Entrevista: «Paz» en Colombia. Privatizan «baldíos» mientras se comprometen a democratizar la propiedad de la tierra

El gobierno colombiano sirve a intereses del agronegocio a expensas de la producción campesina, de la soberanía alimentaria de la población y de la protección ambiental. La resistencia colectiva indígena y campesina (que desató entre otros movimientos de resistencia, el Paro de las Dignidades Agrarias hace 2 años) y los diversos estudios y análisis que se han hecho desde hace muchos años demuestran que el modelo del agronegocio es nefasto. Sacrifica el agro para beneficio a corto plazo de acumulación especulativa y del agronegocio. El premio actual es la altillanura colombiana. Ante las evidencias y las resistencias, el Estado y los diversos gobiernos, han tenido que retractarse en público y prometer un freno y aún una reversión a esta política nefasta que privatiza semillas, impone paquetes tecnológicos y entrega el campo a transnacionales y monopolios aliados con acumulación financiera. Este compromiso de retractación de dientes para afuera es recurrentemente invertido por políticas y concesiones contrarias al beneficio de la nación, los pueblos y la naturaleza. Las trampas incluyen el “Pacto Agrario”, que obliga a las buenas o a las malas a los productores agrarios a trabajar en desventaja para el modelo agroexportador y monopólico, la cooptación y división del movimiento de resistencia indígena-campesino (escisión entre la Cumbre Agraria-indígena y de sectores campesinos específicos- reconocida como interlocutor del Gobierno y las Dignidades Agrarias, expulsadas de este reconocimiento y marginadas) y las políticas públicas. En esta excelente entrevista, Aída Pesquera, Directora de OXFAM y una de las personas que más conoce de manera directa el agro en Colombia y cuyo trabajo es sólido, riguroso, soportado en evidencias y respetuoso de saberes y prácticas exitosas, expone la forma en que el gobierno ahora presenta de nuevo un proyecto de Ley para favorecer monopolios y monocultivos en contravía de todo lo discutido, acordado y beneficioso para el agro en Colombia. Vale la pena esta entrevista, ya que no es solamente en Colombia donde la política agraria sirve a la acumulación para detrimento de la soberanía alimentaria, la vida y los pueblos. Es la misma receta globalmente. La intención es empobrecer y despojar aún más la vida y producción agraria para que el capital resuelva su crisis destruyendo tierras y pueblos. Pueblos en Camino

 

Advierte Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia

‘Cambian la ley, en vez de hacerla cumplir’

 

Dice que el proyecto de ley que presentó recientemente el Gobierno sobre la creación de zonas de interés de desarrollo social y económico sí va a permitir acaparar y acumular tierras baldías.

 

 ‘Cambian la ley, en vez de hacerla cumplir’

Aída Pesquera dice que la aprobación del proyecto contradice varias sentencias de la Corte Constitucional. / Óscar Pérez

 

Hace algunas semanas, de manera sigilosa, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó en el Congreso el proyecto de ley 133, que busca reglamentar el manejo y la adquisición de tierras en el país y que revive el debate sobre la acumulación de baldíos. El Espectador habló con Aida Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, quien a diferencia de lo que ha dicho el Gobierno, asegura que esta iniciativa lo que busca es legalizar la acumulación de baldíos de la Altillanura.

 

¿Por qué no les gusta a ustedes el proyecto sobre baldíos?

 

Porque puede ser positivo para los empresarios, pero no para los campesinos. Ese proyecto hace posible que el uso de las tierras baldías, que hoy está protegido por la ley 160, se privatice. En el artículo 9° dice que las empresas podrán adquirir o recibir en aportes predios inicialmente adjudicados como baldíos, sin que les sea aplicable la restricción de la Ley 160.

 

¿Eso qué significa?

 

Que ahora, a través de un proceso, el Ministerio de Agricultura dirá qué zonas no se pueden desarrollar con economía campesina, y una vez eso se defina, se establece la necesidad de que allí hagan presencia las empresas privadas. La empresa que decida acaparar o acumular baldíos, lo que tiene que hacer es presentar un proyecto con una serie de requisitos en donde demuestre su asocio con los campesinos, pero ese asocio también tiene un problema.

 

¿Cuál?

 

Porque es totalmente injusta con los campesinos, ya que se les obliga a poner la tierra, la mano de obra y a endeudarse. A cambio, la empresa lo que hace es brindar supuestamente una asesoría técnica que obviamente le va a cobrar y el único compromiso que hacen es el de comprar la producción. Ese modelo de asocio entre gran empresa y pequeño campesino es muy conocido en América Latina y ha demostrado ser desventajoso para los campesinos, porque estos quedan completamente endeudados durante 10 o 15 años, salga bien o no salga bien la cosecha.

 

¿Cree que se está legalizando lo hecho por Riopaila-Castilla, Cargill y otras empresas que acumularon baldíos en la Altillanura?

 

Sí. El proyecto no menciona la palabra ‘baldíos’, pero su texto está enfocado a eso. Permite legalizar esas prácticas de acaparamiento de tierras que se han venido dando en la Altillanura, como la que nosotros en Oxfam denunciamos que hizo Cargill, la más grande empresa de productos agroindustriales en el mundo. Pareciera que la estrategia es cambiar la ley en lugar de hacer cumplirla, porque la ley anterior ponía un límite al decir que un privado no puede comprar más de una Unidad Agrícola Familiar.

 

O sea, se elimina la restricción…

 

Sí, con este proyecto cualquiera puede acaparar, comprar de manera masiva cuantas hectáreas de tierras baldías o no baldías quiera.

 

¿Qué proponen entonces ustedes en Oxfam y los campesinos?

 

El problema es que hay mucho desorden con la administración de los baldíos. El Gobierno no sabe bien cuáles son, cuántos son, ni a quién se los ha entregado. Lo que nosotros planteamos es que en vez de entregarles las tierras baldías a privados, los organicen y se los entreguen a los campesinos.

 

¿Se contradice este proyecto con lo que hasta ahora se ha negociado en La Habana en el proceso de paz?

 

Claro, en La Habana el Gobierno y las Farc acordaron que se iba a democratizar el acceso a la tierra, que es algo muy inteligente para resolver el conflicto armado. Establecieron un mecanismo que es la creación del fondo de tierras, alimentado por baldíos. Si ahora se les entregan esas tierras a los privados, pues no se van a tener para alimentar ese fondo.

 

El superintendente de Notariado y el ministro del Interior insisten en decir que no se está hablando de baldíos. ¿No están siendo transparentes?

 

Sería demasiado de mi parte decir que están diciendo mentiras. Pero con solo leer esta frase de la ley: “Las empresas podrán adquirir o recibir en aportes predios inicialmente adjudicados como baldíos sin que les sea aplicada la restricción prevista en la Ley 160”, no hay lugar a dudas de que ese artículo en particular y otros que van en esa misma dirección van a posibilitar que las empresas puedan acumular y acaparar baldíos, ya sin la necesidad de tener que hacer las argucias jurídicas que venían haciendo, como lo hizo Cargill, que fue fraccionar la compra con la creación de más de 30 Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS).

 

¿Y con la nueva ley, qué tienen que hacer las empresas para lograrlo?

 

Presentar un proyecto donde demuestra que hay unos campesinos asociados en condiciones completamente injustas. Con eso, el Ministerio de Agricultura le da el visto bueno y ellos pueden acumular esas tierras sin problema. No hay duda que este proyecto si va a permitir acaparar y acumular tierras baldías.

 

¿Por qué se ha dicho que si se aprueba este proyecto se violaría lo dicho por la Corte Constitucional en múltiples sentencias?

 

La Corte ha fallado en varias ocasiones en contra de iniciativas similares a esta, donde se permite la acumulación de tierras baldías. Lo cierto es que este proyecto contradice esos conceptos, aunque lo bueno es que hasta ahora está iniciando su trámite en el Congreso. Por eso esperamos que allí sean sensatos y lo analicen bien. Si la llegan a aprobar, esperamos que se pueda trancar en otras instancias porque al margen de Oxfam, en donde estamos haciendo el seguimiento de la ley, los campesinos y sus representantes están muy preocupados.

 

Desde el principio dejo un mal sabor que la ley fue presentada casi que a escondidas. ¿Por qué cree usted que se hizo así?

 

No lo sé, lo que sé es que es el quinto intento que hacen de presentar un proyecto de ley de estas características, así que me imagino que es un tema altamente sensible, tanto para el Gobierno como para los empresarios.

 

Quienes están a favor de este proyecto insisten en decir que la Altillanura es una tierra muy difícil de cultivar, que la única forma es hacerlo con gran inversión privada…

 

Es cierto que esas tierras son suelos frágiles, pero no es tan cierto que con el gran capital privado se pueden desarrollar. Allá viven desde hace décadas cientos de familias campesinas y familias indígenas que tienen proyectos productivos que demuestran que esas tierras pueden ser fértiles sin necesidad de meter gran maquinaria. Sí es verdad que las vías son muy precarias, que son de baja accesibilidad, que las tierras necesitan un manejo especial, pero según nosotros esos elementos los debe brindar el Estado directamente a los campesinos y con este proyecto se está convirtiendo a los empresarios en intermediaros entre los campesinos y los incentivos que va dar el Gobierno, pero los privados no están invirtiendo nada de su propio bolsillo. Lo que va a permitir el proyecto también es que las empresas puedan acceder a créditos públicos.

 

¿Desde Oxfam le han hecho un seguimiento a las relaciones de empresas interesadas en la Altillanura con funcionarios públicos?

 

No nos hemos metido en eso, pero es cierto que la Contraloría publicó hace unos meses un informe donde se demuestra que varias empresas y funcionarios públicos han tenido que ver con el acaparamiento de tierras baldías. Nosotros le hemos hecho seguimiento particularmente a Cargill, ya que como organización internacional nos interesa saber cómo es que estas transnacionales invierten en los países latinoamericanos y nos encontramos con esa forma de saltarse la ley.

 

¿Jurídicamente que ha pasado con las denuncias que hicieron ustedes a Cargill hace más de un año y medio?

 

La Contraloría avanzó hasta donde pudo. Ahora es necesario que las diferentes instancias a las que les pidió acción, actúen. En el Incoder hubo todo un revolcón de personal, eso quedó prácticamente paralizado y no ha habido ningún avance significativo.

 

¿Cree que al Gobierno no le interesa que se aclare qué fue lo que sucedió?

 

No lo sé. Lo que sería importante es que se reactivara la investigación porque las pruebas existentes son múltiples y claras para encontrar los responsables del detrimento patrimonial que se le ocasionó al Estado por cuenta de las tierras baldías que usurparon.

 

¿Han tenido ustedes interlocución con el Gobierno?

 

No hemos podido conversar con ellos. No ha sido fácil.

 

Por: Camila Zuluaga (Especial para El Espectador)

Noviembre 11 de 2014

http://www.elespectador.com/noticias/politica/cambian-ley-vez-de-hacerla-cumplir-articulo-526958

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