Obstáculos para las autonomías de los pueblos indígenas

En su columna de La Jornada, Gilberto López y Rivas aborda, con énfasis en la experiencia de México los “Obstáculos para las autonomías de los pueblos indígenas”. Es un esbozo de un tema que tiene mucho de ancho y de largo y que requiere de profundidad y comprensión. Lo planteado por López y Rivas abre (ojalá) un debate con la información y el análisis presentado y que ameritan mayor análisis y, por supuesto, más información fundamentalmente dentro y desde los propios procesos autonómicos. La diversidad de procesos es enorme. La autonomía indígena, dentro de este espectro, amenaza y genera esperanza. Lo primero, porque es una prolongación efectiva no sólo de la resistencia indígena a ser sometidos al sistema, pero es más que esto, no entran y se resisten a ello, porque no caben; porque desbordan un orden en el que nunca cupieron. De ahí la amenaza. La propia pervivencia de pueblos, lenguas y procesos ante una conquista permanente y una penetración y agresión constante es demostración fehaciente de la existencia real de mundos-otros, sociedades-otras que el sistema no puede destruir, someter ni domesticar. El sistema y la modernidad en general, porque en primer lugar las derechas del capital desde siempre avanzan sobre territorios y pueblos indígenas, así como las interpretaciones y aplicaciones del socialismo real señalan las autonomías de estos pueblos como obstáculos a la revolución proletaria en el camino lineal y progresista que impone entrar al sistema como fuerza de trabajo para, desde allí realizar la lucha de clases. Las autonomías indígenas son tan anti-sistémicas (o mejor no-sistémicas) que ni siquiera caben como proletarias y su lucha de resistencia y generación de alternativas las define y determina su pervivencia en y con los territorios.

 

Dicho esto, es importante señalar, como lo esboza esta columna, que el espectro de las luchas por autonomías en condiciones diversas y adversas hace que existan no sólo diferencias entre estas sino que, en algunos contextos, desde los propios procesos indígenas y a través de líderes cooptados, en más de una ocasión, se utiliza la autonomía como pretexto para insertarse en el sistema, conseguir cargos, recursos y prebendas o someterse a administrar recursos del estado conquistador. La administración de recursos de infraestructura, salud, educación, justicia y otros programas de los estados, bajo las normas de los regímenes neoliberales se ha convertido en bandera de lucha y movilización. En muchos casos, la medida de éxito de administraciones indígenas es su capacidad para movilizar recursos y proyectos. Se crea así una burocracia indígena que administra para el estado a nombre de la autonomía y con ello, entra no solamente la conquista gestionada por indígenas con discurso autonomista, sino la corrupción, la mentalidad clientelista, la violencia por el control de recursos y la polarización comunitaria. Esto lo conoce muy bien Hernando De Soto, el economista Peruano que, a nombre de la autonomía incentiva a los indígenas a poner sus territorios en el mercado de la bolsa de valores y las “Expediciones Bowman” que ha estudiado y denunciado López y Rivas, que demarcan territorios indígenas, con financiación y orientación estratégica reconocida del ejército de los EEUU, con ayuda y apoyo de universidades y la USAID, en alianza con los propios líderes indígenas quienes, a nombre de la autonomía cultural-territorial, reordenan los territorios para proyectos productivos del gran capital. La premisa que orienta las expediciones Bowman en Colombia, México y otros países es, precisamente que, la propiedad privada es pre-requisito indispensable para el desarrollo y la paz. Esta, la propiedad privada, venga de donde venga, amenaza la propiedad colectiva-comunitaria, sustento esencial de la autonomía indígena. Los indicadores más claros de autonomía indígena son precisamente, los territorios y las decisiones colectivo-comunitarias. Lo que el sistema no puede tolerar. Quien quiera que someta los territorios indígenas y a las comunidades a procesos de acumulación, al régimen de propiedad privada y a las decisiones burocráticas-autoritarias con manipulación o suplantación de espacios de decisión colectiva, es enemigo de la autonomía y constituye el mayor obstáculo para su pervivencia y profundización. Estos indicadores expresados por y desde los propios procesos autonómicos es indispensable tenerlos en cuenta como referentes para no confundir y enmascarar con el discurso autonómico y  prácticas privatizadoras para la inserción en la codicia del capital. Las autonomías indígenas son, sin duda, opciones desde los indígenas frente al sistema y más allá del mismo. Pero como todo proceso de lucha, son objeto de intereses encontrados y de conflictos. Luchar por las autonomías es un ejemplo desde los indígenas pleno de obstáculos y de posibilidades. ¿Dónde Estamos? Pueblos en Camino

 

Obstáculos para las autonomías de los pueblos indígenas

 

Los procesos autonómicos que protagonizan los pueblos indígenas enfrentan arduos obstáculos y desafíos, entre ellos, esencial, la falta de voluntad del Estado capitalista neoliberal para abrir espacios de reconocimiento efectivo, aun dentro de los limitados derechos formalmente reconocidos en la Constitución, principalmente en su artículo 2, y de aquellos establecidos en los marcos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de Derechos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas.

 

La reforma constitucional en materia de derechos indígenas, que se llevó a cabo en el año 2001, no fue satisfactoria para nadie en el ámbito de las organizaciones originarias independientes del Estado, así que los pueblos emprendieron el camino de construcción de la autonomía por la vía de los hechos, la autonomía de facto, siendo el caso más consistente el de los indígenas mayas-zapatistas en Chiapas, que reivindican no tener relación alguna con los gobiernos federal y estatal, aunque en la cotidianidad de los territorios, las autoridades municipales de origen partidario acuden frecuentemente a las juntas de buen gobierno zapatistas para resolver problemas de variada naturaleza.

 

Por su parte, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), en Guerrero; el municipio purépecha de Cherán, Michoacán, y otros pueblos y organizaciones que resisten de manera silente, mantienen relación con el Estado. La de la CRAC-PC, permanentemente conflictiva, y la de Cherán, por igual confrontada pero legalizada por la victoria obtenida en su demanda ante el Instituto Electoral Estatal, que reconoció la facultad de sus habitantes para nombrar sus autoridades y gobernarse según estructuras organizativas propias. Esta es una diferencia notable con respecto a los zapatistas y la CRAC-PC, y también en relación con otras experiencias de cabeceras municipales que siguen dominadas por mestizos, como entre los wixáritari (huicholes) del estado de Jalisco, donde en varias de ellas, una mayoría de población indígena segregada social y geográficamente se encuentra subordinada a esta suerte de dominación mestiza también en el plano político.

 

Así, en los autogobiernos indígenas predominan autonomías de facto con diversas gradaciones en lo que respecta a su relación con el Estado, aunque siempre conflictiva, contradictoria y ambigua, cargando el peso de una perspectiva discriminatoria hacia el mundo indígena y una permanente política de cooptación de los procesos en marcha, o si es posible, de erradicación de los mismos. Estas autonomías, por ejemplo entre los mayas zapatistas, se desarrollan en el contexto de una estrategia de contrainsurgencia o guerra de desgaste por parte del Ejército (el yunque), y la paramilitarización (el martillo) que la caracteriza, teniendo lugar permanentes agresiones de grupos que provenientes de varias organizaciones políticas, se paramilitarizan y violentan a los municipios autónomos con la invasión de las tierras de las ex fincas recuperadas por los indígenas zapatistas en 1994.

 

 

Así, todas las autonomías, tanto las amparadas en el artículo 2 constitucional como las de facto, y también las que se desarrollan bajo preceptos constitucionales locales más consistentes, como en Oaxaca, viven una situación de permanente asedio, de confrontación, cuyo origen es el Estado, los grupos oligárquicos locales, las policías y el Ejército, además de las corporaciones del extractivismo capitalista en su frenética búsqueda de recursos y desposesión territorial.

 

Así, las autonomías están cercadas por los poderes fácticos protegidos por la mano dura del Estado de formas diferentes. En la última década, hay que añadir también el poder represivo que ejerce el Estado a través del narcotráfico, y en general, del crimen organizado, que representa un sector más de la economía capitalista, y también, junto con la “guerra contra el narcotráfico”, conforman las múltiples facetas de la estrategia del Estado (y sus mentores estadunidenses) para golpear al mundo indígena y campesino, y al conjunto de las oposiciones regionales y nacionales. La masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa constituye la macabra culminación de esta estrategia de un Estado criminal.

 

Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, etcétera, que buscan apoderarse de los recursos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del “problema del narcotráfico” es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, fundamento material de su reproducción y espacio estratégico de sus luchas; su finalidad es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza-de-trabajo, y las fuerzas armadas y policiacas son cómplices de esta sustracción a partir de sus acciones represivas y contrainsurgentes realizadas con el apoyo de los grupos paramilitares que operan como el brazo clandestino de la guerra sucia. La militarización para supuestamente “combatir al crimen” no trae la disminución de las actividades delictivas, como lo prueban las extensas zonas de la República Mexicana bajo virtual ocupación castrense.

 

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La delincuencia organizada no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente desbocada, sicópata y sin mediación social y política que la controle. Es altamente rentable económicamente, además, a partir del hecho de que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco. The Independent daba a conocer ya desde 2004 que “el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo, tras el petróleo y el tráfico de armas” (29 de febrero).

 

La única posibilidad de una defensa efectiva frente a este fenómeno en el mundo indígena –como muestran las juntas de buen gobierno zapatistas; Cherán, en Michoacán; la Policía Comunitaria de Guerrero, o los nasa en el Cauca de la geografía colombiana– es el fortalecimiento de las autonomías, a partir de las cuales se ha logrado controlar –no sin dificultades– la presencia del crimen organizado en los territorios indígenas.

 

Gilberto López y Rivas

La Jornada

17 de julio de 2015

http://www.jornada.unam.mx/2015/07/17/opinion/021a2pol

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