Masacre de El Nilo: Si luchamos por la tierra, es porque nuestros muertos deben descansar

A propósito del fallo del Consejo de Estado que dejó en firme la condena contra la Nación por la masacre de El Nilo, Caloto, Cauca, Colombia. Compartimos el siguiente texto basado en una entrevista que El Tejido de Comunicación realizó el 23 de enero de 2008, a Rafael Coicué, uno de los sobrevivientes de la Masacre. Testimonio que narra cómo ocurrieron los dolorosos hechos del 16 de diciembre de 1991; las luchas jurídicas e incumplimientos del gobierno y las medidas políticas tomadas por el pueblo Nasa hasta el 2007. 

 
Si luchamos por la tierra, es porque nuestros muertos deben descansar
 
El texto a continuación se basa en una entrevista que El Tejido de Comunicación realizó a Rafael Coicué, uno de los sobrevivientes de la Masacre del Nilo, resguardo indígena de Huellas Caloto, Suroccidente colombiano.
 
«Cuando se reclama para que haya justicia y cuando se exige el cumplimiento de los derechos fundamentales la respuesta del Estado a través de la fuerza pública es amenaza, represión y muerte. Esto no puede seguir así, porque es mucha la sangre que se ha regado en Colombia no sólo de indios, también de campesinos, afros, sindicatos, estudiantes y de muchos colombianos pobres que reclaman ante tanta injusticia», aseguró Rafael Coicué, uno de los sobrevivientes de la masacre del Nilo perpetrada el 16 de diciembre de 1991.
 
En 1987 decenas de familias provenientes de El Chocho, Arrayán, El Credo y otras veredas del Resguardo Indígena de Huellas Caloto decidieron entrar a la Hacienda El Nilo, debido a un problema que desde siempre ha afectado a las comunidades: falta de tierra. Después se sumaron otras personas provenientes de Tacueyó, Corinto, Toribío, San Francisco, Jambaló, Pitayó y Tierradentro. Ellos no tenían la suficiente tierra para sembrar, para criar los animales y menos para vivir. La poca tierra donde aun permanecen es estéril, está erosionada y cansada de la explotación de los terratenientes. Además un gran porcentaje de ésta es de vocación forestal. Estas familias hablaron con el propietario de la hacienda para que los dejara trabajar allí mientras se gestionaba con el Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) la respectiva compra para la comunidad, pero Incora no agilizó, ni tuvo la voluntad política para adquirir la finca y así pasaron 4 años hasta que el propietario se cansó de esperar. En 1991 decidió venderla y la compró una sociedad llamada Piedras Blancas de Medellín, quienes venían adquiriendo tierras en el norte del Cauca para poder controlar el negocio del narcotráfico. 
 
En ese mismo año entre noviembre y principios de diciembre empezaron las amenazas a la comunidad posesionada de la hacienda, porque como había cambiado de dueño «nosotros debíamos abandonarla a las buenas o atenernos a las consecuencias, según nos informaba un abogado de apellido Márquez quien representaba a esa sociedad. La  amenaza era cada vez más latente porque en días anteriores se habían visto hombres armados en los alrededores del Nilo y en la Hacienda la Emperatriz donde llegaban a entrenar porque desde allá se escuchaban disparos. Lo mismo en La Selva, en La Josefina, lo que ahora es tierra de Tóez, y en Canaima 1 y 2. Todo estaba lleno de gente sospechosa lo cual  dimos a conocer en su debido tiempo a Faraón Angola, el Alcalde de ese momento en Caloto. El gobernador del Resguardo de Huellas Caloto, Plinio Ciclos y el CRIC hicieron las demandas y alertas tempranas debidas informando todo lo que estaba pasando, hasta se solicitó una veeduría, pero la Procuraduría y la Alcaldía no hicieron nada». Replicó Rafael, porque después de tocar  todas las instancias correspondientes, no hubo respuesta de ningún organismo del Estado.
 
La Masacre
 
El lunes 16 de diciembre de 1991 hubo una asamblea en El Nilo donde estaba asentada la gente para analizar la situación de amenaza en la que estaban, ver la forma de seguir denunciando y protegerse. «Allí se habló de las continuas amenazas, del riesgo que corrían las familias y además se habló de lo que se necesitaba para seguir resistiendo, como la solidaridad, el apoyo y acompañamiento de otras comunidades. Fue entonces cuando llegó gente de López, Guabito, El Pílamo, Bodega Alta, La Trampa y acordamos hacer turnos para acompañar. En el día le tocó a Guabito y a López y en la noche nos tocó a nosotros los de El Pílamo porque la situación estaba muy jodida y debíamos estar atentos. 
 
El lunes a las 6:30 de la tarde salimos 30 personas entre hombres, mujeres y jóvenes de El Pílamo para acompañar a las familias que estaban en en El Nilo. Cuando llegamos la gente estaba reunida haciendo comida, tinto y los muchachos estaban allí jugando, haciendo explotar  guaduas con gasolina. Eso explotaba duro. Nosotros les dijimos que no hicieran eso porque eso podía confundir en caso que llegaran los hombres armados a amenazarnos o algo así. 
 
Éramos cerca de 80 personas las que estábamos allí y yo era el responsable del grupo de El Pílamo que había llegado a acompañar y hacer guardia. Ya eran las 8:45 de la noche cuando se escucharon unos disparos. A la entrada estaba la guardia pero no supimos si era pólvora o disparos de verdad. Cuando sentimos fue que nos dijeron: ¡quietos!, todo el mundo a tierra, nadie se mueva, el que se mueva se muere. En ese momento una compañera dijo que si era la policía o el ejército no iba a pasar nada, entonces que era mejor quedarse quietos porque si no esos rafagazos y granadas que tiraban nos podían afectar. Como vimos gente con camuflado y de civil, los que escuchamos la voz de la compañera nos quedamos quietos para evitar salir heridos. 
 
En ese momento la mayoría de la gente salió corriendo porque no alcanzó a escuchar a la compañera, tan solo quedamos 21 personas entre mujeres que no tenían niños pequeños, jóvenes y hombres mayores. Yo me quedé tendido en el suelo unos cinco minutos, los disparos ya eran muy asaradores, ráfagas y granadas a diestra y siniestra. Pero yo no sentía a nadie cerca de mi, entonces como estaba en una pendiente, me fui rodando hasta la cañada y allí encontré las huellas de la gente que había salido de El Nilo. Me tranquilicé y pensé que ya habían salido todos. 
 
Ya eran las 10:30 u 11:00 de la noche cuando llegaron tres compañeros de El Pílamo, venían preocupados por la balacera que se escuchó y allí nos reunimos con los que nos habíamos encontrado en la parte alta del predio, a unos 500 metros de distancia. En ese momento, como ya no se escuchaba nada, los carros se habían ido y sólo se veía salir  la candela y el humo del sitio donde  estaba ubicada la comunidad, decidimos bajar al lugar. Llegamos en media hora, revisando los ranchos quemados y cuando empezamos fue a tropezarnos con los cadáveres de nuestros compañeros con los que tan sólo hacía unas horas, habíamos compartido. 
 
La gente fue asesinada a punta de hacha, machete y bala. Ellos entraron por tres sitios; por la parte de la escuela de El Palo, por la cañada que había en la parte de abajo y por el otro lado de la hacienda. Cuando reconocimos a nuestros muertos sentimos un dolor muy grande en el alma y en nuestro corazón, pero a pesar del dolor tan desgarrador lo primero que dijimos, fue: ya están muertos, no podemos hacer nada, ahora lo que tenemos que hacer es informar. 
 
Nos fuimos para El Pílamo, en el alto de El Palo nos empezamos a encontrar con la gente de López, de Guabito y de El Pílamo, eran como unas 400 personas que venían con machetes y garrotes para ir a ver lo que había pasado en El Nilo. Nosotros les dijimos que lo que iban a lograr es que mataran más gente si aún estaban esos hombres por allí, los convencimos para que se devolvieran y para que esperáramos que amaneciera. Entonces empezamos a informar al CRIC, a los cabildos, organizaciones de apoyo y a los medios de comunicación para que vinieran al día siguiente y así hacer la denuncia, rechazar la masacre y exigir justicia. 
 
Al día siguiente llegamos más de 2000 personas, organizaciones y medios de comunicación. Se hizo el levantamiento, los llevaron a Caloto para hacerles la necropsia y le pedimos el favor al cura del pueblo para que nos dejara velarlos en el Templete, pero éste se negó, mientras las hermanas Vicentinas, monjitas encargadas de Colegio la Sagrada Familia sí nos ayudaron y los velamos allí. Luego se hizo el entierro en Caloto donde quedó la mayoría, pero otros fueron llevados a su lugar de origen.» 
 
Rafael Coicué fue uno de los que esa noche se escapó de la muerte, no sólo perdió a sus compañeros de lucha y resistencia, sino también a su hermano de 16 años, llamado Darío Coicué. Este hecho marcó significativamente su vida porque desde ese momento no ha parado de luchar por los derechos de la comunidad Nasa y por la búsqueda de la justicia. Porque como él mismo dice: «no es justo que aún estén libres quienes ordenaron la masacre, que en determinadas cuentas fueron los de la  sociedad Piedras Blancas coordinados con la policía y con el apoyo de civiles de la región».
 
¿Justicia y Reparación? 
 
Ocurrida la Masacre se inició el proceso de investigación y de denuncia. El 23 de diciembre de 1991 se le exigió al gobierno la compra de tierras y la inversión social en las comunidades. Se firmó un preacuerdo para seguir ajustando en adelante, porque las tierras debían ser para la comunidad. Luego vino la demanda ante los organismos de derechos humanos para que se hiciera justicia. En 1992 como se cumplían los 500 años de la invasion de América, el Rey de España donó unos recursos para los pueblos por resistir la invasión, entonces con esa plata el gobierno hizo un aporte a las comunidades.
 
«Después con la pelea que se dio se pusieron abogados para seguir buscando justicia, en eso fue asesinado el asesor del CRIC, Abogado Oscar Elías López, el 30 de mayo 1992, por ayudarnos a pelear por nuestros derechos, por ayudar a los campesinos y por enfrentar a quienes son los enemigos de la justicia. También amenazaron a dos abogados más, entre ellos Gisela quien tuvo que salir del país.  Esto pasó un año después de la masacre y en el 93 pusieron una bomba en el CRIC para frenar las demandas y los reclamos por la Masacre del Nilo. En Bogotá a la ONIC le hicieron allanamientos en las oficinas y le robaron todos los expedientes y cuando estaba de Senador el finado Anatolio Quirá le tocó hacer huelga de hambre para que se reabriera el proceso de investigación por la masacre, además de eso nos tocó hacer una marcha a Popayán porque el caso había sido cerrado en dos ocasiones». Agregó Coicué. 
 
Es decir, que se agotaron todas las instancias de denuncia para buscar justicia pero no lograron conseguir nada, porque siempre estuvieron obstaculizados por los criminales que cometieron la masacre. Por obvias razones, las autoridades indígenas llegaron a la conclusión de que no había condiciones para la justicia y que además el gobierno no tenía voluntad para esclarecer los hechos. Fue cuando se decidió hacer la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, porque en Colombia no se haría justicia y porque allá  no podían atacar a tantos abogados juntos, así  como habían matado ya a uno y amenazado a todo aquel que apoyara ese proceso de denuncia. 
 
«En el 92 se firmó el acuerdo oficial del aporte de tierras para las comunidades, donde el Estado se comprometió a comprar 15.663 hectáreas de tierra plana, que debían ser entregadas en 3 años. Pero además de tierras para la gente el acuerdo contemplaba la inversión social, porque todos los que murieron y estábamos allí somos hermanos y uno de los principios que nos rigen como nasas es la colectividad. Una cosa fue la indemnización a los familiares de las víctimas y otra la inversión social  y el fortalecimiento del plan de vida. Pero el aporte para esto fue muy mínimo porque lo que les llegó no les alcanzó para mucho y en realidad no cumplieron con la inversión en salud, educación y nada que tuviera que ver con el fortalecimiento de nuestro Plan de Vida», puntualizó Rafael.
 
En octubre de 1998 la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hizo unas recomendaciones al Estado después de comprobar la participación de la Fuerza Pública en la Masacre, estas recomendaciones incluían organizar mesas de trabajo en temas prioritarios para la comunidad. Ese mismo año el Presidente Samper públicamente le pidió perdón a las familias y al pueblo Nasa del Norte del Cauca por ese hecho donde resultaron vinculadas las fuerzas del Estado.  Desde 1992 cuando se firmó el acuerdo de tierras hasta la fecha han pasado 15 años y el Estado aun no ha cumplido con los acuerdos, pues nunca hizo el aporte para la inversión social, no apoyó el fortalecimiento de plan de vida de la comunidad Nasa y aún faltan miles de hectáreas de tierra por entregar. 
 
Liberación de la Madre Tierra en la Finca La Emperatriz 2005 
 
 
En septiembre de 2005 las autoridades y las comunidades del norte del Cauca cansadas no solo del incumplimiento del gobierno por los viejos acuerdos de El Nilo, sino por todas las reformas a las leyes que empezó a realizar el Presidente Uribe para privatizar los recursos naturales entregándolos a transnacionales y al gran capital; las violaciones a los derechos humanos y el gran problema de la descomunal y creciente concentración en la tenencia de Tierra en Colombia y específicamente en el Cauca, inician la Liberación de la Madre Tierra en la Finca La Emperatriz. Los indígenas no conciben que los grandes empresarios y terratenientes exploten,  maltraten y se lucren de la tierra, pero no hagan nada por cuidarla ni dejarla descansar, porque para los pueblos indígenas la tierra es la madre y merece ser respetada y cuidada para que siga engendrando vida. 
 
«Los censos agropecuarios del DANE muestran que los grandes usufructuarios (los dueños de las más grandes haciendas que concentran la propiedad de la tierra) son apenas el 0,4 %, es decir solamente 15 mil personas (una de las cuales es el presidente Uribe) disponen del 50% de la tierra útil para labores agropecuarias en Colombia, las mejores. Mientras que las pequeñas parcelas -que incluyen a los indígenas, afrocolombianos y campesinos del Cauca – solamente tienen el 14% de tierra disponible, de los cuales el 43% está sembrada, y es de donde sale el 60% de los alimentos que abastecen mercados de localidades urbanas. Es decir que estamos frente aun problema muy grave, porque además según estudios de Incora y del Incoder hay un déficit 218.000 hectáreas de tierras para que las familias indígenas caucanas puedan tener su  propio desarrollo económico y productivo» (1).  
 
Con ese problema tan evidente, sumado al incumplimiento recurrente de acuerdos y obligaciones incluyendo los adquiridos como consecuencia de la masacre de El Nilo, las comunidades se cansaron de esperar y decidieron exigir sus derechos a través de la Liberación de la Madre Tierra, proceso que explicaron en una Proclama Pública. Esta proclama hace claridad sobre lo que las comunidades indígenas entienden por Liberar la Madre Tierra que no se limita a recuperar territorio o promover una redistribución de tierras sino que reclama un uso diferente de la misma para defender y promover la vida. 
 
Entraron comunidades inicialmente del Resguardo de Huellas Caloto, pero después se sumaron de todo el norte del Cauca. La respuesta del gobierno como siempre fue la represión, hambre, torturas y arrestos indiscriminados.  A pesar de todo, las comunidades resistieron la represión dando ejemplo de compromiso y conciencia y la solidaridad nacional e internacional se movilizó en respaldo de una causa a todas luces justa. En consecuencia, el Gobierno Nacional se vio obligado a asumir su responsabilidad y a negociar con las comunidades. 
 
Se logró negociar para  el cumplimiento del acuerdo anterior (15.663 ha) como compensación por la masacre de El Nilo y también la entrega de tierras para superar el déficit existente. Las comunidades y autoridades demostraron con evidencia indiscutible que las políticas de despojo y la ausencia de otras fuentes de vida y subsistencia habían sido documentadas por el propio Estado de modo que en promedio, los pueblos indígenas del Cauca poseían menos de la mitad de la tierra que necesitaban para sobrevivir y en consecuencia se ahogan en el hambre y la desesperación. Los acuerdos de septiembre de 2005 se cumplirían, según consta en el texto firmado por el Ministro del Interior y de Justicia y las Autoridades del CRIC, a través de dos mecanismos fundamentales: un fondo del Presupuesto de la Nación para adquirir tierras durante las vigencias 2006 y 2007 en la zona plana, aptas para la agricultura para avanzar en el cumplimiento sustancial de los acuerdos pendientes y un recurso para que el INCODER en articulación con las autoridades de la ACIN hicieran en tres meses (antes de Diciembre de 2005) un estudio de predios para que el presupuesto de adquisición fuera invertido de la manera más eficiente y viable posible para cumplir con los fines del acuerdo. 
 
Pero como de costumbre, el gobierno lo que hizo fue dilatar el proceso, engañar, y mentirle a la gente y fue el Gobernador del Cauca, Juan José Chaux, hoy remunerado con el cargo de Embajador del Gobierno del Presidente Uribe en Holanda, quien se encargó de torpedear el cumplimiento de los acuerdos y fomentar conflicto social, polarizacion, represión y más muerte. La Gobernación del Cauca y su cabeza no deberían tener ninguna injerencia en los acuerdos y su cumplimiento, ya que estos competen por mandato constitucional exclusivamente al Gobierno Nacional y a las autoridades indígenas de manera directa. Pero a las negociaciones de 2005 el Gobernador mandó a dos altos funcionarios, incluido su secretario de gobierno que se dedicaron a entorpecer el proceso obligando a la delegación de las autoridades indígenas a exigir que se retiraran ya que no tenían ningún derecho de participar allí. Tuvo que interceder el Vice Ministro del Interior, para lograr que permanecieron únicamente en calidad de observadores, lo que eventualmente condujo a que utilizaran la información que recogieron para entorpecer y evitar el cumplimiento de lo acordado. Tanto Chaux, como el Ministro de Agricultura aseguraron falsamente desde ese tiempo que detrás de las acciones de liberación de la Madre Tierra están las FARC y por eso tildaron a los indígenas de terroristas, con la intención de obstaculizar los acuerdos y no darle «ni un centímetro más de tierra» a los indígenas, tal como lo aseguró el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en repetidas ocasiones desde el 2005. 
 
Al mismo tiempo, el Gobernador Chaux se encargó de promover polarizacion y conflicto entre afros, campesinos e indígenas, diciendo que por culpa de los indígenas no le podían dar tierra a los demás y que La Hacienda El Japio (donde se hospedó Simón Bolívar y donde en la colonia se comerciaban esclavos) iba a ser entregada a los afros, pero como los indígenas la estaban pidiendo eso no se iba a poder realizar. Hasta propició una marcha en Caloto en contra de los indígenas que fue difundida por televisión, marcha donde la mayoría de gente iba engañada por aliados locales del Gobernador del Cauca y sólo unos pocos sabían de lo que se trataba. Esto quedó claro para los indígenas, ya que en un encuentro con los afros en Padilla realizado a principios de 2007 uno de ellos dijo que había ido a la marcha porque le habían dicho que era en solidaridad con el proceso de liberación de la Madre Tierra y en rechazo a la muerte de Belisario Camayo, indígena asesinado durante este proceso de lucha en la Hacienda El Japio. 
 
De igual forma, los indígenas supieron que el mismo Chaux impidió la compra de la Emperatriz, puesto que la propietaria estaba dispuesta a vender hasta que él se comunicó con ella y la convenció para que se negara a hacerlo, esto lo informó la misma dueña a los indígenas, diciendo que el Gobernador se había comunicado con ella y que ya no vendería. Todo esto y más fue el actuar malintencionado del Gobernador del Cauca a quien las comunidades lo responsabilizan de todas las muertes de sus compañeros en proceso de Liberación de la Madre Tierra. 
 
 
¿El gobierno cumplió los acuerdos? 
 
Desde la firma de los nuevos acuerdos en La Emperatriz en septiembre de 2005, hasta el momento en que se escribe esta nota en enero de 2008, el Gobierno dilató el proceso; aplazó decenas de veces las reuniones con la mesa negociadora e incumplió muchas citas, pero siempre dijo tener voluntad política para cumplir con los acuerdos. Es decir, que engañaron a la gente mientras efectuaban el estudio de tierras con la plata que peleó la comunidad, pero ellos tenían otras intenciones, porque efectivamente identificaron las mejores tierras y las entregaron pero no a las comunidades, si no a los grandes capitalistas como Ardila Lulle y a la multinacional Smurfit Cartón Colombia. 
 
En el 2005 alegaba el gobierno que la Hacienda El Japio estaba catalogada como Patrimonio Nacional y por eso no era posible entregarla a los indígenas y de esta manera tampoco podían entregar La Emperatriz. Por eso se hizo el estudio con el fin de identificar otras tierras para la comunidad. Pero le cumplieron a los ricos: no a las familias necesitadas que años atrás presionaron para exigir sus derechos donde perdieron 2 miembros más a manos de la fuerza pública; Belisario Camayo caído en la hacienda el Japio el día 10 de noviembre del 2005 y  Pedro Poscué caído en la María Piendamó el día 16 de mayo del 2006
 
Con razón la gente se llena de indignación y repugnancia al ver que El Japio hoy está cultivado de árboles de pino y La Emperatriz llena de caña de azúcar y que usaron la plata que pelearon en nombre de la comunidad para beneficiar a los ricos del país. Además ellos saben que monocultivos como la caña y el pino están matando a la tierra, acabando con el agua de las comunidades y esclavizando a la gente y por eso deciden a finales de 2007, bajo el Mandato del CRIC, volver a entrar a La Emperatriz a reclamar sus derechos, rechazar esa injusticia, presionar el gobierno para que cumpla todos los acuerdos, pero principalmente a decirle a Colombia que no basta con recuperar la tierra, pero que hacerlo es necesario como un primer paso y que el camino de movilización, reflexión y autocrítica debe ayudarnos a madurar las conciencias. 
 
Rituales de Liberación de la Madre Tierra 2007 
 
Ante esto, la comunidad y las autoridades indignadas deciden en asamblea iniciar los Rituales de Liberación de la Madre Tierra en noviembre de 2007 en todo el Cauca, pero ahora con cuatro etapas fundamentales, porque el problema no es sólo nuestro, ni sólo de tierras. El problema de fondo es que se confrontan dos pensamientos totalmente diferentes: uno es el de los pueblos indígenas que ven a la tierra como la madre que alimenta y da vida y otro el del capital que ve la vida con ojos de avaricia para convertirla en mercancía para seguir acumulando riqueza a costa del trabajo esclavizado, el hambre, la sangre y la muerte de millones de colombianos víctimas de la guerra al servicio de la acumulación. Porque no sólo son los indígenas quienes sufren las consecuencias de esta manera de ser y de pensar, también los campesinos, afrocolombianos, sindicatos, mujeres, afros y todos los que hacen parte de los movimientos sociales y populares que defienden la vida, la libertad y la soberanía. 
 
“La primera etapa es recuperar la tierra para la gente -en la caso de los indígenas-, pero también invitan a todo el pueblo colombiano a que se levante y reclame los recursos esenciales que les han arrebatado. La segunda es Liberar la Madre Tierra desarrollando modelos económicos y Planes de Vida que tengan como objetivo final la defensa y promoción de la vida y también llaman a todos para que liberen su pensamiento, su corazón, sus voluntades, su identidad, su alegría y su conciencia. La tercera es Construir en la Tierra y con los recursos liberados y rescatados, territorios para la paz, la dignidad y la vida, donde se haga realidad práctica la agenda de los pueblos para el nuevo país posible y necesario.  La cuarta es Tejer los territorios y las luchas y reivindicaciones más allá de fronteras nacionales y regionales. Tejer respetando y acompañándonos de manera reciproca y solidaria porque solos no podemos y nos necesitamos mutuamente para resistir y defender la vida. Concertar y debatir las diversas visiones, estableciendo la justicia realmente justa que nos permita construir un país y un mundo para todos y todas” (2)
 
Es en este contexto en el que se toman decenas de Fincas por todo el Cauca, donde   resultan heridos muchos indígenas y en todo esto perdemos a otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, Lorenzo Largo Dagua de 23 años de edad,  guardia indígena de Tacueyó quien resultó herido el 29 de noviembre en La Emperatriz a causa de un disparo de arma corta a quemarropa en el tórax izquierdo, proveniente de miembros del ESMAD (Escuadrón anti motines de la Policía Nacional) y falleció 14 de diciembre de 2007. Esta muerte se suma a la larga lista de indígenas caídos reclamando sus derechos, tal como sucedió con los 20 indígenas masacrados en El Nilo y los dos compañeros asesinados en El Japio y en La María Piendamó. 
 
«La comunidad indígena y sus autoridades hacen responsable de todos estos hechos principalmente al Gobernador del Cauca y también  al Presidente Uribe y al Ministro de Agricultura porque siempre han asegurado que estas liberaciones de tierra son coordinadas con la Columna Jacobo Arenas y con esos señalamientos dieron la orden de responder con toda la fuerza de la Política de Seguridad Democrática donde el resultado fue un muerto más. Por esto, las autoridades indígenas acaban de imponer una acción de tutela contra Juan José Chaux, no sólo por las calumnias y señalamientos que le ha hecho a las comunidades, sino porque ha sido uno de los incitadores directos del rompimiento de los acuerdos y de la Muerte de los compañeros». Afirmó Rafael Coicué. 
 
El camino a seguir
 
 
«El camino que queda es empezar a fortalecer nuestros procesos sociales y organizativos de manera coordinada para que podamos impulsar una acción de exigibilidad de derechos de manera pacífica y organizada y así poder estrechar nuestras manos en la construcción de un país diferente y justo, donde se respete la diversidad, el pensamiento y donde el hombre y la mujer tengan los mismos derechos. Pero también donde todos podamos vivir en una tierra con dignidad, donde todos podamos sembrar, tener tranquilidad, caminar y respirar el aire puro, donde no tengamos que vivir en zozobra, sin escondernos, donde no tengamos que vivir amenazados porque vienen las “águilas negras” los paramilitares o vienen otros grupos a quitarnos el territorio. 
 
Que tengamos claro que hoy en día tenemos una amenaza muy grande como son las multinacionales que están en nuestro territorio saqueando, explotando y matando a la gente y que las leyes están es en contra de nosotros. Por eso es indispensable empezar a resistir organizadamente, hacer lucha legítima pero también con apoyo y solidaridad nacional e internacional. Debe ser una lucha grande, porque hay muchos procesos y resistencias, el problema es que no estamos articulados. Entonces el desafió es empezar a organizarnos, establecer prioridades para armar un plan que nos permita llegar a una sola acción o lograr un solo objetivo porque hay muchos y cada uno pelea por lo suyo. 
 
Finalmente nosotros desde el Cauca exigimos justicia con todo lo que nos han hecho, pero principalmente con la Masacre de El Nilo, porque es doloroso saber que los policías y comandantes antinarcóticos de ese tiempo que estuvieron al tanto de la masacre, hoy sean jefes de seguridad del Presidente Uribe, en vez de estar pagando por su complicidad. Por eso nosotros exigimos justicia para que nuestros muertos puedan descansar en paz. Al mismo tiempo, pedimos que el Gobernador del Cauca sea recibido como se merece en Holanda; no para ser el Embajador sino para ser juzgado en la Haya por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido con los indígenas en el Cauca”. Con este mensaje terminó su testimonio Rafael Coicué y continuará la lucha por la Libertad para la Madre Tierra “mientras no se apague el sol”. 
 
(1). Tomado del texto “Libertad para la Madre Tierra” de ACIN
(2) Tomado de la Proclama Pública “El desafío que no da espera” de ACIN.
 
Publicado el 23 de enero de 2008.
 
Fuente: Tejido de Comunicación ACIN
 

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