Ante la violencia estatal contra los pueblos indígenas: Convocatoria a adherir esta declaración desde la Argentina
El mapuche Lof Lafken Winkul Mapu ha solicitado apoyo a una mesa de diálogo con el gobierno, en la cual participan diferentes organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos de la provincia de Río Negro, así como diferentes diputados y representantes políticos provinciales y nacionales de la Argentina. La declaración que compartimos, responde a esta solicitud e invita adhesiones de personas y organizaciones del mundo (enviar adhesiones a mesanacionalintercultural@gmail.com). Son adhesiones a esa iniciativa, pero la declaración es mucho más que esto: describe desde la Argentina, la estrategia en curso de guerra por territorios indígenas que avanza por todo Abya Yala, y que busca profundizar la conquista, declarando con racismo, cinismo y odio para hacerse a tierras indígenas, desterrar y exterminar a estos pueblos y a cualquiera que se ponga en el camino civilizador de la ganancia. La guerra contra los pueblos indígenas para despojarlos de sus territorios, la que ahora se impone con particular crueldad y desenfreno en la Argentina, es una guerra inevitable para el capital global en un contexto en el que de una parte tiene toda la capacidad técnica para ocupar cualquier ámbito territorial del planeta para extraer recursos y riquezas, para explotar así a la Madre Tierra y devastarla con fines de acumulación económica. Pero también, de otra parte porque su naturaleza patriarcal codiciosa impone el dominio de pueblos y territorios para la explotación del trabajo y de la vida, transformándoles en mercancía y en dinero de modo que la vida toda, pueda arrancarse de los territorios y de sus criaturas y acumularse como ganancia de unos pocos; muy pocos. El planeta es ya insuficiente para la codicia de esos pocos y de sus proyectos extractivistas que son el orden mundial, a cuyo servicio están gobiernos como el de Macri en la Argentina. La desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y el reciente asesinato del menor Rafael Nahuel (ver https://www.facebook.com/elmilitanteOk/videos/2007679406142344/), en medio de acciones de guerra contra ese pueblo, son expresiones abiertas de otra “guerra del desierto” en curso en la Argentina contra el pueblo Mapuche y todos los pueblos indígenas por sus territorios y riquezas, para entregarlos a industrias extractivas y a la especulación con tierras para diversos intereses del capital transnacional. Absolutamente todo lo que se describe en esta declaración con información detallada e invaluable, aplica a Colombia, Venezuela, Brasil, Guatemala, Panamá, Ecuador….a todos los países en los que hay pueblos indígenas exigiendo y defendiendo los territorios para la vida. Donde quiera que se resiste el proyecto de muerte del capital. En ese espíritu, convocamos a adherir esta declaración, apoyar la Mesa convocada y asumir al hacerlo la lucha de resistencia contra el capital que es una lucha indígena, es decir, de pueblos y personas comprometidas con liberarnos con la tierra del capitalismo-patriarcal y de sus gobiernos y aparatos represores. Planteamos además que impulsar un diálogo desde la fuerza de los pueblos no puede tener como propósito conceder al capital territorios e impunidad a cambio del respeto de derechos reducidos y de libertades restringidas sino, por el contrario, es un mecanismo para exigirle al estado que respete y se someta a los pueblos y comunidades incluyendo, por supuesto, que responda ante la justicia de los pueblos por los crímenes cometidos bajo ese delito mayor que los motiva e inspira: el robo a mano armada que convierte a los estados y a sus funcionarios en siervos de la codicia asesina e insaciable. Dialogar desde abajo, para terminar la represión en el camino de someter y extirpar la codicia y los aparatos e instituciones que la sirven. Pedimos difusión y enviar adhesiones a mesanacionalintercultural@gmail.com. Así Sí. Pueblos en Camino
Estimado/as
Pedimos difusión y enviar adhesiones a mesanacionalintercultural@gmail.com
LANZAMIENTO DE LA
MESA NACIONAL PARA LA PAZ Y EL DIALOGO INTERCULTURAL
Ante el reciente asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, la violación de la Ley 26.160 y la Constitución Nacional sumado a la creciente campaña de discriminación y hostigamiento hacia los pueblos indígenas hemos lanzado la conformación de la Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural.
La mesa fue presentada el 30 de noviembre de 2017 en el Senado de la Nación y contó con la participación de Adolfo Perez Esquivel, Víctor Abramovich, Roberto Aramayo, Nilo Cayuqueo, Alicia Ciciliani, Diana Lenton, Diana Kordon, Silvina Ramírez, Magdalena Odarda, Felipe Solá, Fernando Pino Solanas, Maristella Svampa, Enrique Viale, entre otros miembros de la mesa (la lista completa está en el adjunto)
El espacio en formación cuenta con el apoyo de la Confederación Mapuche del Neuquén, el Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y el Parlamento Plurinacional.
Una de sus tareas es la de apoyar la labor de la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Mapu, en la cual participan diferentes organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos de la provincia de Río Negro, así como diferentes diputados y representantes políticos provinciales y nacionales.
Invitamos a leer la declaración que adjuntamos más abajo y a adherir a la misma al siguiente correo: mesanacionalintercultural@gmail.com
Pueblos indígenas y violencia estatal en Argentina.
El camino hacia un diálogo intercultural
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
La desaparición inicial y la posterior muerte de Santiago Maldonado en el marco de un uso represivo e ilegal de la fuerza por parte de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen en la provincia de Chubut, y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, por parte de la Prefectura como corolario del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro, instalan varios debates que no se pueden postergar y que obligan a clarificar algunos de los aspectos centrales que son la génesis de los conflictos territoriales.
1-Existen pueblos indígenas en Argentina y existen derechos indígenas que se encuentran vigentes, tanto en la Constitución Nacional, como en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Argenti na (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas y Declaración americana de los Derechos de los pueblos indígenas). Los derechos territoriales, entonces, tienen un estatus jurídico, y los reclamos de las comunidades mapuches tienen su asidero en el derecho constitucional a la propiedad comunitaria indígena.
2- En la última década se ha hecho evidente el incumplimiento por parte del Estado de su propia obligación de garantizar y hacer efectivos estos derechos indígenas, tal como lo dispone la tan mencionada ley de emergencia 26160, y su última prórroga (la ley 27.400 publicada en el boletín oficial el mismo día que el Juez Villanueva ordenó el desalojo de la comunidad en la región del lago Mascardi, el 23 de noviembre pasado). Los retrasos injustificados del relevamiento técnico jurídico-catastral de los territorios indígenas reivindicados, sumado a los desalojos que siguen produciéndose a pesar de que la misma ley los suspende, generan una situación de incertidumbre que conspira contra una solución definitiva de estos conflictos. Las “recuperaciones territoriales” se deben encuadrar en ese contexto.
3- Se ha omitido deliberadamente decir que las tierras reivindicadas por comunidades indígenas han adquirido un interés económico notable, cruzado por la expansión de la frontera extractiva y los negocios inmobiliarios y turísticos que los convierten en un bien disputable tanto por empresas trasnacionales como nacionales, dado que buena parte de éstos son ricos en minerales, hidrocarburos, madera, agua, etc. En ese marco, resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. En el caso de los parques nacionales, se instaló junto con la Administración de Parques Nacionales (APN) la figura del “comanejo”. No es la primera vez que se suscitan diferencias en estos territorios, y ya se había previsto una reunión para el 27 de noviembre pasado (sólo unos días después del desalojo y el posterior asesinato) para iniciar un camino de diálogo para resolver el conflicto. Con el asesinato de Rafael Nahuel, el Estado optó, en los hechos, por la violencia.
4. Son variadas las experiencias y visiones de las numerosas comunidades y organizaciones mapuches. En el discurso del gobierno, la llamada “RAM” aparece como un grupo presente en distintas partes del país pero casi ninguno de los líderes indígenas reivindica ser parte de él y ni siquiera se conoce con nombre y apellido quiénes son sus miembros, cómo son financiados, por cuántos miembros está conformado, entre otras cuestiones. Así, la RAM se ha convertido en la excusa perfecta para que desde distintos ámbitos oficiales construyan “un enemigo interno”; lo cual demoniza al pueblo mapuche y lo estigmatiza como violento y terrorista; hecho que erosiona gravemente el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y debilita la democracia.
5- No sólo se ignoran los derechos indígenas vigentes en Argentina, sino que se menosprecia la identidad indígena -puntualmente la identidad mapuche- endilgándoles invocaciones “cuasi mágicas”, cuando se trata de elementos espirituales de su cultura que merecen comprensión y respeto; se los acusa de desconocer el Estado –un Estado que en pleno siglo XXI los sigue persiguiendo–cuando lejos están de querer construir un Estado independiente, sino que pretenden vivir como mapuches, y ser respetados por ello. En Argentina, tal como ha venido sucediendo por años en otras latitudes es clave avanzar hacia concepciones más inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e institucional del país.
6- El despliegue de la violencia estatal es preocupante por conceptos expresados por altos funcionarios gubernamentales. En sendas declaraciones tanto la Vicepresidenta como la Ministra de Seguridad formulan la teoría de que las fuerzas de seguridad “siempre deben contar con el beneficio de la duda” y que las acciones de las fuerzas de seguridad no deben ser justificadas porque se encuentran enmarcadas en acciones “legales y legítimas”. Afirmaciones que, en realidad, tergiversan un conocimiento básico elemental: la violencia de los aparatos del Estado debe ser limitada y especialmente restringida precisamente por la enorme concentración de poder y la correlación de fuerzas dispar. Quedar sometidos al accionar discrecional y arbitrario de las fuerzas de seguridad empieza por socavar aspectos centrales de un Estado de derecho.
7-. Estos hechos, lejos de ser aislados, ocurren en diferentes puntos del país. Así, desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas y campesinas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. En Neuquén, en julio de este año, la Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana. En los últimos días, desmontes ilegales, como los ocurridos en Salta, en Corralito, departamento de San Martin en una zona protegida por la Ley de bosques y Tierras indígenas, donde viven 10 familias wichis y 7 criollas, dan cuenta de la escasa voluntad gubernamental nacional y provincial, por proteger los derechos de los sectores más vulnerables, favoreciendo así la expansión de la frontera sojera, en manos de grandes propietarios rurales.
8- Es necesario reencauzar el conflicto en términos de derechos y dar una resolución en términos políticos. Debe gestarse un espacio de diálogo intercultural entre diferentes actores, representantes de la comunidad, organizaciones mapuches, representantes de la sociedad civil, que pueda dar una respuesta a esta comunidad y a otras, y que implica reconocer que es fundamental saldar una deuda en términos de reparación histórica, legítimamente demandada por los pueblos indígenas.
En esta línea, apoyamos la creación de la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Mapu, en la cual participan diferentes organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos de la provincia de Río Negro, así como diferentes diputados y representantes políticos provinciales y nacionales.
Y en ese sentido proponemos:
I) El lanzamiento de una Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, que propicie el diálogo franco y respetuoso con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino.
II) La intervención de la sociedad civil para hacer posible la apertura del esperado debate sobre el avance del acaparamiento de tierras, de la mano de modelos de desarrollo altamente expulsivos y destructivos en los territorios, que hoy encuentran importantes resistencias sociales en nuestras provincias.
III) El cese de la represión y el fin de la campaña de hostigamiento hacia los pueblos indígenas y la adopción de un compromiso decidido de toda la sociedad y del Estado en apoyo de éstos y otros grupos vulnerables de la población.
Sólo con mayor democracia y compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas.
Por la creación de una Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural
Adolfo Pérez Esquivel, Vìctor Abramovich, Roberto Aramayo, Nilo Cayuqueo, Claudia Briones, Alicia Ciciliani, Roberto Gargarella, Victor de Gennaro, Alejandro Grimson, Diana Lenton, Claudio Lozano, Diana Kordon, Silvina Ramírez, Ruben Lo Vuolo, Magdalena Odarda, Beatriz Sarlo, Felipe Solá, Fernando Pino Solanas, Maristella Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.
Con la participación de la Confederación Mapuche del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento Plurinacional…siguen nuevas adhesiones.
Enviar adhesiones a: mesanacionalintercultural@gmail.com