\tUn nuevo informe de Oxfam describe c\u00f3mo la mayor comercializadora de materias primas agr\u00edcolas del mundo logr\u00f3 concentrar a\u00fan m\u00e1s tierra en Colombia. La agencia internacional Oxfam llama al gobierno colombiano a esclarecer la legalidad de las transacciones realizadas por Cargill \u2013 la mayor comercializadora de materias primas agr\u00edcolas del mundo \u2013entre 2010 y 2012, adquiriendo m\u00e1s de 52,000 hect\u00e1reas de tierra en la regi\u00f3n de la Altillanura, Colombia, a trav\u00e9s de 36 sociedades creadas para este fin.<\/p>\n
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\tEn el nuevo informe lanzado hoy, Oxfam detalla como Cargill habr\u00eda logrado evadir la restricci\u00f3n legal mediante una operaci\u00f3n de compra fraccionada, superando en 30 veces el m\u00e1ximo permitido por la ley a un solo propietario.<\/p>\n
\tEl reparto de la tierra en Colombia es extremadamente desigual, pues la tasa de concentraci\u00f3n de tierra es de las m\u00e1s altas del mundo y la segunda de Am\u00e9rica Latina, s\u00f3lo despu\u00e9s de Paraguay. Esta inequidad en el acceso a la tierra va \u00edntimamente ligada a la pobreza rural y es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado interno que ha asolado el pa\u00eds durante m\u00e1s de medio siglo.<\/p>\n
\tLa agricultura a peque\u00f1a escala es clave<\/strong><\/p>\n \tEl gobierno sostiene que s\u00f3lo grandes empresas son capaces de desarrollar el potencial productivo de la Altillanura, y por ello pretende establecer est\u00edmulos y reformas legales que allanen el camino a la inversi\u00f3n nacional y extranjera. Sin embargo, la peque\u00f1a econom\u00eda campesina ha demostrado que puede ser tan o m\u00e1s eficiente, especialmente cuando se mide su aporte a la seguridad alimentaria, el empleo y la reducci\u00f3n de la pobreza.<\/p>\n \tDe acuerdo con Aida Pesquera, directora de pa\u00eds de Oxfam en Colombia; \u00abLa inversi\u00f3n p\u00fablica en agricultura a peque\u00f1a escala que garantiza la tenencia de tierras de los peque\u00f1os productores de alimentos es sin duda necesaria en Colombia. La inversi\u00f3n privada tambi\u00e9n es \u00fatil pero debe respetar los derechos y la legislaci\u00f3n existentes relativa al uso del suelo, e incluir evaluaciones completas de los impactos sociales y ambientales a nivel local y nacional\u201d.<\/p>\n \t\u00abLa concentraci\u00f3n de grandes extensiones de tierra en las zonas que han sido destinadas por la ley a la agricultura familiar\u00bb, contin\u00faa Pesquera \u00abagrava la desigualdad social, el conflicto y empeora los problemas existentes de concentraci\u00f3n de tierra en el pa\u00eds \u00ab.<\/p>\n \tUna Reforma Rural Integral pendiente<\/strong><\/p>\n \tEste informe llega en un momento hist\u00f3rico para las cuestiones agrarias en Colombia en t\u00e9rminos pol\u00edticos, econ\u00f3micos y sociales: el paro agrario nacional, que comenz\u00f3 en agosto de 2013 y que moviliz\u00f3 a la sociedad civil en general, no tiene precedentes recientes en el pa\u00eds y revela la importancia del desarrollo rural en Colombia; la nueva Ley de Desarrollo Rural en discusi\u00f3n; y las diversas iniciativas legislativas que tratan de regular la compra masiva de tierras por parte de extranjeros.<\/p>\n \tComo si esto no fuera bastante, la Reforma Rural Integral es el elemento clave en la agenda de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana. El gobierno colombiano ha demostrado su voluntad de avanzar hacia una reforma rural integral y una pol\u00edtica agraria que fortalezca la econom\u00eda de los peque\u00f1os productores.<\/p>\n \t\u201cEl caso de la inversi\u00f3n de Cargill en la Altillanura\u201d concluye Pesquera \u201cpondr\u00e1 a prueba la coherencia de las pol\u00edticas de un gobierno acorralado entre protestas nacionales sobre cuestiones agrarias y un compromiso p\u00fablico con una distribuci\u00f3n m\u00e1s democr\u00e1tica de la tierra\u201d.<\/p>\n \tInformaci\u00f3n complementaria<\/strong><\/p>\n \tLa metodolog\u00eda de investigaci\u00f3n combina la identificaci\u00f3n local de la tierra adquirida por Cargill con la revisi\u00f3n y an\u00e1lisis de los documentos p\u00fablicos de la Superintendencia de Notariado y Oficinas de Registro y de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1.<\/p>\n \tSobre la distribuci\u00f3n de tierra en Colombia:<\/strong><\/p>\n \tEl 80 por ciento de la tierra en Colombia est\u00e1 en manos de 14 por ciento de los propietarios. Esta concentraci\u00f3n est\u00e1 aumentando: el \u00edndice de Gini empeor\u00f3 desde un 0,841 en 1960 a 0,885 en 2009. Este dato sit\u00faa a Colombia en el lugar n\u00famero once entre los pa\u00edses del mundo con mayor desigualdad en acceso a la tierra. Las mujeres enfrentan a\u00fan mayores dificultades para acceder a la tierra. Seg\u00fan algunos informes, el 40 por ciento del territorio colombiano est\u00e1 bajo alg\u00fan tipo de contrato con corporaciones multinacionales, ya sea para la producci\u00f3n de biocombustibles o para la agricultura, la explotaci\u00f3n forestal o la miner\u00eda. Colombia ocupa el quinto lugar entre los 17 pa\u00edses latinoamericanos y del Caribe, donde la FAO ha encontrado una elevada inversi\u00f3n agr\u00edcola por parte de capital extranjero. En un informe reciente, la FAO advierte que hay tendencias de extranjerizaci\u00f3n de la tierra, favorecidos por la ausencia de l\u00edmites y de regulaci\u00f3n interna.<\/p>\n \tSobre la legislaci\u00f3n colombiana:<\/strong><\/p>\n \tLa tierra adquirida por Cargill hab\u00eda sido entregada por el Estado como parte de procesos de reforma agraria, es decir proviene de bald\u00edos de la naci\u00f3n. Los bald\u00edos son definidos por el art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil colombiano como terrenos situados dentro de los l\u00edmites territoriales que no tienen otro due\u00f1o, y por lo tanto es propiedad del Estado. La Corte Constitucional de Colombia ha se\u00f1alado que dichos activos se deben utilizar para beneficiar a la sociedad, en este caso para cumplir con el art\u00edculo 64 de la Constituci\u00f3n, que ordena \u201cal Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios de escasos recursos y para otros servicios p\u00fablicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la poblaci\u00f3n campesina\u00bb. La Ley 160, aprobada en 1994, permiti\u00f3 que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INCODER) adoptara decisiones sobre la asignaci\u00f3n de tierras del Estado (bald\u00edos) para la poblaci\u00f3n rural de escasos recursos. La \u00abUnidad de la Agricultura Familiar\u00bb (UAF) – establecida por la ley como la cantidad de tierras que se considera necesaria para que una familia obtenga un medio de vida decente – es el l\u00edmite m\u00e1ximo que el Estado puede adjudicar a una sola persona. La misma Ley 160 de 1994 tambi\u00e9n prohibi\u00f3 que cualquier persona natural o jur\u00eddica acumulara mas de una UAF de tierras que hubiesen sido anteriormente adjudicadas como bald\u00edos.<\/p>\n \tContactar<\/strong><\/p>\n \tPara mayor informaci\u00f3n o entrevistas, favor de contactar a : Riccardo D\u2019Emidio, Gerente Regional de Comunicaciones y Campa\u00f1as, +52 1 55 1320 8796 rdemidio@oxfam.org.uk<\/p>\n \tSigue el debate en Twitter: #divideandpurchase #divideycompraras<\/p>\n