{"id":697,"date":"2014-03-20T16:21:36","date_gmt":"2014-03-20T16:21:36","guid":{"rendered":"http:\/\/pueblosencamino.org\/wp\/?p=697"},"modified":"2014-03-20T16:21:36","modified_gmt":"2014-03-20T16:21:36","slug":"colombia-medidas-cautelares-de-la-cidh-a-favor-de-gustavo-petro-son-de-obligatorio-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pueblosencamino.org\/?p=697","title":{"rendered":"Colombia: Medidas Cautelares de la CIDH a favor de Gustavo Petro son de obligatorio cumplimiento"},"content":{"rendered":"
\tLa Corporaci\u00f3n Colectivo de Abogados \u2019Jos\u00e9 Alvear Restrepo\u2019, recuerda a la opini\u00f3n p\u00fablica que el gobierno colombiano ha sido respetuoso de las medidas cautelares ordenadas por Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en relaci\u00f3n con el actual Alcalde de Bogot\u00e1, el propio Presidente de la Rep\u00fablica Juan Manuel Santos, ha manifestado que acatar\u00eda las decisiones que obligan al Estado colombiano, por tanto queremos hacer \u00e9nfasis en que: En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional de Colombia ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que las medidas cautelares ordenadas por la CIDH son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano.<\/span><\/div>\n

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\tComunicado p\u00fablico: <\/a><\/span><\/div>\n
\tMedidas Cautelares de la CIDH a favor de Gustavo Petro son de obligatorio cumplimiento<\/a><\/span><\/div>\n
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\tDerecho a la Justicia | Bogot\u00e1 D. C. |<\/span><\/div>\n
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\tEn la sentencia T-558-03[1] la Corte Constitucional al respecto, se\u00f1al\u00f3 con di\u00e1fana claridad que las medidas cautelares tienen mayor significado en el derecho internacional de los derechos humanos, pues en esta materia, m\u00e1s que en ninguna otra, es imprescindible evitar que (\u2026) se consumen de manera irreparable las violaciones de los derechos establecidos en los convenios internacionales respectivos (\u2026). Destacando adem\u00e1s que las medidas cautelares adoptadas por la CIDH se incorporan de manera autom\u00e1tica al ordenamiento jur\u00eddico interno.<\/span><\/div>\n
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\tEn dicha sentencia la Corte Constitucional afirma que:<\/span><\/div>\n
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\tLa naturaleza jur\u00eddica de las medidas cautelares sigue siendo la misma, es decir, se trata de un acto jur\u00eddico adoptado por un organismo internacional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que adopte, en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden administrativo o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano determinado.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tLo anterior quiere decir que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH hacen parte del ordenamiento jur\u00eddico colombiano y, por tanto, son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades en Colombia, y que el Estado colombiano est\u00e1 obligado a tomar todas las medidas necesarias para que las medidas cautelares se hagan efectivas.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tEn fallo de tutela T-786-03[2], la Corte Constitucional afirma que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH se encuentran dentro de la competencia atribuida a este organismo internacional, en desarrollo de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y al hacer esta \u00faltima parte del bloque de Constitucionalidad s\u00ed tienen (las medidas cautelares) vinculatoriedad en el ordenamiento interno.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tEn dicha sentencia la Corte Constitucional tambi\u00e9n se\u00f1ala que el incumplimiento o el desacato de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH por parte de un Estado, implica un desconocimiento de la obligaci\u00f3n internacional consagrada en los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tA\u00f1ade adem\u00e1s la Corte Constitucional que el Estado parte de la CADH que reconoce el derecho a presentar peticiones individuales (…) no puede negar que las \u00f3rdenes que profiera la Comisi\u00f3n en el conocimiento de las mismas lo vinculan. Negarse a su cumplimiento ser\u00eda desconocer la competencia de la Comisi\u00f3n y, por tanto, violar la Convenci\u00f3n.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tEn el mismo fallo la Corte Constitucional tambi\u00e9n declara que el incumplimiento de las medidas cautelares por parte del Estado tambi\u00e9n implica la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso \u2013tanto interno como internacional- que (…) incluye el cumplimiento de las medidas tomadas por las autoridades competentes de la efectiva protecci\u00f3n de los derechos.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tMediante sentencia T-327-04[3] la Corte Constitucional dijo, respecto a las obligaciones internacionales asumidas libre y voluntariamente por el Estado colombiano, que la medida cautelar debe ser examinada de buena fe por las autoridades y su fuerza vinculante en el derecho interno va aparejada del cumplimiento de los deberes constitucionales que las autoridades p\u00fablicas deben cumplir.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tEn el a\u00f1o 2005 la Corte Constitucional a trav\u00e9s del fallo de tutela T-524-05[4], reiter\u00f3 que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH tienen car\u00e1cter vinculante y se incorporan de manera autom\u00e1tica en el ordenamiento jur\u00eddico interno.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tEn la sentencia de tutela T-367-10[5], la Corte Constitucional reitera el car\u00e1cter vinculante de las medidas cautelares proferidas por la CIDH y su incorporaci\u00f3n autom\u00e1tica al ordenamiento jur\u00eddico colombiano, y adem\u00e1s afirma que la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo id\u00f3neo para mecanismo adecuado para conminar a las autoridades p\u00fablicas para que cumplan lo dispuesto en ellas, cuando en un determinado asunto hubieren incumplido con sus deberes constitucionales.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tLa Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-585A-11[6], reiter\u00f3 que el incumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, constituye una grave violaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, que el Estado colombiano debe acatarlas en cumplimiento a sus obligaciones internacionales y que la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo id\u00f3neo para solicitar el acatamiento a las medidas cautelares.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tFinalmente, en reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, mediante el fallo T-078-13[7], reiter\u00f3 que al desconocer las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, el Estado colombiano estar\u00eda poniendo en entredicho las obligaciones internacionales adquiridas, entre otras, en virtud de la CADH, se\u00f1alando adem\u00e1s que la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n es s\u00f3lida y consistente en se\u00f1alar el car\u00e1cter obligatorio de las medidas cautelares en el orden interno, y concluye, citando jurisprudencia anterior, que:<\/span><\/div>\n
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\t\u201cno es de recibo el argumento de que el Estado destinatario de las medidas cautelares goce de absoluta liberalidad [o discrecionalidad] para cumplir o no lo decidido por la CIDH, tanto menos y en cuanto el otorgamiento de aquellas no constituye prejuzgamiento sobre el fondo de la cuesti\u00f3n.\u201d<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tA modo de conclusi\u00f3n se puede afirmar que:<\/span><\/strong><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t– El Estado colombiano ha aceptado libre y voluntariamente ser parte de la CADH, en consecuencia, se ha obligado a lo dispuesto en la misma y ha aceptado la competencia de la CIDH.<\/span><\/div>\n
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\t– Es una obligaci\u00f3n del Estado colombiano proteger y garantizar los derechos reconocidos en la CADH, y debe acatar lo ordenado por la CIDH de acuerdo a las competencias de este organismo, para garantizar los derechos establecidos en la Convenci\u00f3n Americana.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t– La Convenci\u00f3n Americana hace parte del bloque de constitucionalidad, por ende, el Estado debe cumplir con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos dispuestas en la misma, y debe acatar las decisiones de los organismos que hacen parte del Sistema Interamericano, en este caso, las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t– Ha sido reiterada y consolidada la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH se incorporan autom\u00e1ticamente al ordenamiento jur\u00eddico colombiano, son de obligatorio cumplimiento, el Estado debe disponer de todos los medios para hacerlas efectivas, su incumplimiento genera responsabilidad internacional del Estado, y es posible acudir al mecanismo de acci\u00f3n de tutela para su cumplimiento.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tDicho esto, reiteramos, que el se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, Juan Manuel Santos, como jefe de Estado, ha acatado lo dispuesto por el sistema interamericano de derechos humanos honrando los compromisos internacionales del Estado y esta no puede ser la excepci\u00f3n.<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t[1] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-558-03, M.P. Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez, 20 de mayo de 2005. Disponible en:<\/span><\/div>\n
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\t<http:\/\/www.corteconstitucional.gov….><\/span><\/div>\n
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\t[2] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-786-03, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 11 de septiembre de 2003. Disponible en:<\/span><\/div>\n
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\t<http:\/\/www.corteconstitucional.gov….><\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t[3] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-327-04, M.P. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra, 15 de abril de 2004. Disponible en:<\/span><\/div>\n
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\t<http:\/\/www.corteconstitucional.gov….><\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t[4] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-524-05, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 20 de mayo de 2005. Disponible en:<\/span><\/div>\n
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\t<http:\/\/www.corteconstitucional.gov….><\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t[5] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-367-10, M.P. Mar\u00eda Victoria Calle Correa, 11 de mayo de 2010. Disponible en:<\/span><\/div>\n
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\t<http:\/\/www.corteconstitucional.gov….><\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t[6] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-585A-11, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 28 de julio de 2011. Disponible en:<\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t<http:\/\/www.corteconstitucional.gov….><\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\t[7] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-078-13, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 14 de febrero de 2013. Disponible en:<\/span><\/div>\n
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\t<http:\/\/www.corteconstitucional.gov….><\/span><\/div>\n
\t <\/div>\n
\tMi\u00e9rcoles 19 de marzo de 2014, por Prensa – Colectivo<\/a><\/span><\/div>\n
\thttp:\/\/www.colectivodeabogados.org\/Comunicado-publico-Medidas<\/a><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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