La hidra capitalista y la “paz” colombiana

Tras el anuncio del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, algunas reflexiones sobre las circunstancias históricas y coyunturales que deben tomarse en cuenta para proteger el proceso colombiano y en sintonía con el reciente reclamo zapatista de  “un pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”.
 
A principios de mayo de este año, en la Universidad de la Tierra Chiapas se organizó el seminario “El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista”(*1), donde los clásicos encapuchados zapatistas compartieron sus palabras con intelectuales de diversas nacionalidades, entre ellos John Holloway, Raúl Zibechi, Manuel Rozental, Vilma Almendra, Sylvia Marcos, Adolfo Gilly, Bertha Nava (madre de unos de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa), el Sub Insurgente Comandante Galeano, Juan Villorio y Havin Güneser, del movimiento de liberación Kurdo.
 
Allí dijo Zibechi: “Creo que la imagen que propone el EZLN de la IV Guerra Mundial y la hidra es interesante para comprender cómo funciona el capitalismo. Yo creo que estamos viviendo una guerra de extermino contra los de abajo. Frente a eso, no basta con un solo golpe por más acertado que sea, porque el capitalismo se reproduce precisamente en los lugares donde lo cortamos. Su destrucción requiere tiempo, constancia, organización… Y no se lo derrota golpeando en un solo lugar, con una sola forma de lucha, decapitando una sola cabeza, porque tiene esa doble capacidad, son muchas cabezas y además se regeneran. Pero quizá un rasgo fundamental es que la hidra es un espejo en el que podemos mirarnos y bucear en nuestras propias contradicciones”.

 
“Todo está encadenado y se trata de experimentos progresivos de terrorismo global para eliminar “excedentes” de población, no importa quien haga esto, las balas vengan de donde vengan, de izquierda o derecha, si el resultado es la eliminación del “excedente” de población y la liberación de territorios para intereses extractivitas del capital”, afirmó Rozental.
 
Es por eso que ante la noticia del nuevo acuerdo entre Juan Manuel Santos y las FARC, la ACIN aclaró en un comunicado: “La sociedad colombiana es más que el gobierno y la guerrilla, y no puede ser excluida de la negociación. Las organizaciones de la sociedad civil debemos tener un lugar protagónico en el proceso que se inicia, y no sólo ser invitados de piedra”.
 
Fue precisamente el supuesto quiebre del cese al fuego de las FARC en ese territorio en mayo pasado lo que sirvió como excusa para que el gobierno continuara la represión contra la comunidades que desde fines del año pasado vienen recuperando tierras en manos de uno de los principales grupos económicos colombianos (Ardila Lulle, dueños de la azucarera INCAUCA)(*2).
 
Quizás sin desconocer el espejo, las propias contradicciones, y mucho menos la historia de lucha y raíz popular y campesina del movimiento guerrillero colombiano, sea bueno mirar críticamente el acuerdo que se acaba de firmar en Cuba, en medio de una escalada en las múltiples formas de represión contra los pueblos que el Estado colombiano ha encarnado desde hace más de un siglo y que, no por casualidad, generan la sospecha de muchos analistas y movimientos sociales.
 
“La guerra o la paz en Colombia (y desde Colombia) caben dentro de las estrategias del capital transnacional para superar su crisis profundizando la conquista. Habrá guerra o paz según el costo-beneficio de uno u otro mecanismo para alcanzar los objetivos de acumulación. Esta es la paz del libre comercio, la paz de las locomotoras extractivistas de Santos, que viene implementando políticas neoliberales mucho más agresivas que las del propio Uribe”, aclara Rozental. Y agrega: “No sorprende que Geoffrey Demarest (vinculado al Defense Intelligence Agency del Ejército de los EEUU y responsable de las Expediciones Bowman que incluyen mapeo y recolección de información geoestratégica y territorial, como así también la intervención de ONGs como USAID en territorios indígenas de toda América) y el Departamento de Defensa de los EEUU, hayan puesto énfasis en Colombia y la paz del modelo (que consiste en esencia en incorporar por la fuerza o por la vía de acuerdos los territorios al modelo corporativo transnacional de propiedad privada)”.
 
La paz, más allá de La Habana
 
En informe titulado Los Nadies, la organización Somos Defensores registró en lo que va del año 399 líderes amenazados frente a 194 del primer semestre de 2014, a la vez que no se estarían investigando los 34 crímenes contra líderes sociales documentados este año. Una pequeña mancha más a la impunidad de un sistema judicial que aún tiene pendiente el esclarecimientos de cientos de fosas comunes y masacres paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe o los miles de casos de “falsos positivos”, jóvenes de barrios marginales o campesinos presentados como guerrilleros por el Ejército.
 
Organizaciones estudiantiles y de derechos humanos denunciaron por estos días el secuestro de siete jóvenes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Boyacá. La Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (Anjeco) y otras organizaciones aclararon que este hecho “se encuentra enmarcado en el recrudecimiento de la represión y estigmatización de los sectores sociales del país”. Tras la reciente liberación de los 13 militantes (11 del Congreso de los Pueblos) encarcelados por supuestos “terroristas”, la semana pasada también pasó a engrosar la lista de “falsos positivos judiciales”(*3) el líder del Consejo Regional Indígena del Cauca, Feliciano Valencia, mientras que el 31 de julio volvía a la cárcel el profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas(*4), sociólogo emblema del “pensamiento crítico” colombiano, extraditado de México en 2009 como supuesto líder de relaciones internacionales de las FARC y luego liberado sin pruebas.
 
También este año se incrementaron las amenazas contra Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor, quien lleva un largo proceso de denuncia al ex-servicio de seguridad colombiano, el DAS, por su complicidad en las amenazas paramilitares a defensores de DDHH.
 
“Diferentes sectores han dicho que un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno sería una revolución política; no obstante, la verdadera revolución política que Colombia necesita es avanzar decididamente en una apertura que vincule de manera masiva a las mayorías en el proceso de construcción democrática de un país en paz. En los últimos 30 años hemos tenido varios procesos de paz, algunos acuerdos firmados entre insurgencias y gobierno, y pocos cambios reales en la forma como se organiza y se construye nuestro país. Ojalá podamos revolucionar políticamente a Colombia, con amplia participación popular, y aportemos de esa manera a la paz, la unidad latinoamericana y los sueños de un nuevo continente”, aseguró Sebastián Quiroga Pardo, vocero nacional del Congreso de los Pueblos.
 
“El conflicto armado que padece Colombia hace más de medio siglo ha producido millones de víctimas, según las cifras oficiales, que son un subregistro de la barbarie. Entre crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos se habrían producido: 5,3 millones de personas desplazadas forzadamente, 636 mil homicidios, 132 mil amenazados/as, 76 mil despojados/as, 93 mil desaparecidos/as, 30 mil secuestrados/as, 9.500 prisioneras y prisioneros políticos, 54 mil víctimas de algún acto de terrorismo, 10 mil víctimas directas de minas antipersonales, 6 mil casos de tortura, 6 mil de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, 4 mil casos de violencia sexual. El conflicto armado interno continúa en medio de la posibilidad de una salida política negociada a la guerra. En este escenario se reabren las discusiones sobre los costos de la paz, los derechos de las víctimas, la justicia transicional y que tanta justicia es viable para alcanzar la paz, garantizando mínimamente los derechos de las víctimas. Pretender desarrollar fórmulas jurídicas para la desmovilización de las guerrillas, sin contemplar la desmovilización o depuración del establecimiento criminal incrustado en la economía, en la política y en el Estado, no es una apuesta para la paz, sino para la perpetración del statu quo y la violencia estructural. Por tanto, la paz con garantías pasa porque todos los responsables de crímenes internacionales contra la población colombiana se sometan a un proceso de justicia transicional”, aclara en un reciente documento Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
 
Autor: Tomás Astelarra
Fuente: La Marcha
Publicado: octubre 2 de 2015
 
 
 
 

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