Semana de ira y abuso en el Ecuador ante el silencio “progresista”
En el Ecuador del Presidente Rafael Correa, luego de la Marcha del 17S, se genera una represión brutal sin antecedentes aún en tiempos de dictadura. Más de 300 detenidos entre quienes se cuentan 60 jóvenes del Colegio Mejía de Quito. La consecuencia de marchar en el Ecuador de Alianza País es la “tortura” y el “secuestro” que reclama silencio cómplice, porque el abuso viene de “uno de los nuestros”. Los jóvenes, además de brutalmente reprimidos, fueron torturados. Los padres de familia exigen justicia. Ante los hechos, el silencio de los medios “progresistas” es cómplice y perverso. Quienes marcharon no son capitalistas ni agentes de la CIA. No son financiados por USAID. Marcharon por causas justas obreros y movimientos sociales. Ellas y ellos junto con los indígenas son, de hecho, los enemigos declarados para un régimen arrogante que a nombre de sus luchas llegó al gobierno a proclamar el Socialismo del Siglo XXI y que hoy, explotando el Yasuní, violando su Constitución, entregándose al consumismo y al extractivismo, reprimiendo al pueblo que le dio un Mandato, construye, a nombre del “progreso”, el Capitalismo del Siglo XXI con la complicidad de una “izquierda” y sus medios e intelectuales quienes consiguen réditos y privilegios por estar con este régimen o no quieren reconocer verdades para defender un discurso que traiciona la lucha. Esta Semana de Ira no puede negarse. Las imágenes de la brutalidad hablan por sí mismas. !No Más! Pueblos en Camino
Decenas de padres y madres de los 60 detenidos en el colegio Mejía la noche jueves 18 de septiembre, luego de la la marcha del 17S, denunciaron la “tortura” y el “secuestro” de sus hijos por parte de la justicia. Su peregrinaje fue por tratar de verlos y por liberarlos. Solo pudieron verlos siete días después de su detención, gracias a sus gestiones. Tienen el apoyo de dos abogados, pero ya no piden perdón, solo justicia. Su recurso en busca de libertad fue negado.
Después de fugaces 20 minutos, la rueda de prensa convocada por la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) había concluido. Fue una declaración callejera, a la intemperie, interrumpida por el bramar de los buses y las conversaciones de los transeúntes, justo en el pórtico del Instituto Nacional Mejía.
A las rejas de la puerta principal del Colegio poco les falta para ser barrotes de una cárcel. Altas vallas de metal hacen del establecimiento una gran jaula. No se sabe desde cuándo se montó esa muralla, que difumina el busto altivo de Eloy Alfaro que luce al inicio de la escalinata que da acceso al edificio neoclásico. Tres o cuatro décadas atrás la gran escalinata del colegio aún se iniciaba en el concreto de las aceras y fue testigo de cómo los estudiantes, después de las clases, salían libremente a manifestarse en “las bullas”. Hoy, de los barrotes cuelgan los carteles de los estudiantes escritos con letra temblorosa: papeles con consignas que advierten que el Patrón Mejía “ha despertado”.
Francisco Rojas, maestro y presidente de la Asociación de Profesores del Mejía, en las gradas del colegio.
A la caza del testimonio de algún joven que haya participado en la marcha del 17S o en el plantón fuera del colegio Mejía el jueves 18 por la noche, casi como espectro, apareció María Domínguez. Ella recorría apresurada de norte a sur el plantel, con un sobre manila entre las manos que contenía una solicitud para un certificado de buena conducta de su hijo Nikson. María iba camino al Colegio de Abogados de Pichincha en donde se encontraban los otros padres de los 60 estudiantes detenidos del Colegio Mejía. Si Nikson Mendoza no decidía visitar a su amiga luego de las clases nocturnas a las 21:00 del jueves 18 de septiembre, él no hubiera conocido el hostil mundo del calabozo. Su madre le advirtió esa noche que vuelva “prontito a la casa”, como que en el pecho ya no le cabía el presentimiento; así María le rogó a su hijo menor de 16 años que acompañe al hermano para que vuelvan sanos a casa.
Su angustia es fruto de las circunstancias. Tras la marcha obrera y de los movimientos sociales que se dio un día antes, el miércoles 17, los estudiantes del Mejía siguieron con las movilizaciones. Ese jueves, la Policía se tuvo que emplear a fondo para controlar a los estudiantes en los alrededores del Mejía. Por la noche, un allanamiento policial irrumpió en el colegio.
El parte de la Policía Judicial relata esto: “pongo en su conocimiento mi Coronel que (…) el personal policial pudo observar que grupos de personas se encontraban agrediéndose entre sí con objetos contundentes (palos y piedras), causando daños materiales a la propiedad pública y privada; por tal motivo se procedió a la verbalización (sic) por parte de los miembros policiales, a través de los megáfonos de los patrulleros y de las motocicletas, utilizando las balizas y sirenas para que los manifestantes procedan a retirarse del lugar, los mismos que hicieron caso omiso del comunicado, gesticulando palabras de rechazo en contra del régimen gubernamental y de los miembros policiales, que como resultado de las agresiones hostiles por parte de los manifestantes dio como resultado que 4 señores oficiales y 14 señores clases y policías sean trasladados en calidad de heridos al Hospital de la Policía Nacional. Por tal razón se tomó contacto con el señor Fiscal de Turno Dr. Bolívar Burbano, explicándole lo ocurrido, manifestándonos que las personas que realizan este tipo de acciones incurren en un delito flagrante, y al ser considerado como tal se podía realizar el allanamiento del Colegio Mejía, razón por la cual, realizando el respectivo uso progresivo y moderado de la fuerza se procedió a la aprehensión de los presuntos infractores, en las afueras del colegio y en su interior, siendo posteriormente trasladados al Distrito de Policía Manuela Sáenz, para poder realizar un registro minucioso y un procedimiento adecuado con las identificaciones de los mismos. Siendo 60 los presuntos infractores de la ley (…). De inmediat se coordinó con médicos legistas para que pudieran realizar la valoración médica y se extienda los respectivos certificados médicos de los hoy aprendidos (sic); y de forma simultánea se solicitó a personal de salud del ECU911 al mando de la Sra. Paramédica Paola Murillo, Alfa 5, quien dio asistencia a 25 presuntos sospechosos”.
Poco tardó en cumplirse la premonición de madre de doña María. Nikson y su hermano fueron apresados por la Policía dentro de las instalaciones del Colegio Mejía, “por el solo pecado de asistir a clases”. Entre las 20:00 y las 21:00 del jueves, la Policía y la Fiscalía allanaron el Colegio “gracias a la anuencia del rector que obedeció la orden del Ministerio de Educación”. Así lo denuncia el Presidente de la FESE, Mauricio Chiluisa.
Francisco Rojas con el rector del colegio Nacional Mejia. La autoridad franqueó la puerta del maestro que era seguido por la prensa.
El adolescente de 16 años, que fue liberado junto con otros cinco jóvenes a las 07:00 del viernes por ser menor de edad y estar libre de culpa, contó a su madre del hostil operativo que realizaron los uniformados cuando irrumpieron en la jornada de estudios. “Vestidos de negro entraron para capturar; interrumpieron la rutina, golpearon y patearon a estudiantes en los patios”. Al hermano menor de Nikson también le tocó su tajada. A otros, como lo relata Penélope Mora, hermana de un detenido, “los arrastraron desde donde fueron capturados en algún punto del Colegio hasta la entrada principal”. Y “arrastrados” fueron los alumnos del Mejía hacia las cárceles frente a los ojos de Eloy Alfaro, su fundador, que avizoraban una nueva “Hoguera Bárbara”
Para doña María no es tan remota la posibilidad de libertad para su hijo. Ella recorre el parque La Alameda muy de prisa. Se dirige al Colegio de Abogados, en donde su presidente, Gonzalo Realpe, espera por los padres y madres. El gremio había ofrecido los servicios gratuitos de algunos letrados para liberar a los detenidos y evitar condenas de uno a tres años de cárcel por “daño a la propiedad privada y pública”. Para muchos padres, esa fue una luz al final del tunel.
María relata la historia de su hijo, pero le falta el aliento; pocas lágrimas bañaron su mirada de indignación, que imaginaba a Nikson con 21 años batiéndose en la oscuridad de las celdas en vez del calor de las aulas.
Sobrecogida, María pone en contacto su sufrimiento con el de los otros padres que aguardaban en el Colegio de Abogados, ubicado junto a la Asamblea Nacional. Todos, reunidos en pequeños círculos piden justicia porque consideran inocentes a sus hijos y familiares. Pero sobre todo, y eso les indigna, no merecían ser maltratados. Cada padre y madre se toman unos minutos para relatar la historia de cada uno de sus hijos.
Un desesperado Julio Saquipay llevaba un portafolio que desbordaba papeles a la audiencia de juzgamiento de los 54 detenidos del Colegio Mejía el día lunes 6 de octubre. Julio, con una mirada dulce que tomaba rasgos de coraje, pidió que la prensa que tome nota de que sus hijos han sido maltados, y afirmó que sus derechos han sido violados. Con sus manos, como alistándose para plantear un discurso electoral, él rechazó el parte policial que afirmaba que la Policía ingresó al Mejía para evitar peleas entre los estudiantes. “Todo eso es una farsa”, afirmó. Muy cerca, se escuchaba el sollozo de las madres que pedían el regreso de sus hijos como un acto de justicia y de respeto de los derechos humanos. “Ya son cuatro días que no los vemos; ellos no son delincuentes y merecen su libertad”, gritó Mery Montesdeoca, descontrolada.
El Colegio de Abogados fue la cuna de la desesperanza, de la incertidumbre. Con rostros lánguidos de preocupación, los padres recorren y bordean la entrada como si esperaran en un hospital el diagnóstico fatal de una operación de alto riesgo. Por ahí, algo suscitó la aglomeración de los asistentes. Una joven representante de la FESE, Penélope Mora, sugería a los padres acudir a instancias internacionales de Derechos Humanos para denunciar los abusos y la represión protagonizada por la Policía hacia los estudiantes; ella se encargaría de averiguar los detalles para el trámite y de recolectar algunas pruebas de los maltratos.
Mora, con una vehemencia entrecortada recordaba el padecimiento de los jóvenes presos. La Policía habría ingresado, según denuncia, forzando las puertas para sacar a los alumnos de las aulas. Decenas de libros desperdigados yacían en los pasillos del Mejía. Soplaba un viento helado cuando se detuvieron a las 60 personas (no todas estudiantes) y en fila como pelotón militar fueron trasladados a la UPC de la Basílica para después pasar al Regimiento Quito Número 2, en el Centro Histórico. Ahí permanecieron presos toda la noche, sin manta, abrigo, ni pan hasta las 06:00 del viernes. Recién cando aclaraba el día, los detenidos fueron llevados a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía; ¿acaso no llevarles primero a la unidad y haberles propinado golpes no es una violación a los derechos humanos?, expuso Penélope.
Para los padres, el Gobierno Nacional quiere implantar el silencio. “Ni en la más acérrima dictadura se habían cogido más de 300 detenidos por manifestaciones”, afirmaron los jóvenes de la FESE, que solidarios acompañaron a los padres de las víctimas. No hubo testimonio en el cual las madres descartaran el maltrato de la policía; incluso, el día de la audiencia de ese viernes 19, un joven mostró las marcas de las lesiones en toda su espalda. En los calabozos hay jóvenes sin dientes, rotos los huesos, con moretones en todo su cuerpo, fracturados la cabeza. Así lo confirmaron los abogados que recibieron cartas escritas a mano por los estudiantes. El mínimo acto de humanidad era permitir que la Cruz Roja los atendiera.
Ver video registrado por las víctimas
http://www.planv.com.ec/historias/politica/cronica-una-semana-ira