Genaro García, vida y asesinato por territorios para la alegría y la humanidad

El reconocimiento del asesinato de Genaro García es un hecho positivo que no devuelve la vida a Genaro y a otros líderes indefensos y víctimas de crímenes repugnantes, pero tampoco devuelve los territorios a sus verdaderos dueños ni garantiza que serán respetados. No se trata únicamente de que las partes en conflicto garanticen la vida a estos pobladores y sus líderes, lo cual ya es evidente, ni de que se haga justicia, se diga la verdad y se repare a sus comunidades y familias, se trata de que se obedezcan los mandatos ancestrales, comunitarios, legales y constitucionales, se respeten territorios, pueblos, recursos y formas de vida y, que el Estado colombiano, por fin, garantice los recursos y respaldos necesarios para que los ejemplares y hermosos procesos colectivos indígenas y afro-colombianos en el Pacífico y en toda Colombia, dejen de ser perseguidos y consoliden sus maneras de convivir en comunidad con los territorios desde su alegría y libertad retomada a partir de la conquista que persiste y se profundiza hasta hoy, por unos y otros. En el Pacífico, en resguardos y palenques, bajo cabildos y consejos comunitarios, hay formas de vida colectiva construidas bajo el terror y la persecución que resultan indispensables para la supervivencia de estos pueblos y del planeta. La convivencia de pueblos y territorios es posible, ellas y ellos la viven a diario en la guerra. Que la puedan vivir en paz es su exigencia y la nuestra, es nuestra necesidad y mandato. Impedir que se siga repartiendo  a la fuerza esta tierra rescatada y colectiva, es un asunto de toda Colombia y de la humanidad. Este es el tema que merece ser atendido. Por esta causa vivió y fue asesinado Genaro García y por ella, nada menos, nada diferente, debe ser reconocida su vida y reparado el crimen que se la segó. Como lo han proclamado las organizaciones y voceros del Proceso de Comunidades Negras: “Que no nos roben con la Paz lo que nos han negado con la guerra” En tiempo Real. Pueblos en Camino

Genaro García, vida y asesinato

por territorios para la alegría y la humanidad

 

Genaro García, el líder afro-colombiano de Tumaco en el Pacífico colombiano, fue asesinado por las FARC hace tres semanas. Así lo reconoció ayer en La Habana el Comandante Pablo Catatumbo, rechazando esta acción y enviando condolencias a su familia. Este artículo de La Silla Vacía señala ”Lo bueno y lo malo” de este reconocimiento, según su autor Andrés Bermúdez Liévano. Las comunidades y organizaciones afro-colombianas vienen denunciando este tipo de actos criminales y exigiendo que, en la mesa de La Habana se aborde el trato de las FARC y del Estado Colombiano a comunidades y procesos afro e indigenas y el  respeto a sus territorios en todo el país ante la sistemática violación e irrespeto a estas comunidades, sus procesos y territorios. Los derechos territoriales y autonómicos indígenas y afros tienen reconocimiento y respaldo legal y constitucional. Normas que el estado colombiano y la insurgencia armada han violado de manera permanente. Bien conocido es el hecho de que las mayores masacres militares y paramilitares han sido cometidas contra poblaciones afro-colombianas en el Pacífico colombiano, justamente donde, a partir de la Ley 70 que les reconoce como pueblos originarios y reglamenta su autonomía, se les ha asesinado, masacrado y desplazado como corolario de esa legislación para impedir, a sangre y fuego, el ejercicio de su autonomía. Las FARC también han actuado de esta manera. Los crímenes cometidos son de tal magnitud (La masacre del Naya  por paramilitares en coordinación con las fuerzas armadas durante el gobierno Pastrana y la Masacre de Bojayá en donde las FARC bombardearon ls iglesia donde habían buscado refugio civiles que fueron masacrados, son dos ejemplos entre muchos) que merecerían una investigación como crímenes de lesa humanidad y la justicia, verdad y reparación integral debidas. El Estado Colombiano nunca ha reconocido abiertamente su responsabilidad por las masacres que ha cometido. 

En Colombia se sabe, por testimonios afrocolombianos e indígenas que, en la vasta región del Pacífico, desde Nariño en la frontera con Ecuador, hasta Chocó y Antioquia, en la frontera con Panamá, que, durante todo el proceso de negociación en La Habana, los intentos por someter de manera violenta a comunidades y territorios se ha incrementado. Es allí donde ha quedado en evidencia para las y los pobladores, que durante la negociación, las partes en conflicto aprovechan para hacerse a territorios que serán su botín en el post-conflicto. El caso del Alto Naya, donde se cometiera la masacre, es un ejemplo claro de esto. Allí, además del reciente desembarco masivo de tropas del ejército durante el cese al fuego unilateral decretado por las FARC, comuneros indígenas cuya identidad debe protegerse, han relatado la forma en que los Cabildos (autoridades indígenas tradicionales) han recibido órdenes por parte de las FARC de someterse a su mandato ya que sus territorios estarán bajo el control de las mismas con la firma de los acuerdos de paz. La gente sabe que, de seguir esta dinámica, tanto el conflicto en su fase actual, como el post-conflicto, significan una guerra contra los procesos colectivos-comunitarios en territorios indígenas y afro-colombianos (lo mismo que campesinos) contra las organizaciones y autoridades comunitarias para despojarlas de territorios y recursos e insertarse así, en el ámbito del mercado del “Libre Comercio” con ventajas comparativas y competitivas. Una cosa es firmar la paz con una base social electoral en construcción y otra hacerlo con los territorios y recursos más valiosos y de mayor interés para el capital transnacional con la firma de los acuerdos. Estos territorios son Colombia. El proceso de paz los ha convertido en recursos estratégicos para las partes en conflicto dentro del modelo extractivo que no se altera con la negociación. De allí el asesinato continuado de líderes, la amenaza e intimidación a comuneras y comuneros y la creciente presencia ilegal y a base de terror de los grupos armados. Hasta ahora, la paz de La Habana, según lo que acá se reconoce, es la guerra contra indígenas y afro-colombianos por territorios. Esa paz, la de los pueblos, la de indígenas y afros en sus territorios ancestrales, colectivamente administrados y legal-constitucionalmente reconocidos, no ha sido reconocida ni respetada sino violentada y negada. El reconocimiento del asesinato de Genaro García es un hecho positivo que no devuelve la vida a Genaro y a otros líderes indefensos y víctimas de crímenes repugnantes, pero tampoco devuelve los territorios a sus verdaderos dueños ni garantiza que serán respetados. No se trata únicamente de que las partes en conflicto garanticen la vida a estos pobladores y sus líderes, lo cual ya es evidente, ni de que se haga justicia, se diga la verdad y se repare a sus comunidades y familias, se trata de que se obedezcan los mandatos ancestrales, comunitarios, legales y constitucionales, se respeten territorios, pueblos, recursos y formas de vida y, que el Estado colombiano, por fin, garantice los recursos y respaldos necesarios para que los ejemplares y hermosos procesos colectivos indígenas y afro-colombianos en el Pacífico y en toda Colombia, dejen de ser perseguidos y consoliden sus maneras de convivir en comunidad con los territorios desde su alegría y libertad retomada a partir de la conquista que persiste y se profundiza hasta hoy, por unos y otros. En el Pacífico, en resguardos y palenques, bajo cabildos y consejos comunitarios, hay formas de vida colectiva construidas bajo el terror y la persecución que resultan indispensables para la supervivencia de estos pueblos y del planeta. La convivencia de pueblos y territorios es posible, ellas y ellos la viven a diario en la guerra. Que la puedan vivir en paz es su exigencia y la nuestra, es nuestra necesidad y mandato. Impedir que se siga repartiendo  a la fuerza esta tierra rescatada y colectiva, es un asunto de toda Colombia y de la humanidad. Este es el tema que merece ser atendido. Por esta causa vivió y fue asesinado Genaro García y por ella, nada menos, nada diferente, debe ser reconocida su vida y reparado el crimen que se la segó. Como lo han proclamado las organizaciones y voceros del Proceso de Comunidades Negras: “Que no nos roben con la Paz lo que nos han negado con la guerra” En tiempo Real. Pueblos en Camino

 

Lo bueno y lo malo de que las Farc acepten

que mataron a Genaro García

 

Esta mañana la delegación de las Farc en La Habana reconoció que guerrilleros de su Columna Móvil Daniel Aldana asesinaron hace tres semanas a Genaro García, un reconocido líder afro del Pacífico nariñense. Que los jefes de las Farc admitieran y rechazaran lo que calificaron de “tan condenable acto”, una semana después de que esa misma guerrilla hubiera negado su responsabilidad y acusara a los paramilitares del asesinato, significa una buena y una mala noticia para el proceso de paz.

 

Lo Bueno

 

La buena noticia es que las Farc se movieron rápidamente para investigar y reaccionar frente a este asesinato lo que demuestra su creciente sensibilidad frente a la opinión pública.

 

Esta mañana Pablo Catatumbo leyó desde La Habana un comunicado en el que las Farc admitieron que hombres suyos asesinaron a Genaro García, después de negarlo hace una semana

 

Y lo hicieron al más alto nivel y con un comunicado que no estaba, como era tradicionalmente su costumbre, justificando la acción sino rechazándola con vehemencia.

 

Aunque su respuesta inicial fue negar los hechos y atribuírselos a los paramilitares (que es lo que hicieron durante décadas) esta mañana, el jefe guerrillero ‘Pablo Catatumbo’ leyó desde la Habana un comunicado del Bloque de Occidente de las Farc en el que acepta que después de investigar los hechos, las Farc asesinaron al líder afro el 3 de agosto y que hechos como este “contradicen la política de las Farc-EP sobre el comportamiento con la población civil y el respeto a las comunidades étnicas”.

 

Genaro García, líder del consejo comunitario del Alto Mira, fue asesinado hace tres semanas en Tumaco, un crimen que las organizaciones afro le atribuyeron directamente a las Farc.

 

Subrayan, además, que hechos como este “golpean directamente los procesos de organización y de lucha popular con los que nos sentimos identificados, contradicen la política de las FARC-EP sobre el comportamiento con la población civil y el respeto a las comunidades étnicas” y prometieron sancionar a los responsables e incluso le enviaron sus condolencias a la familia de García y al consejo comunitario del Alto Mira.

 

Que las Farc en menos de un mes haya investigado y aceptado que cometió un crimen es algo que solo se había visto con el secuestro hace un año del general Rubén Darío Alzate, en el Chocó, y con el atentado con una moto-bomba que dejó un muerto y 61 heridos en enero de 2014 frente a la alcaldía de Pradera (Valle), todos episodios sucedidos durante el proceso de paz.

 

Pero que esa guerrilla admitiera el asesinato de un líder afro es algo totalmente inédito, coinciden tres líderes afro consultados por La Silla.

 

“Que yo recuerde, las Farc reconocieron la masacre de Bojayá -que se había convertido en un escándalo grande- pero nunca el asesinato de un líder individual. Es un alivio que lo hicieran y valoramos que eso demuestra su compromiso con el proceso de paz, pero reiteramos que casos como el de Genaro no se pueden repetir”, le dijo a La Silla José Santos Caicedo, uno de los líderes del Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones más representativas de los afro en el país.

 

“Sí marca un giro en la actitud de las Farc frente a las denuncias por violaciones de derechos humanos de comunidades negras del Pacífico. Hasta ahora siempre habían negado su responsabilidad y eso dejaba a los líderes en una gran incertidumbre”, dice César Rodríguez Garavito, el cofundador de DeJusticia que trabajó con Genaro y su comunidad en Tumaco, así como con otros consejos comunitarios afro.

 

Que, además, las Farc hicieran explícito que se “sienten identificados” con procesos organizativos como los del Alto Mira es muy significativo y podría convertirse en un tatequieto para los frentes guerrilleros que operan en esta zona porque entre las organizaciones afro les atribuyen a las Farc la autoría de varios asesinatos de líderes.

Solo en el Alto Mira, los responsabilizan de tres más.

 

La hermana de Genaro, Yerly Maricel García, fue asesinada en agosto de 2012 en el casco urbano de Tumaco por sicarios que –según le dijeron a La Silla dos líderes- se presentaron como integrantes de las Farc y dijeron que estaban buscándolo a él.

También les señalan de los asesinatos en 2008 de Pablo Gutiérrez, presidente de la junta de la vereda El Pital, y de Armenio Cortés, que era el fiscal del consejo comunitario.

 

Y de varios casos más en el Pacífico, como el de Ana Julia Rentería –representante legal del consejo comunitario del Río Cajambre en Buenaventura- y su esposo que fueron desaparecidos en marzo de 2011. O el de Felipe Landázuri, secretario del consejo comunitario del Bajo Mira, a quien se llevaron hombres encapuchados en julio del 2008 antes de que su cuerpo apareciera horas después con tres tiros. O el de Genaro Caicedo, líder del consejo de Yurumanguí en Buenaventura y padre del diputado vallecaucano Rolando Caicedo, asesinado en 1999 por hombres que se presentaron como milicianos de las Farc.

 

Desde antes del asesinato de Genaro García, las organizaciones afro vienen denunciando que –aún con proceso de paz- se han incrementado las amenazas y los hostigamientos de las Farc contra los consejos comunitarios en el Pacífico.

 

Según tres personas del movimiento afro, se han vuelto comunes los mensajes intimidatorios, los robos de sus lanchas o los motores para incomunicarlos o el reclutamiento forzoso de sus hijos, como parte de una estrategia para debilitar el tejido social en los consejos comunitarios en la frontera con Ecuador, la costa de Nariño, los ríos de Buenaventura y el norte del Cauca, todas regiones cuyo control territorial es crucial para el cultivo de coca y la salida de droga.

 

Como dice un líder afro de la región, “mucho de lo que está pasando en el Pacífico está ligado a ellos”.

 

La Silla supo de al menos cinco líderes que han sido amenazados este año: Rosa Montaño (la representante legal del consejo comunitario de Alto Guapi), Abraham Sinisterra (presidente del consejo de Río San Francisco, también en Guapi), Jairo Contreras (líder del consejo Nueva Esperanza del Hoyo – Patía, en Cauca, que –como contó La Silla- fue amenazado el mismo día del asesinato de Genaro), José Palomino (líder del consejo de San Bernardo, en Timbiquí) y Sara Liliana Quiñónez (la presidenta de la junta del consejo de Alto Mira que lideraba Genaro).

 

Por último, que los negociadores en La Habana hubieran asumido como propia la labor de investigar el asesinato y leer la declaración rechazando el crimen es otra señal de su compromiso con el proceso de paz.

 

Lo Malo

 

El asesinato de García -ocurrido menos de un mes después de que las Farc decretaran otro cese unilateral- ha generado muchos temores entre las comunidades afro, que han pedido un espacio en la mesa de La Habana como la subcomisión de género. Foto: Associated Press.

 

La mala noticia es que, ya quedando aclarado que sí era cierto lo que algunos medios denunciamos desde tres días después del asesinato, queda en evidencia que las Farc no sólo violaron su cese unilateral sino que las hostilidades contra la sociedad civil se han mantenido en algunas regiones a pesar de la suspensión de los combates.

 

A Genaro García lo citaron guerrilleros de las Farc en un paraje rural de Tumaco, cerca del consejo comunitario de Las Varas y en una zona que es estratégica para el negocio de la coca de las Farc. Sus acompañantes regresaron horas más tardes con su cuerpo.

 

Y quizás más grave aún, el comunicado de las Farc deja entrever que los jefes guerrilleros que están negociando en La Habana -que son casi todo el Secretariado- no tienen control de la Columna Móvil Daniel Aldana, que opera en una de las zonas más estratégicas en términos económicos para las Farc (por ser -al mismo tiempo- puerto de embarque, frontera y centro del tráfico de insumos químicos para la producción de cocaína) y a la que se ha señalado de tener vínculos directos con el Cartel de Sinaloa.

 

“Eso demuestra la baja capacidad de control que tienen las Farc sobre las columnas móviles, que para un eventual escenario de cierre del conflicto deben tener prioridad y un modelo especial de desmovilización y desarme porque son las estructuras donde estarán los mayores retos de reintegración de combatientes” , dice Jorge Restrepo, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) que ha monitoreado las acciones ofensivas de las Farc y que viene advirtiendo de los riesgos de las columnas desde hace año y medio. “Son ellos donde hay mayor riesgo de una transición al terrorismo, como ha sucedido con los Úsuga [de los paramilitares] o el grupo de Megateo [que no se desmovilizó con el EPL]”

 

El riesgo está en que las columnas móviles -que integran unos 100 a 200 hombres- tienen autonomía operativa, fondos propios y -a diferencia de los frentes- tienen estructuras menos jerárquicas y piramidales como el resto de las Farc.

 

De hecho, las columnas –que controlan muchas áreas cocaleras y mineras- han sido las responsables de varios de los ataques que más le han costado a esa guerrilla en la opinión pública durante el proceso.

 

El atentado que dejó 11 militares muertos en Buenos Aires (Cauca) en mayo –en pleno cese al fuego- lo realizó un comando de la Columna Miller Perdomo conocido como los ‘Pisa suave’, causando una crisis en el proceso.

 

La moto bomba que explotó en Pradera la puso la Columna Gabriel Galvis, que opera en esa misma región. Y yendo más lejos, la Columna Teófilo Forero fue la que puso la bomba al Club El Nogal en Bogotá, fue la responsable del asesinato de la familia Turbay Cote y fue la responsable del secuestro masivo en el Edificio Miraflores de Neiva.

Este asesinato de Genaro también pone de relieve un desafío grande que enfrenta el país con miras al posconflicto y es la relación de las Farc y de las comunidades campesinas en sus zonas de influencia y donde se priorizará la ejecución de los acuerdos de paz con las comunidades afro e indígenas que ocupan muchas veces el mismo espacio.

 

“Hay que aprovechar ese reconocimiento [de las Farc del asesinato de García] para elevar el nivel de debate sobre los grupos étnicos y el posconflicto. Que las Farc digan cuál es su aspiración de relación con la gente negra e indígena en sus territorios”, dice Daniel Garcés de PCN, que -junto con otras organizaciones afro como Amunafro y Conpa- ha pedido que se abra un espacio en la mesa de La Habana para que los indígenas y los afro hablen con las Farc y el Gobierno sobre ese aterrizaje.

 

Haber reconocido la responsabilidad de sus hombres en el asesinato de Genaro García puede ser un primer paso en esa dirección.

 

Por: Andrés Bermúdez Liévano, 

Lun, 2015-08-24 16:39

La Silla Vacía

http://lasillavacia.com/node/51239

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