Los asesinatos de Miguel y Agustín Vázquez Torres y ¡Lo que falta!

En su columna del 23 de Mayo de 2017, Luis Hernández Navarro dice: “Los asesinatos de Miguel y Agustín Vázquez Torres son parte de la guerra no declarada contra los pueblos indios que se vive en el país. Una guerra en la que la santa alianza de políticos, autoridades gubernamentales, narcotraficantes, pequeños propietarios y empresarios mineros pretende despojar a los pueblos originarios de sus tierras, territorios y recursos naturales.” A su vez, Gustavo Esteva en su columna del 22 de mayo en ese mismo diario, apenas unos días después del asesinato de Javier Valdez en Coahuila dice “La explotación minera es buen ejemplo de las formas actuales del despojo capitalista en un “Estado narcotizado”. Para obtener concesiones el capital convierte en cómplices, empleados o socios a funcionarios del gobierno. Bandas criminales se ocupan de la operación, con la participación de funcionarios locales, banqueros y otros actores, para expulsar, esclavizar o someter a la población local. Un modelo semejante se emplea en otras líneas del negocio capitalista actual, que se dedica cada vez más a lavado de dinero, trata de personas, tráfico de órganos o de migrantes, pagos de protección, especulación urbana o financiera salvaje… Y en eso, para profundizar nuestra desgracia, se involucra crecientemente a la población, particularmente a los jóvenes, obligados a vender sus primogenituras por unas migajas.”

Compartimos estos textos completos ya que ofrecen información y análisis concretos, pertinentes justamente sobre esa guerra racista, abierta pero también abiertamente encubierta, por el territorio y sus riquezas y contra los pueblos. Una guerra en la que convergen intereses económicos de la industria extractivista transnacional, del capital ilegal de los carteles, de las articulaciones entre ambos en lo que se constituye como el capitalismo criminal global (legal e ilegal) en su guerra contra los pueblos por los territorios y las formas estatales al servicio de ésta acumulación en contexto de crisis. Miguel y Agustín son víctimas wichárika como lo son todos los y las perseguidas, desplazadas, criminalizadas, despojadas, objetivos de esta guerra total para la ganancia. No es diferente la masacre de las niñas en Guatemala, ni el asesinato cotidiano de líderes sociales en Colombia, ni los feminicidios en todo el continente, ni el asesinato de jóvenes afro en EEUU. Acá se esboza la guerra racista, patriarcal, repugnante. Aún persistimos de manera equivocada en no considerar asuntos políticos estos que tienen que ver con los despojos territoriales (territorios físicos, pero también corporales y de los imaginarios) que articulan este capitalismo renovado en el que una guerra total, violenta, autoritaria, propagandística, que engaña y encubre, que nos fabrica las agendas separando las articulaciones que existen arriba y llegan hasta las comunidades e individuos en todas partes. La resistencia que lideraba Miguel con su pueblo, es lo que los molesta. La resistencia de resistencias tejidas, es lo que nos urge para detener estos fascistas sin escrúpulos de gobiernos, transnacionales, terratenientes, élites y sus ejércitos legales e ilegales. Decía Serrat al respecto “Dejemos de llorar, que nos han declarado la guerra”. Pero primero, ante compañeras y compañeros asesinados en frente nuestro casi a diario, tenemos que reconocer esa guerra y no seguirnos tragando las versiones oficiales fabricadas para no identificar los beneficiarios y así descubrir que son los mismos en todas partes para organizar lo que falta! La información grita la verdad. En Tiempo Real. Pueblos en Camino

Los asesinatos de Miguel y Agustín Vázquez Torres

A Miguel Vázquez Torres lo asesinó un grupo de sicarios en el poblado Kuruxi Manuwe (Tuxpan de Baños), Jalisco. A eso de las seis de la tarde del 20 de mayo, le dispararon con armas de fuego de alto calibre. Los homicidas se dieron a la fuga en una camioneta Toyota Tacoma. Gravemente herido, Miguel fue trasladado a un centro de salud, pero no sobrevivió. Allí, los mismos agresores ultimaron también a su hermano Agustín.

Miguel tenía unos 30 años de edad y era maestro de primaria en la localidad de Barranquillas. Entre 2014 y marzo de 2017 fue presidente de bienes comunales del pueblo wixárika de Wuaut+a, San Sebastián Teponahuaxtlán, demarcación indígena que incluye Tuxpan de Bolaños. Al frente de comisariado gestionó programas de salud, educación, desarrollo e infraestructura para la zona. Agustín, de unos 40 años, estaba comprometido con la comunidad y era defensor de derechos humanos, así como promotor de derechos indígenas.

La comunidad wixárika de San Sebastián sostiene una larga lucha para defender y recuperar sus tierras, ocupadas por pequeños propietarios mestizos de Huajimic y Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, en Nayarit. Durante el mandato de Miguel, la comunidad logró, el 22 de septiembre de 2016, la recuperación de los predios Piedra Bola y Bola Negra, en las faldas de la sierra de Pajaritos. Son parte de un proceso más amplio que busca que regresen a manos indígenas más de 10 mil hectáreas de la comunidad, invadidas por ganaderos.

Los asesinos de los hermanos Vázquez Torres trabajan para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que forma parte Édgar Veytia, El Diablo, ex fiscal general de Nayarit, enemigo de los wixaritari y aliado de los ganaderos de Huajimic. El pasado 29 de marzo, El Diablo fue detenido en Estados Unidos. La Corte del estado de Nueva York lo acusa de conspiración para manufacturar, importar y distribuir en Estados Unidos heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.

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Édgar Veytia, Antes Fiscal, ahora El Diablo,
la puerta giratoria corporativo-terrateniente/narco/estado

En pleno conflicto, el fiscal Édgar Veytia le sugirió a los pequeños propietarios que, para aplastar los reclamos agrarios de los wixaritari, los denunciaran de robo de ganado y de sembrar amapola en sus tierras, para inculparlos por abigeato y narcotráfico. Les dijo: Siembren amapola, siembren mariguana y nosotros entramos y acusamos a los indígenas.

San Sebastián ha sufrido a lo largo de más de un siglo las agresiones de los ganaderos mestizos invasores. Según narra Ramón Vera, cronista de esa resistencia, en Breve historia de una invasión continua: La historia de abusos por parte de los invasores está plagada de asesinatos, quema de casas, ganado echado a las siembras, personas arrastradas con reata desde los caballos y hasta colgados en sus propios árboles. Muchos años el territorio fue devastado por la tala clandestina del bosque y la depredación de los mantos de agua. Sus tierras las erosionó la ganadería y la siembra intensiva y extensiva, al punto de que en las zonas más devastadas hay hundimientos frecuentes, lo que hace del entorno ecológico algo muy frágil. Todo esto fue solapado por políticos y gobiernos locales y estatales que en diferentes momentos de la historia se han coludido permitiendo esta situación (https://goo.gl/vDmlDU).

Pero, a pesar de ello, la resistencia indígena contra el despojo de sus tierras y territorios ha sido ejemplar. Antes de que el tribunal agrario 56, de Tepic, reintegrara al patrimonio de la comunidad los predios Bola Negra y Piedra Bola, la comunidad logró recuperar, tan sólo entre 1997 y 2004, más de 50 mil hectáreas invadidas, favoreciendo a más de 2 mil 700 comuneros y sus familias.

El racismo y desprecio de los pequeños propietarios hacia los huicholes es de antología. Son una plaga –le dijo Alejandro Quintanilla Barajas, uno de los grandes propietarios regionales, al reportero Agustín Castillo–. Y a Alejandra Guillén el ganadero le explicó: Son unos flojos, pues siempre se la pasan en la fiesta. Son un pueblo muy prolífico, por eso quieren todas nuestras tierras. Deberían de prohibirles tener tantos hijos, son gente muy holgazana.

Pero no es sólo la tierra lo que está en disputa en aquella región. Los recursos mineros (metálicos y no metálicos) que yacen debajo de ella han despertado la ambición de otros actores. En noviembre de 2002, el subsecretario general de gobierno de Nayarit, Héctor Medina, anticipaba, que en la sierra nayarita se han detectado por ahí algunos brotes (de violencia), puesto que hay indicios de que en esas zonas hay manganeso. Por ahí hay algunas gentes que han estado atentos a eso y hablan de que la explotación de esas minas pudiera dar la oportunidad de sacar hasta 100 tráileres diarios de ese producto. Por lo pronto, los comuneros han dicho no a la minería.

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Resistencia Indígena en Huajimic

Las 184 hectáreas recién recuperadas se encuentran en una zona inhóspita. La única forma de abastecerse de agua y alimentos es en Huajimic. Y a los wixaritari que viven allí se les impide el libre tránsito y se les niega la venta de alimentos. En abierto contubernio con los pequeños propietarios, las autoridades de Nayarit permiten que se cometa todo tipo de abusos contra los indígenas.

Por eso, ante este clima de hostigamiento y violencia, y el abandono de las autoridades gubernamentales de su obligación de garantizar la seguridad de ciudadanos y pueblos, a finales de este año, la asamblea de la comunidad de San Sebastián anunció la formación de una autodefensa wixárika, para defender las tierras y cuidar la integridad física de los comuneros.

Los asesinatos de Miguel y Agustín Vázquez Torres son parte de la guerra no declarada contra los pueblos indios que se vive en el país. Una guerra en la que la santa alianza de políticos, autoridades gubernamentales, narcotraficantes, pequeños propietarios y empresarios mineros pretende despojar a los pueblos originarios de sus tierras, territorios y recursos naturales.

Luis Hernández Navarro
Twitter: @lhan55
La Jornada, Opinión
23 de Mayo de 2017
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/23/opinion/021a2pol

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Lo que falta

El asesinato de Javier Valdez no nos encontró inmutables, escondidos, ausentes, como él temía. Sacudió a una inmensa variedad de actores. Apareció, junto a la indignación, la decisión de continuar la lucha contra todo lo que Javier combatía y le costó la vida. Pero ese aliento no llegará muy lejos mientras no tengamos la entereza que él tenía para llegar al fondo del asunto.

El Departamento de Estado estadunidense mostró, con la fallida categoría de Estado fallido, que México padece el mismo grado de descomposición social que Congo y Pakistán. Estamos ahora en otra clasificación. Encabezamos, con Siria, la lista de los países con mayor grado de violencia. En la violencia siria se combina una añeja guerra civil con la guerra que una docena de países poderosos libran en ese territorio. Las cifras que nos ponen en esa categoría extrema de violencia son insoportables, pero es aún peor la calidad de la violencia que padecemos, la profunda degradación humana que revela. Enfrentamos crímenes que quitan la respiración por su barbarie.

Javier resistía la maniobra cómplice que exhibe para ocultar: la contabilidad de cuerpos. Sólo escribía de personas; se negaba a agregar un número más a la estadística cotidiana. La diseminación puntual y constante de los crímenes de cada día produce acostumbramiento: construye como normalidad un estado de cosas que ya no sorprende a nadie.

Oaxaca

Oaxaca: La guerra contra el pueblo en forma abierta

Una forma de encubrir lo que pasa es aludir al narcoestado, para achacar los crímenes a algún cártel y cuando más a sus cómplices gubernamentales. Se crea así la impresión de que los criminales habrían asaltado las instituciones públicas y corrompido a los funcionarios. La solución estaría en recuperarlas, haciendo una buena limpia, para que desde ellas se procediera a limpiar al país de criminales. A ellas, por lo pronto, habría que exigirles justicia.

Hay en esto distorsión y miopía. Por más de un siglo productores y traficantes de drogas operaron en México mediante arreglos con autoridades de diversos niveles que mantenían cierto control de la operación. Existía autonomía e iniciativa de los criminales. En las décadas recientes el arreglo se modificó. No fue el narco quien tomó el Estado, sino éste el que ocupó al narco. Al estatalizar la operación se le diversificó, para incluir otras líneas criminales. Es cierto que en el desastre que así se produjo se perdió el control del conjunto y se multiplicaron actores independientes, que operan por su cuenta y contribuyen al caos general. Pero están en el margen; no participan en el negocio principal ni son responsables del gran desorden.

Las instituciones que así se narcotizaron habían dejado previamente de ser lo que eran. Desde tiempos de Salinas, la esfera pública dejó de ser un espacio político y administrativo en que se podían procesar los intereses de los diversos sectores sociales y los de la nación, bajo la hegemonía del capital. Los gobiernos construyeron mecanismos para resistir la presión pública, por más vigorosa que fuera, a fin de rendirse al capital nacional y trasnacional, dedicado crecientemente al despojo. Tanto las leyes como las instituciones se subordinaron a esa tarea, que inevitablemente exigió recurrir al uso de la fuerza.

Iguala

La noche de Iguala: Guerra total, encubierta

Para conseguir sus propósitos, en esas circunstancias, el capital emplea tanto a los aparatos estatales como a organizaciones criminales. Hace tiempo sabemos que en México resulta imposible distinguir con claridad el mundo del crimen del mundo de las instituciones: son la misma cosa. Ese lodo político y social responde a un solo interés, el del capital, cuyas personificaciones son múltiples: son gerentes de negocios trasnacionales o banqueros, lo mismo que funcionarios o narcos. En ese mundo criminal y capitalista están insertos los partidos, los procedimientos electorales y el juego cínicamente llamado democrático. Es ridículo pedir justicia a ese mundo, sobre todo si queda claro que la justicia no puede reducirse al castigo. No sería justicia atrapar y encarcelar a los asesinos de Javier. Aunque esto debe hacerse, no es el paso más importante a dar en el camino de una auténtica justicia, como Javier sabía bien.

La explotación minera es buen ejemplo de las formas actuales del despojo capitalista en un Estado narcotizado. Para obtener concesiones el capital convierte en cómplices, empleados o socios a funcionarios del gobierno. Bandas criminales se ocupan de la operación, con la participación de funcionarios locales, banqueros y otros actores, para expulsar, esclavizar o someter a la población local. Un modelo semejante se emplea en otras líneas del negocio capitalista actual, que se dedica cada vez más a lavado de dinero, trata de personas, tráfico de órganos o de migrantes, pagos de protección, especulación urbana o financiera salvaje… Y en eso, para profundizar nuestra desgracia, se involucra crecientemente a la población, particularmente a los jóvenes, obligados a vender sus primogenituras por unas migajas.

feminicidio

Feminicidio: La misma guerra. La misma resistencia pendiente

En vez de impotencia o desesperación ante este panorama pavoroso, necesitamos lucidez y entereza, necesitamos organizarnos para hacer lo que hace falta. Puesto que de eso se trata, en estos días aciagos, volver la mirada a lo que este fin de semana ocurrirá en San Cristóbal se vuelve indispensable: ahí se estarán dando los pasos primeros del camino a la libertad, la justicia y la democracia.

Gustavo Esteva
La Jornada, Opinión
Mayo 22 de 2017
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/22/opinion/022a1pol

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