San Juan Sacatepéquez, Guatemala o el despojo por medio del terror

El Comité Internacional en  Solidaridad con San Juan Sacatepéquez redacta este documento con el  objetivo de explicar lo que en este momento  ocurre en Guatemala. Mujeres y hombres de las  12 comunidades kaqchikeles desde hace más de 10 años vienen organizando una lucha  por la defensa  de sus territorios  ante el despojo  que se intenta imponer para la construcción del  proyecto Cementero San Gabriel (parte de la Cementera Progreso) y  contra la construcción de un anillo regional que no será otra cosa que una carretera para los fines extractivos de la cementera. 

 
 
El día lunes  22 de septiembre de 2014 fue liberada la compañera periodista Norma Sancir,  que había sido apresada por  estar cubriendo el desalojo de las comunidades Chortís  en el Puente de Jupilingo,  Camotán, Chiquimula el  jueves 18 de septiembre. La liberación fue resultado de los esfuerzos de  varias miles  de mujeres y hombres que se manifestaron de distintas maneras: mandando cartas de repudio, exigiendo en la embajadas, redactando columnas en los medios de comunicación escritos, por la gestión de abogados comprometidos y  gracias el apoyo de cientos de personas  que no están conformes  y se manifiesta contra las infamias  que  el gobierno de Guatemala  esta  cometiendo contra los derechos humanos. El juzgado primero de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Chiquimula no tuvo otra opción que fallar por falta de mérito en favor de Sancir, lo que la dejó en libertad.  Fue una victoria colectiva. 
 
Ese mismo día  corrió el rumor de que se estaba preparando un Estado de  Excepción para el municipio de San  Juan Sacatepéquez. Ante los rumores, las compañeras  de las comunidades  comenzaron a denunciar e iniciaron una campaña para solicitar  apoyo y solidaridad. Con información de Prensa Comunitaria nos enteramos que lo que se decretó fue el Estado de Prevención número 6-2014 (un Estado de Sitio con otro nombre). 
 
Al revisar los criterios  legales para el establecimiento de  un Estado de Sitio, según la Ley de Orden Público y  el artículo 139 y 151 de la Constitución de la República  de  Guatemala, para establecer un Estado de Prevención y suspender garantías constitucionales,  es preciso notificar con 48 horas de anticipación la ejecución del mismo y esta notificación debe ser publicada en el diario oficial y en los diarios de mayor circulación. Lo que sucedió fue lo contrario, pues el día lunes 22  de septiembre a las 6:00 A.M.  el  ejército ya estaba  en las aldeas  de San Juan y luego publicaron  el decreto. 
 
En el discurso del ministerio de gobernación  que fue transmitido por los medios de comunicación  se decía que la imposición de esta medida respondía al objetivo de resolver y garantizar la seguridad  después   de la masacre  de 9 personas ocurridas en  la aldea  Pajoques, localidad que pertenece a San Juan Sacatepéquez. La pregunta  que hay que respondernos  es ¿Por qué  poner  un Estado de prevención  violando  las normativas y procedimientos de manera tan apresurada?
 
Los hechos:
 
1. Tuvimos conocimiento  de la masacre  a través de  los  medios de comunicación escrita  de Guatemala,  supimos que habían asesinado a 9 personas en la comunidad los Pajoques. Se decía en los medios de comunicación que la masacre  se había llevado a cabo debido al enfrentamiento entre comuneros. El argumento es el siguiente:  algunos comunitarios  han vendido su tierra  para la construcción del denominado anillo regional, que es una carretera  que sirve como vía de acceso a la cementera  San Gabriel. Se dice que hay una  división  en las comunidades y que ésta responde  al criterio de vender o no la tierra para que se construya la  carretera del anillo regional; y que ante tal situación se ha generado una disputa entre los comunitarios lo que ha llevado a una matanza entre ellos. El Periódico escribió lo siguiente: “Un grupo de comunitarios rodeó su residencia – de Marcelo Pajoc Max quien supuestamente trabaja  en la cementera- desde la noche del viernes y éste disparó contra los pobladores, matando a dos personas. Posteriormente, entraron a su casa y lo asesinaron a él y a cinco integrantes de su familia.” (tomado del periódico  el  martes 23 de septiembre de 2014).
 
El estado de  prevención durara 15 días y su objetivo es resguardar las  seguridad  y las propiedades de los comunitarios, declaró el ministro  de gobernación .  Según éste,   se están buscando a  los responsables de la masacre y a un grupo  paramilitar que   intimida a la gente  para que no vendan sus terrenos .  Contraria a esta versión,  los comunitarios manifiestan que tales alegatos no son verdaderos, pues  lo que ha sucedió es que  la gente de la cementera está  falsificando escrituras, han  inventado dobles títulos  y de esa forma   presionan a la gente a vender sus tierra. 
 
 Las imágenes de las fotografías  que  colocaron a mujeres y hombres ensangrentados, recuerdan a  las que vimos reiteradamente  en  los  tiempos  de la guerra guatemalteca y en los momento en que los militares  cercenaban los cuerpos  de las mujeres y los hombres, cuando  saqueaban  las casas y las quemaban. Si  se  revisan los libros  de testimonios   sobre la manera en que  la gente narra  las formas  en que los militares  desaparecían pueblos (REMHI o el Informe de la Memoria Histórica) veremos   que se imágenes se repiten. Eso nos lleva concluir lo siguiente: Quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada  en producir la muerte  de   la misma forma en que lo han  hecho los militares guatemaltecos.
 
¿Qué dicen los comunitarios?  Es que los promotores de la empresa son los que mataron a los vecinos, eso queda claro en el siguiente testimonio  de  un habitante de las comunidades que prefiere no dar su nombre por resguardar su seguridad: “Nosotros  somos gente de paz, no estamos armados. A los baleados los llevamos al hospital pero fallecieron, escuchamos los balazos y vimos a los carros quemarse, dimos aviso a la policía, le llamamos para que  interviniera, pero nunca llegaron, gastamos  el saldo de nuestros celulares, llamamos  al 110 y nos respondieron que pronto vendrían pero  nunca llegaron. Quienes cometieron la masacre es gente que es pagada por la  empresa cementera.” 
 Los muertos  son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera y que dejan en la orfandad a  niñas y niños
 
 
2. Cuando  el ejército ingresó ilegalmente a San Juan Sacatepéquez  el día lunes 22 de septiembre  a las  6   horas  A.M. Las comunidades  se reunieron en el campo de futbol y  hábilmente obligaron  los militares y policías  a  una reunión de negociación. En esa reunión se concretó un acuerdo. Los comunitarios solicitaron que no destruyeran las casas, ni rompieran los vidrios  de las ventanas,  que respetaran la integridad de lo niños  y  de  las mujeres  y a  cambio  ellos  dejarían que se realizaran las allanamientos e informaran a las comunidades   el motivo de la masacre.  El  representante  de los militares  firmó el acta comunal, sin embargo los testimonios  de   los comunitarios  demuestran  que en la práctica los militares no  cumplieron  su palabra e ingresaron a las viviendas causando destrozos.
Los testimonios  de las mujeres y  hombres de las comunidades  de  San Juan afirman que el resultado del Estado de Prevención  ha beneficiado a la Cementera  San Gabriel: 
 
a) Mientras el ejército  allana  viviendas y concretiza las órdenes  de captura, los  trabajos  de la cementera  se han reiniciado, según una compañera: “Ellos están comenzando a hacer ya la carretera para el anillo regional”.  También  dicen: “El Ministro de Gobernación aprovecha esta situación para reprimir a las comunidades con  la intención de callar a las comunidades, porque los dirigentes comunitarios no son terroristas como nos han llamado,  somos defensores de derechos humanos y estamos exigiendo que haya un respeto a los derechos… pero se ve claramente que este señor está favoreciendo a la cementera”  
 
b)  Han apresado a Tomás Pajoj Xolix, de 25 años de edad y Jesús Pajoj Xolix de 31, Rafael Santos Pajoc Xolix y José Dolores Pajoc Pirir, que están detenidos  en la comisaria  de Mixco y los acusan de ser responsables directos de la masacre.  Uno de  los capturados, don José  Pajoc, es papá de un joven asesinado y  de otros dos que están heridos.  Don José  pasó por  el hospital,  la morgue y ahora está en la cárcel. 
 
c)  Están exigiendo y obligando a los niños y niñas que den los nombres de las  autoridades comunitarias. “De esta manera se les está intimidando y obligando a los niños que dieran nombres de  los dirigentes comunitarios”
Parece  un rompecabezas que se ha planificado para que no se entienda.  Pero lo que  las comunidades tienen claro es:
 
A) La masacre es un hecho  construido que ha costado  varias  vidas. El objetivo de este evento violento es imponer el Estado de Sitio (con el nombre de Estado de Prevención), para continuar  con las obras  de construcción del   Anillo Regional, que es   clave y estratégico para la culminación de los objetivos de la Cementera San Gabriel. 
B) Las órdenes  de captura  se están dictando  contra las y los   dirigentes comunitarios, porque el objetivo de  este montaje  es desestrucuturar a la organización comunitaria. 
C) En el Estado de Prevención,  los comunitarios no se sienten  protegidos,  al contrario, temen por su integridad y sus  vidas, porque la historia del ejército no hace otra cosa más que dar  cuenta  de su espíritu represor. 
 
El Comité Internacional en  Solidaridad con San Juan Sacatepéquez

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