Ecuador contra Chevron

Chevron-Texaco es defendida incondicionalmente por el país de origen de la transnacional y, en definitiva, la guerra jurídica contra Ecuador se sustenta en la defensa de un orden jurídico-económico internacional radicalmente injusto.

 
El pasado mes de septiembre el Presidente Rafael Correa lanzó la campaña “La mano sucia de Chevron”, ante la decisión de la petrolera de rechazar la sentencia de la corte de Sucumbíos-Ecuador que dispuso el pago de 9.510 millones de dólares por graves daños ambientales. Organismos regionales como el Parlamento Latinoamericano, el Foro de Sao Paulo, los Cancilleres de UNASUR y personalidades como Al Gore, Brad Pitt y Sting, entre otros, se han adherido a la campaña de solidaridad a favor del Ecuador.
 
El enfrentamiento se ha radicalizado. La transnacional estadounidense Chevron-Texaco ha contrarrestado las sanciones impuestas en el Ecuador con una campaña muy agresiva contra el gobierno del Ecuador y las personas afectadas por la contaminación generada por sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana.
 
Desde 1964 al 1992 la petrolera Texaco se dedicó a la extracción de crudo en la Amazonía ecuatoriana. En ese periodo vertió 80.000 toneladas de residuos petrolíferos, 85 veces superior a la vertida por BP en el desastre producido en el Golfo de México. Después de salir del país, la empresa dejó daños ambientales devastadores. Según peritos internacionales, ello ha provocado la muerte de más de mil personas, afectadas de cáncer; la desaparición de dos pueblos ancestrales (Tetetes y Sansaguaris) junto a la migración de las comunidades Cofan, Siona y Secoya; y, la afección de la ganadería y pesca de la zona. En suma, graves atentados al medio ambiente y a los derechos humanos.
 
En año 1993, 88 indígenas, víctimas de las prácticas de Texaco, demandaron a esta compañía ante un tribunal de Texas. La demanda pasa posteriormente a Nueva York y, en definitiva, en ambas instancias los tribunales se declaran incompetentes. Así las cosas, el asunto regresó a Ecuador. En 2011, un tribunal de primera instancia ecuatoriano emitió una sentencia por la que Chevron-Texaco (Chevron había comprado a Texaco en 2001) debía pagar 9.510 millones de dólares a las comunidades afectadas por el latrocinio. Posteriormente el tribunal provincial y la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ratificaron la sentencia.
 
A partir de ese momento la empresa no acepta la sentencia ni los procedimientos judiciales, no asume sus responsabilidades y pone en marcha todos los mecanismos del Derecho Corporativo Global para favorecer sus propios intereses. En definitiva, no acepta la soberanía nacional de Ecuador, y se aprovecha de un sistema jurídico internacional completamente asimétrico y que apoya a las transnacionales.
 
Es sabido que en el mundo actual el poder político, económico y jurídico que tienen las empresas transnacionales es incontrarrestable. Actúan con un alto grado de impunidad. Sus derechos se encuentran protegidos por normas de comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral, y decisiones de los tribunales arbitrales internacionales. A la vez, sus obligaciones se encuentran reguladas por Estados sometidos a la lógica neoliberal; es decir, se construyen legislaciones ad hoc para la defensa de los intereses de las transnacionales.
 
Así las cosas, Chevron-Texaco decidió utilizar el tratado bilateral de protección de inversiones entre EEUU y Ecuador —que entró en vigor en 1997—para denunciar a este país ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. En este caso llaman la atención dos hechos. Primero, la quiebra del principio de retroactividad, ya que el tratado entró en vigor cinco años después de que Texaco abandonara el país; segundo, no fue el Estado ecuatoriano quien demandó a la multinacional sino las comunidades afectadas, por lo que el tratado bilateral no debía haberse activado en ningún caso. No obstante, La Haya se declaró competente y suspendió la ejecución de la sentencia de los tribunales ecuatorianos que era favorable a los afectados.
 
Chevron-Texaco continuó con la guerra jurídica. En 2010, demandó ante la Corte Federal de Nueva York a los representantes legales de las comunidades denunciantes por asociación criminal con objeto de chantajear a la petrolera. La multinacional solicita, además, que sea el Estado quien se encargue de abonar la indemnización a la que el tribunal ecuatoriano la ha condenado.
 
El caso Chevron pone manifiesto cómo las empresas transnacionales se convierten en poderosos agentes cuyo accionar depredador no es diferente al empleado por similares empresas en otros países. Al mismo tiempo, la arquitectura jurídica global se encarga de respaldar ese accionar en desmedro de las condiciones económicas y socio-ambientales de los países donde operan. Chevron-Texaco es defendida incondicionalmente por el país de origen de la transnacional y, en definitiva, la guerra jurídica contra Ecuador se sustenta en la defensa de un orden jurídico-económico internacional radicalmente injusto.
 
En Chile, los casos de Barrick Gold, en el norte y de Hidroaysén, en la Patagonia, son paradigmáticos del atentado de las transnacionales a los derechos humanos fundamentales de las comunidades locales. Y sus presiones sobre el poder político para la aprobación de los proyectos han revelado la debilidad de la institucionalidad chilena, la que sólo ha podido ser contrarrestada con el vigor de las movilizaciones sociales.
 
La lucha del gobierno ecuatoriano contra Chevron debiera convertirse en referencia para que todos los países de América Latina definan una política común frente al capital extranjero en el ámbito impositivo, medio-ambiental, relaciones laborales, precios de transferencias, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, resulta fundamental un Tratado Internacional para el control de las empresas transnacionales, en el marco de Naciones Unidas, para terminar con la impunidad de sus operaciones en los países en desarrollo. (Publicado en “El Dínamo” de Santiago, el 4 de diciembre de 2013)
 
 
Autor: Roberto Pizarro

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