Panamá: indígenas Ngäbe paran megaproyecto hidroeléctrico

Desde hace varios años indígenas Ngäbe-Buglé se oponen al megaproyecto en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí. Ahora, la Autoridad Ambiental de Panamá ANAM suspende el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco de forma temporal. La comunidad cultural Kiad conserva petroglifos que portan la historia ancestral y escritura de pueblos originarios de Panamá y es una de las afectadas. Así sí!!!
 
La defensa de la naturaleza, comunidad y la cultura preocupa a indígenas Ngäbe Buglé (Foto: Campaña Tabasará Libre)

 
Según viene denunciando el panameño Movimiento 10 de Abril hay varios aspectos del Estudio de Impacto Ambiental EIA del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que no se cumplen. Así lo constató recientemente la vicepresidenta del país Isabel Saint Malo como parte de una Comisión de Alto Nivel del Gobierno que visitó la zona afectada. Previamente en 2013, Naciones Unidas realizó un peritaje independiente para concluir que las comunidades afectadas no tenían información suficiente y no fueron consultadas. Diversos intentos de mediación y mesas de negociación con variados participantes no dieron hasta ahora resultado.
 
Se incumplen aquí leyes panameñas e internacionales
 
Las empresas Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) e Hidráulica San José, S.A. no tenían un plan de manejo de petroglifos y otros hallazgos arqueológicos. Tampoco realizaron las auditorías solicitadas para verificar el manejo de la erosión y la sedimentación en el levantamiento de la presa que además inundaría lugares de importancia para indígenas Ngäbe-Buglé como una escuela, un lugar sagrado y campos de cultivo de los que depende la subsistencia de las familias. La inspección llevada a cabo por el gobierno constató que la empresa hizo durante la construcción, más o menos lo que le dio la gana talando vegetación, y removiendo materiales.
 
Llegar aquí no ha sido precisamente fácil, pues representantes indígenas entre quienes se encuentra la Cacica de la Comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera y el líder del Movimiento 10 de Abril, Ricardo Miranda han sido continuamente desoídos en sus preocupaciones, hasta el punto de que la empresa negaba la existencia de comunidades en las zonas a inundar con la represa. Una de las lideresas locales declaró al medio independiente Otramérica acerca del proyecto hidroeléctrico: “Ellos la han levantado y nosotros estamos dispuestos a desmontarla piedra a piedra”.
 
Lo que está claro es que las comunidades indígenas afectadas no buscan ni indemnizaciones ni realojos, sino la paralización definitiva de la obra y del proyecto. Confirman ahora estar abiertos a negociar. “Creo que ahora hay que hacer estudios ambientales nuevos, porque en el gobierno anterior no hubo voluntad”.
 
El caso no es aislado. Indígenas de Panamá contemplan cómo los megaproyectos invaden uno tras otro sus territorios ancestrales.
 
Financiación europea para el “desarrollo”
 
La hidroeléctrica Barro Blanco recibía financiación no sólo del Banco Interamericano de Desarrollo, sino también de bancos europeos en la misma línea, como el alemán DEG y el holandés FMO. La experta alemana sobre el tema de la organización Urgewald, Kathrin Petz declaró que „Los problemas que constató ANAM no son nuevos para el banco DEG. Desde hace años, las ONGs han informado a DEG sobre las consecuencias sociales y ecológicas del proyecto. Sin embargo, DEG no ha retirado los fondos. DEG debe comprometerse para que los trabajos no vuelvan a comenzar”. Por su parte Guadalupe Rodríguez de la organización Salva la Selva, quien coordinó dos campañas de denuncia internacionales para poner de manifiesto la participación de bancos europeos en el proyecto hidroeléctrico de Panamá recuerda que “ha sido sistemática la falta de respuestas completas y documentadas, así como nulo el interés de los bancos en el impacto real de sus proyectos, en este caso Barro Blanco en Panamá, a pesar de que violan las propias políticas de responsabilidad del banco”.
 
Actualmente, DEG y FMO han establecido un mecanismo conjunto de reclamaciones, al que ya se han dirigido los afectados estando a la espera de respuesta que deberá producirse en la primera mitad de este 2015.
 
Un poco de historia:
 
La obra comenzó en 2011. Su costo total asciende a 78 millones de dólares de los que los bancos de desarrollo habrían aportado 25 millones. Los indígenas han pedido la retirada de esta financiación una y otra vez sin respuesta positiva.
 
La represa se encuentra fuera de la comarca indígena. Pero modificaría el curso del río Tabasará en cuyas orillas viven, trabajan y dependen muchos indígenas Ngäbe Buglé. Siete hectáreas de las comunidades Ngäbe quedarían inundadas. La obra en sí está en un estado muy avanzado (95%).
 
En los años que dura el proyecto ha habido numerosas protestas, en algunas de las cuales hubo heridos de diversa consideración, llegando a producirse incluso muertes, y detenciones, represión y se denunciaron también abusos sexuales hacia las mujeres durante las manifestaciones.
 

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