lo contrario no respondían por su vida. Cuando, agotado con este chantaje permanente, botó su simcard, los militares continuaron llamando a su esposa y siguieron presionando a su hijo de 11 años para que se convirtiera en informante del ejército. William había sido detenido por paramilitares en la vereda La Linda en enero de este año y el 19 de abril fue ilegalmente detenido por los militares y sometido a ultrajes y chantajes durante varias horas e incluso se le obligó a comunicarse con el ex guerrillero alias SAMIR, domiciliado ilegalmente en la Brigada XVII desde hace varios años y manipulado por el ejército para inventar calumnias permanentes contra la Comunidad de Paz.

El martes 23 de abril de 2013, en la vivienda de Hernán Rodríguez, en la vereda La Linda, del corregimiento de San José, un campesino fue detenido ilegal y arbitrariamente por tropas del ejército y amenazado de ser subido a un helicóptero y procesado como guerrillero si no colaboraba con los militares. Lo acusaron de que en su finca cocinaban alimentos para la guerrilla porque allí habían encontrado plumas de gallina y, según los militares, “sólo la guerrilla come gallinas”.

El domingo 5 de mayo de 2013, en la vereda La Osa, del corregimiento de Batata (Tierralta, Córdoba) fue gravemente herido por tropas del ejército nacional el  campesino MANUEL ENRIQUE MARTÍNEZ CARDONA, quien debido a la gravedad de las heridas murió el día siguiente, 6 de mayo. Aunque no hacía parte de la Comunidad de Paz, sin embargo era un civil y vecino de los asentamientos de la Comunidad de Paz. Por ello la Comunidad se solidarizó con su familia. Es de anotar que la vereda La Osa es una de las veredas aledañas a la vereda Las Claras, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.

El martes 14 de mayo de 2013, hacia las 7:00 horas, cuando descendían del vehículo que las había transportado del centro urbano de San José a Apartadó, fueron retenidas por dos  personajes en trajes civiles ELVIA MARÍA CATAÑO SERNA y su madre LAURA. Sus captores les quitaron sus documentos de identidad y se los entregaron a otros dos civiles quienes llegaron en un taxi y se los llevaron. Luego fueron conducidas por los dos civiles que las retuvieron hasta el Comando de la Policía de Apartadó donde las sometieron a interrogatorios en los que se les acusaba de ser “guerrilleras de pueblo”. Dos horas después llegaron allí los civiles que les habían quitado sus documentos y se los entregaron a la policía. Las acusaciones las sustentaban en supuestos “informantes” que les hacían seguimientos en el caserío, afirmaciones sin sustento alguno y sin proceso legal alguno. Luego de 5 horas las dejaron ir con la condición de que no apagaran sus celulares para poderlas controlar permanentemente y que no salieran de San José para ninguna parte, pues de lo contrario no respondían por sus vidas. Así funcionan los  “procesos judiciales” en Urabá, en los que agentes, instituciones, espacios, pruebas, procedimientos y diligencias están fuera de la ley y contra la ley, y aún más, son acciones delictivas que las instituciones no sólo toleran sino que avalan.

El viernes 17 de mayo de 2013, en cabeceras de la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó, fue encontrado el cuerpo sin vida del Campesino LUIS RODRÍGUEZ, quien al parecer habría sido asesinado con arma de fuego el jueves 16 de mayo, presuntamente a manos de la guerrilla, según informaciones de los campesinos, por ser  considerado informante de los militares. La Comunidad de Paz repudia enérgicamente  estas acciones de muerte y la utilización de la población civil como informante. La Comunidad se solidarizó con su familia.

El domingo 19 de mayo de 2013, hacia las 13:00 horas, tres paramilitares que se encontraban en el sitio conocido como Tierra Amarilla, en la vía entre Apartadó y San José, retuvieron el vehículo de servicio público que cubría la ruta San José-Apartadó y obligaron a descender a todos los ocupantes del vehículo, en el cual se trasladaban miembros de la Comunidad de Paz, impidiendo realizar cualquier tipo de comunicación, advirtiendo que los matarían. Al identificar al Campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO, quien es familiar de Germán Graciano, Representante Legal de la Comunidad de Paz, dijeron: “este es el que necesitamos”. Lo amenazaron de muerte obligándolo a que los acompañara a un sitio apartado, a lo cual él se resistió y después de varios minutos lo enviaron en el mismo vehículo  escoltado por dos de los paramilitares, pues le advirtieron que más adelante arreglarían con “el patrón”. Graciano al sentirse en esta situación, aprovechó un descuido de sus captores para lanzarse del vehículo y emprender la huida hasta ocultarse en un bosque, logrando así escapar de los asesinos. La Comunidad inmediatamente se enteró de la situación, envió una delegación a buscarlo con acompañamiento internacional. Afortunadamente lograron hallarlo con vida y llevarlo de regreso a su familia. Cuando la delegación bajaba, comprobó presencia militar intensa en la vía, a escasos cinco minutos del lugar de los hechos, lo que evidencia la coordinación entre la fuerza pública y los paramilitares.

Este mismo domingo 19 de mayo de 2013, a la misma hora, dos miembros del Consejo Interno de la Comunidad que se encontraban en el aeropuerto de Carepa, fueron empadronados ilegalmente por agentes de la policía al mando del SUBINTENDENTE HERNÁNDEZ. Los uniformados alegaron que ellos “pueden hacer lo que les dé la gana”. Al hacerles ver que estaban violando normas establecidas en una sentencia de la Corte Constitucional, respondieron que ellos “son la autoridad y no tienen porqué cumplir ninguna sentencia”; que si a los miembros de nuestra Comunidad de Paz no les gustaba el procedimiento, ellos se los llevarían detenidos.

El jueves 23 de mayo de 2013, hacia las 13:40 horas se registró un combate entre tropas del ejército nacional y guerrilleros de las FARC, en la vereda Mulatos, en el sitio conocido como El Barro, en la finca del señor Antonio Arteaga, la cual es administrada por dos familias integrantes de la Comunidad de Paz. Allí los militares utilizaron la vivienda como trinchera, colocando como escudos humanos a los niños y a los civiles, lo que con toda evidencia constituye un crimen de guerra. Al pedirles que se retiraran de la vivienda, los militares respondieron diciendo que esto era para que los mataran junto con ellos. Era, pues, un crimen de guerra consciente, intencional y premeditado.

El sábado 25 de mayo de 2013, en horas de la mañana, en la Aldea de Paz ubicada en la vereda Mulatos, fue retenido por tropas del ejército nacional, por varios minutos, el menor de edad EDILBERTO TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz, quien fue tratado con insultos e interrogado sobre el paradero de miembros de la Comunidad. Después los militares lo siguieron por espacio de varios minutos.

El domingo 26 de mayo de 2013, en una reunión realizada en el área urbana de Apartadó, los líderes del paramilitarismo anunciaron que aprovecharán un momento en el que no haya presencia de acompañamiento internacional en la Comunidad de Paz, para realizar una incursión armada contra la Comunidad en el asentamiento de San Josecito, añadiendo que todo ya está planeado y coordinado con la fuerza pública y que prueba de ello es la acción que realizaron el domingo 19 de mayo de 2013, cuando retuvieron a Eusebio Graciano, pues se habían movido sin enfrentar ninguna dificultad con la fuerza pública, lo que hacen permanentemente.

El lunes 27 de mayo de 2013, en horas de la mañana, tropas del ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 24, ocuparon la propiedad privada de la Comunidad de Paz en el caserío de la vereda la Unión durante varias horas. Ante tal situación de irrespeto, la Comunidad delegó a varios miembros para exigirles que desocuparan los espacios privados. Este mismo lunes 27 de mayo, hacia las 15:00 horas, se presentó un nuevo combate entre soldados del ejército nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Las Claras, a escasos minutos del asentamiento de la Comunidad en la Unión, junto a la vivienda de Reinaldo Rivera.

El lunes 27 de mayo de 2013, hacia las 14:50 horas, fue empadronado ilegalmente y fotografiado por agentes de la policía en complicidad con los guardias de seguridad en el aeropuerto de Carepa, JESÚS EMILIO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.

El lunes 27 de mayo de 2013, hacia las 23:00 horas, en la vereda Playa Larga, en la Hacienda la Marina, propiedad de los paramilitares, un grupo de guerrilleros realizaron incursión armada, quemaron la vivienda y se llevaron una recua de mulas y un asno perteneciente a los paramilitares. Según los medios locales, alrededor de 18 familias se desplazaron de la zona. La Comunidad de Paz ha puesto en conocimiento del Presidente de la República, desde hace mucho tiempo, la presencia paramilitar en ese sitio preciso y  su permanente ampliación de espacios en esa zona, sin que hasta el momento el alto Gobierno haya querido hacer nada, responsabilizándose con plena evidencia de los crímenes que allí son perpetrados. Esa propiedad y otras aledañas están bajo el dominio de alias “Otoniel”, jefe de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC”.

El martes 28 de mayo de 2013, un grupo de reconocidos paramilitares hizo presencia en la vereda Playa Larga, en los limites con la vereda la Esperanza, manifestando que habían dado aviso a la fuerza pública para buscar las mulas que la guerrilla les había robado el día anterior y para cobrarle a los campesinos de la zona todos los daños que ellos (los paramilitares) habían sufrido.

El martes 28 de mayo de 2013, hacia las 8:40 horas, fue empadronado ilegalmente y fotografiado ia ARLEY TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, por agentes de la Policía Nacional, en el aeropuerto de Carepa. Un agente de la policía utilizó el celular de una de las guardias del aeropuerto y no su propio equipo de comunicación, el cual tenía en sus manos, para realizar una llamada telefónica a un desconocido y suministró los datos del miembro del Consejo Interno.

El miércoles 29 de mayo de 2013, nuevamente la Comunidad de Paz fue burlada por parte del alto gobierno, pues el Presidente Juan Manuel Santos no quiso asistir al acto de retractación de las calumnias proferidas contra la Comunidad de Paz, desacatando de esa manera lo ordenado por la Corte Constitucional mediante auto 164/12.

El jueves 30 de mayo de 2013, hacia las 15:00 horas, los 32 delegados de la Comunidad de Paz que se habían desplazado a Bogotá para asistir al acto de retractación de las calumnias que iba a realizar el Presidente Santos pero que al fin no lo hizo, a su regreso a Apartadó fueron interceptados a la altura del sitio conocido como CASA VERDE, en el municipio de Carepa, por una patrulla de la policía. Allí los delegados del Ministerio del Interior, quienes acompañaban en su regreso al grupo de delegados, pudieron presenciar en directo un episodio de la persecución contra la Comunidad de Paz, pues ya habían sido sometidos a requisas ese mismo día en dos ocasiones y sus antecedentes verificados en los aeropuertos. Sin embargo la persecución era clara. Un agente de la policía se acercó a un miembro de la comunidad y le manifestó que aunque estuvieran funcionarios del Ministerio del Interior, a ellos no les importaba detener a los miembros de la Comunidad. Era tanta la rabia del Subintendente de la policía allí, que no obedeció a las órdenes de su superior en Carepa de dejar pasar a la delegación, lo que obligó a que él mismo se hiciera presente en el sitio.    

El jueves 30 de mayo de 2013, hacia las 14:00 horas, tropas del ejército nacional que supuestamente iban en búsqueda y rescate de las mulas robadas a los paramilitares por la guerrilla, sostuvieron combates con guerrilleros de las FARC quienes al parecer llevaban los animales robados, entre las veredas La Esperanza y Mulatos. En el intercambio de disparos resultó casi destruida por los impactos de las balas la vivienda del campesino Reinaldo Cardona, quien se encontraba en ella con su familia, entre ellos varios niños, en el momento de los hechos; simultáneamente un helicóptero del ejército ametralló la zona y las vainillas cayeron  sobre la vivienda; allí resultó también muerto un toro y un militar resultó gravemente herido, según los campesinos.

El viernes 31 de mayo 2013, hacia las 05:00 horas, según informaciones de los campesinos, un helicóptero del ejército nacional aterrizó en la propiedad de Reinaldo Cardona, no se sabe si a recoger heridos o muertos.

El viernes 31 de mayo de 2013, hacia las 9:00 horas, en la vereda La Miranda, perteneciente al corregimiento de San José, se registró un enfrentamiento entre el ejército nacional y la guerrilla de las FARC, según informaciones de los habitantes de la zona. Al parecer hubo heridos de ambos bandos. Horas más tarde, un helicóptero militar aterrizó en la zona.

El jueves 30 y el viernes 31 de mayo de 2013, se registró una fuerte presencia de militares en la Aldea de Paz, asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos, ingresando ilegalmente a la propiedad privada de la Comunidad de Paz. Es una práctica bochornosa, pero la comunidad ejerció su derecho exigiendo constantemente a los militares el respeto a los sitios de vida y de trabajo de las familias de la Comunidad.

El sábado 1 de junio de 2013, hacia las 19:30 horas, se registró un hostigamiento a la base militar ubicada en el casco urbano de San José. El no acatamiento del gobierno y su fuerza pública a las prescripciones de la Corte Constitucional que prohíbe ubicar las bases en medio de la población civil, continúa poniendo en alto riesgo la vida de los pobladores de San José.

El domingo 2 de junio de 2013, hacia las 14:00 horas, mientras un grupo de civiles se encontraba recreándose en la cancha de futbol, ubicada en el casco urbano de San José, junto a la base militar, se presentó nuevamente un hostigamiento a la base militar allí ubicada, por parte de guerrilleros de las FARC, lo que obligó a los civiles a huir apresuradamente del lugar. Este nuevo hecho, evidencia el alto riesgo en el que se encuentra la población civil del casco urbano del corregimiento. A pesar de esto, el gobierno nacional pretende construir allí un colegio, donde albergarían a muchos jóvenes de la región, lo que significa que a las instituciones no les importa el riesgo que ello representa para la población civil.

El lunes 3 de junio de 2013, hacia las 9:00 horas, en la vereda la Unión, miembros de la Comunidad de Paz se dirigieron a tropas del ejército que se encontraban dentro de los espacios de trabajo de las familias, para solicitarles que se retiraran de allí, a lo cual los militares manifestaron que ellos hacen lo que les da la gana y que nadie los va a venir a mandar allí. Este mismo lunes 3 de junio de 2013, hacia las 17:00 horas aproximadamente, se presentó nuevamente un hostigamiento entre el ejército nacional y guerrilleros de las FARC en el sitio conocido como La Antena en el corregimiento de San José de Apartadó.

El martes 4 de junio de 2013, hacia las 15:00 horas, nuevamente dos paramilitares en trajes civiles y portando armas cortas, siguieron al campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO en Apartadó mientras caminaba por el centro de esa ciudad, por lo que se vio obligado a abordar un taxi para escapar de sus asesinos y refugiarse en algún sitio allí, la Comunidad inmediatamente fue informada tuvo que ir a rescatarlo y devolverlo a la familia sano y salvo, ante estos nuevos hechos de amenaza, la Comunidad hizo responsable al Estado colombiano por lo que pueda sucederle a Ángel Eusebio, pues, en menos de quince días,  ha estado a punto varias veces de ser asesinado por paramilitares que actúan en abierta complicidad con la fuerza pública.

Desde el sábado 1 hasta el martes 4 de junio de 2013, tropas del Ejército Nacional acamparon en propiedad privada de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza junto a la vivienda de las familias allí residentes, violando el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución de Colombia, además de pisotear los espacios de vida y trabajo de la Comunidad de Paz. La presencia de actores armados junto a las viviendas de la población civil coloca en riesgo la vida de los civiles, muestra de ello son los últimos hechos registrados en las últimas semanas, pues la población civil ha sido colocada como escudos humanos y las viviendas como trincheras por parte de la fuerza pública, lo que constituye a todas luces un crimen de guerra.

El miércoles 5 de junio de 2013, el Gobierno Nacional a través de la Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, ALMA BIBIANA PÉREZ GÓMEZ, respondió a través de una carta fechada el 15 de mayo de 2013, a las peticiones que recientemente hiciera a favor de la Comunidad de Paz, la Comunidad de Tamera, en Portugal, la cual está hermanada con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde hace varios años; dicho escrito ha sido enviado a otras organizaciones en el exterior por parte del Gobierno Nacional.  La Directora parece desconocer o  pretende ocultar las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública al mostrar los supuestos “logros alcanzados en materia de seguridad por parte de la fuerza pública en la zona”; ignora los constantes abusos de la fuerza pública contra miembros de la Comunidad  de Paz y contra la población del entorno y pretende silenciar los asesinatos recientes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, como el ocurrido el jueves 4 de octubre de 2012 en el que resultó herido de muerte por parte de agentes del Estado el civil ALBERTO ARIZA HUACA; o el ocurrido el martes 9 de abril de 2013 en el que, sin mediar palabra, el Ejército Nacional asesinó al campesino CARLOS ANDRÉS TORRES. A todas luces se evidencia que “las instrucciones de comportamiento que debe tener la fuerza pública frente a los miembros de la Comunidad de Paz” para lo único que han servido es para atropellarla, como los hechos del pasado jueves 30 de mayo de 2013 en los que se evidenció una persecución clara contra la Comunidad de Paz por parte de la Policía Nacional, a cuyos agentes no les importó que estuvieran con la delegación de la Comunidad funcionarios del Ministerio del Interior. Es de anotar que si bien es cierto que se han dado acercamientos propiciados desde el Ministerio del Interior y las reuniones sostenidas en el transcurso del 2013 entre éste y la Comunidad de Paz, los acuerdos para el cumplimiento de las órdenes contenidas en el auto 164 de 2012 proferido por la Corte Constitucional no se han cumplido por parte del Gobierno, como ocurrió el  miércoles 29 de mayo, cuando el señor Presidente Santos no cumplió la promesa de presidir el acto de retractación de las calumnias presidenciales contra la Comunidad.  Además, se estableció un canal directo de comunicación  entre el despacho del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH de la Vicepresidencia y los líderes de la Comunidad de Paz, con el ánimo de transmitir rápidamente las situaciones de riesgo lograr conjurarlas a tiempo, pero ello no sirvió para nada.  La presencia en la zona de organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo, con quien la Comunidad se vio forzada a romper por la inoperancia, sordera e ineptitud, y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sus entes territoriales, en la supuesta implementación de diversos programas de inversión social dirigida a los habitantes del corregimiento de San José de Apartado en los cuales nunca se ha incluido a los miembros de la Comunidad de Paz.

El miércoles 5 de junio de 2013, en la vereda Mulatos, junto a la Aldea de Paz de la Comunidad de Paz, fue retenido durante varios minutos BERNARDO SEPÚLVEDA, miembro de la Comunidad de Paz, por tropas del Ejército Nacional. Los militares le manifestaron que las cosas estaban calientes por los lados de San José de Apartado por culpa de esa HP de Comunidad de Paz; que ellos se dirigían hacia San José; que se abstuvieran de lo que tenían preparado y coordinado por otro lado.

El jueves 6 de junio de 2013; en el casco urbano de Nuevo Antioquia, los paramilitares anunciaron que van a ir por REINALDO AREIZA esté donde esté, manifestando que la incineración de la vivienda en la haciende La Marina  estaba relacionada con la vivienda que ellos le quemaron a Reinaldo el 4 de julio de 2012 en la vereda la Esperanza.   

El viernes 7 de junio de 2013, hacia las 10: 15 horas de la mañana, guerrilleros de las FARC hostigaron la base militar y el comando de policía ubicados en el casco urbano de San José de Apartadó por espacio de 30 minutos, uno de los salones de la escuela de San José y en el cual se encontraban niños en clases fue afectado por un proyectil disparado desde la base militar.

Este mismo viernes 7 de junio de 2013, hacia las 14:45 horas, en el casco urbano de San José de Apartadó, a las afueras de una vivienda, junto al puente de la localidad, cerca a la escuela, estalló una bomba dejando 4 soldados gravemente heridos; inmediatamente bajaron militares de la base a auxiliar a los heridos y al mismo tiempo amenazaron con sus armas de dotación a varios civiles por no colaborar con la fuerza pública brindando información, argumentando que la población civil tenía conocimiento de este atentado. La presencia del ejército y de la policía en medio de la población civil contradicen numerosas normas de la Corte Constitucional en zonas de conflicto como lo es el casco urbano de San José, el cual desde su militarización extrema a partir de abril del 2005 ha provocado numerosos enfrentamientos armados cobrando cuantiosas víctimas civiles. Estos hechos afirman una vez más lo inútil que resultan las bases militares junto a la población civil en zonas de conflicto, sin embargo el gobierno insiste en construir un colegio en inmediaciones de la base militar para poner en extremo riesgo a la población infantil.

Este mismo viernes 7 de junio de 2013, en horas de la mañana, en la vereda Arenas Bajas, perteneciente al corregimiento de San José, hizo presencia un grupo de paramilitares en la casa de un miembro de la Comunidad de Paz; allí manifestaron que venían a “arreglar un asunto y que a esa HP Comunidad de Paz le había llegado su hora”.

El sábado 8 de junio de 2013, en el centro urbano de San José de Apartadó, mientras recorría el caserío cabalgando en su caballo, el campesino JUAN SÁNCHEZ fue amenazado; varios militares que en ese momento hacían presencia allí, manifestaron ante varios civiles que “ese HP estaba bueno para bajarle la cabeza de un HP rafagazo, tal como fue fusilado un HP en Caracolí” (refiriéndose a Carlos Andrés Torres asesinado por militares el pasado lunes 9 de abril de 2013).

El domingo 9 de junio de 2013, en la vereda Mulatos, perteneciente al corregimiento de San José, tropas del Ejército Nacional retuvieron ilegalmente durante varios minutos al campesino RAMÓN ISIDRO GUERRA; los militares intentaron quitarle una mula de su propiedad aduciendo que era una de las mulas robadas a los paramilitares por la guerrilla el pasado lunes 27 de mayo de 2013, allí los militares manifestaron que esa mula era de los paramilitares que la guerrilla les robó y que las tropas del ejército estaban allí para rescatarlas y devolvérselas nuevamente a los paramilitares. De igual forma los militares lo amenazaron y le recordaron que la Comunidad de Paz lo había salvado en el 2011, cuando fueron a reclamarlo el día que los militares lo retuvieron, pero que se preparara porque las cosas habían cambiado, que ya no era igual que antes, que las cosas eran a otro precio y que no importaba si esa HP Comunidad se metía. Horas más tarde retuvieron a otro campesino que transitaba por el lugar al cual le preguntaron por las mulas robadas y le pidieron que si llegaba a tener información, que se las suministrara ya que ellos tenían que rescatar esas mulas y devolvérselas a los paras.

El lunes 10 de junio de 2013, en la vereda La Esperanza, en el corregimiento de San José, una tropa de paramilitares amaneció junto a la propiedad privada de la Comunidad de Paz, allí manifestaron a algunos civiles que transitaban por el lugar que toda la operación militar estaba coordinada con la fuerza pública para buscar las mulas que la guerrilla les robó el pasado lunes 27 de mayo a los paramilitares y que gracias a la fuerza pública y a la protección de ellos ya están reconstruyendo la vivienda de los paramilitares destruida por la guerrilla.  

El martes 11 de junio de 2013, hubo una fuerte presencia de tropas del Ejército Nacional en el sitio conocido como El Barro, en la vereda Mulatos; allí los militares han manifestado a varios civiles que si conocen del paradero de las mulas de los paramilitares que la guerrilla robó el lunes 27 de mayo, que ellos, los militares, las están buscando para devolvérselas  al comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia “AGC” alias “Otoniel”.

El viernes 14 de Junio de 2013, en Nuevo Antioquia, varios reconocidos paramilitares, quienes se encontraron con pobladores de la región, anunciaron que van a realizar una incursión en la Comunidad de Paz, pues según los paramilitares, la Comunidad les ha hecho mucho daño cuando denuncia internacionalmente la relación de ellos con la fuerza pública. Dijeron que alias “SOPA” tiene la orden de sus superiores para arremeter contra la Comunidad de Paz, que están esperando a que los acompañantes internacionales no estén en los asentamientos de la Comunidad para cometer una masacre en coordinación con la fuerza pública.

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Colombia

 

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