El despojo y la defensa de la vida, desde México hasta Colombia

Estudiar la estrategia y las consecuencias del Plan Colombia, hermano gemelo de la Iniciativa Mérida en México, permite entender las presiones a las que son sometidos los territorios indígenas. “Las lecciones que deja Colombia para el continente y México son lecciones que no hemos reconocido suficientemente y que pueden ser resumidas en dos términos: Tratado de Libre Comercio y Plan Colombia”, explica Manuel Rozental, intelectual y activista colombiano.

Con la liberalización forzada -mediante el despojo y la entrega de los recursos naturales del país a grandes empresas transnacionales- como principal consecuencia, estos dos planes pueden ser considerados como los instrumentos fundamentales de la guerra que se lleva a cabo en Colombia. Su análisis permite entender mejor el contexto que se vive actualmente en México. Colombia también tiene una larga historia de lucha, dentro de ella, la del pueblo nasa en el departamento del Cauca. Si tenemos mucho que aprender de los “proyectos de muerte” que están sufriendo, también podemos mirar hacia su resistencia y los “planes de vida” que han construido hasta la fecha.

El plan Colombia, por la paz o por la guerra

Anteriormente llamado “Plan por la Paz, la Prosperidad y el Refuerzo del Estado”, el Plan Colombia fue elaborado por el presidente Andrés Pastrana, en concertación con  los asesores del secretario de Estado de los Estados Unidos hacia finales de 1999. El programa, cuyo objetivo principal es (supuestamente) la lucha contra el narcotráfico, cuenta con un presupuesto total de 7 mil 500 millones de dólares. Sin embargo, la cooperación no implica un apoyo únicamente económico: “los Estados Unidos participan con una importante ayuda militar para la formación de cuerpos especiales antinarcóticos realizada por soldados estadounidenses, la entrega de material militar (helicópteros) y la distribución de inteligencia sobre el narcotráfico y mucho más”, explica un informe del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC).

En la práctica, el plan tiene poco que ver con un plan por la paz, sino más bien con una operación militar que fortalece sobre todo al ejército y la policía colombiana. “Es revelador que el 80 por ciento del apoyo internacional sea dedicado a la parte militar y solo el 4.8 por ciento a las consecuencias del desplazamiento debido a la guerra”, plantea el mismo informe.

Hay otro objetivo, más allá. La estadunidense “Ley Alianza”, que impulsó el apoyo financiero del Plan Colombia, lo resume claramente: “Insistir para que el gobierno colombiano complete las reformas urgentes de apertura total de su economía para la inversión y el comercio exterior, especialmente para la industria petrolera (…)”. No puede quedar más claro: detrás de su supuesta guerra contra el narcotráfico, el gobierno colombiano, junto con los Estados Unidos, facilita la entrada de las transnacionales y la implementación de sus mega-proyectos económicos en el país. “Un mecanismo experimental y fundamental que ya experimentaron es el plan Colombia, que no es un plan Colombia pero un plan contra Colombia y desde Colombia. (…) Esta estrategia integral (…) que supuestamente es contra el narco y el terrorismo, en realidad libera territorios para transnacionales”, denuncia Manuel Rozental.

El Plan Colombia no es aislado; se acompaña por convenios a favor de la economía transnacional. Una de sus manifestaciones más destacada es el Tratado de Libre Comercio (TLC). Para Manuel Rozental, “el TLC es el mecanismo fundamental que tiene el capital para resolver su crisis. Y ¿cómo quieren resolverla? Accediendo a las riquezas, recursos y al trabajo de nuestros pueblos. Mientras más se profundiza la crisis, más necesitan despojarnos”.

Además de los acuerdos que otorgan ventajas a las empresas en cuanto a tarifas e impuestos, el gobierno promueve leyes y medidas – legales e ilegales – que atacan directamente a los derechos y formas de organización de los pueblos indígenas locales, y en paralelo organizan, profundizan y legitiman al despojo en curso. Así, mientras la Constitución colombiana de 1991 otorgó a los pueblos indígenas tierras comunitarias inalienables, el presidente Álvaro Uribe y su sucesor, el presidente Juan Manuel Santos, enmendaron la Constitución para rescindir este derecho fundamental. Las tierras comunitarias son un obstáculo para la explotación de los recursos y la implantación de proyectos, por lo que más vale destruirlas para dar más libertad a las inversiones extranjeras.

Como lo denuncian varios pueblos y organizaciones sociales colombianas, otras medidas complementan estas leyes de despojo, tales como la manipulación durante las consultas previas a la implementación de mega-proyectos a favor de las corporaciones vinculadas con el Estado, o la cooptación de los representantes locales, entregándoles ventajas (¿migajas?) a cambio de la entrega de sus territorios. La propaganda ideológica también juega un rol fundamental en la invasión cultural a través de instrumentos e instituciones como la escuela, la iglesia, las corporaciones y los medios masivos, provocando la pérdida de los saberes (tales como las lenguas maternas o la medicina tradicional) y formas de organización de los pueblos originarios.

Así, mientras el sistema capitalista neoliberal, a través de las transnacionales y sus megaproyectos, impone la exploración y explotación de las tierras, minerales, hidrocarburos, madera, agua, oxígeno y más, los pueblos colombianos se quedan sin un pedazo de tierra para vivir.

Dos máscaras para una misma estrategia de muerte

Al mirar lo que viven las comunidades indígenas, afros y campesinas colombianas – el debilitamiento de sus procesos organizativos  para facilitar su despojo y la explotación de sus recursos –, se piensa en la situación que viven en la actualidad los wixárika en San Luis Potosí, los pueblos ikoojts y huaves en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como muchos otros más en México.

En México, además del TLC, existe la Iniciativa Mérida. Según la Embajada de Estados Unidos en México, “la Iniciativa Mérida es un programa histórico de cooperación que reconoce las responsabilidades compartidas de los Estados Unidos y México de luchar contra la violencia generada por las drogas que amenaza a los ciudadanos de ambos países. En la actualidad, la Iniciativa Mérida proporciona habilidades técnicas y asistencia a México para la profesionalización de la policía, la reforma judicial y penitenciaria, el reforzamiento de las tecnologías de información, el desarrollo de infraestructura, la seguridad fronteriza y el fomento de una cultura de la legalidad”.

No es difícil destacar las similitudes entre los dos planes: si la estrategia tiene otros nombres, tiene la misma cara. También están claros los dirigentes: para Enrique Peña Nieto, el Plan Colombia es un ejemplo a seguir. En septiembre de 2012, justo después de haber sido electo, el presidente mexicano afirmó que Colombia “representa un ejemplo exitoso de lucha contra la violencia y la criminalidad organizada”. No es casualidad que nombró como su asesor en materia de seguridad pública al exdirector de la Policía Nacional de Colombia y “agente especial” de la DEA, el general Óscar Naranjo.

Lo que olvidó aclarar, es que el modelo que representa el Plan Colombia también se basa en estrategias de contrainsurgencia que violan de manera generalizada a los derechos humanos de la población. Olvidó subrayar cómo el conflicto armado entre actores legales e ilegales -producido por la estrategia- causa más que nada el desplazamiento de las poblaciones civiles, las cuales sufren la multiplicación de los asesinatos selectivos, masacres, persecuciones, secuestros, amenazas, señalamientos, desapariciones, abusos sexuales y violaciones constantes. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA), reportó entre el primero de enero de 2012 y el 15 de julio de 2013, 4 mil 967 eventos hechos de violencia en Colombia.

Dentro de estos asesinatos, amenazas, hostigamientos y desapariciones, los luchadores sociales toman un papel central. También les aplican una política particular, como lo precisa Rozental: “En este contexto se utiliza la judicialización y criminalización de dirigentes sociales (…) Yo puedo hablar en carne propia de esto porque en realidad a mí se me acusa de ser agente de la CIA, terrorista internacional, miembro de las FARC (Fuerzas Armanas Revolucionarias de Colombia), miembro del ELN (Ejército de Liberación Nacional), cualquier cosa precisamente para impedir que esto que estoy diciendo se convierta en una verdad que la gente reconozca. Y me pongo yo simplemente para señalar algo que no soy yo: son procesos sociales, movimientos sociales, un país entero judicializado para silenciar”.

¿Cuántos muertos hay hoy en día en México, desde el 2007 y el lanzamiento de la Iniciativa Mérida? ¿De cuántos presos hablamos? Y dentro de ellos, ¿cuántos luchadores sociales? El caso del profesor Alberto Patishtán ya es emblemático en este sentido. Manuel Rozental alude a otro caso, el de los presos loxicha de Oaxaca. “Los compas de Oaxaca son judicializados en una estrategia que es una nueva versión del Plan Colombia: la Iniciativa Mérida, que se está implementado en México con terror por todo el país, judicialización y entrega del país a transnacionales”, afirma.

Contra el proyecto de muerte, los planes de vida

En este contexto, los pueblos indígenas de la región del Cauca, en los andes colombianos, son uno de los colectivos más afectados por el sangriento conflicto interno que sacude Colombia. “En los últimos 20 años, la guerra se ha incrementado en el país y más exactamente en el norte del departamento del Cauca, con gran afectación a la población civil y especialmente al pueblo nasa”, denuncia la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

La resistencia del pueblo nasa es milenaria. Durante la época de la colonización, los pueblos del Cauca se enfrentaron militarmente a los españoles, organizados en ejércitos encabezados por caciques -como la incomparable Cacica Gaitana-, desde sus montañas natales. Frente a estos guerreros insumisos, los misioneros fueron la única arma de los conquistadores para asentar su dominación en la región e instalar sus terratenientes. Décadas después, en los años setentas, los mismos pueblos se levantaron para recuperar sus tierras acaparadas por los grandes propietarios.

La lucha de recuperación y colectivización de las tierras llevó a la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971, el cual se dio por tarea organizar las recuperaciones y estructurar la organización política de los pueblos. Desde entonces los pueblos organizados en el CRIC (10 pueblos hoy en día) reivindican la tierra, cultura y unidad para alcanzar su autonomía. Desde ahí las comunidades determinan sus planes de vida: el sueño de la comunidad, definido en asamblea para avanzar en la construcción de la autonomía en el territorio, en la economía, la organización política, salud, educación, comunicación, lo ambiental, etcétera.

En este territorio, la guerra se da sin descanso. Combates entre las fuerzas públicas (y los paramilitares al servicio del Estado) y la guerrilla de las FARC -donde la población civil se encuentra en medio de los fuegos cruzados, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, amenazas por parte de todos los bandos. Estas prácticas de terror y guerra de los grupos armados legales e ilegales llevan al mismo objetivo: tomar el control del territorio para el beneficio de quienes quieren explotarlo, como ya lo hemos analizado. “No hay desplazamiento porque hay guerra, hay guerra para que haya desplazamiento”, aclara el activista Héctor Mondragón.

El Cauca tiene variedad de minerales y, sobretodo, tiene oro en cantidad. Las multinacionales lo tienen claro y no paran de pedir concesiones en los territorios indígenas. Frente a la agresión militar y extractivista, los pueblos del Cauca se movilizan para ejercer el control territorial. Las acciones realizadas por el pueblo nasa de la ACIN son ejemplares. Para él, el control territorial se traduce por el desalojo de las multinacionales mineras del territorio sacando las maquinarias de las minas a gran escala, ocupando los lugares devastados por la explotación, tapando los socavones de las empresas de minería a pequeña o mediana escala. También se trata de “barrer” el territorio para limpiarlo de los actores armados y acabar con la guerra “venga donde venga”: la “Minga de Resistencia por la Autonomía y Armonía Territorial y por el cese de la Guerra”, realizada en el año 2012, fue un momento histórico en la resistencia al conflicto armado.

Las comunidades reunidas en asambleas decidieron accionar y destruir las trincheras de la policía ubicadas en los pueblos, así como sacar a los campamentos militares instalados al lado de las casas. La presencia de los actores armados pone en riesgo a toda la comunidad, por lo tanto también se formaron comisiones para recoger los artefactos explosivos en los campos y exigir a la guerrilla su retiro y el cese de los hostigamientos hacia las comunidades.

La toma por las comunidades del Cerro Berlín en el municipio de Toribío (Norte del Cauca) – un lugar sagrado ocupado por una base militar del ejército – dio lugar a una fuerte represión por parte del Estado, bajo los ojos de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Fue poco el apoyo en el país, pero fueron muchas las reacciones racistas y los señalamientos. Sin embargo las comunidades siguen realizando tales acciones, pues para ellas, la verdadera paz de los pueblos es la libertad de los territorios, y la resistencia no solo trae beneficio a las comunidades, sino que es una lucha para todas, como ya lo manifestaron a lo largo y ancho del país con la minga social y comunitaria en el 2008.

“La lucha de los nasa no es un proyecto separatista, es una lucha por el derecho al ejercicio autónomo de control territorial y no es un levantamiento reciente sino un proceso ancestral. La defensa de la vida y la armonía de la Madre Tierra no es una lucha sólo para los Nasa, o para los pueblos indígenas que la defienden, sino para todos y todas. Esta lucha no es sólo para sacar a los uniformados que se matan y nos matan en nuestra casa, es para sacar la guerra, para sacar las locomotoras minero energéticas con que avala el gobierno a las empresas extractivas y para las que envían ejércitos a reprimir a los pueblos que son un estorbo en su macro-negocio. Ya estamos cansados de que todos vengan a hablarnos de paz, ¿cuál paz? Hay muchas paces según cada interés. La única paz que queremos es la de nuestros territorios libres de empresas extractivas y concesiones mineras. ¡Fuera las transnacionales de nuestra Madre Tierra!”, escribió el Tejido de Comunicación de la ACIN durante las acciones del 2012.

La resistencia del pueblo nasa no se queda en las vías de hecho. Es un proceso ancestral que se construye desde las bases, en las casas, en las mingas, en las asambleas como autoridades máximas de la organización, por la concientización política comunitaria en armonía con la Madre Tierra y el sueño permanente y colectivo de un plan de vida para vivir en equilibrio con el territorio.

La autonomía y la paz se alcanzan por la libertad de los territorios y la necesaria organización propia y comunitaria para que las bases sean las que gobiernen y decidan. Esa construcción se da en medio de muchas dificultades, no solamente el terror y legislaciones de despojo, sino también por estrategias de propaganda ideológica o de cooptación de los líderes y movimientos por parte de los gobiernos, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, las transnacionales y demás sectores económicos que, a través de políticas abusivas, llevan a los pueblos a entregar sus territorios a cambio de migajas o supuestos programas sociales y de “desarrollo”.

Conscientes de los intereses personales y de las tendencias autoritarias de algunos líderes engañados por estas estrategias de dominación, las comunidades de base en el norte del Cauca se confrontan a varios frentes de lucha para defender los principios de su autonomía, planteando la necesidad de una sabiduría colectiva para revitalizar los Planes de Vida, frente a estos ataques y los conflictos que generan. Es uno de los mensajes que nos hacen llegar los pueblos indígenas del Cauca en Colombia, para que sigamos organizándonos desde abajo frente a los proyectos de muerte globales – y que, frente al proceso de “colombianización” que se vive en México, seguramente vale la pena escuchar.

Además de compartir su experiencia, el pueblo nasa recuerda la importancia de fomentar la solidaridad entre los distintos pueblos en lucha. Así, a través de las palabras de Vilma Almendra, el Tejido de Comunicación de la ACIN se solidariza con Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia de la región loxicha, Oaxaca. “Decimos que es importante la liberación porque así como está pasando con él, nos está pasando en todo el continente, y sabemos que es una estrategia del estado para dominarnos, para someternos. Entonces, además de resistir, hay que acompañar a este compañero, hay que solidarizarse, y hay que exigir la liberación porque la liberación de él es la liberación de nosotros también.”

 

Por: Camille Apostolo, Eugénie Moreau, Colectivo la Voz de los Xiches, Kamara-Difusión Alternativa y Agencia Subversiones
Fuente: Desinformémonos México

Publicado el 07 de octubre de 2013

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