Colombia: Piden al papa intervenir en caso de un baldío

“… La finca conocida como Las Brisas está ubicada a pocos kilómetros del casco urbano de Cumaribo, un territorio que por siglos ha sido habitado por el pueblo sikuani. El predio en disputa, según los firmantes de la carta, había sido catalogado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) como baldío…”
Un sacerdote diocesano es acusado de apropiación ilegal de un predio de 550 hectáreas en Vichada, mientras 215 familias de indígenas fueron desalojadas. Así no!!!

 
 
Indígenas de 215 familias pertenecientes a los pueblos sikuani, piapoco, piaroa y saliva se han visto afectados por el desalojo. / Fotos Ariel Palacios – jenzera.org
 
“Su Santidad. Nos dirigimos a usted para ponerlo en conocimiento de los hechos acaecidos en el municipio de Cumaribo, departamento del Vichada (Colombia), con motivo del desalojo violento que sufrieron 215 familias indígenas pertenecientes a los pueblos sikuani, piapoco, piaroa y saliva, llegadas de varias regiones del departamento”.
 
Así comienza la carta que un grupo de 13 antropólogos, abogados, profesores e ingenieros, varios de ellos miembros de la organización Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), enviaron al papa Francisco. En ella piden al jerarca de la Iglesia católica que intervenga en este caso pues involucra al sacerdote diocesano, Parmenio Gómez Blanco, nacido en Boyacá y quien ejerce desde hace 10 años. El religioso es acusado de apropiación viciada en 2005 de un terreno de 550 hectáreas.
 
La finca conocida como Las Brisas está ubicada a pocos kilómetros del casco urbano de Cumaribo, un territorio que por siglos ha sido habitado por el pueblo sikuani. El predio en disputa, según los firmantes de la carta, había sido catalogado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) como baldío.
 
De acuerdo con el relato que le hacen al papa, los indígenas habían cobrado posesión pacífica del terreno. Días más tarde, el 25 de junio a las 7:30 a.m., cerca de 70 policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fueron aerotransportados desde la ciudad de Villavicencio hasta Las Brisas. El desalojo, que dejó varias personas heridas, varios de ellos menores de edad, habría sido ordenado por el inspector municipal de Policía, Javier Guillermo Espejo Mendoza, y el alcalde de Cumaribo, Ardulfo Romero Pardo. Todo esto a pesar de que una circular de la dependencia de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior había recomendado no desalojarlos.
 
“En este momento los indígenas han solicitado ante el Incoder la revocatoria de la adjudicación hecha al padre Parmenio Gómez Blanco, para evitar que este sacerdote, muy preocupado por los bienes terrenales, termine de enajenar estos terrenos, ya que según versiones de varios pobladores del municipio, habría ya parcelado y vendido cerca de las 2/3 partes del predio”, continúa la carta.
 
Entretanto, las autoridades indígenas vienen deliberando si declaran al padre como persona no grata en territorios indígenas.
 
Cumaribo (Kumalibo en lengua jiwi) ha sido un territorio ancestral del pueblo sikuani (jiwi) y desde hace varias décadas lugar de disputas territoriales, por el atractivo económico para ganaderos, mineros, madereros y agricultores.
 
“Lo insólito de esta acción policial es que se desplieguen cuantiosos recursos para desalojar a indígenas, mientras no se le presta atención alguna a las denuncias de los indígenas sobre la invasión de los ríos de la selva Matavén”, señalaron en un documento sobre este conflicto miembros del Colectivo Jenzera, un grupo que trabaja en la región desde 1998.
 
Recordaron que en esta misma región 16 resguardos indígenas están siendo acosados por buscadores de oro colombianos, venezolanos y brasileños (garimpeiros), así como ganaderos que intentan una y otra vez entrar en el territorio ancestral de Tojibo y Cupepe.
 
El caso del predio Las Brisas tendrá que ser aclarado por las respectivas autoridades. Una investigación que queda pendiente y en manos del Ministerio del Interior, el Incoder y las autoridades locales. Por lo pronto, ambas partes insisten en su derecho sobre esta propiedad.
 
Por: Pablo Correa
 

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