Presidente Santos premiado por destruir-“protegiendo”

Robin Oisín Llewellyn resume y describe en este artículo traducido por Angela Serrano la forma en la que “el corredor de los jaguares”, un área protegida de la región del Magdalena Medio en Colombia, está siendo amenazada y destruida entre otras razones, porque las autoridades ambientales, en particular, la entidad estatal responsable por la administración y protección de recursos naturales (Corporación Autónoma Regional CAS), ha permitido (seguramente estimulado y promovido) la existencia y desarrollo de un ¡basurero! en medio de dicha área. Mientras el Presidente Juan Manuel Santos recibía la Medalla Kew en reconocimiento a sus políticas de protección ambiental en Gran Bretaña, precedido por su Ministro del Ambiente, en Colombia, como lo ilustra este reporte de Llewellyn, se crean áreas protegidas que de inmediato son abiertas para toda clase de abusos y proyectos extractivos y destructivos. La realidad es fácil de entender, pero imposible de tragar dado el grado de cinismo y desfachatez que implica: de una parte, por ley y con mecanismos discursivo-legales, se crean áreas de protección ambiental que llegan a 28 millones de hectáreas (a partir de las 13 millones existentes y pobremente protegidas), con ello, el Presidente obtiene prestigio y réditos internacionales para su beneficio personal. Mientras tanto, esta política discursiva, en la práctica corresponde con la expansión de proyectos extractivos, destructivos, que responden a intereses económicos y proyectos de acumulación de ganancias en esos mismos territorios. Santos, dando continuidad con un cinismo sin par a la larga tradición del estado colombiano bajo todos los gobiernos, entiende y aplica el ambientalismo como una máscara para venderla y proclama la defensa de la naturaleza como mercancía en mercados nacionales y transnacionales rentables -se venden territorios a la clientela interesada en consumirlos en el mercado global de la promoción de la protección- mientras garantiza de manera abierta la explotación destructiva de estos territorios, consolidando a las corporaciones autónomas como entidades pivote, cuya función simultánea consiste en aplicar toda clase de procedimientos administrativos para el control de estas áreas para la protección de la imagen y del discurso y para la promoción encubierta pero descarada de proyectos destructivos. Si esto es lo que se premia como protección ambiental. Lo conocido se reitera: la defensa del ambiente consiste en lograr lo que ha logrado Santos, reglamentar como zonas protegidas enormes extensiones de territorio para entregarlas a quienes las explotan y destruyen, aumentando la seguridad de las empresas extractivo-destructivas, bajo el manto de las “Corporaciones Autónomas” quienes aseguran a la población y al mundo estarlas protegiendo. Se trata entonces de crear un mecanismo para proteger a quienes explotan estas áreas de quienes pretendan protegerlas de estos proyectos, a nombre de “garantizar” administrativamente y con discursos, que están protegidas. “Con cara gano yo y con sello pierdes tu”, dice y hace Santos y quienes lo premian. Lo que en realidad significa que pierde la vida y se destruyen ecosistemas a nombre de protegerlos. El problema es que los premios y las áreas protegidas de discurso están siendo destruidas y eso no lo remedian, sólo lo encubren y promueven los premios y los engaños. Así mismo es la “paz” con la que consiguió el Nobel. Premiar el cinismo y el despojo es promover la catástrofe en curso. ¡Así No! Pueblos en Camino.

El corredor de jaguares de Colombia ‘resalta la fragilidad de las áreas protegidas del país’

 

El ministro de medio ambiente de Colombia (de camisa azul, sentado a la derecha) muestra un plano de Yesid Blanco (señalando el mapa) del sitio de Yerbabuena. La foto fue tomada por la organización ecologista Corporación Yareguíes dos días antes de que el ministro saliera para Londres.

Un escandaloso desarrollo en el corredor jaguar de Colombia resalta las debilidades de las leyes de protección ambiental en el país. ROBIN LLEWELLYN investiga

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, estará en Londres este 10 de noviembre para recibir la Medalla Internacional Kew por su “trabajo para proteger la biodiversidad de Colombia”.

Según Richard Deverell, Director del Jardín Botánico Real Kew, en 2018 Santos habrá “duplicado el área bajo protección ambiental nacional de 13 millones de hectáreas al comienzo de su gobierno a 28,4 millones de hectáreas en 2018”.

Sin embargo, los ambientalistas locales que participan en un caso de prueba en el corazón del futuro de las áreas protegidas de Colombia cuestionan hasta qué punto estas áreas están realmente protegidas y los medios por los cuales el Estado las monitorea.

 Actividades perjudiciales

El mes pasado, el ministro de Medio Ambiente de Colombia, Luis Murillo, también se encontraba en Londres, promoviendo la protección del gobierno a la biodiversidad de Colombia.

Dos días antes de salir de Colombia, anunció que exploraría la posibilidad de incluir el humedal de la Ciénaga de San Silvestre en la Convención de Ramsar, un área vital para las especies amenazadas y de la cual 300,000 personas obtienen su agua potable en la ciudad de Barrancabermeja.

Pero el área ya había sido protegida: de hecho, formaba una parte vital del ‘corredor del jaguar’, una red internacional de áreas protegidas.

Se había establecido que los grandes felinos atravesaban los humedales y nadaban en el río más largo de Colombia, el Magdalena, para llegar a las poblaciones vecinas que se conectan con Venezuela y el Amazonas.

El área protegida era conocida como el “Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI- humedal Ciénaga San Silvestre”, en el que se prohibieron las actividades perjudiciales.

 Funcionarios públicos

Pero en 2014, la autoridad ambiental regional, la Corporación Autónoma de Santander (CAS), dio su consentimiento a la compañía local Rediba para permitir que una zona dentro del centro de esta área protegida fuera desprotegida para poder construir un basurero. La Ley 838 de 2005 prohíbe la construcción de vertederos en áreas protegidas.

Esteban Payán, el director regional de Panthera, la organización benéfica de grandes felinos que ha encabezado el concepto del corredor del jaguar, describió la decisión de construir el proyecto como “absurda”. Grupos locales recurrieron a la Constitucional alegando que el vertedero estaba contaminando las fuentes de agua.

Si bien la Corte Constitucional dictaminó que el sitio había “puesto en riesgo a la población local, que había estado expuesta a la contaminación del proyecto”, solo ordenó a Rediba que mejorara el manejo de los desechos.

En junio, le dio a la CAS plazo hasta mediados de diciembre para considerar si debía cerrar el sitio permanentemente. Mientras tanto, el alcalde de Barrancabermeja ha declarado un estado de “emergencia sanitaria” que permite que el sitio de Yerbabuena permanezca en uso mientras que la CAS decide cómo responder.

Oscar Sampayo, de la asociación ecologista local GEAM, dijo a The Ecologist: “El ministro recorre Gran Bretaña y habla sobre proteger la biodiversidad y expandir las áreas protegidas, mientras que aquí el corredor del jaguar está siendo degradado por la inactividad de los funcionarios públicos”.

Cuando menos ingenuo

Para Sampayo, protección significa “que se cierre el vertedero, que se revoque su licencia, y que el polígono [el área “desprotegida “] se reintegre para que se pueda proteger el frágil ecosistema del DRMI Ciénaga San Silvestre”.

El jefe de la CAS en el momento en que se emitió la licencia, Flor María Rangel, está en la cárcel a la espera de cargos de corrupción.

El actual director del CAS, Gabriel Álvarez García, le dijo a The Ecologist: “Esta autoridad tiene el derecho de otorgar permisos a proyectos de infraestructura que puedan impactar el entorno natural: la directora del CAS de ese momento [de la solicitud de Rediba] decidió que la solicitud del alcalde de Barrancabermeja era necesaria y cumplió con la ley”.

Los abogados que actúan para los residentes locales describen el fallo del Tribunal Constitucional como ingenuo en el mejor de los casos.

El pediatra y ambientalista local Yesid Blanco dice: “El CAS ha demostrado ser una entidad corrupta, que trabaja en contra de las leyes y principios que debe defender”.

El basurero

“Es necesario que haya una reforma profunda de la manera de formar y controlar a las corporaciones autónomas regionales. Por el momento no existe una entidad que las regule”.

Agregó que la expansión de áreas protegidas se está llevando a cabo como un requisito de los acuerdos con la Unión Europea como parte de su apoyo a los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, pero esta expansión se lleva a cabo sin proporcionar la financiación necesaria para hacer operativas tales áreas protegidas.

“Esta situación en Barrancabermeja es tan importante porque el gobierno necesita hacer cumplir las normas de protección para el corredor del jaguar porque esta parte es muy importante, es el único vínculo entre las poblaciones de Centro y Sur América”.

“Europa necesita asegurarse de que el gobierno cumpla con sus promesas de proteger las áreas de especial importancia ambiental, en lugar de colocar un basurero en el centro del corredor del jaguar”.

“Está claro que el CAS no está actuando como un órgano de control, lo que nos deja con poca esperanza sobre el futuro de nuestro entorno”

Objeciones sociales

Luis German Naranjo, Director de Conservación de WWF Colombia, dijo a The Ecologist que el desempeño de los organismos ambientales regionales (que tienen la tarea de hacer realidad las promesas del Presidente Santos y el Ministro Murillo en Colombia) varía según sus niveles de financiación.

Añadió que su doble responsabilidad, la de otorgar licencias para proyectos económicos y de infraestructura, y de proteger el medio ambiente, podría ser “una fuente potencial de conflicto”.

Las “corporaciones autónomas regionales” como la CAS obtienen la parte más significativa de su financiamiento a través de los honorarios, multas y licencias vinculadas a la actividad económica dentro de su jurisdicción, lo que significa que el aumento de dicha actividad puede ser privilegiado sobre el monitoreo rural.

Las irregularidades que rodean el sitio de Yerbabuena continúan siendo noticia. El 13 de octubre, la gerente de Rediba Liliana Forero Cala fue puesta bajo arresto domiciliario mientras los fiscales la investigan en relación con el sitio por fraude procesal, contaminación ambiental, daños a los recursos naturales, ocultamiento y destrucción de pruebas e invasión de propiedad privada.

No está claro si dichos procesos influirán en el futuro del sitio. El director de la CAS aseguró a The Ecologist que la organización consideraría todas las objeciones ambientales y sociales planteadas por la comunidad antes de decidir si cerrar o no el sitio.

Los ambientalistas en Colombia estarán observando con cierto escepticismo, para determinar si el sitio de Yerbabuena representará un punto de inflexión para la protección ambiental en Colombia.

El Autor

Robin Oisín Llewellyn|
3rd November 2017
Traducido por Angela Serrano

Robin Llewellyn es un periodista y fotógrafo independiente que escribe sobre el medio ambiente y los derechos humanos en América Latina. Tiene un interés especial en asuntos indígenas, y cuando tiene tiempo libre le encanta montar a caballo. Puede seguirlo a través de su sitio web o Twitter en @ RobinLlewellyn1.

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